¿Dónde está la participación protagónica del Estado en el Mutún, cuando Jindal se asegura para sí, por contrato, la total responsabilidad y dirección del proyecto?

El Mutún es una serranía ubicada en la frontera con Brasil, en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, a 672 km. de la ciudad de este mismo nombre y 40 km. de Puerto Suárez. Es colindante con el masivo de Urucum, en Brasil, donde también se explota actualmente yacimientos de hierro. Allá, el gobierno de Evo está implementando uno de sus tres mega-proyectos mineros para ingresar a la “era de la industria nacional”, conocido como el Proyecto Mutún.

El gran yacimiento de hierro tiene reservas evaluadas en aproximadamente 40.000 millones de toneladas de hierro con una ley promedio de 50 % y 10.000 millones de toneladas de manganeso, lo que lo coloca como una de las 10 mayores reservas de hierro a nivel mundial. La mitad de la riqueza natural del yacimiento será explotada mediante un contrato de riesgo compartido, no renovable, de 40 años entre el gobierno boliviano que creó la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la empresa Jindal Steel Bolivia, filial de la Jindal Steel and Power Limited de India. La explotación se hará a cielo abierto.

El contrato de riesgo compartido

El compromiso de Jindal es la instalación de un complejo siderúrgico con varias plantas para la producción anual de 25 millones de TM de hierro y 1,73 millones de toneladas anual de acero. La producción debe incrementarse por fases. A partir del noveno año de producción, se llegará a la producción anual de 10 millones TM de pellets (perdigones), 6 millones TM de hierro esponja (hierro de reducción directa) y 1,73 millones de TM de acero. Según el documento oficial, la producción minera deberá iniciarse a más tardar el 5to año del contrato. Jindal tendrá la responsabilidad exclusiva por la exploración, producción, industrialización y comercialización del proyecto. Por lo cual, Jindal se comprometió a invertir 2.100 millones de dólares, la mayor inversión productiva privada en un proyecto minero en Bolivia: 1500 millones de $us en los primeros 5 años y 600 millones en los 3 siguientes.

Por su parte, el Estado creó el 2005 la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y le otorgó “autonomía plena”, tanto de gestión como económica y administrativa. Por decreto supremo, la COMIBOL cedió sus derechos de concesión minera a la ESM y le transfirió todos los activos y las 4 concesiones del área del Mutún. El compromiso del Estado Boliviano es la entrega en concesión de las cerca de 5.500 has del área mineralizada debidamente saneadas, así como su participación en la construcción del gasoducto hacia la planta, a pocos kilómetros del gasoducto a Brasil, la construcción de caminos hacia el yacimiento (Art. 8.8.4 del contrato) y también garantizar a Jindal el acceso gratuito a recursos naturales como el agua, en cantidad ilimitada (Art.11).

El contrato de riesgo compartido es conocido como MUTÚN- RC, el cual cuenta con un directorio encargado de supervisar el desarrollo del proyecto. La extranjera Jindal tiene mayoría en el Directorio, compuesto de 5 personas; 3 Jindal, 1 ESM y 1 COMIBOL. El Presidente del directorio es de la Jindal, ¡hasta finalizar el contrato!

El contrato fue firmado el 18 de julio de 2007 y los plazos previstos para su ejecución entraron en vigencia el 11 de junio de 2009 con la entrega de los predios del área de contrato. Sin embargo, como veremos más adelante, dichos plazos están temporalmente suspendidos por problemas en la entrega de dichos predios. La licencia ambiental fue otorgada a fines de junio de 2009.

Otro aspecto llamativo es que el Riesgo Compartido se dedicará exclusivamente a la explotación de hierro, desaprovechando así los ricos minerales de manganeso y otros presentes en el yacimiento como ser piedras semipreciosas. Por tanto, no se puede hablar de explotación integral del yacimiento y sus riquezas, como lo hacen ciertas autoridades gubernamentales. Se ha previsto que los otros minerales extraídos durante el proceso de explotación serán almacenados por COMIBOL fuera del área de contrato, y serán de su libre disponibilidad, teniendo que pagar por ellos a Jindal costos de producción y transporte, más 20 % de estos costos como “ganancia”. (Art. 6.55)

Como causas del fin anticipado del contrato, se especifica: el incumplimiento de las instalaciones industriales al final de fase 1 y 2; el incumplimiento del porcentaje de la explotación hierro primario y segundario, la falta al abastecimiento del mercado nacional; la falta por un año de pago a ESM sobre ventas; la subrogación de derechos a terceros; la falta de entrega de garantías y el incumplimiento de obligaciones por una de las partes (Art. 34.1).

