Ecuador

Un guión similar con un nuevo escenario

Santiago Ortíz

27/10/2010

Opinión

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En la mañana del primero de Octubre, el diario El Comercio de Quito puso en sus titulares de portada su versión de los sucesos del día anterior: en el país se produjo la insubordinación de un grupo policial.

¿Fue en realidad un motín policial lo que ocurrió el jueves 30 de septiembre?

Para responder a esta pregunta lo primero que hay que ubicar quien esta detrás de la noticia. La gran prensa de América Latina, especialmente en países con gobiernos progresistas, asume un guión dirigido a tergiversar la realidad, buscar los errores del gobierno respectivo y frenar los procesos de cambio que se está dando en la región. Esto se debe a la nueva función que han adquirido los medios de comunicación como poder ideológico trasnacional y en cada país como órganos activos de lucha política, que operan ante la debilidad de los viejos partidos.

Los sucesos de ese Jueves Negro evidentemente revelan algo más que un motín, muestra un proceso organizado: las acciones policiales estuvieron sincronizadas en todas las provincias, se cortaron carreteras y tomaron los aeropuertos de Quito y Latacunga, la escolta legislativa impidió la reunión de la Asamblea Nacional. más tarde se reprimió a los manifestantes que respaldaron la democracia y al gobierno, policías atacaron ambulancias donde se llevaban militares heridos, grupos vinculados a Sociedad Patriótica entraron por la fuerza a la televisión pública, se golpearon a varios ministros que intentaban llegar al Regimiento Quito y durante el día se secuestró al Presidente, se le agredió en siete ocasiones y se atacó a bala -con francotiradores apostados en las terrazas de edificios colindantes - perforando el auto en donde los complotados creían que iba el Presidente, asesinando a miembros de su escolta.

Los sucesos se dieron en medio de un escenario propicio para demostrar un vacío de poder, pues mientras en las calles se producían saqueos y los medios de comunicación amplificaban la confusión, las principales funciones del Estado dejaban de funcionar: al legislativo no podía reunirse, el Presidente de la Asamblea estaba fuera del país, el Vicepresidente regresaba de un viaje y permanecía en Guayaquil, sin poder llegar a Quito y el Presidente estaba secuestrado.

Es significativo que periódicos como El Comercio en su edición del 1 de Octubre hayan planteado que se trata de una sublevación policial por demandas corporativas y pongan las tintas en culpar al presidente por su error de haberse metido en ?la cueva del Oso?. Para ellos no hay crisis institucional, no está en peligro la democracia ni se ha puesto en riesgo la vida de un Presidente de la República.

Pero es evidente que los hechos revelan algo más que una acción gremial desorientada. Si se examina el guión del golpe de Estado del 21 de Enero del 2000, cuando los hermanos Gutiérrez encabezaron una asonada militar contra Jamil Mahuad, se puede comprender mejor la lógica de los acontecimientos actuales. Hace diez años hubo descontento en las filas de los cuerpos armados, acciones de apoyo de los indígenas y se llevó adelante un movimiento armado que culminó con la salida de Mahuad y la llegada al poder del Vicepresidente Gustavo Noboa.

Por cierto el malestar actual tuvo otro escenario que el pasado. Entonces se tenía al frente un gobierno neoliberal que hizo el “salvataje” para favorecer a los bancos y dolarizó el país; hoy tenemos un gobierno progresista. Las dimensiones del malestar que se dio entonces fueron diferentes, pues había un arco de fuerzas populares e indígenas que resistía las medidas antipopulares del gobierno. Además, la asonada de hace diez años se dio en el marco de un largo proceso de crisis política y des institucionalización.

Pero las tácticas y el guión del movimiento actual, son muy parecidas al de entonces: hoy se dan reivindicaciones corporativas, con elementos simbólicos como los bonos, canastas navideñas y condecoraciones, base del amotinamiento policial, también se produjeron acciones gremiales dispersas de los servidores públicos y pronunciamientos de dos o tres dirigentes indígenas. Sin embargo, a diferencia de hace una década, las acciones no estuvieron dirigidas a derrocar y expulsar del país al Presidente, como sucedió con Mahuad, que estuvo dispuesto a irse para Harvard. Hoy el intento fue de magnicidio como revela los golpes, el secuestro y las balas contra el Presidente.

Volviendo al plano gremial hay que reconocer que el malestar de los cuarteles policiales y otras dependencias estatales se produjeron por la Ley de Servicio Público y el veto del Presidente. El manejo de los temas laborales por parte del gobierno ha generado reacciones de empleados de varias dependencias del Estado, al punto que se convocaron a reuniones y varios ministerios estuvieron a punto de ser tomados por los empleados quienes anunciaron acciones contra la mencionada Ley. Por cierto este es el resultado de los desaciertos del gobierno y en particular, su actitud prepotente en el debate de las leyes, utilizando el veto y otros mecanismos, sin abrir el debate y sin negociación con otros actores.

