Advertencia

El presente análisis no tiene por objetivo proclamar vencedores o vencidos. Se limita a juzgar si las actitudes, las posiciones de unos u otros contradicen  la historia, en términos teóricos o prácticos. Entendida la contraposición a la historia como oposición al progreso social. [1]

En palabras de Sebastián Sacoto, lo que trata de reconocer el análisis que se propone es que si: “la historia de la izquierda no es más que la historia de la aplicación de políticas concretas de izquierda, a través de las cuales la vida se resiste y se rebela contra el modo capitalista (…), los grupos u organizaciones (gobierno, partido político, gremio, sindicato, federación ni confederación) de izquierda, únicamente pueden ser tales en la medida en que realicen una actividad política que coincida con la tendencia; y es a través de esa praxis (actual y concreta) que deben ser juzgados”[2]. Agregamos, bajo el enfoque de nuestro análisis, si la práctica social de los distintos actores sociales que participan en los conflictos en marcha puede ser calificada como parte de la historia del futuro o como un desencuentro con esa historia.

Enfoque obligado, puesto que el análisis de los procesos de confrontación política que se registraron en el Ecuador en los últimos meses entre el gobierno nacional y las fuerzas sociales que lo hicieron posible -en consecuencia aliados en el proceso que plantea una profunda transformación del país-, se revelan posiciones que tienen un denominador común, el desencuentro con la historia que les corresponde escribir. Desencuentros que obedecen, desde la perspectiva de las fuerzas aliadas a estrechos intereses y limitaciones en la visión histórica, y, desde el gobierno a la cerrada defensa de los intereses de grupos económicos que cumplen funcionarios del más alto nivel. Igualmente, caracterizan a las primeras proclamas que dicen defender el progreso social, en tanto que las segundas tratan de convencernos, a través de una “sobreabundancia informativa” en el entendimiento de Ramonet, que todas y sólo sus acciones se alinean con el futuro, con la revolución ciudadana. Veamos algunos casos de confrontación y las posiciones asumidas, en afán de ilustrar nuestra percepción.

Confrontación a propósito de Ley de empresas públicas

La primera confrontación del tipo que hoy nos preocupa, es la registrada entre los sindicalistas de las empresas públicas y el gobierno nacional a propósito de la Ley de Empresas Públicas. El desencuentro histórico, en este caso, es imputable tanto a la Asamblea Nacional Constituyente y al gobierno nacional, por la unidad política que las entrelaza, como al movimiento sindical. En el caso  de los primeros, por la renuencia que demostró la Asamblea Constituyente para reconocer una realidad ineludible, que en la actual etapa del desarrollo nacional las únicas formas de propiedad constatables son la privada (individual y colectiva) y la social. Esta última denominada, en etapas anteriores del desarrollo, como estatal o pública por los teóricos de la socialdemocracia. Equívoco que determinó que la Constitución vigente, por una parte, contenga una larga enumeración de “formas de propiedad” que son asimilables a la propiedad privada, a las que agregó la estatal y pública (artículo 321), cuya  connotación es totalmente diferente a la propiedad social contemplada la Constitución vigente (artículo 315) y la Ley de Empresas Públicas (artículo 39), como se infiere del destino de los excedentes que difiere respecto al estipulado en el caso de la propiedad estatal y pública en cuerpos normativos aprobados bajo la hegemonía del pensamiento social demócrata, en etapas anteriores de la historia nacional.

El error conceptual antes mencionado es de especial importancia, puesto que al no reconocerse la propiedad social, el movimiento sindical no concibió a las empresas públicas como de su propiedad. Tampoco les permitió avizorar que la declaratoria de la propiedad social sobre las empresas públicas hubiese permitido empoderarse de las empresas y avanzar en la organización de nuevas formas de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Finalmente, este error les impidió reconocer que la declaratoria de propiedad social hubiese determinado la imposibilidad de ser privatizadas sin el consenso de sus propietarios, la sociedad ecuatoriana, acuerdo de venta que debía definirse en consulta popular como se proponía en el  primer borrador del proyecto de Ley de Empresas Públicas puesto a consideración del ex Presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta[3].  

