Colombia

Los retrocesos de la descentralización

Pedro Santana Rodríguez

23/11/2009

Opinión

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Bajo el sugestivo título de recentralización versus descentralización sesionó en el Centro de Convenciones del Pacífico en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca, el II Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuestos Participativos. El balance sobre el proceso de la descentralización es muy crítico. En primer lugar hay consenso en que el proceso de la descentralización en Colombia atraviesa por momentos difíciles. Y se ubicaron por lo menos tres grandes problemas que fueron resaltados tanto por las autoridades locales presentes como por los invitados y en general por las delegaciones regionales que sumaron 1.100 procedentes de todo el país. Estos tres problemas son en primer lugar el del financiamiento y el recorte de las transferencias o participaciones como se les llama ahora, después, de los dos actos legislativos aprobados y que recortaron el monto de las mismas. En segundo lugar el problema de la recentralización administrativa y en tercer lugar el problema con los actores armados ilegales.

Sobre el primer tema está claro que desde el año 2002 y hasta el año 2005 los municipios y departamentos dejaron de recibir 11.5 billones de pesos que fue el resultado del recorte que se produjo con el Acto Legislativo que cambio la Constitución de 1991. El Acto Legislativo de 2007 volvió a recortar y se estima que entre 2008 y 2016 los municipios y departamentos dejaran de percibir 52 billones de pesos. El argumento para recortar las transferencias consistió en que era necesario bajar el déficit fiscal del nivel central que estaba en aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto. Para ello los municipios y los departamentos deberían contribuir con un importante volumen de recursos de las transferencias, no importa si lo que se afectaba era la poca inversión social en educación, salud, saneamiento básico que es en lo que se invierten los recursos transferidos a departamentos y municipios. Pero la reducción del déficit fiscal del nivel central nunca se ha dado. Actualmente éste déficit sigue bordeando el 5% del PIB con lo cual el argumento resultó demagógico. Pero la cosa es peor aún pues en esta época de crisis la teoría neoliberal según la cual había que reducir el déficit a toda costa ha sido no sólo cuestionada sino francamente abandonada por los principales líderes de la economía mundial. Actualmente el déficit fiscal en los Estados Unidos es el 11.5% del Producto Interno Bruto y se defiende este déficit señalando que el Estado debe intervenir para mitigar las consecuencias de la devastadora crisis económica que padece el mundo capitalista desde el mes de septiembre del año 2008.

Así pues que los argumentos para el recorte de las transferencias han resultado falaces. Lo que si ha sucedido es que no ha avanzado la cobertura en materia educativa y de salud en la velocidad que las difíciles condiciones de pobreza aconsejan. Como lo resaltó en su momento la Contraloría General de la República en el estudio que hizo sobre las consecuencias del recorte aprobado en el Acto Legislativo de 2001 se dejó de afiliar a 1.5 millones de pobres al régimen subsidiado de salud y la cobertura en educación que pudiera haber avanzado hasta el 93% se detuvo en el 87%. Ello para no hablar de los bajos niveles de inversión en materia de agua potable y saneamiento básico. Entre tanto los recursos se destinaron a pagar deuda interna y externa y a fortalecer el hiper presidencialismo que ahora cuenta con un instrumento poderosísimo que es Acción Social a través del cual se realiza el mayor nivel de clientelismo con programas como Familias en Acción, Familias Guardabosques, etc.

Un segundo gran problema tiene que ver con la recentralización administrativa. Los decretos reglamentarios de las leyes que habilitaron las dos reformas constitucionales han recortado la autonomía en materias como el manejo de los recursos destinados a agua potable. Son los llamados planes de agua en donde nuevamente los entes nacionales se atribuyen funciones que ponen a depender las decisiones de los municipios de los entes nacionales tal como sucede ahora con las llamadas certificaciones en materia educativa. Como lo señaló en el Encuentro el alcalde de Ocaña Yebrail Haddad en el Norte de Santander sólo dos municipios han sido certificados por el Ministerio de Educación. Esto les resta autonomía a los municipios y en general a las autoridades locales. Estamos retrocediendo a épocas que considerábamos ya superadas en donde institutos y organismos nacionales decidían sobre asuntos tan locales como el trazado de las rutas de transporte o la construcción de locales escolares. La recentralización administrativa es un hecho.