Esta Ley así como la de Educación Superior, la Ley de Aguas, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD, la Ley de Comunicación, constituyen leyes que hacen parte del régimen de transición establecido por la Constitución de Montecristi, que han sido formuladas por los equipos de gobierno y que han estado orientadas a consolidar y racionalizar el Estado, afectando en algunos aspectos a los servidores públicos. Se trata de un proceso de modernización hecho a toda marcha en donde se encuentran además de las leyes, las políticas, reglamentos y el estilo de maltrato y represión hacia las organizaciones sociales, bajo el enfoque de que son corporaciones que persiguen intereses particulares y que el gobierno el llamado a cuidar el bien común: Todo ello sembró de resentimientos por un lado y otro.

En este caldo de cultivo es que maniobra una organización que tiene un componente político y uno militar, similar al del 21 de enero, con una estrategia y una intencionalidad política. No se trata de un movimiento espontáneo. Hay alguien que se preocupa desde hace meses de abrir contactos, tejer redes, propiciar disturbios, entrenar a los policías, armar piquetes y mítines, convenciendo a ciertos políticos para articular un ?frente nacional? que cubra y legitime sus acciones.

Pero para que un movimiento gremial se transforme en golpe de Estado debe contar con otros factores de poder: las Fuerzas Armadas, un sector de las elites dominantes y el visto bueno del Departamento de Estado. El Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot se pronunció tempranamente contra el golpe y más tarde la Cámara de Industrias y la Embajada de los Estados Unidos: es decir la revuelta no tuvo el respaldo de actores gravitantes del escenario político y no cumplió los estándares de un golpe de Estado que se precie de tal.

El que no se cumplan ciertos parámetros de un golpe clásico, no significa que no sea un golpe, especialmente cuando la lógica de la revuelta obedece a la estrategia de grupos aventureros que buscan pescar a río revuelto y que imprimen un estilo criollo y plebeyo al acontecimiento, como señala G. Long.

Además las condiciones para el complot no son fáciles. Alianza País es una coalición política que ha ganado elecciones en siete ocasiones y controla varias funciones del Estado, cuenta con un amplio respaldo popular y el Presidente no baja del 65% de apoyo en las encuestas. Además aunque Rafael Correa cerró la Base de Manta y no firmó el TLC, han mejorado las relaciones con el Departamento de Estado. Por otro lado y a diferencia de los gobiernos neoliberales, el gobierno ha fortalecido el rol de las Fueras Armadas en las empresas públicas y en la construcción de infraestructura. A soldados y policías les ha incrementado los salarios y les ha dado equipamiento moderno, hasta el punto que las Fuerzas Armadas juegan un rol clave en la frontera norte.

Por tanto sin respaldo de importantes factores de poder y con un gobierno que cuenta con una amplia legitimidad democrática las condiciones no eran muy propicias para los que organizaron la sublevación armada. El grupo que orquestaba la revuelta ha ubicado con claridad el rol protagónico que juega Rafael Correa en el vértice de la coalición gobernante y sabe que un vacío en ese vértice, sería un golpe fatal para ese movimiento político y el Gobierno, lo que probablemente frenaría el proceso de reformas que mal que bien, ha impulsado Alianza País. .

Como ecuatorianos ya tenemos la experiencia con Jaime Roldós al comienzo de la democracia, cuando su muerte dejó huérfano a un amplio movimiento democrático. Hoy un magnicidio podría dejar a Alianza País, al gobierno y la llamada Revolución Ciudadana descabezada, pues su líder juega un rol clave en la conducción de ese proceso y en la legitimidad del movimiento. Un líder como Correa, con todas las limitaciones que tiene, con su ingenuidad y su prepotencia, no sería fácil sustituirlo, más aun cuando Alianza País ha hecho muy poco por articular una base social organizada y un movimiento político. Por otro lado una derecha desmembrada y sin rumbo tampoco tiene opciones de triunfar en las urnas al menos en el mediano plazo.

Y es que el liderazgo de Correa es precisamente la gran fortaleza y la gran debilidad de la llamada Revolución Ciudadana. De eso están conscientes los complotados y por ello apuntan a ?bajarle? al presidente. El carácter aventurero del grupo que condujo el amotinamiento no llevaba necesariamente a un golpe de Estado tradicional, pero sí a golpear en el corazón de la Revolución Ciudadana, debilitándole enormemente en el terreno político y simbólico. No es un golpe clásico pero el golpe comenzaría con la muerte del Presidente: abriría un periodo de caos e incertidumbre, que podía ser en el futuro aprovechado por intrigas, maniobras desestabilizadoras, conflictos e inclusive enfrentamientos armados, en las cuales son expertos los grupos paramilitares. Todo ello abriría condiciones para el arribo de un gobierno de derecha y autoritario, con asesinatos, terrorismo de Estado y represión sistemática de por medio.

