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Neoliberalismo y represión contra el pueblo mapuche

Opinión
13/08/2009
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El nuevo enemigo interno. Las reivindicaciones del pueblo mapuche, que busca la restitución de territorios ancestrales, han sido modeladas por la prensa para convertir sus demandas en las acciones de un nuevo enemigo político. En un enemigo del Estado, de la institucionalidad, de la sociedad chilena. Un conflicto que merece enfrentarse con las más duras herramientas policiales, aquellas propias de la guerra preventiva acotadas en la Ley Antiterrorista.
 
La cobertura informativa de las acciones políticas de los dirigentes del pueblo mapuche es muy elaborada, precisa, acotada a un diseño que enfatiza el discurso económico por décadas repetido: protección a la inversión, nacional o extranjera, no discriminación al tipo de inversión, desregulación, amén de la siempre presente libertad de mercado. Ante esta serie discursiva, levantada cual piedra basal de toda la actual institucionalidad chilena, como eje de un consenso nacional, el pueblo mapuche debe integrarse.
 
La información sobre la causa mapuche, sobre sus demandas y acciones, sobre, acaso, su discurso político, siempre entrecomillado, está levantada sobre este diseño: una institucionalidad cuyos más inmediatos orígenes, bien sabemos, está enraizada en la dictadura y en la génesis de lo que hoy es reconocido como el modelo económico de mercado o neoliberal. Todo lo demás queda fuera. O está excluido, silenciado, o es una anomalía que ha de corregirse.
 
Es El Mercurio el gran artífice y vocero de esta construcción lingüística, que se extiende como estruendosa y obsesiva campaña. Durante la última semana de julio tituló cuatro días con informaciones que aludían a la violencia mapuche, acciones en las que las armas no eran más que unos palos y piedras pero cuya amplificación nos recuerda a la prensa española al informar sobre la ETA.
 
Una causa invisible
 
En esta campaña mediática, la causa mapuche no existe, es invisible, no es objeto de debate ni reflexión, mirada expresada con claridad de detalle en las editoriales, cartas y blogs de este medio: el conflicto mapuche tiene más ingredientes políticos y socioeconómicos que auténticas raíces étnico-culturales. El problema, en suma, es pobreza e ideología política (de izquierda). Y su solución no es otra que la aplicada a otros sectores de pocos recursos económicos. El resto de este análisis lo hemos venido oyendo desde hace muchos años. Y es neoliberalismo puro: sólo con más mercado se consigue más crecimiento económico. Y de allí, más empleos y más recursos fiscales para ayudar a los pobres.
 
El Mercurio no sólo ignora la causa y las reivindicaciones del pueblo mapuche, sino que de cierta manera lo desconoce también como pueblo, como sociedad y cultura. Con la tesis del país homogéneo, de la nación sin fractura ni discontinuidad, El Mercurio instala, reproduce y amplifica este discurso para silenciar los otros. Las informaciones sobre el denominado conflicto mapuche parten de la base de esta construcción histórica y discursiva, la idea de un país homogéneo expresado en su actual institucionalidad, en tanto deja fuera, o los incorpora como fenómenos disfuncionales, todos los otros discursos, considerados como ilegítimos o fuera de la ley. Sobre ello ha de caer aquella misma institucionalidad, repetida como el necesario; respeto al estado de derecho; y expresada en la coerción policial. Este es el discurso que surge desde El Mercurio y los intereses empresariales (en este caso forestales, hídricos, energéticos, agrícolas y pesqueros) hacia el corazón del Estado. Los gobiernos de la Concertación han seguido estas sugerencias al pie de la letra.
 
Las reivindicaciones territoriales, las protestas, así como toda la narración política que apunta a la nación mapuche, quedan en aquel territorio disfuncional e ilegítimo. Se trata de un relato básico y antagónico, similar al que opera con la delincuencia urbana y la seguridad ciudadana: la amplificación de los hechos conduce a la creación de un clima de inseguridad, de presión política por más control.
 
