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La deuda política de PAÍS

Opinión
13/01/2010
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Lo fundamental de un proceso político innovador es que sus actores tengamos la capacidad de pensar la experiencia con una dosis de crítica, pues sólo esa actitud nos permitirá visualizar en el borroso campo de pugnas e intereses, el camino más adecuado para el buen vivir constitucional. Tres años de gobierno “ciudadano” es una buena oportunidad para una evaluación objetiva en función de obtener lecciones claves para mejorar y rectificar un proceso que nos afecta a todos y todas.
 
Todo cambio es complejo pues implica siempre readecuaciones, y allí duermen las resistencias que se despiertan agresivas cuando su estabilidad o su forma de vida se ve amenazada. Eso está ocurriendo con cada sector de la sociedad ecuatoriana que intenta ser regulado; “el reino de la regalada gana” en el que hemos estado acostumbrados a convivir se tambalea frente al retorno del Estado y su proceso de reinstitucionalización; he allí el principal elemento del nuevo modelo político del gobierno PAIS.
 
En la arena de la reinstitucionalización con las regulaciones legislativas que conlleva, es donde se están desatando conflictos y luchas políticamente complicadas para el gobierno y la sociedad en su conjunto. Desde la derecha, los pasos en soberanía nacional y el control a la inversión extranjera en áreas estratégicas, la reorientación en las relaciones internacionales (dejando la política unidireccional del “mejor aliado”), el control al sistema financiero, la política tributaria, regulaciones al comercio y otras, además del control a los medio de comunicación, resultan un insoportable bloqueo a la práctica del libre mercado. Los sectores afectados, aun sin sobreponerse del atrevimiento gubernamental de trastocar su sagrado patrimonio a la libertad de usufructuar del Estado y la sociedad en detrimento de la mayoría de ecuatorianos, de a poco van descubriendo los hilos que los unen y van juntando a moros y cristianos en una estrategia desestabilizadora de mediano plazo.
 
Lamentablemente la derecha sufre de “minuspolítica” y busca voceros en cada maltratado por la “insultología” oficial del Presidente, por tanto carece de estrategia de largo alcance y se queda rotando entre un Carlos Vera (un presentador de noticieros) erosionado en autoestima, cuyo discurso se sustenta en rencor acumulado contra la persona de Correa, y un Fabricio Correa (hermano del Presidente) que personifica el resentimiento por suspenderle suculentos negocios con el Estado producto del tráfico de influencias. Dos personajes con demasiados límites como para convertirse en alternativa política al régimen, sin embargo por la amplificación de sus discursos por parte de los medios de comunicación, lograron impactos en la clase media que progresivamente abandonan la simpatía por el gobierno correista.
 
En ese déficit de oposición seria, son los medios de comunicación quienes frontalmente se han convertido en un actor político administrando día a día en sus emisiones de radio, televisión y prensa escrita, dosis de descrédito, desconfianza y malestar contra el gobierno a millones de ecuatorianos; la credibilidad de Correa por todos estos elementos muestra tendencias de deterioro.
 
En este clima el Presidente Correa, hace redoblados esfuerzos personales para enfrentarse a cualquier ciudadano que muestre con razón o sin ella, desacuerdos con su actuación y en esa lógica los movimientos sociales paulatinamente se ven excluidos de participar en un proyecto político que nace de procesos desde hace décadas y que se concretan en la propuesta de PAIS para las elecciones. Se recurre entonces a “comités ciudadanos” como base política, pero se omite el análisis que estos comités funcionan con racionalidad populista y por su precaria economía familiar migran siempre al mejor postor, en definitiva son los llamados por Adoum y el PRE “cardúmenes”  y reclamados para sí como su patrimonio; esta base social no garantiza proyecto político alguno, garantiza movilización en tiempos de calentamiento político, pero esto no es insuficiente para un revolución ciudadana.
 
Un gobierno alternativo para serlo debe mostrar diferencias radicales con los antecesores neoliberales, esto en las realizaciones políticas concretas, y lo que nos preocupa es “la huella política” que va dejando el gobierno, es decir la relación entre lo posible y viable de hacer con lo que realmente se hace, y allí nos queda una deuda.
 
La deuda política se expresa en la ausencia de participación ciudadana; hasta ahora los esfuerzos gubernamentales en esta línea se reducen a los gabinetes itinerantes en cantones y parroquias, en las cadenas presidenciales de los sábados y de informe semanal por televisión los lunes; en talleres que hace Senplades o algún ministerio para informar sobre planes, programas o legislación, pero definitivamente no existen los canales para el dialogo social y político donde los diferentes actores expresen sus intereses y necesidades y se canalicen para retroalimentar la política gubernamental; el dialogo tiene una sola vía y eso no es participación, es información.
 
Se incrementa el déficit con la exclusión de importantes movimientos sociales en la perspectiva del buen vivir; estos sectores encuentran más espacio en oponerse y resistir –por cierto con débiles argumentaciones- que estar junto al gobierno donde se vuelven invisibles. Aquí la lógica es el protagonismo político que todo actor se merece legítimamente y que movimiento indígena, estudiantes, maestros, campesinos, montubios y otros pretenden; el sentido político debe ser operar mesas de dialogo transparentes, donde cada quién con su identidad y autonomía se sienta libre para empujar el cambio y la verdadera revolución ciudadana.
 
Dos elementos más contribuyen al saldo político negativo: la recentralización del Estado y el abandono de la perspectiva ambiental.
 
La recentralización es un proceso contracorriente y que afecta la institucionalidad de territorios y regiones con sus denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a la cabeza; en esta línea los retrocesos son significativos y la gestión pública está siendo conducida por el tortuoso camino del centralismo; municipios, universidades y otras instituciones están ya sufriendo problemas de agilidad y eficiencia en su gestión por la atorrante burocracia centralista.
 
Y en temas ambientales, la peor decepción es la decisión de Correa de explotar la reserva petrolera de la reserva Ecológica del Yasuní ITT, aduciendo soberanía en la propuesta de Fideicomiso que surgió al inicio del Gobierno, esto representa la peor señal de contravía a la constitución del Buen Vivir y a la propuesta electoral de PAIS; da tela para imaginar “el retorno de los brujos” que viven alrededor de los recursos estratégicos del estado y de la versión extractivista; el tema minero y del agua es lo que sigue y la prueba de fuego para el gobierno, definiremos allí si vamos por la línea del cambio o retornamos al viejo país; abona el mal presagio la “inauguración de los biocombustibles” por el gobierno, con lo cual suelos productivos entran a competir con cultivos para la seguridad alimentaria.
 
Por último, es fundamental concluir señalando que el Ecuador es uno de los países más activados políticamente de América Latina, por tanto, no es sólo tarea personal del Presidente darle rumbo e intensidad a un proyecto político construido por la mayoría de ecuatorianos; es responsabilidad de la sociedad civil “constitución en mano” orientar y presionar ese rumbo; a su vez es responsabilidad de PAIS saldar la deuda política pendiente “programa en mano”, y lo más sensato con quienes lo tallaron.
 
Cuenca, 13 de enero del 2010
 
- Patricio Carpio Benalcazar, Fundación Ofis
https://www.alainet.org/es/active/35508

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