 El desencuentro histórico del movimiento sindical se conforma entonces cuando éste plantea como demandas fundamentales durante el  proceso de aprobación de la Ley de Empresas Públicas, se mantenga el derecho a la huelga en lugar de luchar porque se declare a las empresas públicas como propiedad social, único procedimiento mediante el cual la huelga se torna una reivindicación sin sentido: del propietario consigo mismo. Igualmente exigieron el mantenimiento de una serie de beneficios económicos explicables cuando los excedentes se destinan a propietarios privados o cuyo beneficio se restringe a la empresa pública y sus trabajadores, como es el caso de las empresas estatales organizadas bajo el modelo socialdemócrata. Por lo expresado, las reivindicaciones pertinentes en términos históricos que debían ser esgrimidos por el movimiento sindical pasaban por la definición del carácter social de las empresas y por la demanda de nuevas formas de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas de propiedad social. Demandas que no fueron incluidos en la plataforma de lucha, el que se atuvo a elementos puramente reivindicativos.

A más del error respecto a las formas de propiedad consagradas por la mayoría de la Asamblea Constituyente, permitió que las fuerzas que operan en las más altas esferas del gobierno nacional elaboren un proyecto de Ley de Empresas Públicas, posteriormente aprobado por la Asamblea Nacional, que consagran todos los postulados de la anti-historia, entre las cuales valga citar:

-          La posibilidad de privatizarlas a través de participaciones accionarias, como lo consagra, por ejemplo, la definición de empresas subsidiarias (artículo 4) o de las universidades públicas (artículo5).

-          El mantenimiento de formas tradicionales de organización de la gestión empresarial, en las cuales no se contempla ni remotamente la participación de los diferentes estratos de las empresas.

-          El carácter punitivo contra el movimiento sindical y los trabajadores.

En consecuencia, la contradicción en el caso de la Ley de empresas públicas se explica por la falta de visión sobre contenidos que apuntalen la transformación por parte del movimiento sindical y por el oportunismo de quienes inciden sobre las decisiones del Palacio de Carondelet, que no se caracterizan por un alineamiento ideológico y político por el cambio y la transformación que propugna el Presidente de la República. De donde resulta que el gran perdedor es el proceso de transformación y todas las fuerzas que lo apoyan. El gran ganador la corriente derechista del gobierno nacional.

 La UNE y las pruebas de evaluación

Si se recuerda que todo proceso de evaluación no tiene otro objetivo que determinar la situación de una realidad en un momento dado, para introducir los correctivos que ameriten para superar la situación evaluada, lo que, en último término, redunda en un mejoramiento de la educación principal factor para el desarrollo de las fuerzas productivas, el conflicto entre el gobierno y la UNE es aparentemente inexplicable, puesto que en tanto el primero dice compartir la razón de ser de la evaluación, la segunda proclama alinearse con las posiciones  favorables al progreso social. Ante ello es indispensable dilucidar la razón para tal disentimiento.

Desde la perspectiva de la UNE y de la fuerza que mantiene la hegemonía política en su seno, la oposición a la evaluación no se manifiesta únicamente a nivel de la educación básica. Se constata igual posición respecto al nivel superior, posición inadmisible puesto que, en esencia, indiferentemente de las razones que se arguyen, significa oponerse al desarrollo de las fuerzas productivas. Situación que, en términos políticos, es propio de las fuerzas conservadoras, reaccionarias y no de las progresistas, cuanto más que el mejoramiento de la educación universitaria  es el eslabón que permitirá iniciar el proceso de mejora integral de la educación ecuatoriana, puesto que es en su seno en el cual se forman los profesores de la educación básica.

Desde otra perspectiva debe recordarse que las pruebas de evaluación anual que deberían introducirse en la educación superior permitirá reconocer las falencias que ya enfrenta la educación de postgrado, puesto que demostrará que la gran mayoría de profesores que ostentan títulos a nivel de maestrías corresponden a maestrías en pedagogía  que no en ciencias, lo que determina que los contenidos que se dictan en los postgrados sean los mismos que se dictan en el pregrado. El oponerse a las pruebas de evaluación en este caso, igualmente significa posicionarse con la anti historia, puesto que se estaría coadyuvando a un retraso en el desarrollo de las fuerzas productivas.