¿Que ingresos habrán para el Estado?

En cuanto a los ingresos para el Estado, el contrato prevé dos aspectos:

Primero, el pago de un derecho de explotación de 10 millones de dólares, en 10 cuotas anuales de 1 millón cada una, durante los primeros 10 años de contrato. Surge una pregunta: ¿Por qué este “derecho de explotación” fue limitado a 10 años y no a los 40 años del contrato?

Segundo, en vez de establecer una participación porcentual para el Estado sobre las ganancias del proyecto de Riesgo Compartido, el contrato define una participación sobre ventas de minerales, variable según la cantidad y el precio real de venta (FOB Mutún- puesto en planta) de los diferentes minerales producidos: 7 a 8 % del precio de venta para el acero laminado, 10 % para el DRI (Hierro esponja), 11 % para pellets y 14 % para los concentrados y lumps.

Según varios analistas, los ingresos promedio para el Estado podrían llegar a 200 millones de dólares por año, a partir del quinto año de funcionamiento, el 2014. En un recuadro aparte, se hace una proyección de cómo podría ser repartida esta suma: un 40 % para instituciones de la región donde está ubicado el proyecto y la ESM, un 52 % para el Estado y la COMIBOL y 8 % para un fondo solidario para todos los departamentos.

En cuanto a los impuestos, cada empresa se hará cargo de los impuestos de ley (IVA; IT; IUE). Siendo que el IVA sobre ventas solo se aplica a ventas nacionales, en los primeros años no habrá ingresos por este rubro y es probable que Jindal recurra a la devolución impositiva por ventas en el exterior. En cuanto a la regalía minera, es del 4 % para el hierro, pagable al departamento. El pago de la patente minera estará a cargo de COMIBOL pero será pagada por ESM. (Art. 16.3)

Fuente: Urdininea, www.hidrocarburos.com, accesible 30-10-09.

 Del análisis del contrato de riesgo compartido, se desprende que estamos ante un típico contrato de “comandita simple”, donde el Estado pone los importantes depósitos mineralógicos así como los recursos naturales disponibles como el agua sin restricción alguna y gratuitamente y el gas natural a precio subvencionado pero encomienda la explotación a otros; por su parte la empresa internacional pone el capital y su experiencia, lo que le da el derecho a dirigir el conjunto del proyecto, administrarlo y definir los aspectos tecnológicos, como le parece más conveniente, en función de sus intereses y ganancias; eso, por un periodo de 40 años. Al finalizar el contrato, tendrá que entregar las instalaciones en buen estado a la ESM.

El Estado comprometido a subvencionar el gas natural

Por contrato (Art. 47), el gobierno está obligado vender gas natural al proyecto Mutún, en cantidades suficientes, según necesidades establecidas en un contrato específico entre Jindal e YPFB.

En el siguiente párrafo extraído de Urdininea (www. hidrocarburos.com, accesible el 30-10-09), este sostiene que, según declaraciones del Ing. Luis Callaú, representante en Puerto Suárez de Jindal Steel- Bolivia a Energy Press No. 379 “el proyecto arrancará con 5 millones de metros cúbicos/ día de gas natural (5 MMmcd) y hasta el 2013 necesitaremos 8 millones de metros cúbicos/día (8 MMmcd), que será el requerimiento energético total para el proyecto” Por su parte, el consultor José Padilla (Energy Press- Nº 371) afirma que “con sólo el consumo de energía que requerirá el proyecto Mutún, el consumo total de gas natural para explotar el Mutún en los 40 años del contrato con Jindal llegará a 3.41 trillones de pies cúbicos (TCF)”, lo que representa un 17,6 % de las reservas del gas del país.

