Totonicapán: una historia que se repite...

09/10/2012
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 Los terribles hechos ocurridos la semana pasada en Totonicapán vuelven a poner en primera plana una serie de situaciones que evidencian lo poco que como nación hemos avanzado en cuanto a la inclusión y participación efectiva de todos los que compartimos este jirón de tierra llamado Guatemala. Pero, sobre todo, al respeto que está implícito en el legítimo derecho a no estar de acuerdo. Lo que nos obliga a escuchar, dialogar, negociar; para construir sociedad sobre bases consensuadas.
 
Las razones que llevaron a un gran número de pobladores de Totonicapán a manifestarse de la manera en que lo hicieron estuvieron precedidas por otras acciones mediante las cuales plantearon una serie de demandas relacionadas directa e indirectamente con sus vidas. Son reclamos legítimos en la medida que, como guatemaltecos, tienen todo el derecho a expresar su opinión, su desacuerdo y a exigir explicaciones por parte de quienes tienen la responsabilidad de darlas de la mejor manera posible. Sin embargo, y como ha ocurrido en otras ocasiones, la respuesta que les llegó fue de represión y muerte. Que les quedara claro que existen otros intereses, otras agendas que son más importantes que las de ellos y ellas, por lo que tienen que aceptar pasivamente, sin reaccionar de manera negativa, lo que desde fuera se les impone.
 
 Entre las supuestas virtudes del régimen político dentro del que vivimos está la de la participación ciudadana. Pero, hasta ahora, seguimos constatando que ésta tiene asignados días y horas específicas para ejercerla. Cada cuatro años se nos convoca a avalar un proceso electoral caracterizado por múltiples vicios y carencias. Fuera de ese momento ritual no contamos con oportunidades reales, concretas, para expresarnos, para hacer saber nuestros desacuerdos pero, sobre todo, para proponer otras agendas, otras formas de gestionar nuestras vidas y administrar los recursos con que cuenta el país, que son de todos.
 
En Guatemala cada vez es más evidente que todos los temas que tienen que ver con nuestro desarrollo económico y social –con nuestro futuro- son abordados, decididos y planificados por minorías que, al amparo del poder que les otorga el control de la economía y la política, se consideran los únicos con capacidad para decidir lo que, según ellos, es bueno para el país. Sólo ellos tienen derecho a imaginar el futuro del país, de manera que sus intereses específicos deben ser asumidos como los intereses de todos; como los intereses de la nación.
 
Se trata de una práctica abusiva y totalitaria que desconoce los derechos legítimos que a todos nos asisten para opinar y participar en la toma de esas decisiones. El único espacio que se nos otorga es el del trabajo, disciplinado y según sus reglas, para que sus proyectos sean exitosos. Poco sabemos de los múltiples beneficios y ventajas económicas que de esos proyectos se derivan para ellos.
 
La mentalidad que alimenta y sustenta esas prácticas autoritarias y depredadoras de la vida, los recursos y las energías de muchas y muchos guatemaltecos existe desde hace ya varios siglos. Es una mentalidad colonial que se sustenta en la idea de la superioridad “natural” de esas minorías, necesaria para sacar adelante a las mayorías que no saben lo que quieren.
 
Pero, y la historia de nuestro país lo atestigua categóricamente, siempre han existido manifestaciones de rechazo hacia esas formas autoritarias de controlar y gobernar vidas y recursos. Desde los motines de indios durante el período colonial hasta las ocupaciones de fincas y de carreteras de los últimos años, todas esas acciones muestran el rechazo, el repudio, a ese “mal vivir” que nos ha sido impuesto y que aún se continúa consolidando. Son un no rotundo a tener que seguir viviendo en los límites de la subsistencia.
 
Se equivocan profundamente quienes claman con prepotencia que todas esas manifestaciones y expresiones colectivas son el resultado de la manipulación, del “azuzamiento” del que son víctimas esos hombres y mujeres que –según esas posturas- no saben lo que quieren ni lo que están haciendo. Vale la pena indicar que en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia se define “azuzar” como: “Incitar a los perros para que embistan”. O sea que los y las personas que salen a las calles a manifestar y reclamar sus derechos son vistos no como humanos sino como animales. Incluso instituciones que se dicen preocupadas por la suerte de los desposeídos exigen que “ya no se manipule a esas pobres gentes”. Argumentos que justifican las desigualdades existentes, equiparando las reacciones de la población ante su precariedad con la violencia estructural que se les ha impuesto por siglos.
 
Esas actitudes no solo demuestran prepotencia sino, sobre todo, ignorancia. La población guatemalteca que acude a esas medidas extremas lo hace, entre otras razones, alimentada por una memoria de agravios, de abusos, de expoliación que, antes que a ellos, les tocó vivir a sus padres y abuelos. Pero también alimentada por la esperanza de poder tener, si no ellos, sus hijos y descendencia, una vida digna, una vida mejor. Derecho más que legítimo y que les ampara en su decisión de acudir a los pocos espacios y mecanismos que el sistema aún no logra cerrar.
 
 Guatemala, 9 de octubre del 2012.
 
Dr. Gustavo Palma
Área de Estudios en Historia Local
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
 
 
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