El desencuentro con la historia de la UNE y de su dirección política tiene otra faceta: el economicismo. Efectivamente, la confrontación permitió observar una constante deserción de una parte importante de miembros de la UNE por razones económicas, más allá de cualquier consideración política. Formación economicista que si bien se explica por la condición gremial de la UNE, simultáneamente señala la debilidad del trabajo político, razón última, de cualquier fuerza que proclama el cambio como su paradigma.

Desde el ámbito del gobierno es evidente  que las fuerzas que nadan contra corriente de la transformación nacional se fijaron como derrotero el minar la presencia política de la fuerza políticamente hegemónica que controla la UNE, explotando las condiciones propiciadas por el desacuerdo con la historia antes analizado. Para ello, como es común en las fuerzas retardatarias recurrieron a tres métodos de vieja laya: el exigir el irrestricto respeto a la autoridad, la coacción económica y la organización de fuerzas sociales convertidas en una especie de fuerzas de choque[4]. El desacuerdo con la historia, en este caso fue asumido por el Presidente Correa, como una demostración más de su falta de perspicacia política para avizorar piedras en el camino que le colocan sus “hombres de confianza”, acicateado por la falsa creencia que le han imbuido de que el respaldo electoral obtenido es igual a respaldo político[5]. El error de esta apreciación, esperamos lo haya asimilado el Presidente Correa, puesto que la contundencia del movimiento social denegó su idealización de lo electoral como el único elemento útil para juzgar la correlación de fuerzas en el marco de un conflicto social.

En conclusión, es de esperarse que el desenlace negociado que tuvo esta confrontación, haya obedecido a una comprensión y reconocimiento de los desacuerdos con la historia antes mencionados, y no un diferimiento coyuntural de los mismos.

Ley de Minería y Ley de Aguas

El conflicto generado a propósito de las Leyes de Minería y de Aguas, , principalmente con las naciones indígenas, responde a una cerrada y concertada acción de funcionarios de alto nivel que defienden intereses específicos de las grandes empresas mineras, de empresarios privados que mantienen adjudicaciones de importantes volúmenes de agua o que participan en su gestión -como es el caso de Interagua-, por su condición de beneficiarios directos de esos procesos o por su condición de ex empleados al servicio de esos intereses. Defensa que, contrariamente a lo que pueda pensarse,  no se origina en el marco de la definición de los contenidos de las Leyes de Minería y del Agua. Su origen debe buscarse durante la elaboración del texto constitucional, no sólo por la presencia de los mismos personajes sino por la acérrima lucha que desarrollaron para que no se reconozca al agua como un derecho humano o se establezcan restricciones o el cumplimiento de obligaciones previas antes del inicio de la actividad minera. Actitud que la mantienen y defienden actualmente en forma denodada desde sus trincheras del palacio de Carondelet y de la Asamblea Nacional[6].

Así planteado el problema, el desacuerdo con la historia de la transformación que todos tratamos de escribir, no puede adjudicarse ni al gobierno ni a la Asamblea Nacional en su conjunto, tampoco a Alianza País. La responsabilidad debe recaer sobre estos sujetos y sobre todos aquellos que de una u otra forma, consciente o inconscientemente se suman a esas posiciones, por un mal entendido “respeto orgánico”.

El desacuerdo con la historia del gobierno nacional, con las restricciones antes expuestas, se constata en dos dimensiones: la conceptual y la política. En lo conceptual, el desacuerdo con la historia se deriva de desconocer el Sumak Kawsay y el consecuente nuevo modelo de desarrollo que éste conlleva, consagrados en el texto constitucional. De desconocer  sus equilibrios, principalmente el de los seres humanos con la naturaleza y de los seres humanos entre sí, puesto que si éstos se privilegiarán, como lo ordena la Constitución vigente, no debería haberse producido desacuerdo alguno. Más, insistiendo, la defensa de intereses de grupos económicos específicos, como ha sido siempre en la historia nacional, no ha tenido ni tiene reparo alguno en colocarse sobre las normas constitucionales o invalidar un modelo de desarrollo aprobado por el pueblo ecuatoriano en forma mayoritaria.

