Argentina

Los derechos a la sombra

Sarah Babiker

15/07/2010

Opinión

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Organizaciones sociales presentaron un informe alternativo al comité de la CEDAW. Denuncian las principales falencias en políticas públicas: acceso seguro la interrupción del embarazo, violencia institucional que sufren las mujeres detenidas en cárceles, la persistencia de la trata de personas y la falta de reglamentación de la ley de Violencia.

El pasado jueves 8 de julio se presentó el informe: Derechos Humanos de las Mujeres: Asignaturas Pendientes del Estado Argentino. El documento, producto del trabajo conjunto de diez organizaciones sociales, se remitió al Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), y supone un 'aporte constructivo para mejorar la situación de los derechos humanos de las mujeres' en opinión de las organizaciones implicadas en su elaboración, reunidas para 'contrastar la información oficial' que el Estado aportará al Comité. El informe sombra 'prioriza las principales falencias' en los avances realizados en este ámbito.

En la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) estuvieron las representantes de algunas de las organizaciones que por tercera vez se unen en la elaboración de este trabajo: Mabel Bianco directora del Fondo de Estudios e Investigaciones de la Mujer, Susana Pastor de la red No a la Trata, la directora adjunta del CELS, Andrea Pochak y Laureana Malacalza, integrante del Comité contra la Tortura.

Pochak abrió la presentación recordando que el suyo no es el único informe que se presenta desde las organizaciones de la sociedad civil para complementar al del Estado. Recordó que estos informes tienen por objetivo dar cuenta de las principales falencias que tienen las políticas públicas dedicadas a garantizar los derechos humanos de las mujeres. Un trabajo que, basándose en datos oficiales, evidencia una de las primeras dificultades: 'la falta de información oficial adecuada, integral y sobretodo desagregada por sexos' carencia que la ponente achacó a la debilidad institucional del INDEC.

Tras recordar que la CEDAW 'fue el resultado de una lucha del movimiento de mujeres internacional' proporcionando 'un decálogo fundamental que cubre todos (…) los derechos de las mujeres', Mabel Bianco, del FEIM, abordó el área de estudio en el que estuvo trabajando su organización, la Salud Sexual y Reproductiva, subrayando los signos más alarmantes: 'el atraso de todo lo que tiene que ver con garantizar los derechos en función al derecho de interrupción del embarazo' y particularmente 'el aborto clandestino que nos afecta como la primera causa de muerte materna.' Recordó la doctora Bianco que las complicaciones derivadas del aborto clandestino continúan siendo la primera causa de muerte relacionada con la gestación. Por último hizo referencia a otro problema que persiste, el Sida, cuestión en la que si bien 'se han hecho adelantos, todavía el tema de (…) prevención para mujeres y niñas no es algo que se esté cubriendo satisfactoriamente.'

En relación a las cuestiones expuestas por Bianco, el informe denuncia que la salud sexual y reproductiva representa el 'principal problema de acceso a la salud de las mujeres', recomendando a la CEDAW que exija a la República Argentina la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Con respecto al aborto, el informe exige que aquellos no punibles sean realizados en el sistema público de salud, y llama la atención sobre la criminalización que se cierne sobre las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, lo que puede abocarlas a exponerse a peligrosos abortos clandestinos. Por último las organizaciones proponen que la guía técnica para la atención del Aborto no Punible adquiera rango de resolución ministerial y se extienda su aplicación por todo el país.

También durante la presentación, y dando voz al Comité contra la Tortura, la licenciada Malacalza destacó la particular situación de las mujeres privadas de libertad, una de las realidades abordadas en el documento tras investigar la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires y en el Sistema Federal, centros penitenciarios que reúnen al 70% de la población total de mujeres privadas de libertad.

La ponente destacó la 'grave situación de violencia institucional que sufren las mujeres de la comunidad carcelaria y dependencias policiales donde la situación de maltrato, de tortura, violencia sexual y violencia física forma parte de los mecanismos de castigo que implementan' los servicios penitenciarios. Además alertó sobre el incremento del número de mujeres detenidas, en particular aquellas en prisión preventiva, las cuales se han duplicado en los últimos cinco años.

Desde el informe se recomienda estudiar medidas alternativas a la privación de libertad en caso de mujeres embarazadas o con hijos pequeños, también apunta a impedir la práctica de requisas vejatorias prohibiendo así mismo la utilización del aislamiento y los traslados constantes como modo de castigo. Uno de sus principales reclamos implicaría la exclusión de personal masculino en los centros de detención de mujeres.

Introduciendo la cuestión de la trata, la activista Susana Pastor, apuntó a 'hacer que el Estado rompa la caja de los tratantes' apelando a que se atacase económicamente a los que se benefician con la explotación de las mujeres. En este sentido Pochak recordó algunos de los rasgos principales del fenómeno en el país, la 'preponderancia de la trata interna' por un lado y la 'criminalización de los eslabones mas bajos e inmunidad de los eslabones más fuertes' que permite la persistencia del problema.

Para revertir esta situación el informe recomienda desarrollar políticas de asistencia integral a las víctimas. También apuesta por la cooperación entre las distintas jurisdicciones y que las medidas nacionales se articulen con aquellas que tienen como ámbito el Mercosur.

Junto a los apartados abordados durante la presentación, el Informe Sombra llama la atención sobre otras áreas carenciales en los derechos de las mujeres. Así, reclama políticas públicas con enfoque de género para luchar contra la exclusión y la pobreza, y cuestiona la efectividad del Consejo Nacional de Mujeres - órgano encargado de monitorear la aplicación de la CEDAW - reclamando la necesidad de dotarle de mayor consideración jerárquica y presupuesto para que sea operativo, apostando a su vez por el fortalecimiento de las instancias locales y provinciales asociadas a este organismo.

En lo referente a la violencia, desde el documento se exige la aplicación íntegra del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, junto a la puesta en marcha de programas específicos que aborden la situación de mujeres con VIH o los delitos sexuales cometidos durante la dictadura.

Tras presentar su informe, las ponentes quisieron reivindicar la utilidad de la CEDAW como herramienta en la lucha contra la discriminación, lamentando la infrautilización de este recurso por parte de las mujeres.

Fuente: http://www.artemisanoticias.com.ar/site/default.asp

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