El problema, sin embargo, trasciende a aquel empleado en el tratamiento de la seguridad ciudadana, que sólo mira efectos. Aun cuando en la mirada reduccionista de la prensa raramente aparece, hay sin duda un reconocimiento implícito no sólo al pueblo mapuche como cultura y organización social, sino también a su causa política, la que es observada con inquietud por la prensa, los grupos económicos con intereses en el País Mapuche y el mismo estado. Es por ello el permanente estímulo y apoyo a la aplicación de la Ley Antiterrorista, a su dureza y a su extensión, herramienta legal que no se aplica ni con la misma fuerza ni frecuencia a otros grupos ni acciones. Es por ello también la proliferación de informaciones desde El Mercurio, las que posteriormente circulan como coro o eco por el resto de los medios, que hilvanan delirantes teorías de la conspiración mapuche.
 
La amplificación de las acciones de los comuneros mapuche tiene una serie de efectos elaborados por la prensa. Están sus víctimas, que son los empresarios de la región, la ley Indígena, la opinión pública nacional y los mismos mapuches. El primer efecto es desarrollado frecuentemente y se apoya en la esencia del libre mercado. Las acciones de los activistas mapuches (que, recordemos, son con palos, piedras y quema de algunos vehículos) son interpretadas como atentados a la propiedad privada y medidas en pérdidas económicas. Por extensión, se argumenta el descenso de la inversión extranjera en la zona durante los gobiernos de la Concertación, tesis sin duda falaz: la inversión extranjera ha disminuido en el país a un grado casi cero desde los años previos a la crisis. Pero estas afirmaciones apuntan a otra zona, al temor y la sospecha.
 
Lo que el diario bosqueja es que las reivindicaciones mapuches conducen a una pérdida económica para toda la nación, lo que estimula el rechazo y la discriminación en la opinión pública, medida ésta a través de encuestas elaboradas por los propios medios.
 
Hacia el Estado pinochetista
 
El Estado ideal para El Mercurio y los poderes empresariales de la región es el pinochetista: represivo y neoliberal. Porque hasta la Ley Indígena;y por cierto la ratificación del Convenio de la OIT y últimamente el Código de Conducta Empresarial Responsable- es abiertamente criticada. Una investigación publicada el año pasado del think tank neoconservador Libertad y Desarrollo (ligado a la UDI) afirma que la Ley Indígena ;lejos de enmendar el rumbo seguido hasta hoy, profundiza las falencias de una política pública errada. Por una parte se castiga a las familias mapuches por hacer lo que cualquier otro chileno puede hacer: arrendar sus tierras. Y por otra, se siguen destinando recursos a programas, que de no reestructurarse, estarán condenados al fracaso.
 
Aquel texto ofrece sus soluciones, las que empatan con las tesis más caras del mercado y de aquella prensa afín. Es tiempo de plantearse una desregulación del tratamiento de las tierras indígenas, ya sea permitiendo prácticas que hoy son consideradas ilegales como el arriendo o entrega en mediería, o bien a través de la entrega de títulos de propiedad individual, para permitirles acceder a créditos como cualquier ciudadano normal, vía hipoteca de su propiedad. La compra de tierras debe dejar de ser el eje central de la ley indígena, y los recursos deben enfocarse en programas integrales de infraestructura en salud, educación, servicios básicos, comunicación, etc., que contemplen al 100% de los indígenas.  Lo que se propone es un estado neoliberal extenso, profundo y homogéneo. En Chile no hay cabida para otras culturas ni formas de vida.
 
Estas propuestas las reafirmó El Mercurio el primer domingo de agosto. En otro titular, citó una vez más una de sus fuentes consentidas: Una investigación de Libertad y Desarrollo relaciona la escalada de violencia; con la política indígena del gobierno de Michelle Bachelet, "que promete más entrega de tierras mediante el mecanismo de compra directa, el cual en gran medida favorece a las comunidades violentistas".Y recuerda al comisionado presidencial para el problema mapuche, Rodrigo Egaña, que "justifica la compra de tierras para comunidades que han utilizado la violencia, después de haber cumplido las penas por sus delitos".
 