Existe cierta preocupación sobre las posibilidades de YPFB de cumplir con el proyecto del Mutún, tomando en cuenta las limitadas capacidades instaladas para el transporte del gas y la falta de capacidad para cumplir con el contrato de exportación de gas a Argentina (7,7 millones de MMmcd/día – que solo se entrega menos de la mitad), a Brasil (30 millones de MMmcd/día), y el mercado interno que ha estado sometido regularmente a recortes en los últimos años.

En vista de que el gasoducto actual a Brasil (Gasbol) está trabajando casi a la totalidad de su capacidad, será necesaria la construcción de un nuevo gasoducto y el incremento de la capacidad productiva de YPFB lo antes posible. Hay que recalcar que el incumplimiento de la entrega de gas por parte del Estado es motivo de rescisión del contrato con Jindal.

Inicialmente, el Gobierno solicitó a la Jindal el pago de 5 $us por millón de BTU para el uso del gas como carburante y 2,50 $us para el gas destinado a la generación de energía eléctrica. En promedio, el precio que exigía el Estado era de 4,25 dólares, pero el precio finalmente pactado en el contrato es de 3,32 $us /millón de BTU, como precio promedio ponderado (entre un 70 % de gas para uso industrial a 3,91 $us y un 30 % de gas para transformación en electricidad a 1,955). Este precio de $3,32 $us es inferior al precio del gas en los contratos con Argentina y Brasil por lo que podemos concluir que existe una considerable subvención de parte del Estado a la Jindal.

¿Por qué subvenciona el gobierno a una transnacional? ¿A nombre del Riesgo Compartido y del desarrollo industrial del país? En desmedro de este argumento, en el contrato está claramente mencionado, en la clausula 15.6, que se puede realizar ventas de los minerales producidos (acero, hierro esponja, etc.) a nacionales, a precio de mercado internacional FOB planta más los impuestos. O sea, ¡ninguna subvención a la industria nacional! Por otra parte, la Jindal tiene derecho a acceder a productos finales del proyecto para empresas del grupo Jindal en Bolivia, sin intermediación de la ESM (Art. 19.12).

¿Y la energía eléctrica?

Actualmente, la zona del Mutún no cuenta con la infraestructura eléctrica necesaria. Jindal ha solicitado al Gobierno la dotación de un sistema de energía eléctrica, sea mediante el acoplamiento al Sistema Interconectado Nacional (SIN) o a la red brasilera, mediante acuerdo de ENDE. El acoplamiento al primer sistema tendría un costo para el Estado de 300 millones de $us y el segundo de 200 millones de dólares para ENDE. El gobierno respondió que la generación de energía eléctrica para el proyecto Mutún no es de su responsabilidad, por lo tanto Jindal Steel Bolivia debe autoabastecerse y crear un sistema aislado.

De acuerdo con el contrato, Jindal Steel Bolivia debe instalar su propio sistema generador de electricidad. Según estimaciones, el complejo metalúrgico necesitará unos 400 MW. Jindal dice que contratará expertos internacionales para solucionar este problema de instalación. Valdría la pena preguntarse sobre la pertinencia de construcción de termoeléctricas en base al gas natural subvencionado para abastecer este gran proyecto industrial que tiene como eje exportar sus productos al mundo.

Sin gas, no hay electricidad. Sin electricidad, no hay proyecto, por tanto, Jindal tiene bastantes elementos para presionar al Gobierno para encontrar soluciones al tema energético, para arreglar así uno de los nudos de la paralización actual.

El Proyecto Ferro-Portuario Motacucito- Puerto Busch

No se puede cerrar un análisis del proyecto Mutún sin plantear el grave y no resuelto problema del transporte de los minerales hacia puertos fronterizos, para su exportación. Hasta el momento, varios proyectos fueron planteados, pero ninguno fue más allá del proyecto de pre-factibilidad. Resumiendo las propuestas actuales, para solucionar el problema de transporte de los minerales, se necesita las siguientes obras:

1.- construcción de la Carretera Mutún- Puerto Bush, 110 km. Costo aproximado: 136,5 millones $us.