Si seguimos los acontecimientos del día 30 podemos comprender mejor la estrategia de los grupos que dirigieron el complot. A inicios de la mañana del día 30 se inició la sublevación policial que tenía su epicentro en el Regimiento Quito No. 1 pero que estaba sincronizada, como se señaló anteriormente, con los destacamentos policiales en todo el país. Cuando el equipo de gobierno se reunía en el Palacio Presidencial para dar una respuesta, el arribo del Presidente Correa al Regimiento Quito No 1 cambió la situación dramáticamente. Este llegó ingenuamente a dialogar con los policías amotinados, creyendo que allí tenía amigos, pues les había mejorado los salarios y realizado varias mejoras logísticas. El Presidente en su ingenuidad creyó que los policías siguen el mando de la autoridad civil y cuidan a la población, cuando los ecuatorianos de a pie sabemos que los cuarteles policiales no son precisamente un lugar de protección para los ciudadanos.

Sin embargo el propio Presidente se dio cuenta que no tenía acogida, que se trataba de un amotinamiento policial, en donde había personajes infiltrados que tenían armas especiales y daban instrucciones a la tropa. Allí agredieron al Presidente, tal como se vio en varios canales de televisión, y este tuvo que ir al Hospital Policial para curarse, mientras los policías colocaban cadenas con candados en las puertas de acceso al recinto y repelían al resto de la comitiva presidencial, entre ellos al Ministro de Comunicación. Era precisamente eso lo que buscaban el comando armado de la operación: aprovechar una revuelta, ocultarse entre los policías y un pliego de peticiones, actuar en medio de la confusión, para amenazar la vida del Presidente. Eso era necesario para un grupo que dirigía la operación, dado que no solo actúa tras bambalinas sino también participa en escenarios públicos legales.

El arrojo de Correa y su llegada al regimiento Quito, les daba en bandeja de plata el escenario que ellos necesitaban: un amotinamiento policial, un Presidente que se metía en la “boca del lobo” para provocarles y una bala casual que iba directo al corazón del Presidente cegándole la vida.

Sin embargo la actitud de Rafael Correa y su discurso tuvo un resultado no esperado para el comando criminal. Cuando él abrió su camisa y les dijo “mátenme” estaba descubriendo el juego de los complotados ante los ojos de todos los que veíamos atónitos las pantallas de televisión. Era evidente que un grupo de policías, llamados a guardar el orden bajo el mando de la Constitución, tenían a su merced la vida del Presidente de la Nación.

Solamente para los que no quieren ver, la sublevación policial era espontánea. La mayoría comprendió que allí había organización y que en medio de la confusión se estaba preparando el asesinato del Presidente del Ecuador. Incluso a nivel internacional se oyeron voces como la de Evo Morales desde Bolivia y Hugo Chávez desde Venezuela advirtiendo del peligro, lo cual movilizó a toda la comunidad internacional. Los policías de los diversos destacamentos que inicialmente apoyaron la medida, se replegaron, al igual que varios gremios de servidores públicos; la Conaie también llamó a defender la Constitución.

La naturaleza del hecho había cambiado, el carácter de movimiento gremial y de “motín” se había trasmutando en la vorágine de acontecimientos en un posible magnicidio y el inicio de un proceso de desestabilización que seguramente se coronaría en un golpe de Estado. Mientras tanto los actores que respaldan la democracia se movilizaron para liberar al Presidente y en medio de esta situación dramática el equipo de gobierno, el comando de las fuerzas armadas y la comunidad internacional actuaron rápidamente para evitar lo peor.

La situación fue delicada. Un mal paso ponía en peligro la vida de muchas personas. Y por ello el operativo de liberación del Presidente, que se puso en marcha desde mediodía, tuvo que prepararse durante horas para encontrar las mejores condiciones para que un cerco y un asalto militar tenga como resultado liberar sano y salvo a Rafael Correa.

Ventajosamente la escolta presidencial y el Grupo policial de elite que está acantonado en los predios de la ciudadela policial, lograron establecer un cerco de protección en la habitación del tercer piso del Hospital donde estaba el Presidente, de manera de defenderlo ante los furiosos policías que estaban acantonados en el edificio vecino: el regimiento Quito. Varios ministros habían llegado al lugar de los hechos y algunos de ellos acompañaban al Presidente.