En la Araucanía, dice Libertad y Desarrollo y El Mercurio, hay un deterioro del Estado de Derecho", del que responsabiliza al gobierno por no haber aplicado con energía la ley antiterrorista. Pero halla cambios positivos, porque se reconoce que desde que asume Patricio Rosende como subsecretario del Interior se han producido cambios de política, como asumir que se debe utilizar para estos delitos la Ley de Seguridad del Estado. Éste es un hecho al que el Gobierno se negó desde que asumió". Como conclusión, el estudio señala que para mejorar la situación en la zona hay que tomar medidas que permitan que los autores de estos hechos sean condenados y que cumplan con esa pena.
 
Ante este compacto y reduccionista discurso neoliberal y represivo, se oscurece la historia. Se le silencia. Así como no hay una referencia alguna a la legitimidad de las demandas del pueblo mapuche, tampoco la hay a la historia más reciente. La mayor represión hacia el pueblo mapuche no data de la conquista o colonización española, sino a la efectuada por el Estado chileno a finales del siglo XIX. Lo que se llamó la;Pacificación de la Araucanía fue una ocupación militar por parte del Estado chileno del territorio mapuche, la radicación de sus habitantes a cotos cerrados y la expropiación de gran parte de sus tierras, las que posteriormente entregaría a chilenos e inmigrantes europeos.
 
El historiador Gabriel Salazar destaca el interés económico como impulsor de este proceso. En una entrevista otorgada el año pasado a este cronista, afirmó: Hay una etapa de la ocupación de la Araucanía que duró casi cien años, y que fue una ocupación esencialmente económica. Se construyeron ferrocarriles, se organizó el territorio en fundos, que desde el principio tuvieron un carácter capitalista, los que fueron manejados como sociedades anónimas desde Santiago, incluso con incorporación de compañías extranjeras. Una ocupación capitalista del territorio de la Araucanía acompañada por una muy fuerte presencia militar, con construcción de escuelas, con la instalación de la base del Estado. Fue una ocupación muy sistemática y muy necesitada por el hecho que Chile necesitaba expandir su frontera agrícola porque estaba perdiendo el control de sus exportaciones agrícolas. La ocupación era muy importante para ensanchar el territorio cerealero, que determinó que la ocupación fuera muy larga y sistemática.
 
Militarización para la apropiación de los recursos naturales. Entonces, y hoy. Si antes fue evidente la oligarquía terrateniente, hoy, bajo el sistema capitalista globalizado, la esencia de esta estructura no ha variado. En la zona, junto a grandes terratenientes, operan los grupos nacionales de mayor peso económico y político. Prácticamente toda las explotaciones forestales y madereras están en manos de los grupos Matte y Angelini, ambos íntimamente ligados a El Mercurio, generadores de ideología neoliberal el grupo Matte a través del CEP- y fuertes lobbistas en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
 
De los terratenientes a los grupos económicos
 
Hablamos de grandes capitales y poderes. El grupo Angelini -Copec, Abastible, Eperva, Forestal Arauco, Celulosa Celco, Antar Chile, entre otras- y el grupo Matte -CMPC, Forestal Mininco, Colbún- no sólo controlan en Chile el negocio forestal y de la pulpa de celulosa, sino que operan como poderes en la sombra. Eliodoro Matte, a la cabeza de su grupo, es el presidente del neoliberal Centro de Estudios Públicos (CEP) y uno de sus principales consejeros es Roberto Angelini, el heredero del grupo tras la muerte del patriarca Anacleto Angelini. La influencia de este think tank conformado por conspicuos ex funcionarios de la dictadura de Pinochet en las políticas públicas y en el Estado chileno es enorme. Influencia que también se extiende al ultraconservador Instituto Libertad y Desarrollo. Tras la presidencia de Carlos Cáceres, uno de los ministros de Hacienda de Pinochet que forman parte de esta cofradía, está también Patricia Matte, también ex funcionaria de la dictadura y miembro del clan Matte.
 