2.- Construcción de la ferrovía Motacucito – Puerto Busch - línea de ferrocarril de 118 km. 130 millones $us

3.- Terminal Portuaria Ferroviario-Fluvial en Puerto Busch, proyecto mixto ferrocarril- canal, costo 109 millones $us.

La ley 3790 de noviembre de 2007 de creación de la ESM y el Decreto Supremo 29739 de 15 de octubre de 2008 instruyen la construcción de dichas obras; el estado asume la obligación de financiarlas integralmente (Art. 6- ley 3790), pero el financiamiento será entregado por la firma Jindal con cargo al 38 % de las utilidades del proyecto Mutún que corresponden al TGN.

Otra propuesta adicional del ingeniero Antonio Bazoberry, expuesta en su libro “Canal fluvial nuevo puerto Suarez” es la construcción de un canal fluvial, con el objetivo principal de facilitar la salida en forma soberana al Río Paraguay y así utilizar la hidrovía Paraguay- Paraná para acceder al océano atlántico. Actualmente Bolivia no accede soberanamente al río Paraguay.

Una serie de problemas técnicos no permitieron avanzar hasta el momento con propuestas definitivas, más bien varios estudios tienen serias reservas sobre la factibilidad de los mismos: El Proyecto Ferroportuario Puerto Busch tendrá un alto impacto ambiental sobre extensas áreas del pantanal boliviano que ha logrado el estatus Ramsar, alterando la ecología, biodiversidad y composición de especies. Se tendría que construir una plataforma sobre la superficie de los Bañados de ManCésped, pantanal boliviano con suelos anegadizos e inundables, lo mismo para la carretera. Estos proyectos necesitarán varios años para concretarse.

Otro dato interesante es el artículo 59.2., que menciona que 30 % del transporte de los minerales deberá ser realizado por empresas bolivianas privadas o del Estado, pero Jindal está autorizada a crear su propia empresa de transporte, preferentemente en asociación con la Fuerza Naval Boliviana.

Dos años de postergación

Ya pasaron más de 2 años desde la firma del contrato y hasta la fecha, la Jindal no entregó al Directorio su Plan de Inversiones ni su Plan de Trabajo alegando la falta de entrega de los predios por parte del Estado. Según contrato, tenía 90 días después de la entrega de predios para entregar su plan de inversiones. Al respecto, Jaime Santa Cruz, gerente general de Jindal Bolivia comentó: "El contrato estipula claramente que para que podamos establecernos en la zona concesionada tenemos que tener físicamente, y con documentos saneados, el lugar exacto donde vamos a desarrollar nuestro trabajo y es lo que hasta ahora no hemos tenido (...), deseamos tener esa zona segura para construir nuestra siderúrgica (infraestructura, campamentos, caminos, entre otros)". Según el Gerente, hasta ahora Jindal invirtió unos 60 millones de dólares en el proyecto; según la prensa, 20 millones.

De manera general, se puede notar una sistemática postergación por parte de la Jindal, apoyándose en atrasos institucionales y una inercia a resolver los problemas suscitados por parte del Gobierno. Como cualquier transnacional, Jindal aprovecha cualquier oportunidad o falla de su socio para no cumplir con plazos ni inversiones. Ciertamente, un elemento central a tomar en cuenta para explicar los retrasos, es la caída de los precios internacionales del hierro y del acero a nivel mundial. El hierro bajó a 60 $us/TM y el acero a 369 $us/Ton en junio 2009. Reflejo de dicha crisis, las más grandes transnacionales del sector como Vale do Rio Doce y Río Tinto, ya han despedido miles de trabajadores y reducido su producción.

¿Que hay detrás de la denuncia por corrupción al ex presidente de la ESM?

En septiembre, la prensa se organizó un festín en torno a un nuevo caso de corrupción, esta vez en el Proyecto Mutún. La Ministra de Transparencia acusó al ex presidente de la Empresa Mutún, Guillermo Dalence por sobreprecios en la compra de predios ubicados en el área mineralizada.