Si por la mañana el desguarnecimiento policial generó el clima de zozobra en varias ciudades del país con delincuentes que aprovechaban la oportunidad para asaltar bancos y casas comerciales, a la tarde los policías de la mayor parte de provincias se habían replegado a sus cuarteles y estaban tratando de restablecer el orden bajo el Estado de Emergencia que había decretado el gobierno. Sin embargo los complotados seguían operando, amenazando a los familiares del Presidente, llegando a los medios de comunicación con mensajes ofensivos y pidiendo la renuncia del Presidente. Los grupos de agitadores promovidos por los complotados habían intentado cortar la comunicación por Internet, cortar las antenas para impedir la comunicación de la red pública, y finalmente, entrar por la fuerza a sus instalaciones.

Las horas transcurrían y antes de que caiga la noche el operativo impulsado por las Fuerzas Armadas y el GOE funcionó. Todo el país, gracias a un periodista de Ecuavisa, vio las imágenes de la confrontación entre elementos de las fuerzas armadas y del GOE, por una parte y los policías del Regimiento Quito. Luego de media hora de balacera, el Presidente logró ser rescatado de milagro, muriendo al menos diez personas e hiriendo a cerca de un centenar.

La articulación de fuerzas y la manera en que se sucedieron los acontecimientos no lograron consumar un golpe de Estado ni llegó al asesinato del Presidente, es cierto, pero fue evidente que los hechos del Jueves 30 tuvieron una lógica conspirativa en donde actuó un comando político militar y francotiradores, para realizar una operación dirigida a atentar contra la vida del Presidente. Tuvo un nivel de organización significativa que llevó a una actuación simultánea de la policía en todo el país en un movimiento armado contra la democracia, que tuvo la cobertura de ciertos personajes políticos y de medios de comunicación, que se encargaron de tergiversar los hechos y virar las responsabilidades, asignando al gobierno la culpa de lo sucedido;

¿Los hechos del 30 de Septiembre configuran un golpe de Estado? Los hechos no muestran un golpe de Estado tradicional, sino una combinación de un movimiento gremial, una sublevación armada organizada, un operativo criminal de secuestro y asesinato contra el Presidente. De conseguir este resultado, esta habría sido la antesala de un cambio en 180 grados del escenario político: el Estado se quedaba sin primer mandatario, el Gobierno y Alianza País perdía a su líder, todo lo cual creaba condiciones propicias para la desestabilización del país, en los hechos un golpe de Estado y la oportunidad del la derecha. Pero no fue ese el final. Los acontecimientos, que tienen a menudo un rumbo impredecible, permitieron que regrese con vida el Presidente al Palacio de gobierno.

Pero además este evento trae una nueva situación en el país: en primer lugar abre un enfrentamiento de cuerpos armados con la autoridad civil y el Estado de Derecho. En segundo lugar en las sombras se mueve un grupo político militar que continua operando en el país. En tercer lugar, lo cual es una muestra que no hemos avanzado demasiado en estos años: se ratifica las Fuerzas Armadas como factor de poder que dirime los conflictos. Igualmente otro resultado es la actitud de sectores de las elites de Quito, que desconocen cada vez más al régimen democrático, tienden una cortina de humo y justifican el complot, como vía para desgastar al gobierno de la Revolución ciudadana. Así como hay personajes como Nebot que se declaran contra el golpe, hay individuos y grupos de las elites que confluirían en una nueva coalición de los que han sido afectados por las medidas tomadas por el gobierno.

En este terreno están sectores de la propia policía. Ya se conoce que hay un núcleo que ha venido actuando de manera autónoma, tal como se reveló en los hechos de Angostura con la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), que no se ha logrado desmontar. A esto se suma el malestar de un significativo grupo de oficiales, que ocupan puestos de mando en la policía, involucrados en violaciones de los derechos humanos, por la reapertura de juicios a partir del Informe de la Comisión de la Verdad liderada por la Hermana Elsie Monge. Finalmente están las redes de corrupción que existen en el cuerpo policial y que pueden articularse para actuar de manera extralegal.

Por otra parte están banqueros resentidos porque se les quitó las prerrogativas que tenían en las decisiones de política económica. Varios de estos banqueros tienen un acercamiento con Lucio Gutiérrez desde las elecciones, le dieron recursos para la campaña y seguramente le siguen financiando. Están algunos medios de comunicación con su doble cara: con la que defienden la “libertad” y con la que tergiversan la verdad, creando una imagen de un país que vive en el caos y la inseguridad, donde se acentúa la pobreza y el desempleo, culpando de ello al gobierno de Rafael Correa. Igual que en otros países en Ecuador y ante la bancarrota de la partidocracia, los medios asumen un rol político, organizando y agitando a la sociedad.

Estos son los actores principales de esta nueva estrategia. Es posible que en esta ocasión no tuvieron éxito, pero es evidente que el peligro continúa y que este suceso se puede repetir si no se logra desmontar el comando que la conduce.

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