El tema de la seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos junto con la corrupción y el desempleo, las tres muy relacionadas entre sí. Sin embargo, a pesar de que estamos en una campaña presidencial, nadie, salvo Keiko Fujimori, se ha centrado en este asunto.

 

Hecho que llama poderosamente la atención, dado que es el Gobierno Central el que tiene la principal responsabilidad en el tema. ¿No se ha percatado usted del pésimo trabajo del gobierno aprista en liderar la política de seguridad ciudadana y el legado de su gobierno en esta materia para todos nosotros? ¿No se siente usted más inseguro de salir a la calle que hace cinco años? Sorprende, porque en la campaña electoral pasada —en la que se eligió a las autoridades locales de todas las regiones del país— la seguridad ciudadana fue el principal tema de debate. Entonces, ¿qué sucede con los candidatos al sillón de Pizarro? ¿Por qué no poner especial énfasis en la materia?

 

Resulta extraño, además, que solo Keiko haya convertido en una herramienta de obtención de votos el tema de la seguridad.

 

Y no solo es paradójico por lo que mencionamos en un anterior artículo,1 sino también porque fue durante el gobierno de su padre cuando se segmentó y debilitó los valores asociados con la familia; se flexibilizó el trabajo en favor de los grandes empresarios y en desmedro del trabajador; se destruyó el sistema educativo; se corrompieron las principales instituciones de la seguridad: Policía, Justicia y cárceles; se banalizaron los medios de comunicación comprándolos para inventar psicosociales; pero, principalmente, se erosionaron —algunos argüirán que se consolidaron— las bases de nuestra sociedad haciendo de la corrupción el modus operandi de las relaciones sociales, políticas y económicas en el país. Todos estos cambios de la década de los noventa los observamos hoy traducidos en el deterioro de la seguridad ciudadana.

 

Volviendo a la campaña y revisando las propuestas de los candidatos en la materia, pareciera que éstos se dieron cuenta —o por lo menos así lo creen— de que las propuestas en el papel no tienen gran importancia y los planes de gobierno son mero trámite para presentar al Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos las propuestas de García a favor del cambio responsable en el año 2006. Ahora, cinco años después, podríamos escribir volúmenes de todo lo que dijo, prometió y no cumplió.

 

Los planes de gobierno de los candidatos están plagados de: promover, coordinar, reformar, desarrollar, fomentar; palabras que en la práctica no se dan y que suenan bien antes de funcionar.

 

Asimismo, los planes de gobierno están plagados del qué debemos hacer en materia de seguridad: aumento de sueldos a los policías; mejorar la logística de las comisarias; eliminar los beneficios penitenciarios y hacer leyes más duras contra los criminales; coordinar con las instituciones responsables en materia de seguridad ciudadana; generar valores en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿se puede creer en el qué hacer cuando no se señala el cómo hacerlo?

 

En la propuesta común de todos los candidatos: reformar y mejorar la escala salarial de los efectivos policiales —propuesta con la que todos los ciudadanos estamos de acuerdo—, ninguno ha presentado un plan sobre el cronograma, los montos, ni el tiempo en que se hará la reforma. Insistimos: en todos los planes hay mucho del qué hacer pero nada del cómo hacerlo.

 

Creemos que las propuestas de seguridad ciudadana —como la mayoría de propuestas en diversos temas— tienen dos problemas centrales:

 

1) Carecen de un diagnóstico. ¿Cómo curar a un enfermo si no sabes qué es lo que tiene? Realizar un diagnóstico real, no solo con cifras oficiales (muchas veces adulteradas o pésimamente registradas), tampoco proponiendo lo que los ciudadanos quieren escuchar; por el contrario, los planes de gobierno deberían analizar todos los factores que influyen en la violencia desde las instituciones responsables, los actores en el delito (víctimas y victimarios), hasta aquéllas que nadie quiere enfrentar, como los medios de comunicación.

 

Un punto álgido y que da cuenta de que no existe un diagnóstico en los planes de gobierno de los candidatos es la poco o nula mención a los actores centrales de la seguridad ciudadana en las zonas pobres del Perú: las Juntas Vecinales y las Rondas Campesinas. En el país, si uno tiene ingresos medios o altos puede pagar por seguridad; pero si no puede pagar, ¿qué hace?: se organiza con sus vecinos para combatir este problema.

 

Eso es lo que sucede en el país. Veamos un ejemplo práctico. Si usted vive en San Isidro, hay aproximadamente un policía por cada 210 habitantes en el distrito; si usted vive en San Martín de Porres, hay un policía por cada 1.520 habitantes aproximadamente; pero en el distrito de San Juan de Bigote, en Morropón-Piura, hay casi un policía por cada 5.000 habitantes.

 

Las desigualdades sociales se traducen también en la calidad e seguridad que reciben los ciudadanos. Por eso, en la mayor parte del país son los vecinos organizados —en Juntas Vecinales para el contexto urbano, y en Rondas Campesinas para el ámbito rural— los principales actores y responsables de la seguridad ciudadana. ¿Cómo es posible que los candidatos no presenten, salvo irrisorias menciones, ninguna propuesta al respecto? ¿De verdad piensan llevar policías a las zonas más pobres, donde son casi inexistentes? ¿Con qué dinero? ¿De dónde van a sacar tantos policías?

Las propuestas deben perder ese carácter elitista y centralista, conocer la realidad de la seguridad; si no, insistimos, se quedarán en buenos discursos y promesas falsas.

 

2) El segundo problema pasa por el no cumplir lo que prometen los candidatos. Pues claro, si mi propuesta es tan general como reformar, modificar, promover, etcétera, es poco probable que alguien después pueda fiscalizar lo que prometí y no cumplí.

 

Las propuestas deberían presentar, y esto es una exigencia a los organismos encargados de las elecciones como a los ciudadanos, planes de gobierno con metas claras, reales, con tiempos y resultados probables, lo que permitiría evaluar lo que prometieron y castigar en caso de haber engañado a los electores. Si no, seguiremos escuchando buenas intenciones y promesas imposibles de realizar.

 

Para concluir, en el país seguimos combatiendo a la delincuencia a ciegas. Por los planes de gobierno y las propuestas que estamos viendo y escuchando, dudamos que esta situación cambie en los próximos años. Este hecho, sumado a la imperante e impresionante corrupción en las principales instituciones encargadas de la seguridad, además de la violencia visceral que nos muestran a diario los medios de comunicación y la visión nacional por la que las clases medias y altas ven a las clases populares como peligrosas, nos invitan a compartir, para terminar este artículo, la reflexión del escritor uruguayo Eduardo Galeano sobre el crimen y el mundo en el que vivimos:

 

“La Publicidad manda consumir y la economía lo prohíbe. Las órdenes de consumo, obligatorias para todos pero imposibles para la mayoría, se traducen en invitaciones al delito […] Este mundo, que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en las narices de tantos es, al mismo tiempo, igualador y desigualador: igualador en las ideas y en las costumbres que impone, y desigual en las oportunidades que brinda”.

 

Notas:

 

1Hicimos hincapié en que la política de mano dura es engañosa, demagógica e ineficiente (“Keiko y la inseguridad ciudadana”. Revista ideele 205).

 

2 Galeano, Eduardo. Patas arriba: La escuela del mundo al revés. Segunda edición. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1998.