Este tema se inicia con la modificación del área de concesión. En agosto de 2008, se anuncia que por acuerdo mutuo, las dos partes del contrato de Riesgo Compartido han decidido modificar el área de concesión, sin cambiar el tamaño de la concesión establecido en el contrato. “51 cuadrículas (1.275 hectáreas) del sur han sido sustituidas con 51 cuadrículas que hemos adicionado en el norte”, dijo Dalence. Una de las causas mencionadas fue “porque tal como estaba el área de contrato, no teníamos acceso a la otra mitad del cerro (del Mutún)”. Explicó que la parte sur presentaba tres problemas: estar sobre reservas comprobadas, cortar el ingreso al sur del cerro y afectar a las comunidades Warnes y San Juan del Mutún. El ex titular de la Empresa Siderúrgica Mutún indicó que el conflicto de tierras se produjo luego de la modificación del área de concesión, ya que los predios en conflicto están en la parte norte.

Para cumplir con la entrega de la concesión minera a Jindal, según contrato, el gobierno debía recuperar la titularidad de tierras de ganaderos que se encontraban en el perímetro de la concesión, en total 18 predios, unos 2500 has. En vez de proceder por el mecanismo de la expropiación, la COMIBOL emprendió un largo y difícil proceso de negociación con los ganaderos supuestamente titulares de los mismos, quienes, viendo la oportunidad, exigieron un precio de 3000 $us la hectárea. Al final de la negociación, habiendo los ganaderos disminuido sus pretensiones a un promedio de 800 $us por ha., ¡el Gobierno autorizó la compra de los predios por un valor total de 2,16 millones de dólares!

Incluidos en estos predios, estaban 243 hectáreas pertenecientes a la empresa Ongole SA, propiedad de la familia Monasterios, que fueron expropiados por el Estado por incumplimiento de la Función Económico Social, decisión que fue rechazada por los afectados y apelada ante el Tribunal Agrario, el cual falló finalmente en su contra.

El problema central parece no estar en los sobreprecios. El Ministerio de minería defiende a su funcionario y declara que no hubo sobreprecios. El gobierno en pleno aprobó y aceleró la compra de dichos predios, considerada de primera prioridad para desbloquear la paralización del proyecto Mutún.

El Fiscal actúa por la denuncia y demanda planteada por el Ministerio Anticorrupción que a su vez, actuó por la denuncia de los comités cívicos de Puerto Suárez. Lo más evidente es que las autoridades cívicas regionales, que ya venían sosteniendo desde hace meses conflictos con el Presidente de la ESM, Guillermo Dalence, intentando conseguir su renuncia, encontraron en este nuevo episodio el argumento decisivo para lograrlo.

Un elemento más en este sentido: el Ministerio Público ahora indaga el presunto delito de estelionato (venta de predios por falsos propietarios o loteadores) en los predios vendidos a la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM). En el informe que presentó el Ministerio anti-corrupción, se pone en entredicho el derecho propietario de algunos predios.

Jindal quiere cambios en el contrato

De hecho, desde varios meses, las actividades de Jindal están paralizadas. Reiteradas veces, Jindal planteó al Gobierno modificaciones del contrato, principalmente sobre 3 aspectos: el monto de inversión, los tiempos de entrega, los volúmenes de hierro (primario/secundario) y las fases del proyecto.

En cuanto a las inversiones, según reportes de prensa, después de la entrega de predios, la Jindal planteó al directorio del riesgo compartido, reducir su inversión comprometida en el contrato. El contrato dice 1.500 millones de dólares en los primeros 5 años; Jindal propuso reducirlos a 824 millones. En el primer caso se invertiría 300 millones por año. En segundo caso la Jindal propuso invertir 40 millones el primer año, es decir el actual. Además, en el contrato (Art. 46) está prevista la revisión de las inversiones realizadas al final de segundo año de contrato, lo que permite introducir nuevas variaciones en el contrato.

El contrato dice que Jindal debe producir acero, pero propuso llegar sólo a pellets y DRI (hierro esponja o de reducción directa). Los argumentos que expusieron los ejecutivos de la empresa son que en los yacimientos de hierro del Mutún existe mucho fósforo y, por otra parte, la depresión internacional de los precios del metal.