Desde la perspectiva de la real politik, el desacuerdo con la historia a más de ser una consecuencia de las posiciones antes descritas, contiene un argumento adicional; el supeditar los cambios en el modelo de desarrollo a las urgencias de la caja fiscal, como lo evidencia el discurso presidencial.

En este conflicto, el desacuerdo con la historia tiene profundas connotaciones, puesto que se trata de inclinarse por mantener el modelo de desarrollo capitalista tradicional, el extractivismo como enfoque minero, o de optar por un nuevo modelo, por el Sumak Kawsay. Concepto que estrictamente induce a vivir bien, hoy asimilado como buen vivir. Asimilación utilizada en su favor personal por funcionarios del más alto nivel los que entienden e imponen la versión postmoderna del buen vivir, esto es la utilización de los recursos de propiedad social para su buen vivir, lo que genera un profundo desencuentro con la historia que pretende escribir el pueblo ecuatoriano bajo el liderazgo, indiscutible, del Presidente Correa. Objetivo que será sólo posible si el Presidente Correa define la posición ideológica y el camino político que conduce hacia el Sumak Kawsay, lo que exige, simultáneamente, el despido de todos aquellos que se oponen a esa ruta.

Ley de comunicaciones

En el ámbito donde la incidencia de quienes defienden los intereses de las empresas de telefonía móvil, como de los concesionarios de radio y televisión desde el interior del gobierno  es, sin lugar a duda alguna, el de la Comunicación. En este caso los intereses económicos en abierto desencuentro con la historia acuden a plantear la consideración y aprobación de dos Leyes: una para la Comunicación y una segunda para las telecomunicaciones, absurdo que desestima tanto los planteamientos teóricos más elementales, como las apreciaciones sobre el tecnicismo y los efectos del desarrollo tecnológico actual.

La sociología de la comunicación enseña que “Comunicar consiste en convocar objetos, relaciones sociales y órdenes políticos”. Lo que determina la concurrencia de un conjunto de elementos momentáneamente indivisibles: “un modelo de intercambio funcional entre los hombres, un punto de vista sobre sus relaciones de poder y de cultura, una visión del orden político que los une”. En donde el modelo de intercambio funcional entre los hombres está determinado por los instrumentos técnicos, los cuales por ser modificaciones de la naturaleza pasan a formar parte de  la cultura, de lo social a pesar de su dimensión funcional. Por ello y si se considera que la comunicación es por excelencia una acción de los hombres, y que los instrumentos sólo adquieren funcionalidad en los procesos comunicacionales, es dable concluir que no es factible separar los instrumentos técnicos del acto comunicacional, puesto que incluso perderían su poder funcional.

Desde otra perspectiva analítica, dada la relativa autonomía del desarrollo de los instrumentos técnicos, debe señalarse que se desarrollaron posiciones teóricas que contraviniendo el carácter social de los instrumentos y su razón de ser, pretendieron otorgar autonomía total a los instrumentos respeto al hecho social de la comunicación, en posiciones calificadas como tecnocráticas. Posiciones que fueron superadas en etapas anteriores del desarrollo del pensamiento, puesto que se reconoció que : “Lo social no se reduce a la técnica, ni porque éste sumergido en ella ni porque sea regenerado por ella”

Desde la perspectiva del propio desarrollo tecnológico, debe señalarse que el tecnicismo halló asidero cuando era posible diferenciar funcionalmente a los instrumentos unidireccionales, propios de los medios de comunicación, de los bidireccionales utilizados para la telefonía. Posibilidad hoy negada por el propio desarrollo tecnológico que generó la convergencia que borra la diferencia funcional entre los instrumentos uni y bidireccionales, puesto que las operadoras telefónicas se convertirán en verdaderos medios de comunicación, tendencia que se ha iniciado ya en el país[7] y que se acentuará con la introducción de tecnologías de 4ta generación (se estima que en el 2010 estarán ya en el mercado), los cuales transmitirán a velocidades superiores a la fibra óptica. Características que les permitirá configurar la red de redes, al unir las redes inalámbricas con las redes de computadores En consecuencia, a partir de la convergencia no es posible mantener una regulación separada de la concesión del espectro y redes de telecomunicación con la regulación para las tareas  comunicación. Situación que en términos prácticos, por ejemplo, no permitiría sancionar con la reversión de la frecuencia a un medio que cometa irregularidades que merezcan tal sanción, por cuanto la concesión y la reversión dependerían de la institución que se rija por la Ley de Telecomunicaciones.

