EEUU

Empleadores no son agentes voluntarios de inmigración

Lorenzo Gonzalo

06/07/2011

Opinión

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Es un gran error que la Administración de Estados Unidos quiera convertir a los empleadores en agentes voluntarios de Inmigración. Además de prorrogar la represiva Ley Patriótica, ahora la Administración de Obama quiere dar un paso que desacredita aún más las libertades que poco a poco han ido cercenando en este país.

Los asuntos migratorios se convierten cada vez más en una pesadilla para todos los países.

No solamente las naciones poderosas o altamente desarrolladas enfrentan el reto de la inmigración sino las más pobres, para las cuales el daño puede ser mayor y muchas veces el beneficio puede ser inmenso. Todo depende de que ingresen trabajadores necesarios a un sector donde la capacidad nacional esta por debajo de los requerimientos laborales o que las personas llegadas de otras fronteras compitan con la poca mano de obra disponible.

Al tiempo que esto cada día se convierte en una realidad más difícil de resolver, no es menos cierto que el crecimiento económico y la imagen de estilos de vida, cuyas diferencias entre unas y otras personas son a veces abismales, ha impulsado a grandes poblaciones a buscar paraísos que a veces se convierten en pesadillas, pero en ocasiones les permiten alcanzar estatus económicos que jamás hubiesen obtenido en sus propias tierras.

La vida es de oportunidades y estas son un resultado de la casualidad. En la mayoría de los casos esos pequeños o grandes triunfos equivalen a sacarse la lotería, gracias por supuesto, a que compraron el ticket que los llevó a lo desconocido. El movimiento migratorio ha resuelto la vida de muchas personas. Quizás la mayoría de quienes han tomado la decisión lo han logrado. Para otras, ha sido un eterno bregar con la pobreza y las humillaciones de que son objeto.

En los países de alto desarrollo controlar el fenómeno es de suma urgencia, porque a ellos emigró en el pasado mucha mano de obra que hacía los trabajos que los nacionales rechazan por su dureza, pero que actualmente dejan de ser necesarios. La tecnología va reemplazando esas labores y las que aún permanecen, no tendrán otra solución que ser compensadas con salarios que respondan a las expectativas de los ciudadanos de esos países. Las razones por las cuales los estadounidenses no se disponen a recoger fresas y realizar determinadas faenas agrícolas, estriba fundamentalmente, en los bajos salarios que paga el sector, los cuales no se corresponden con los niveles de desarrollo de la nación. Los emigrados no solamente han estado dispuestos a realizar dichas tareas, sino que también han aceptado someterse a la explotación salarial porque no les queda otra opción. Esta es otra realidad que también obliga a reformar el sistema migratorio en Estados Unidos. La mencionada situación da lugar a un tipo de economía subterránea, materializada en una violación de la demanda y la oferta de trabajo. El equilibrio laboral, para lo cual es fundamental el proceso salario - trabajo, no puede lograrse a plenitud en un mercado que sufre distorsiones semejantes. La reforma migratoria es esencialmente una necesidad macroeconómica.

Eventualmente la solución de las emigraciones, por las razones que hoy y desde siempre las han impulsado, solamente se logrará cuando las naciones poderosas asuman la responsabilidad de incentivar, ayudar e impulsar, con políticas diversas, las economías de los países que se retrasan galopantemente respecto a ellos. No se trata de que subvencionen, lo cual sería otra contribución a la distorsión económica, sino de evitar prácticas actuales de comercio e inversión que resultan lacerantes al desarrollo de las regiones pobres.

Ante los problemas causados por una incontrolada inmigración que fue necesaria y en un tiempo cumplió sus funciones, la Administración estadounidense, está en medio de una batalla, que se dificulta por la presión que ejercen determinados privilegios sectoriales, que controlan o limitan las gestiones del gobierno. La Administración se halla en un círculo cerrado, agobiada además por los entuertos heredados de la cruda política imperial optada durante la Presidencia de George W. Bush.

La estructura política del Estado que conformaran los gestores de la Constitución de Estados Unidos y los estilos de vida que fueron resultando de su aplicación y enmiendas, redujo considerablemente la presencia del gobierno en la vida privada. Las injerencias actuales, como consecuencia de la irracional “Guerra al Terrorismo”, inventada por Bush, son de carácter policial y por ende aún dejan marcos de libertad. Pero las personas se hastían cada vez más de esa situación.