La presencia de fósforo es un problema estructural del yacimiento que ya se conocía hace 30 años. El Mineral de hierro del Mutún puede ser dividido entre hierro primario y hierro segundario. El hierro primario que se encuentra a mayor profundidad tiene mayor contenido de fósforo; entre 0,12 % y 0,14 % de fósforo que debe ser reducido a 0,08- 0,10 %, para ser comercializable a nivel internacional. Eso se constituye en un problema mayor para su explotación.

Ahora, en sus propuestas de cambios al contrato, Jindal quiere solucionar el problema, proponiendo sencillamente no explotar el mineral primario y solo dedicarse a la extracción y tratamiento del mineral segundario que es superficial y más puro. Sin embargo, el yacimiento del Mutún tiene más hierro primario que segundario, por lo cual, el contrato establece “con criterios de explotación racional” la obligación de explotar 70 % de primario y 30 % de segundario (Art. 7.2). Eso significa la implementación de un proceso metalúrgico adicional, que Jindal quisiera evitar. Eso sería el principal problema con el contrato, pero lo interesante de este gran contrato con fuerte inversión de una empresa extranjera es justamente la explotación de ambos minerales. Caso contrario, nos quedaríamos en una explotación tradicional de materia prima sin mayor tecnología, como tantas en la historia del país.

Entretanto, Jindal exporta materia prima a Panamá

Mientras se resuelvan los problemas ligados a los atrasos en los compromisos de ambas partes, Jindal inició la explotación del yacimiento mediante la compra de 2 trituradoras por valor de 3 millones de dólares, con capacidad de trituración de 400 TM por hora. Hasta el momento, tiene acumulado unas 100.000 toneladas de materia prima. En julio, Jindal anunció que había firmado un contrato de compra- venta por un año, con una empresa de Panamá para la exportación mensual de 80.000 toneladas de hierro como materia prima.

Previamente a la exportación, el directorio del Riesgo Compartido debe aprobar el Plan de Inversiones propuesto a fines de julio por la Jindal – que ya fue rechazado por 2 veces por ser bastante escueto, según Dalence- y así autorizar la exportación de la materia prima. Según contrato, se prevé “subsidiariamente la comercialización de productos intermedios, industrializados o no industrializados”. Sin embargo, el Directorio puede aprobar la venta de productos no industrializados, aun en una proporción mayor al 10 % de la producción programada, durante la fase industrial del proyecto, si hay condiciones de mercado interesantes (Art. 26.7.9). Además está establecido que la ESM recibirá una participación por la venta de minerales, que asciende a 14 % sobre precio FOB, puesto en la planta.

Dicha empresa panameña – cuyo nombre no fue comunicado y que podría ser una empresa subsidiaria de la propia Jindal - se encargará como intermediaria de la exportación a Brasil, Argentina, Paraguay y china.

Un vez más se está repitiendo la historia de que, detrás de un mega-proyecto de industrialización, lo que primero se efectiviza, es la exportación de materia prima en bruto, así como su comercialización en el mercado mundial por privados, ajenos al interés nacional.

Paralelamente al proyecto Mutun, Jindal inicia actividades en el negocio del gas

 Jindal vino a Bolivia por hierro pero por el momento, se queda sólo con gas. Entonces, ¿cambió de rumbo? A sabiendas del problema de suministro de gas al proyecto, a inicios de año, Jindal incursionó en la exploración y explotación de gas: compró la empresa petrolera boliviana GTLI (Gas To Liquid Internacional ) acrecentando sustancialmente su capital de operaciones, para emprender , bajo dicho nombre , la exploración y actual explotación de 2 pozos gasíferos en Santa Cruz. En mayo, el gerente de Jindal reiteró el interés de buscar nuevas reservas de gas natural en Bolivia, mencionando el descubrimiento de pozos en El Palmar, con una capacidad de 3,5 Millones de pies cúbicos diarios que serán explotados en asociación con YPFB. A la cabeza de la GTLI está Luis Carlos Kinn, hermano del viceministro de Transportes, José Kinn. Jindal ya hubiera invertido unos 20 millones de dólares, y se perfila una posibilidad de una inversión mucho mayor. Gracias a estos nuevos emprendimientos, las acciones de Jindal volvieron a crecer en las Bolsas de valores de Nueva York y Mumbai. Sutilmente, Jindal deja de priorizar la compleja explotación del hierro.

