El Estado venezolano está obligado a garantizar el suministro de alimentos

Expropiación de Agroisleña rompe monopolio sobre insumos agrícolas

09/10/2010
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“Agroisleña pasó a manos de la Revolución.”
Hugo Chávez
Hace algunas décadas presencié una conversación entre amigos que debatían sobre la “mejor forma de invertir el dinero”. Típicos profesionales que veían llegar la madurez sin que la diferencia, entre sueldo mensual y gasto de vida, pudiera anticiparles otro futuro que no fuera “trabaja hasta cuando no tengas más remedio que vivir de tu jubilación”.
Comenzaba a ponerse de moda “la inversión inmobiliaria” y alguien en el grupo la presentaba como la mejor opción: “cómprate un apartamento y verás como se revaloriza”. Otro prefería mayor velocidad de ingresos: “métete en el negocio de los automóviles” y el inicio de colas en calles y carreteras parecían favorecer su opinión. Todos se animaron y expusieron sus preferencias para convertirse en “empresarios”: muebles, ropas, línea blanca y hasta joyas, argumentando que “el oro no se daña, no envejece, no pasa de moda y ocupa poco espacio”. Hasta que alguien preguntó “¿Qué cosa tienen todos Uds. que comprar a juro?” y enfatizó su respuesta: “¡comida!”.
Necesidad vital
Identificado con el número 7.700 y publicado en la Gaceta Oficial 39.523, del lunes 04 de este mes, la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela “con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor calidad revolucionaria” y considerando que “la producción de alimentos es de interés nacional”, “es deber del Estado garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la Nación”, “el Grupo Agroisleña es un oligopolio en el mercado de insumos agrícolas” que ejerce “competencia desleal en la producción, recepción, acondicionamiento, almacenaje, distribución y comercialización de productos agrícolas” en perjuicio y evidente desplazo del mercado de pequeñas y medianas empresas que no pueden competir ni siquiera con las condiciones de “libre mercado” que sus defensores esgrimen, decreta “la adquisición forzosa de inmuebles y bienhechurías presuntamente propiedad del Grupo Agroisleña”, incluyendo sus sucursales, filiales y agencias.
Agroisleña, presentada en el tradicional tono lastimero que conocemos como formato de la derecha cuando quiere mostrar a sus defendidos cual débiles jurídicos, no es ya “la empresa que crearon siete inmigrantes canarios hace más de 50 años”. Y a propósito y sólo como recordatorio histórico, ellos tampoco fueron “empresarios inmigrantes” como suelen presentarlos. Eran lo segundo y se convirtieron en lo primero, con su esfuerzo y sin ninguna duda; pero Agroisleña es ahora un Grupo poderoso “cuyo accionista mayorista es un inversionista extranjero”. Es una empresa que especula vendiendo a precios “de hasta 250% por encima del valor sugerido”, incrementando el precio final del alimento que tienen que pagar como consumidores, entre otros tantos venezolanos, sus propios trabajadores a quienes dice proteger.
Interés nacional
Quienes los defienden intentan destacar, en costosos espacios, altos números y grandes letras, el “financiamiento” otorgado por la empresa a productores agrícolas. Por supuesto, no señalan que mientras le compraban al Estado a crédito, pagando tan sólo un 8% de interés, les cargaban a sus clientes hasta el 15%.
Ocultan precios de compra y venta que harían palidecer de envidia a muchas tiendas en los países del Norte. Pero uno tiene que enterarse por “cadena nacional” porque no las publica nadie. Las dos muestras, en ventas casi inmediatas entre adquisición, proceso y entrega, me recuerdan que todos estamos obligados a comer y nos convierte, si no existe un verdadero mercado competitivo, ese mismo que pregonan quienes no lo cumplen, en “clientela cautiva”: la realización del sueño neoliberal ¡y en un país minero!.
Agroisleña le compraba al Gobierno venezolano cada saco de sulfato de amonio en 14,40 Bs.F. Le sugirieron un precio de venta de 22,30 Bs.F. con una ganancia bruta del 54%, nada despreciable para operaciones de alto movimiento y clientela exclusiva. Pero lo vendían en 75 Bs.F. con una ganancia del 420%. Compraban en Pequiven un saco con 50 kilos de úrea, en Bs.F. 14,80 para venderlo en 46: 211%. En promedio, sumaban el 250% a sus productos finales.
Soberanía y seguridad
Su expropiación no fué ninguna medida compulsiva, tomada sin previo aviso ante las cámaras de televisión, ni “desconocida para los dueños de la Agroisleña”. Según Braulio Álvarez, diputado y vicepresidente de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, esa empresa “fue notificada hace meses atrás por el Estado venezolano, sobre los delitos ambientales y las irregularidades en los precios de los insumos agrícolas y semillas certificadas en los cuales incurrían, con la finalidad de que tomaran los correctivos pertinentes” tanto en sus plantas como en sus 64 sucursales.
Estaba en juego la seguridad del suministro de alimentos al pueblo venezolano. Si tal expropiación no se hubiera realizado, todos los venezolanos estábamos en la obligación de reclamarla. Una revolución socialista no se compagina con la intermediación abusiva del neoliberalismo en la satisfacción de una necesidad tan vital como la nutrición humana.
Injertación socialista
Está en marcha la ejecución de la “Injertación Socialista del Estado en la cadena de distribución de insumos para la producción agrícola”, en la actividad agropecuaria nacional y en la promoción de un verdadero desarrollo endógeno de la Patria, tomando muy en cuenta “la asociación comunitaria para el trabajo”, “el régimen de propiedad colectiva”, “la iniciativa popular” y un “nuevo modelo de producción socialista”. Es el tipo de obras que necesita la Revolución Bolivariana para aspirar al Estado Socialista y a nuestro verdadero desarrollo sustentable. En consecuencia, el neoliberalismo utilizará todo su potencial para atacarla.
Tras leer, ver y oir a diferentes medios, puede deducirse que a los escribas locales les importan más el beneficio de las empresas y la consiguiente garantía de inversión extranjera que la capacidad de acceso a los alimentos que pudiera tener el venezolano promedio.
Y, más grave aún, sus líderes sindicales unen sus voces, aparentando favorecer a los trabajadores de Agroisleña, en favor del “empresariado internacional”. De allí que sus declaraciones compartan páginas con opinadores de oficio quienes califican a Venezuela como “país riesgoso”.
Cabe destacar igualmente que “diputados electos” declaran contra la medida. Y uno se pregunta si al hacerlo están defendiendo al país, al pueblo que los eligió, a sus respectivos circuitos o a sus patrocinantes.
Nuevo modelo
Vamos hacia el destino que nos hemos trazado y estos son sólo tramos del camino, obstáculos a vencer y retos que nos impulsan a seguir adelante.
Los productores, especialmente los de menores recursos quienes dependen del financiamiento para sus labores agrícolas, tendrán ahora más posibilidades de obtener abundantes cosechas. Como paso financiero necesario, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras bajó sensiblemente la tasa de interés a sólo un 3%.
Herbicidas, fungicidas, semillas, fertilizantes e insecticidas estarán más cerca de la comunidad agrícola. El detallista pagará menos. El vendedor final nos ofrecerá mejores precios. Los venezolanos podremos nutrirnos mejor. El trabajo y el estudio rendirán más. Es un nuevo enfoque; es otro modelo. ¡Es la revolución!. 
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