Gobierno asume todos los costos de los "afectados indirectos" y Endesa los costos mínimos de 4 familias. Una vez más se subsidia al sector empresarial con el dinero de todos los chilenos El "memorando de entendimiento" firmado hoy por Berta Quintremán, Mercedes y Rosario Huenteao y Aurelia Marihuan, sus abogados y la empresa Endesa-España, ante el Ministro Francisco Huenchumilla, responde a la promesa hecha por el gobierno de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero pasado. Pero carga sobre los hombros de todos los chilenos la mayor parte de los costos del acuerdo, lo que constituye un subsidio inaceptable e inconsulto a Endesa-España, una de las más grandes empresas extranjeras del sector eléctrico en América Latina. Esta decisión de asumir costos de compensación que debería haber pagado Endesa–España, se da luego de que los tribunales chilenos aprobaran el recurso de nulidad presentado por las familias pehuenches, lo que fundamenta jurídicamente su lucha de 7 años de resistencia contra la represa Ralco, y evidencia la ilegalidad en que incurrió el estado de Chile al violar 2 leyes de su estado de derecho, la ley ambiental N°19.300 y la ley indígena N°19.253. Para lavar su cara frente a la comunidad internacional, por haber violado los derechos indígenas, y su propia legislación, el gobierno de Chile solo exigió a Endesa España el pago de 200 millones de pesos y 70 hectáreas a cada una de las 4 mujeres "afectadas directamente", y 300 millones para un programa de desarrollo en los predios de las afectadas y una pensión Vitalicia para Fermín Beroiza Huenteao. Esta compensación las obliga a desistirse de las acciones legales y administrativas pendientes. El gobierno por su parte, disponiendo de recursos de todos los chilenos, asume en un "segundo memorando de entendimiento" la compra del fundo El Porvenir de 1.200 hectáreas para compensar a "los afectados indirectos" de la represa Ralco, lo que supera con creces el monto total de las compensaciones de Endesa–España y, adicionalmente, asistencia técnica a través de INDAP, subsidios habitacionales para los afectados, otorgamiento de 8 pensiones de gracia y 22 becas de estudio. Todas compensaciones que debió haber asumido Endesa –España. Así es como se facilitan los negocios en Chile, y los chilenos pagan la cuenta. Y no es la primera vez, la decisión gubernamental de aumentar el IVA, un impuesto que recae proporcionalmente sobre los pobres y la clase media, para compensar la baja de aranceles por el Tratado de Libre Comercio, va en la misma dirección: gana el sector exportador y pagan los chilenos. ¿Es esta la receta de Desarrollo con Equidad que insiste en aplicar el gobierno del presidente Lagos? * Sara Larraín es Directora del Programa Chile Sustentable