“El proyecto Chixoy fue construido con la sangre de nuestra gente”[1]

SUMARIO: 1. Contextualización espacial, histórica y actores involucrados. 2. El proyecto Chixoy: el sueño. 3. El fracaso: la realidad: violaciones a los derechos humanos. 4. La exigibilidad.

1.        Contextualización.-

1.1.            El Espacio.-

Los hechos que se analizarán se produjeron en el país culturalmente más diverso de Centro América: Guatemala.

La represa Chixoy fue construída en la convergencia de los departamentos de las Verapaces (Alta y Baja), divididos por el Río Chixoy (tributario de 7 ríos), ubicados en pleno centro de Guatemala.

Las comunidades asentadas a la rivera del Río pertenecían al municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz.

1.2.            El Tiempo.-

Guatemala experimentó una las guerras más violentas de América Latina, solo comparable hoy en día con lo que está sucediendo en Colombia, que comenzó en 1962, cuando varios militares se levantaron en armas, aprovechando la reactivación y el malestar del movimiento social, mientras que el gobierno adoptó la Doctrina de la Seguridad Nacional, profundizando el autoritarismo, la exclusión y las violaciones a los derechos humanos[2].

En la historia de la conflicto armado en Guatemala se suelen distinguir tres períodos de escalada de la violencia, conocidas como “olas de terror”[3]: (1) 1966-1970, cuando murieron aproximadamente 5.000 víctimas, 75% de los cuales fueron civiles; (2) 1979-1982, cuando se aplicó la política de tierra arrasada en el gobierno de Ríos Montt, con un saldo trágico de aproximadamente 70.000 muertos civiles y 440 aldeas desaparecidas del mapa; (3) 1987-1989, cuando se aplicó la campaña militar “ofensiva del pueblo 89”, dirigida a las Comunidades de Población en resistencia (CPR), y represión selectiva en las ciudades.[4]

En total, la guerra, que duró hasta 1996 cuando se firmó la paz “firme y duradera”, tuvo un saldo de aproximadamente 200.000 muertos y desaparecidos (93% atribuibles al Estado)[5], más de un millón de desplazados.

La represa Chixoy se planifica y se comienza a construir en el período de reestructuración de los movimientos sociales (sindicalistas, estudiantes, catequistas) y del movimiento insurgente  (FAR y aparece el EGP), años 70. Se concluye y comienza a funcionar en el período de mayor violencia en la historia guatemalteca, comienzos del los 80.

1.3. Los actores.-

Los maya achi: los achís son de origen maya, que han vivido ancestralmente en el área de Rabinal, las primeras migraciones al área de Chixoy se produjeron alrededor del año 1600 a. C.[6] (al momento de iniciar los trabajos de la represa se encontraron 50 sitios arqueológicos)[7]. Históricamente ha sido un pueblo que ha resistido múltiples opresiones. Una primera de los Quichés[8], y tres intentos frustrados para implantar el sistema de encomiendas, al punto de lograr, con la mediación de Fray Bartolomé de las Casas, la prohibición de entrada de los españoles.[9]

En la época republicana, se desconocía a las autoridades centrales y se fortalecieron las cofradías y en los años 70 se organizan como parte del Comité de Unidad Campesina (CUC)[10]

Se calcula que los achís que vivían en Rabinal era de aproximadamente 24.063 habitantes, de los cuales murieron la cuarta parte, o sea, aproximadamente 5.000 personas.

En el área de Chixoy, vivían alrededor de 3.500 personas antes de la construcción de la represa y de las masacres.[11]

El INDE: El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) fue creado en 1959, con el objeto de generar electricidad al país y ampliar los servicios a las áreas rurales. Tradicionalmente, en Guatemala se usaron plantas geotermales que funcionaban con gasolina para generar electricidad. Siempre ha estado el sector eléctrico en crisis, en gran parte, como anunció el ministerio de industrias en 1976, debido a la incopetence e irresponsabilidad del INDE.[12] Se aspiraba a que la represa Chixoy iba a solucionar los problemas de electricidad del país y el INDE a superar sus críticas. Finalmente, en 1997 el INDE fue privatizado.