Un tercer factor examinado con las autoridades locales tiene que ver con la presencia de los actores armados ilegales en la vida regional y local. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Misión de Observación Electoral o también por la Corporación Nuevo Arco Iris esta infiltración se mantiene por parte de los grupos paramilitares o ahora llamados por el Gobierno como bandas emergentes. Según estos estudios en el año 2007, últimas elecciones departamentales y municipales, cerca de 250 alcaldías fueron nuevamente ocupadas por partidos políticos ligados con el paramilitarismo y también conspiran contra las expresiones democráticas las infiltraciones de la mafia. Se ha denunciado con fundamento que por lo menos 12 gobernaciones departamentales también han sido infiltradas por grupos armados ilegales. No cabe duda que debemos rechazar también como lo hizo el Encuentro las amenazas contra la libre decisión de los ciudadanos que ejercen las guerrillas y principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que han declarado una guerra contra los alcaldes y concejales electos. Se ha señalado que en este aspecto la Fiscalía General de la Nación no muestra resultados contundentes en sus investigaciones. La mayor parte de los delitos contra el sufragio y contra la democracia como la amenaza a los electores o el constreñimiento electoral, la compra de votos, el fraude electoral permanecen en la impunidad. Pero peor aún las investigaciones en contra de alcaldes electos con los votos del narcotráfico y los paramilitares, no son investigados.

La cooptación de autoridades locales y regionales así como la compra de votos o las amenazas para sacar de la contienda electoral a candidatos opositores es pan de cada día. A todo ello contribuye el apoyo que reciben desde el Gobierno central que mantiene las cuotas de los congresistas investigados o condenados. Hay una tolerancia con el crimen.

Un cuarto asunto mencionado y que causa mucha preocupación es el relacionado con la corrupción. Es evidente que los gobiernos locales y departamentales son presa de los actores armados ilegales en el manejo de los recursos públicos. Las regalías son un rubro de los ingresos que motivan la preocupación de los ciudadanos. Frente a ello el Gobierno central quiere ejercer una tutela mayor a lo que la Constitución y las leyes lo permiten. ¿Cómo hacer frente a esta situación? En el Encuentro se discutió ampliamente sobre este punto y se llega a la conclusión que es necesario desarrollar y apoyar mecanismos de control social. Una parte de estos recursos debería ir directamente a los presupuestos participativos para desarrollar mecanismos que permitan que ciudadanos y ciudadanas decidan sobre una parte de estos recursos como el mejor antídoto en contra de la corrupción que se enquista también en los organismos de control. Como lo señaló en el Encuentro el candidato a la presidencia Rafael Pardo hay que hacer más flexible la revocatoria del mandato y apoyar mecanismos de control social.

Ahora bien la pregunta es qué hacer ahora. Allí aparecen múltiples propuestas. La primera que en el debate presidencial se ponga en primer plano la descentralización y la propuesta de regresar el 1 de enero de 2013 a la fórmula de la Constitución de 1991 que determina un porcentaje del total de los ingresos corrientes de la nación a los municipios y a los departamentos para financiar los gastos en salud, educación y saneamiento básico. Ésta debe ser una consigna y una reivindicación de las fuerzas vivas del país, de los movimientos sociales, de los alcaldes y gobernadores, etc. En segundo lugar que los presupuestos participativos sean una práctica de los gobiernos territoriales y de ciertas áreas del Gobierno Nacional y finalmente que los mecanismos de control social sean apoyados por los gobiernos municipales y departamentales democráticos. Esta es la hoja de ruta así como aquella según la cual los gobiernos democráticos se comprometan a fondo con garantizar los derechos de la población desplazada. A esto se han comprometido los gobiernos que forman parte de la Red Nacional de Planeación Local y Presupuestación Participativa. El Encuentro aprueba que en el 2010 la sede del Encuentro será Medellín y en el 2011 Bogotá. La democracia se hace comprometiendo a la ciudadanía y buscando su participación.

Pedro Santana Rodríguez

Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 185

Corporación Viva la Ciudadanía.

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