Durísima represión a pobladores sin techo de Jujuy

Emilio Marín

29/07/2011

Opinión

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El jueves 28 fue un día de luto jujeño y nacional. La policía de esa provincia desalojó a los balazos un campamento de Sin Techo y murieron cuatro personas. Las responsabilidades policiales, empresarias y políticas.

Conviene ponerle nombre y apellido a los muertos, en un país donde se quiso que los 30.000 desaparecidos fueran sólo NN. Los fallecidos en el Norte fueron Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan Velázquez, humildes que acampaban hace días en un terreno del Ingenio Ledesma; y el policía Alejandro Farfán. Eran jóvenes; Ariel tenía 17 años. Murieron por impactos de bala, disparados por los agentes que bien temprano, cuando aún no había luz natural, cayeron como un malón sobre los ocupantes. Entraron dispuestos a matar con tal de desalojar. Restará saber quién disparó contra el agente policial. Los manifestantes insisten en que sólo se defendieron con piedras y armas rudimentarias. El jefe de policía jujeño, Sosa, se victimizó diciendo que a sus hombres los había recibido una lluvia de balas y bombas molotov. Al uniformado le está creciendo la nariz. Precisar quiénes fueron las víctimas es importante para que esta tragedia no sea envuelta en humo. En Formosa se discutió si las víctimas entre los originarios Qom eran uno, dos o más. En esa polémica se esfumaba que el motivo del reclamo era la tierra. Y en Jujuy, lejos de la Comunidad La Primavera, el problema también es el de la tierra, no para trabajarla y hacerla producir sino para que las familias tengan un techo, cuatro paredes y un patio. O sea, su lugar en el mundo. Las familias sin techo ocuparon un amplio terreno, “El Triángulo”, en Pueblo Libertador San Martín, Ledesma. Que este último sea el nombre de hecho de la localidad no obedece sólo a que es más corto. El Ingenio del mismo nombre es el dueño de casi todo. La tierra, las fábricas, las viviendas, las plantaciones, el etanol, el papel, los camiones, las máquinas y mucho más son propiedad de los Blaquier. La historia marca que los policías, autoridades, jueces, periodistas y otros factores de poder jujeño también llevan esa misma marca del azúcar. Los hechos del jueves 28 parecieran indicar que esas sospechas son verdad. Una primera conclusión es que la policía sigue siendo una fuerza represiva con sentido de clase. Nunca se le ocurriría hacer ni un tiro al aire en una mansión de Blaquier, pero no le tiembla el puso para balear a mansalva un campamento de los humildes. La democracia ha hecho milagros en derechos humanos referidos a 35 años atrás, juzgando y condenando ejemplarmente a genocidas. Pero ha mostrado su limitación, bajeza y complicidad respecto a la “gatillo fácil” policial en democracia. Incluso en casos masivos, como en Jujuy. Que no le echen la culpa a la manzana podrida; en materia policial la canasta está casi toda agusanada. No está Luis Patti, pero muchísimos policías siguen tirando a matar y torturando en comisarías. “La única verdad es la realidad”, dijo el fundador del justicialismo. Que sus herederos en el gobierno lo tengan en cuenta.

Lavada de manos

El derramamiento de sangre popular es un crimen. Pueden ser peor las cínicas explicaciones posteriores, lavadas de manos y medidas cosméticas.

El gobernador Walter Barrionuevo dice estar consternado por la muerte de gente joven. Renunció su ministro de Gobierno, Pablo La Villa, y fue puesto en disponibilidad el comisario que dirigió el cruento operativo. También dijo no entender la actitud del juez Jorge Samman que ordenó el desalojo y se fue de vacaciones. Esta actitud deleznable es más común de lo que piensa el mandatario.

¿Acaso el comisario en cuestión atacó sin luz verde del ministro y el gobernador? No es creíble. En esta clase de operativos hay generalmente una orden superior del gobierno provincial. Barrionuevo parece estar gambeteando su responsabilidad. En su conferencia de prensa deslizó culpas hacia los ocupantes y la CCC, pues dijo que habrían estado avisados del procedimiento y que habían sacado mujeres y niños. A los policías –dijo- los habían recibido “jóvenes y hombres con capucha y con la cara tapada”. El viejo cuento de los “agitadores” que ya pocos creen.

El presidente de la Cámara de Diputados y aspirante otra vez a gobernador, Eduardo Fellner, acusó a “manejos políticos” de Juan Carlos Alderete, de la CCC. El cronista no tiene la menor simpatía por Alderete, que hizo causa común con la oligarquía de Luciano Miguens y Hugo Biolcati durante el conflicto sojero. Pero la acusación de Fellner es injusta y una burla a los miembros de la CCC muertos en “El Triángulo”.