Los estudios y propuestas políticas de ambos centros tienen portada asegurada en El Mercurio. Como también las que provienen de la Fundación Paz Ciudadana, presidida, bien sabemos, por el mismísimo Agustín Edwards y por Bernardo Matte. En el resto del directorio están prácticamente todos los representantes de los poderes económicos con todo su abanico de negocios junto a políticos de la Concertación. Recordemos que en el directorio de esta fundación conviven con Edwards y Matte la ex ministra Soledad Alvear, Sergio Bitar, René Cortázar, Mónica Jiménez de la Jara, Eugenio Tironi, Enrique Correa y el actual ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma. Las políticas públicas de seguridad ciudadana que se plantean en Paz Ciudadana tienen conexión directa con la misma Moneda.
 
El gobierno es Paz Ciudadana
 
Desde el despacho de Pérez Yoma, ligado íntimamente a Paz Ciudadana, a El Mercurio y la panoplia de poderes fácticos –recordemos que el ministro del Interior es un reconocido empresario- se dirigen las operaciones policiales contra los activistas mapuches. Rasgos que se replican en la subsecretaría, tan elogiada por El Mercurio y el Instituto Libertad y Desarrollo. Y no podría ser de otro modo: Patricio Rosende –a favor de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los activistas mapuche- es un hombre que viene desde las filas de la derecha. En 1983, en el marco del proceso de recuperación de la democracia, fundó el Partido Derecha Republicana y desde 1989 a 2001 formó parte del Partido Alianza de Centro (PAC), Los Liberales. En 2002, tras la disolución del PAC ingresó al Partido por la Democracia (PPD).
 
El gobierno reprime, tiene una cercanía ideológica y económica con la derecha, pero ciertamente es necesario observar sus matices. Una ley indígena como la instalada durante el gobierno de Patricio Aylwin es impensable en un gobierno de la derecha chilena, así como la más reciente ratificación del Convenio 169 de la OIT, norma que sin embargo podría resultar estéril sin una legislación interior que reconozca los derechos del pueblo mapuche. Con un gobierno de derecha no sería difícil pensar en hechos de sangre con características de genocidio similares a los de Bagua, en el Amazonas peruano, cometidos por el hoy derechista Alan García.
 
Para la derecha y el empresariado, y es hasta sorprendente leerlo, el gobierno se ha puesto del lado de las comunidades mapuches y contra los empresarios. Una declaración emitida la última semana de julio por la Cámara Nacional de Comercio marca esos reclamos: Estimamos indispensable que la solución para este conflicto provenga de un acuerdo donde no sólo estén presentes el gobierno y las comunidades que reclaman derechos ancestrales, sino que también se deben considerar y proteger los derechos, el patrimonio y la vida de quienes son hoy los dueños legales de esas tierras.
 
Lo mismo desde políticos de Renovación Nacional. El senador por la zona Alberto Espina arremete contra el Código de Conducta Responsable que conduce el comisionado Rodrigo Egaña: "Hay normas que son inconstitucionales, inapropiadas y que dicen relación con la intervención del Estado respecto de las zonas y lugares donde debe invertirse, lo que me parece que es contrario a la Constitución". Espina dice que ese documento "contiene otro conjunto de disposiciones que son inhibidoras respecto de la posibilidad de que se desarrolle la región. Creo que es un borrador del gobierno que no colabora a que exista una complementación de la multiculturalidad, sino que más bien tiende a ser un freno a las inversiones. Este Código tiene un sesgo negativo en contra de la inversión".
 
Pero esta sociedad es variada. Hay voces y culturas diferentes. Hace poco más de un mes una delegación de dirigentes mapuches que intentó llegar a La Moneda fue violentamente reprimida. Pero sus demandas circularon. El lonko de Temucuicui, Juan Catrillanca, dirigió una carta al Estado chileno en la que expone las demandas de su pueblo. Hoy junto con seguir luchando, vemos cómo el Estado Chileno impone a nuestro Pueblo y a su propia sociedad, un sistema de vida que desde su formación solo ha provocado miseria, dolor destrucción. Un sistema en donde todos los valores de solidaridad, respeto y armonía son aniquilados, sembrando el odio y la destrucción.
 
La respuesta ha sido neoliberalismo y represión. La intolerancia del Estado chileno por otras formas de vida y pensamiento.
 
Artículo publicado en Punto Final 
https://www.alainet.org/es/active/32372

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