La separación planteada entre los instrumentos que posibilitan la comunicación y la comunicación como hecho social, también imposibilitarían cumplir con el objetivo histórico de democratizar la comunicación dispuesta por la Constitución vigente, a través de eliminar las condiciones monopólicas y oligopólicas en la concesión de frecuencias, como por la diversificación de voces. Puesto que quien administraría las concesiones se limitaría a regular los procedimientos y aspectos técnicos, los que no consideran, por ejemplo, la dominancia del mercado, la cual sólo es posible juzgar por el ejercicio comunicacional, que no por las condiciones meramente técnicas como el número de concesiones por beneficiario, por citar un ejemplo.

La posición contenida en el proyecto de Ley de Comunicaciones puesto a consideración de la Asamblea Nacional y la supuesta decisión de separar las telecomunicaciones de la comunicación, expresada por voz del Asambleísta Panchana, confirman nuestro aserto: los intereses económicos de grupos económicos defendidos por altos funcionarios del gobierno, avanzan en su propósito de inducir al Presidente Correa a adoptar una decisión que es un claro desencuentro con la historia, puesto que desestima todo el conocimiento acumulado por la humanidad al respecto. Conocimiento reconocido y aplicado en todos los cuerpos legales que se han aprobado en Europa y América, los cuales incluyen en un solo cuerpo a la Comunicación en sus dimensiones: social y técnica.

En las propuestas de los sectores sociales también se constata la presencia de propuestas que mantienen desacuerdos con la historia. Entre ellos vale citar la restricción a la libertad de expresión que presupone proponer medidas de acción positiva a favor de periodistas y comunicadores. Posición que contraviene lo establecido en Convenio Internacionales que tratan sobre la libertad de expresión, de los cuales es signatario el Estado ecuatoriano.

Ante la situación planteada es necesario que durante el proceso de construcción del Proyecto de Ley, este corrija todos los planteamientos de la anti historia, por manera de avanzar hacia el objetivo nacional de transformar el país. Objetivo nacional compartido por el Presidente Correa, los funcionarios progresistas del más alto nivel y de la militancia de Alianza País que lucha por un futuro colectivo y no individual o grupal.

 La confrontación como método de acción política

Al inicio de nuestra reflexión señalábamos que las confrontaciones eran producto de desencuentros históricos de las fuerzas que se alinean con la transformación y las enquistadas en el poder que abrogan por el statu quo. Pero ello no es suficiente, ya que no explica el por qué de la posición que ha asumido el Presidente Correa en el marco de esas desavenencias. Para explicarnos las razones de ser de ese comportamiento creemos necesario analizar el uso de la confrontación como método de acción política.

Desde el inicio de  la gestión gubernamental, el equipo asesor en comunicaciones del Presidente Correa planteó como estrategia comunicacional la confrontación, la cual es adecuada e inevitable en todo proceso de transformación. Más cuando se adopta este método es indispensable entender que el objetivo del mismo debe discernir entre los enemigos del proceso y los aliados del mismo, los límites del método y el desgaste social que genera

La acción política tiene como objetivo la captación del poder político, lo cual sólo es posible, indiferentemente del  método pacífico o violento al que acuda, si se han acumulado suficientes fuerzas sociales para ello. En otros términos, la acción política tiene como condición sine qua non acumular suficientes fuerzas sociales para poder captar el poder político, condición previa e indispensable para la transformación económica y social. Si ello es así, resulta inexplicable la confrontación permanente del gobierno, por voz del primer mandatario, con la CONAIE y la UNE, puesto que ello contradice la necesaria acumulación de fuerzas, indispensable para otorgar mayor estabilidad al gobierno y gobernabilidad al sistema.