El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID): la asistencia del BM, en el área energética, comenzó en 1960, cuando intentó reestructurar el sector. En 1962 se constituyó en agencia ejecutiva para evaluar los recursos hidroeléctricos en Guatemala, consdirando que la energía eléctrica es esencial para el crecimiento económico y para mejorar los niveles de vida. Con esta perspectiva prestó 22 millones de dólares para construir dos pequeñas plantas hidroeléctricas, pronto se encontraron problemas técnicos y se desistió del proyecto. En 1972 se concibió el proyecto Chixoy.[13]

La guerrilla y el ejército: la zona de Rabinal se consideraba el callejón de paso hacia el Ixcan, donde se realizaban los enfrentamientos armados entre guerrilla y ejército. La guerrilla no reporta acciones armadas en Rabinal. Sin embargo, bajo la idea de “quitar el agua al pez”, y en las circunstancias de la represa Chixoy, los maya achís fueron convertidos en objetivos militares.

2.        El proyecto hidroeléctrico “la represa Chixoy”: el sueño.-

En 1972, INDE contrata a un consorcio de ingenieros consultores, pertencientes a tres compañías internacionales (Alemania, Suiza y Estados Unidos), denominados LAMI, para determinar el potencial hidroeléctrico del río Chixoy.

En 1974, considerando al proyecto como la obra más grande de infraestructura de la historia de Guatemala, LAMI afirma la viabilidad del proyecto y recomienda su construcción. El costo aproximado se consideró en $270 millones de dólares, para generar 550 megavatios, que triplicaría la cantidad de energía producida hasta el momento. El proyecto consistía en la construcción de una represa en la convergencia de los ríos Salamá y Chixoy, una pared de 100 metros de altura para crear el reservorio (de 31 millas de largo y una milla de ancho), con una caída a través de un tunel de 16 millas.

LAMI predijo que la represa sobrepasaría en beneficios a los costos, y que pronto se autopagaría. El primer año habría un ahorro de 30 millones de dólares y que en 1990 sería de 340 millones de dólares.

El BM y el BID pronto aprobaron los créditos, considerando al proyecto un milagro de ingeniería.

Institución	Monto	Año
BID	105 millones	1975
BM	55 millones (250 mil para mejorar INDE)	1977
BM	72 millones	1978

En 1976 oficialmente los trabajos de construcción comenzaron con la construcción de los caminos de acceso y la base del proyecto.

3.        El fracaso: la realidad.-

Los errores del proyecto:

·        No hubo previsión de daños naturales: en 1976 el terremoto devastó Guatemala y se descubrieron fallas sísmicas en el área, por lo que hubo que cambiar el diseño de la represa. El proyecto se paró por 15 meses.

·        Mala planificación de costos: al final costó 800 millones, 300% más que la propuesta original.

·        Malos estudios geológicos: la roca donde iba a ir el tunel se deshacía la contacto con el agua.

·        No hubo análisis de impacto ambiental adecuados, como tampoco se registraron y monitorearon los cambio de condiciones ambientales.[14]

·        No hubo información ni consulta a las poblaciones indígenas afectadas: un año después que se tomó la decisión de construir la represa, se notificó a las comunidades afectadas.

·        No hubo un plan serio y consensuado para los reasentamientos.

·        El INDE fue corrupto, ineficaz e ineficiente: el BM no aseguró que los 250 mil fueron adecuadamente invertidos en fortalecimiento institucional.

La resistencia (derecho a vivir en tierras ancestrales y autoderminación):

Cuando se notificó a las comunidades la necesidad del proyecto de desplazarlos, la gente reaccionó con ira. Después de reconocer que no se podía luchar contra el gobierno y proyectos tan grandes, deciden negociar: “qué podemos hacer con machetes y palos contra el INDE y los militares.”[15]

La primera oferta del gobierno fueron tierras bajas en la selva del Petén. Muy caliente y lejos: se negaron. La segunda oferta fue una finca en Chisec, Alta Verapaz. Muy caliente y lejos: se volvieron a negar.

Se acordaron las condiciones: casas de cemento, techos de metal, agua potable, electricidad gratis, 5 hectáreas de tierra por familia, un camión, compensación económica, una iglesia, una escuela, centro de salud, caminos de acceso, un bote, servicios sociales.