Más sensata es la postura del intendente de Ledesma, Jorge Ale, justicialista, que deploró la represión y declaró que su comuna estaba lista para ayudar a los ocupantes con agua y baños químicos. Luego metió el dedo en la llaga, al afirmar que la localidad tiene un déficit habitacional de 2.000 unidades. Detalló un proyecto para construir 1.200 viviendas, que aún no tiene financiamiento. Ese testimonio es clave para comprender el drama de Jujuy: en un extremo de la sociedad se acumulan tierras, capital y viviendas, muchas ociosas; y en el otro hay necesidad de un techo digno. El Estado ha hecho casas, pero sin solucionar el grave problema. Peor aún, si no hay más financiamiento es porque está subsidiando en exceso a grandes industriales, incluido Ledesma.

Un monstruo

De todos los responsables del drama que vive hoy la provincia que amó y sufrió Manuel Belgrano, el mayor es el ingenio de los Blaquier. Es un monstruo que tiene 150.000 hectáreas en ese distrito y denunció penalmente a sin techo que habían montado sus carpas en unas pocas hectáreas. La ocupación fue originada por la tremenda escasez de tierras en la provincia, agudizada por la propiedad latifundista del Ledesma y sus nuevas inversiones, que lo ocupan todo.

Su último balance consigna un patrimonio neto de 1.246,3 millones de pesos, y ventas por 2.452,7 millones de pesos; se sabe que los números reales suelen ser más importantes.

Ese patrimonio fue engordado con la superexplotación de los pueblos originarios, como bien lo ilustra la película de Fernando Krichmar, “Diablo, Familia y Propiedad”.

Esa acumulación monopolista se acentuó durante la dictadura militar, cuando fue secretario de Agricultura y Ganadería un viejo amigo de la familia: Jorge Zorreguieta. Fue hasta hace poco el representante del negocio azucarero en la presidencia de la COPAL (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios). Ahora ocupa la vicepresidencia es de Federico Nicholson.

En ese tiempo el idilio con Zorreguieta alcanzaba también a José A. Martínez de Hoz y el general Jorge R. Videla. Así se explica que el 20 de julio de 1976 las tropas del Ejército y Gendarmería, amén de policía y la seguridad del Ingenio, secuestran a centenares de personas en Ledesma y Calilegua. Muchas de las víctimas quedaron desaparecidas.

Una buena investigación del tema es el libro “Memorias del Apagón”, de Delia Maisel, editado por el MEDH. Allí se cronican las desapariciones de muchos militantes populares, entre ellos el sindicalista Jorge Weisz y sus abogados Carlos Patrignani y Pablo Bernard, de Vanguardia Comunista (actual PL).

También es muy revelador el testimonio de Ricardo Aredez: “Cuando papá era intendente, la gente se organizó y empezó a tomar tierras. Eran trabajadores golondrinas de Ledesma que no tenían donde vivir. Como aún no se había delimitado el Ejido Municipal, esas eran aún tierras pertenecientes al Ingenio. La Gendarmería empezó entonces a presionar a mi padre para que hiciera desalojar las tierras mediante la intervención policial pero mi padre se negó” (pag.84).

Se sabe el final: el médico Luis Aredez, que se negó a reprimir y osó cobrarles impuestos a los Blaquier, terminó desaparecido en 1976. Su esposa Olga Márquez, de Madres de Plaza de Mayo, falleció en 2005 de un cáncer provocado por la bagazosis, enfermedad derivada del humo que produce el ingenio con la quema del bagazo de la caña de azúcar. “Sol de noche”, el documental de Eduardo Aliverti, pinta esa realidad. Otro crimen impune.

Con este prontuario cuesta creer cómo el gobierno nacional sigue apoyando al monopolio con créditos, subsidios y reintegros. Julio de Vido y Débora Giorgi fueron el 14 de octubre de 2010 a la inauguración de “Bio Ledesma S.A.”, creada con el objetivo de ingresar al Programa Nacional de Biocombustibles y gozar de los beneficios del Estado para el etanol.

El gobierno nacional debería rectificar esas políticas y revisar qué hacen sus gobernadores K en Formosa (1 muerte del Qom) y Jujuy (3), sin olvidar a los radicales K de Río Negro (3 muertes en Bariloche) y la actuación de la Federal en el Parque Indoamericano (3). Esas provincias quedan en Argentina.

A los argentinos de a pie les queda dar solidaridad a los jujeños. Y como mínimo, no comprar azúcar Ledesma por largo tiempo. No endulza la vida sino que mete cucharadas de sangre en el café, el mate o lo que sea.

http://www.laarena.com.ar/opinion-como_minimo_habria_que_relanzar_boicot_al_ azucarledesma-63942-111.html

https://www.alainet.org/es/active/48405