Una de las intervenciones que el gobierno quiere poner ahora en manos de los privados, es que verifiquen la legalidad de los contratados, estableciendo una comunicación con las autoridades de Inmigración. Para el sentir y la práctica de la ciudadanía estadounidense, obligar a un empleador a verificar la legitimidad de los documentos que recibe de manos de un solicitante de empleo, tiene un contenido policial, considerado una injerencia sus asuntos privados. Es el Estado quien tiene que encargarse de reforzar las regulaciones y controles migratorios, pero a título de su incapacidad no puede pedirle a los ciudadanos que se dediquen a semejantes menesteres. Precisamente los grandes valores aportados por las repúblicas surgidas en el siglo XIX son el marco de libertades que la ciudadanía pudo alcanzar. Una cosa es denunciar una ilegalidad y otra es ponerse a la tarea de verificar la validez de documentos y transacciones.

Estados Unidos controla las entradas de los viajeros llegados de otros países, pero no sus salidas. No existen controles migratorios de quienes sales o se regresan a sus países.

Si bien es cierto que las líneas comerciales no venden boletos a quienes no tengan en regla sus documentos, eso no significa que envíen a determinado organismo estatal la información de quienes viajan al exterior. Estas entidades no lo aceptarían y protestarían como lo hacen ahora los empleadores. Por otra parte los organismos de Estado no tienen el personal para verificar por esa vía, a cada una de las personas que viaja al exterior y muchos menos machar dichas salidas con las entradas. No hay presupuesto para verificar si el viajero que ingresó al territorio ya se marchó o si aún permanece. De hecho todos los días reciben residencias muchas personas, que luego de haber entrado legalmente y haberse quedado, permaneciendo en Estados Unidos ilegalmente durante años, se enteran que han sido aprobados a partir de reclamaciones realizadas en otros tiempos por algún familiar. Estas personas inmediatamente se regresan legalmente, por los puertos de salida, a sus lugares de origen, recibiendo aprobación oficial en la correspondiente Embajada estadounidense. De ser controlada la permanencia legal o ilegal en el país por vía de las compañías de vuelo, esas personas no recibirían la Residencia, por cuanto la misma se le niega a quienes hayan entrado o permanecido ilegalmente en el territorio de Estados Unidos. En casos específicos y por razones de sospecha hacia ciertas personas, pueden hacer las correspondientes verificaciones registrando las historias de viaje, pero la protesta de las compañías transportistas, si las obligasen a integrar sus controles al sistema computarizado de inmigración, serían más serias que las que actualmente realizan los empleadores por el simple hecho de que los quieren obligar a que sean ellos quienes verifiquen, con ayuda de Inmigración, la legalidad de los documentos de quienes solicitan empleos.

Es de esperar que las laceraciones sufridas a las libertades públicas, con motivo del fantasma del terrorismo y la incapacidad o malevolencia del gobierno de Bush por no haber manejado el asunto con ponderación y racionalidad, no continúen y que la próxima vez la Ley Patriótica (ridículo nombre) no vuelva a ser prorrogada.

Hacen muy bien los empleadores en oponerse a que intenten obligarlos a hacer uso de la llamada E-Verify, la cual seguramente fue la invención de algún funcionario gordo y vago, devengando además un inmenso salario, pagado seguramente con los ingresos que reciben de esos mismo empleadores. Ningún Estado tiene derecho a obligar a los ciudadanos a realizar labores represivas y policíacas, porque eso se presta a muchos inconvenientes y sobre todo a la comisión de deleznables actos de injusticia.

Estados Unidos no está en una época de crisis apocalíptica, ni confrontamos una guerra en el sentido real de la palabra, excepto la que Bush inventó para otros fines.

Los empleadores no tienen por qué ser obligados a enviar la documentación de las solicitudes de trabajo a la conexión computarizada del Departamento de Inmigración y Naturalización, para comprobar su legalidad. De resultar aprobada semejante normativa, la Ley incurriría en una incursión más en la vida de quienes se dedican a producir y nada tienen que ver con las ineficiencias de quienes gobiernan.

Miami, 8 de Julio del 2011

- Lorenzo Gonzalo, periodista cubano residente en los EEUU y subdirector de Radio Miami

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