Se les ofreció Pacux, que queda en Rabinal. Cuando visitaron la zona, se volvieron a negar.

El diálogo termino. INDE no volvió a intentar negociar, a pesar de reconocer la incomprensión de la gente del proyecto, el apego a su tierra y la dificultad de obtener tierras adecuadas.[16]

Las alternativas, como afirmaría un empleado del INDE a la CEH, eran dos: “los que quisieron negociar se hizo con ellos y los que no, se usó la fuerza”.[17]

La más efectiva forma de usar la fuerza y el aparato represivo del Estado era asociar con la guerrilla a las poblaciones. La opinión pública recogió el sentir del INDE para continuar con el proyecto: “Desde algún tiempo la población de la aldea de Río Negro, se ha tornado conflictiva por influencia de elementos subversivos”.[18]

Las masacres (derecho a la vida, seguridad personal e integridad física)[19]: el Ejército confrontó a las poblaciones de Xococ con la de Río Negro, conformó Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), y organizó múltiples campañas de masacres en la zona de Rabinal. Algunos resultados:

Masacre	Número muertos	Fecha
Xococ (habitantes de Río Negro)	74 (hombres)	13/02/82
Río Negro	177 (107 mujeres y 70 niños y niñas)	13/03/82
Los Encuentros	94 personas	14/05/82
Agua Fría	92 personas	14/09/92

Las masacres respondieron a un patrón común: detenciones ilegales, allanamientos de domicilio, tortura, violación, ejecución individual y grupal de individuos, traslado forzoso de niñas y niñas a las comunidades de los asesinos y desplazamiento forzoso de los y las sobrevivientes en las montañas.

Una vez desaparecidas las poblaciones que habitaban la cuenca del Río Chixoy, el INDE empezó a llenar el embalse en junio de 1982: “después de la masacre, la gente sale y la empiezan a llenar, así de sencillo”.[20]

Sin duda, el medio utilizado por el proyecto es rechazable desde cualquier punto de vista. Una vez realizadas las masacres, el BM y el BID conocían sobre los hechos e hicieron algo.

Difícil no negar los hechos. Las poblaciones en resistencia fueron etiquetados como guerrilleros y convertidos en objetivo militar. Antes de las masacres, no existe registro de violencia en la zona.

Difícil no conocer los hechos. Todas las personas que trabajaron en el área y en el proyecto conocieron de las masacres en Chixoy. En 1984, el BM contrató a un experto en políticas de reasentamiento. En 1991, un reporte del BM sobre la represa reconoce que “hubieron retrasos debido a la actividad insurgente en el área del proyecto entre los años 1980 a 1983, incluso dos oficiales de reasentamientos fueron asesinados mientras desarrollaban sus labores.”[21]

Sin embargo, ningún reporte del BM hace explícita referencia a las masacres y minimizaron la violencia de la zona, al punto de aprobar un desembolso de 44.6 millones de dólares en marzo de 1985, tres años después de la masacre de Río Negro.

Witness for Peace sostienen que si el BM conocía de las masacres, son responsables por encubrimiento. Y si no las conocían, por negligencia. De cualquier manera, el BM está implicada en las masacres.

El reasentamiento: la promesa incumplida (Derechos económicos, sociales y culturales): 3.400 personas fueron desplazadas[22]. Los habitantes de Río Negro y otras comunidades de las riveras del Río Chixoy, fueron ubicadas en Pacux.

Pacux está ubicada a pocos metros de Rabinal. El único acceso por carretera pasa por un destacamento militar, que hace de puerta de entrada al caserío. Esta disposición del pueblo responden a los parámetros de las “aldeas modelo”, que se construyeron para controlar a la población que se consideraba subversiva y que habían huído de la represión. Allí se les adoctrinaba y controlaba.

Las casas están ubicadas una tras de otras, las calles son lastradas, no tienen los terrenos para sembrar, y aún si los tuviesen no podrían, porque la tierra es árida. No tienen espacio para que sus animales pasten.

Sin duda, no se cumplió con el estándar del BM para reasentamientos, por el que se debían entregar tierra de igual o mejor calidad que las que vivían antes.