El actual gobierno no solo ha permitido esto, sino que además lo ha suscitado, como lo demuestran los contratos firmados entre Jindal e YPFB. Mientras tanto, se acumulan una serie de problemas de diferente índole que no son atendidos y muestran la dinámica actual de paralización del proyecto, que hasta ahora no ha entrado oficialmente en operaciones.

¿Qué nacionalización del Mutún impulsa el gobierno?

En su propaganda electoral y programática, en el título “Bolivia de nuevo, País Minero”, el MAS dice que “una adecuada política de inversión, gestión y modernización minera incrementará las exportaciones”. El Mutún, como polo de desarrollo significará que “La era de la metalurgia cruceña está cerca”. Sin embargo, para hacer realidad este sueño de industrialización, tendrán que ser solucionados previamente los graves problemas planteados a lo largo del artículo, relacionados al gas, energía, infraestructura y transporte.

Más allá de la propaganda electoral, se debe reflexionar sobre qué tipo de minería está impulsando el gobierno con estos grandes contratos internacionales donde el que pone la plata lo decide todo ¿De qué “minería nacional” estamos hablando si el contrato actual de riesgo compartido es heredado de leyes neoliberales y tiene más similitudes con anteriores contratos firmados durante la época neoliberal de Goni, cuando se entregó la minería a la voracidad de las transnacionales? Con el agravante de que dispone de recursos ubicados en áreas de frontera ¿dónde está la participación protagónica del Estado, cuando la transnacional por contrato se asegura para sí la total responsabilidad y dirección del proyecto durante todo el tiempo del contrato?

El gobierno llega a hablar en sus discursos de Nacionalización del Mutún. Sin embargo, el análisis del contrato demuestra la poca intervención de la COMIBOL, como empresa estatal. Sus derechos y activos fueron transmitidos a otra empresa estatal, la ESM, que tiene fundamentalmente la tarea de fiscalizar el cumplimiento del contrato y tiene tuición sobre el otro 50 % del yacimiento.

Entonces, ¿se puede hablar del “fin de la subasta de recursos mineralógicos? La actual exportación de mineral en bruto, permitida por el contrato, puede prolongarse peligrosamente, en caso de continuar los problemas estructurales en la implementación del proyecto industrial y podríamos encontrarnos otra vez, ante un nuevo “elefante blanco” de Bolivia, al estilo de Karachipampa y otros.

Recuadro A

Principales características del proyecto minero del Mutún:

RESERVAS: 20 MIL MILLONES DE TON

PRODUCCIÓN ANUAL:             1,73 MM TM ACERO  Y  25 MM TM HIERRO

INVERSIONES (8 AÑOS): 2100 MM $US.

DURACIÓN: 40 AÑOS, a partir de 2009.

EMPLEO: 6700 directos y 15.000 indirectos.  

CAMPAMENTO con 5000 viviendas.

PRECIO ACTUAL ACERO: 369 $us por TM (junio 2009)

PRECIO DEL GAS NATURAL PARA EL PROYECTO: 3,32 $US por millón de BTU.

INGRESOS  ESTIMADOS PARA  EL ESTADO: un promedio de 200 millones de $us /año a lo largo del proyecto.

GARANTIAS FINANCIERAS: depositadas en Banco BISA.

Recuadro B

INSTALACIONES Y PRODUCCION PREVISTAS

PLANTA DE PERDIGONES: 10 MILLONES DE TON POR AÑO

PLANTA DE HIERRO ESPONJA: 6 MILLONES DE TON POR AÑO

PLANTA DE ACERO: 1,7 MILLONES DE TON POR AÑO

PLANTA DE ENERGIA: 450 MW.