El desencuentro histórico del gobierno antes mencionado sólo se explica por la reiterada influencia de los funcionarios del más alto nivel, cuya militancia política y sus concepciones ideológicas son totalmente contrarias a la transformación, como lo comprueba su activa militancia en el partido social cristiano. Ideología que les induce a privilegiar la diferencia que remite a las nociones de jerarquía y de conflicto, sobre la identidad que remite a la noción de compartir, de resolver en conjunto con los iguales. En esa perspectiva el desencuentro histórico del Presidente Correa sería inducido por quienes le sugieren que la confrontación con todas las fuerzas que se opongan a sus designios es pertinente, necesaria, indispensable para consolidar una fuerza única, bajo el igualmente falso argumento de que los resultados electorales así lo señalan y permiten. En términos estrictos esa posición que impone la beligerancia, estaría propiciando condiciones para la desestabilización del gobierno del Presidente Correa y, de ninguna manera, contribuyendo a su fortalecimiento como sería lo deseable.

Abundando vale recordar que la falsedad de la posición de los asesores del Presidente Correa, igualmente se demuestra cuando se recuerda que el respaldo electoral no es cualitativamente igual al respaldo social, político, puesto que esos conceptos, tienen connotaciones diferentes, como lo demostró la magnitud que alcanzó la  movilización social en los conflictos políticos que el gobierno del Presidente Correa mantuvo con el movimiento indígena y los maestros, a pesar de que estas organizaciones y sus militantes apoyaron electoralmente al Presidente Correa en todos los eventos electorales realizados hasta la fecha.

Adicionalmente, es necesario señalar que la confrontación como método de acción política, produce deserciones, principalmente en los sectores burgueses y pequeño burgueses, los que inician un abandono del proceso de transformación, incluso en los casos de aquellos que adhirieron fervientemente al proceso, bajo argumentos que dicen al uso de una excesiva agresividad verbal, de generalizaciones improcedentes, etc. Sean cuales fueren los argumentos, al abandono de la pequeño burguesía moralista cumple un efecto negativo sobre otros sectores, cuanto más que los medios de información fortalecen constantemente esas posiciones, lo que genera una suerte de “efecto de demostración” en otros grupos sociales, incluso de menores ingresos, con lo que el abandono de las adhesiones, incluso irrestrictas, aumenta como lo confirman las cifras de las últimas encuestas realizadas pro diferentes empresas, incluso las afines al gobierno.

A forma de conclusión podemos entonces expresar que el uso de la confrontación como método de acción política es un desencuentro con la historia, puesto que determina una paulatinamente erosión del apoyo político al proceso de transformación y al  liderazgo del Presidente Correa. 

La participación ciudadana

El mayor desencuentro del gobierno nacional con la historia, seguramente es su decisión de conformar los Comités de Defensa, cuya modificación se modificó en forma acelerada para terminar con el de Comités para la Defensa de la Democracia. El ahistoricismo de esta medida no pasa por el haber adoptado la decisión sino por la verticalidad de la decisión del Buro de Alianza País, y por la negación de la realidad social concreta que permite reconocer la existencia de una serie de organizaciones, entre los cuales vale citar a modo de ejemplo los comités barriales, los centros culturales y deportivos. Organizaciones que no deben ser despreciadas o negadas, como lo hacen todas las que obedecen a decisiones verticales. 

Si lo anterior desvirtúa la participación ciudadana, es mucho más grave la pretensión de movilizar a los simpatizantes del gobierno nacional, como una suerte de fuerza de choque, puesto que las frustradas “marchas” gubernamentales se organizaban como respuesta a las anunciadas por la CONAIE y la UNE. Recurso que es propio, como la historia lo señala, de procesos fascistoides, diga  lo que se diga en contrario.  En consecuencia y en este caso, el desencuentro con la historia del gobierno del Presidente Correa es de marca mayor.  En descargo solamente debe reconocerse que el gobierno del Presidente Correa desmanteló la “marcha”, luego de trasladar la responsabilidad de su organización a directivos de dos organizaciones sociales menores afines al gobierno, que carecen de capacidad para movilizar el elevado número de ciudadanos que anunciaban.

Es de esperar que la decisión adoptada por Alianza País, no responda a un análisis adverso de la correlación de fuerzas, sino a una clara convicción de que tales comportamientos políticos son ajenos a un proceso transformador, mucho más si se lo hace en contra de los aliados. A la convicción de que la identidad debe prevalecer sobre la diferencia, como mecanismo para avanzar en la construcción de un país democrático, unitario, plurinacional.