El INDE incumplió sus promesa de dotar de infraestructura, tierra (de 561 ácres, le dieron 240, en 1996 sólo 33 familias de 107 tenían títulos de propiedad), indemnización en dinero, asistencia económica y social, no existe centro de salud, no hay profesores, e , incluso, el INDE les cobra la electricidad. El mismo INDE describe Pacux como “desolado, sin árboles, inhóspito, sucio y moderadamente habitable”.[23]

“Las condiciones de vida son precarias y las tierras no son adecuadas para su agricultura de subsistencia”.[24] La gente que solía vivir de la agricultura y la pezca, ahora pelan pepas de calabaza y tejen petates (0.20 ctvs de dólar por día). Los hombres emigran en época de cosecha a la Costa Sur, a las plantaciones de azúcar (2 dólares por 12 horas de trabajo al día). Muchas personas jóvenes emigran a la capital a trabajar como empleadas domésticas o maquiladoras. Otros tantos, paradójicamente, se enrolan al ejército (60 dólares por mes).[25]

8 millones de dólares estuvieron previstos para el reasentamiento. Según cálculos de Witness for Peace, apenas se invirtieron 3 millones.

En suma, el reasentamiento es un fracaso. El BM ni el INDE quieren reconocer que el reasentamiento no funcióno. Tampoco asumen responsabilidad.

Doce familias dejaron Pacux y volvieron a Río Negro, a vivir en la rivera de la represa, en condiciones de extrema pobreza, en tierras áridas y a vivir de la pezca. “Río Negro no es lo que era antes, pero al menos estamos cerca de donde nuestros ancestros vivieron y murieron.”[26]

El impacto ambiental (derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación):[27]

• Inundación de áreas de boques y tierras cultivables (y varios sitios arqueológicos), que quedaban exclusivamente en la rivera de los ríos, donde se cultivaba maíz, café, plantas medicinales, frutas. Existían 23 especies de cultivos comestibles; ahora apenas 4.

• Drenaje de 56 km del canal del lecho del río.

• El agua ha incrementado su temperatura, al punto de provocar la corrosión del equipo metálico y hacerla tóxica para el consumo humano. Antes los habitantes bebían directamente del río el agua. En enero y febrero el agua es completamente negra.

• Alteraciones a la fauna íctica, incluyendo la extinción local de ciertas especiaes (existían 14 especias de peces), la introducción de especies exóticas (tilapia y carpas) e introducción de enfermedades en los peces. En la primera lluvia del invierno, suelen haber muertes masivas de peces (debido, quizá, a los sedimentos, al cambio de temperatura y al uso de herbicidas).

• Extinción local de poblaciones nativas de fauna silvestre (3): no hay animales en el área, salvo algunos introducidos por personas ajenas a la comunidad, como lagartos.

• Aumento en la incidencia del paludismo y la fiebre del dengue en poblaciones humanas, que antes pasaban desapercibidas. Mosquitos y zancudos son abundantes en el área (pesticidas se usan directamente en el canal del río).

• Erosión de la cuenca alta de la represa, se calcula que al año 2027 dejará completamente de ser apto para la vida vegetal.

El colapso de la represa, los costos y la deuda externa (derecho al  desarrollo):

·        Cinco meses después de comenzar a operar la represa (junio 1983), la planta se cerró por temor a un colapso en el túnel. Dos años más tarde, y con una inversión de 287 millones de dólares, se reabrió.

·        Guatemala ha gastado alrededor de 400 millones de dólares en importación de gasolina para compensar la falta de energía esos dos años. Y en adelante, cada año, 150 millones de dólares.

·        La represa no puede operar con más del 70% de su capacidad.

·        El costo de mantemiento es de 8 millones de dólares anuales.

·        La energía electrica no es confiable ni barata (en 1995 los costos se incrementaron en un 40%).

·        El acceso a la energía es un privilegio: el 70% de los guatemaltecos no cuenta con energía eléctrica.

·        La represa tendrá un duración de 20 años aproximadamente y no de 200 como estaba previsto por el BM.