Anexo 1

EL PROYECTO MUTÚN: “40 años de frustración y esperanza”

El yacimiento del Mutún fue descubierto en 1848 pero recién a partir de 1956, la COMIBOL y GEOBOL iniciaron estudios.

En la década del 70, se contrató a la consultora Arthur McKee para realizar el estudio sobre la base de una extensión de 60 Km2 se estimó que las reservas probables eran de 495 millones de toneladas y las inferidas eran 39,700 millones de toneladas. El último estudio de factibilidad para la explotación del Mutún fue realizado en los años 80 por COBRAPI, una consultora brasilera, bajo la tuición y supervisión de la antigua empresa estatal SIDERSA. Se concluyó en esa época que esta explotación, a pesar de la riqueza de los yacimientos, no era rentable ni conveniente debido a que el consumo de hierro en Bolivia era mínimo, no se podía competir con grandes países productores como la China debido a los subsidios que ofrecía a sus industrias; la producción con gas frente a la producción con carbón vegetal era muy onerosa; y finalmente, la calidad del material rico en fósforo encarecía los costos de producción.

Hasta 1993, La empresa Metalúrgica del Oriente (parte de COMIBOL) explotó 350.000 TM de concentrados destinados a la exportación pero tuvo que suspender sus actividades por falta de tecnología y energía y dificultades de transporte. Después de esto, el Mutún fue abandonado por más de 10 años.

En 2004, se contrató a la empresa PARIBAS para elaborar la licitación del Mutún. En 2005, se creó nuevamente SIDERSA que se había cerrado en 1992. Un primer decreto para licitación del Mutún, el 28150 (17-05-05), salió durante el gobierno de Carlos Mesa, en el cual se proponía la obtención del arrabio mediante hornos de carbón vegetal. Esta licitación estaba dirigida a favorecer a la empresa brasileña EBX. Esta empresa era también dueña de Termo Pantanal y socia de Rio Tinto en el polo siderúrgico de Corumbá, que ya había creado en 2005, su filial boliviana, “EBX Siderúrgica de Bolivia” e iniciado la construcción de 4 altos hornos en Puerto Suarez, en alianza con Zoframaq, con los grupos empresariales cruceños Tumpar y Monasterios, por lo cual EBX había arrendado 282 has en la zona franca de Puerto Suarez, con contrato de riesgo compartido en plena frontera. Además dicho contrato habría significado la depredación del bosque chiquitano.

La segunda licitación fue publicada en septiembre de 2005.  Pero fue recién bajo el gobierno de Evo Morales que se concretó la adjudicación a Jindal y firma del contrato de riesgo compartido

Fuente: En base a: El Observador. Boletín Informativo del Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas. Primera época - año 1 - Nº 2 - septiembre de 2006. “Jindal en la industria del acero, la enajenación de los yacimientos del Mutún”.

Anexo 2

¿Quien es Jindal?

Jindal Steel Power Ltd. (JSPL) es parte de la Jindal Organization, una red de empresas ligadas a la familia Jindal de la India, que mueve más de US $ 8 mil millones, constituyéndose en el más grande inversionista privado en el Estado de Chhattisgarh- India, donde posee la mayor capacidad de manufactura de hierro esponja con carbón. Tiene actualmente en operación una modernísima fundidora con hornos eléctricos de arco, refinería, extractora de gases y una modernísima fábrica de vigas. Posee minas de hierro en Tensa, distrito de Sundergarh, Orissa; minas de carbón en Dongamahua, distrito de Raigarh, Chhattisgarh; e instalaciones de generación energía de 340 MW basadas en la recuperación de calor de los hornos rotatorios.

Jindal tiene 12 plantas en India, 1 en EEUU – Texas y 1 en Indonesia. Después de adjudicarse la licitación para la explotación de 50 % del Mutún, ha creado una filial en Bolivia, llamada Jindal Steel Bolivia SA, que firmó el contrato de Riesgo compartido con la Empresa Siderúrgica Mutún.

Empresas subsidiarias del Grupo Jindal

 Fuente:  Jindal Steel & Power Ltd. Annual Report 2006-2007