·        El costo final aproximado es de 1.2 billones de dólares, 521 por ciento mayor que el costo inicial (algunos calculan que será de 2.5 billones).

·        El costo de la deuda, por la inflación ( en 1986 1 dólar equivalía a un quetzal; actualmente es de 1 dólar=7 quetzales), lo que ha afectado al pago de la deuda externa.

·        El 45% de la deuda externa guatemalteca es por la deuda externa del INDE.

·        El 51% de los ingresos del INDE son destinados al pago de la deuda a bancos extranjeros.

·        Se calcula que 350 a 500 millones de dólares se perdieron en corrupción mientras se implementó el proyecto Chixoy.

En lugar de aliviar la pobreza, que es el objetivo del BM, la ha incrementado. En 1991 el BM admitió que Chixoy fue un fracaso financiero, fue imprudente y una mala inversión. “No es posible concluir que el proyecto fue económicamente justificable”.[28] Por su parte, el presidente del INDE, reconoció que “las instituciones financieras y la compañías extranjeras y todos tomaron ventajas de nosotros.”

4.        El BM y las represas[29].-

En 50 años, el BM ha financiado 527 préstamos, por un total de 58 billones de dólares, con las que se ha construido 604 represas en 93 países.

Michael Cernae, funcionario del BM, reconoce que las represas financiadas por el BM han desplazado a más de 10 millones de personas. Pero el problema no es el solamente el desplazamiento, sino también la forma realizada, que ha destruido millones de vidas alrededor del mundo.[30]

Ante los fracasos en los reasentamientos, el BM ha modificado sus políticas. A 1990, los criterios eran: (1) evitar el desplazamiento involuntario, (2) los reasentamientos deben mejorar, en lo posible, las condiciones de vida pasada, (3) se deben compensar las pérdidas, y (4) la gente debe mudarse en grandes grupos, de ser posible.

Witness for Peace afirman que el BM ha ignorado sus propias políticas. Citan el caaso de la represa Kedung Ombo, en Indonesia, en el que se desplazaron a 5.390 personas y el 72% de ellas están peor que antes del desplazamiento.

A los reasentamientos se suman los problemas de sedimentación, que acortan la vida de las represas, las catástrofes naturales, como terremotos e inundaciones, que han ocasionado miles de muertes. Por ejemplo, en 1975, en China, una inundación causó la muerte de 230.000 personas (85.000 murieron instantáneamente ahogadas).

Además, los daños al medio ambiente sano son múltiples: destrucción de bosques, de ecosistemas, de ríos, la contribución al efecto invernadero, las epidemias. Por ejemplo, en Ghana, la fiebre del safari subió del 2% al 75% por la existencia de la represa.

Por otro lado, haciendo un análisis de costo-beneficio, las represas han resultado mucho más caras que lo planificado inicialmente y no han rendido como se esperaba. Por ejemplo, la represa Bhumibol en Tailandia produce un 66% de lo que estaba previsto. Sin añadir los costos perdido por asistir a gobiernos corruptos y dictatoriales.

El gobierno de Tailanda, antes de aprobar la construcción de la represa Pak Mun, demostró que por el costo de la construcción de la represa podían obtener 15 veces más energía a través de tecnologías que conserven el medio ambiente. El BM apenas gasta un 1% en préstamos dirigidos a eficiencia y conservación.

5.        La exigibilidad[31].-

1. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) junto con el Comité de viudas, viudos y huérfanos de la violencia de Baja Verapaz, denunciaron la masacre de Río Negro y Agua Fría ante la justicia guatemalteca, en 1993. En 1994 fueron detenidos 3 miembros de las PAC de Xococ. El mismo año se realizaron las exhumaciones. En 1998 impusieron la pena de muerta a los 3 acusados.[32] Ningún militar, autor intelectual de las masacres,  ha sido encausado hasta el momento.

La ONG de derechos Humanos CALDH preparó una denuncia por genocidio contra el general Ríos Montt, que hasta hace pocos meses no podría presentarse porque el mencionado dictador gozaba de inmunidad parlamentaria.

Por otro lado, tampoco ha habido investigación judicial sobre los actos negligentes y delitos cometidos –aparte de las masacres y violaciones a los derechos humanos- por funcionarios del INDE por mal manejo de fondos, corrupción, enriquecimiento ilícito.

2. El Grupo de Trabajo sobre responsabilidad de las instituciones multilaterales, del Woodrow Wilson School de Princeton University, presentaron al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, un informe sobre la responsabilidad del Banco Mundial y el BID por las masacres producidas por la construcción de la represa Chixoy.

El informe sostiene que el BM es responsable por las masacres ocurridas hace más de 20 años pues sus efectos son relevantes aún hoy en día. Primero porque las víctimas, que murieron por resistirse a la construcción de la represa, aún sufren por la construcción de la represa y, segundo, porque el caso de Guatemala no es un caso aislado (80 civiles murieron en Chad mientras se construía un oleoducto, durante un conflicto armado, sin embargo el BM aprobó un crédito de 92.9 millones de dólares).

El BM sigue financiando proyectos en Guatemala para reasentamientos (FONAPAZ) y para aliviar la pobreza (FIS). Existen evidencias que esos fondos están siendo utilizados para constituir Comités de Paz y Desarrollo, versiones post conflicto de la PAC y que se ha invertido 4.4 millones de dólares para construir un centro de recreación denominado Campo de Marte.

El informe alude a la falta de supervisión adecuada en los usos de los préstamos y de asegurar que los derechos humanos no ocurran en razón de la ejecución de sus proyectos. El hecho de no interferir en asuntos de política interna de los países, no le justifica para incorporar criterios de respeto de derechos humanos en la ejecución de sus proyectos.

El BM tiene la obligación, al ser agencia especializada de Naciones Unidas, de someterse a la Carta de Naciones Unidas.  Además que ha fallado en cumplir sus propiso estánderes y principios.

Se solicita a Naciones Unidas que establezca un mecanismo para determinar el impacto en los derechos humanos de los proyectos ejecutados por el BM. El Panel de Inspección se considera inadecuado por tener fuertes influencias de sus directivos. Además, se solicita que la información y los procedimientos sean públicos y transparentes.

3. Witness for Peace realizó, en 1996,  el informe “A people Dammed, Report of the impact of the World Bank Chixoy Hydroelectric Project in Guatemala” (que ha sido citado múltiples veces en este documento), y presentó, en base a la información recogida, una carta al Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, en la que solicita una amplia e independiente investigación de los hechos y de la responsabilidad del BM.

Un mes más tarde el Presidente del BM contestó y afirmó que el proyecto era débil técnica y económicamente y que el reasentamiento de la población desplazada fue inadecuado. Sostiene, además, que no hay evidencia que funcionarios del BM conocieron los hechos de violencia ocurridos en Río Negro y otras comunidades. Concluye que procurarán que estos hechos no ocurran y que sus proyectos y políticas sean formulados en interacción y diálogo con las comunidades afectadas. Finalmente, promete continuar con sus investigaciones internas.

Witness for Peace contestaron la carta del presidente del BM. Insistieron en que el Banco debe investigar a profundidad sobre lso procesos de cnsulta con las comunidades desplazadas, si conocieron o no sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Chixoy, y sobre el financiamiento a gobiernos que, públicamente, violaban derechos humanos.

4. La International Rivers Network junto con Witness for Peace, llevan adelante una campaña internacional para demandar al BM el pago por reparaciones por los desastres causados al financiar una represa que ocasionó graves violaciones a los derechos humanos. Es, como sostienen, una deuda de sangre.[33]

5. La Comisión Mundial de Represas (CMR) exige a las agencias financiadoras de la industria de represas, incluyendo al BM, que detengan cualquier tipo de apoyo a la construcción de nuevas megas represas.

El informe final de la CMR presenta edencia de que las grandes represas han fracasado en la producción de electricidad a bajo costo, la provisión de agua o el control de inundaciones.

6. La Red latinoamericana de Represas, Ríos y Poblaciones, conformada por organizaciones de pueblos indígenas, comunidades, campesinos, pescadores, sindicatos, ambientalistas, activistas de derechos humanos, organizaciones de desarrollo, ha tenido tres reuniones. Llevan adelante una campaña contra las represas. Los casos documentados y que sustentan la campaña contra las represas son Chixoy (Guatemala), Itaparica (Brasil, 40.000 desplazados), Tucuruí (Brasil, 6.500 desplazados), Urrá (Colombia, 70.000 afectados), Itaipú y Yaciretá (Paraguay).

En el año 2000 expidieron “La Declaración de Curitiba”,  a través de la cual se  pidió suspender la construcción de nuevas represas hasta que una comisión internacional independiente conduzca una revisión completa de todas las represas financiadas o apoyadas por agencias de créditos internacionales.

Conclusiones:

En el año 2002, bajo la consigna “Ríos libres, ríos vivos”, se emitió la “Declaración de Posadas”, en la que se consideró que la construcción de represas implican pérdida de soberanía, despojo de las riquezas, militarización de las zonas de influencia, y graves daños al ecosistema. Por lo que se insistió en la no construcción de más represas (proyecto Corpus en Argentina, Yacyretá en Paraguay), en la compensación de daños a los afectados. Además se resolvió alertar en la responsabilidad de las represas en la pérdida de agua dulce en el planeta, realizar campañas, acceder e intercambiar información, promover los principios de precaución, solidaridad y equidad social, rechazar el ALCA, reclamar respeto a los pueblos indígenas.

7. 98 organizaciones y comunidades de 21 países, reunidos en Petén, Guatemala, en marzo del 2002, bajo el lema “Agua, Luz y Tierra para los pueblos”, expidieron una declaración en la que se oponen a la construcción de represas, hacen un llamado a la resistencia popular, repudian la represión y se solidarizan con las poblaciones víctimas.

Conclusiones:

a.       El Caso Chixoy es ilustrativo para demostrar el fracaso de un proyecto hidroeléctrico: negligencia en los estudios de factibilidad, desplazamiento forzoso, masacres y otras violaciones a los derechos humanos, daños irreparables al medio ambiente, incumplimiento en las políticas de reasentamiento, incremento de la deuda externa, ineficacia de la represa para satisfacer la demanda de energía electrica.

b.      Las represas han desplazado a la fuerza a aproximadamente 80 millones de personas, a condiciones de vida que han acarreado la extrema probreza y la muerte. Estas personas no han sido adecuadamente reparadas.

c.       La construcción de represas está asociada con procesos de militarización y represión de los habitantes de las zonas donde se ejecuta el proyecto.

d.      Las grandes represas han ocasionado terribles daños ambientales.

e.       Los beneficios han sido para quienes concentran el poder económico y político. Los impactos más fuertes han pagado los pobres.

f.        A pesar de los pocos avances, el BM ha modificado políticas de intervención debido a las críticas de la sociedad civil.

g.       El BM tiene responsabilidad en la crisis de la deuda externa de los países del tercer mundo, en general, y en los proyectos fracasados que ha financiado.

Recomendaciones:

1.      No construir más represas sin el consentimientos de las personas.

2.      Realizar evaluaciones integrales y participativas sobre el impacto, y que existan consensos antes de emprender cualquier proyecto.

3.      Maximizar la eficiencia de los sistemas de agua y energía existentes, antes de emprender nuevos proyectos.

4.      Evaluar las represas existentes, su seguridad y analizar la conveniencia de su desmantelamiento.

5.      Desarrollar mecanismos para reparar daños a las comunidades afectadas y restaurar ecosistemas dañados por las represas.

6.      Establecer políticas para asegurar que el BM y el BID no provean fondos a gobiernos que están implicados en violaciones a los derechos humanos.

Además en relación al proyecto Chixoy:

7.      Designar una comisión de investigación independiente para determinar los responsables de todos las violaciones a los derechos humanos producidas por la ejecución del proyecto Chixoy.

8.      Cancelar la deuda por la construcción de la represa, puesto que el BM fue negligente en el monitoreo y los costos económicos, sociales y ambientales sobrepasan los beneficios.

* Ponencia sobre hidroeléctricas presentada en el Seminario Latinoamericano sobre Transnacionales y Derechos Humanos que en el marco del XXXV Congreso de la FIDH se viene realizando en Quito, el 1 y 2 de marzo 2004.

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