Frente a la coexistencia de las nuevas y viejas formas de racismo, reafirmación de la Declaración y Plan de Acción de Durban es un logro para el combate a todas las formas de discriminación

La realización de la Conferencia de Revisión de Durban en Ginebra, entre el 20 y el 24 de abril del 2009, es un logro a ser conmemorado, fruto en gran medida de la presión y de los esfuerzos de la sociedad civil durante los últimos ocho años. El primer párrafo del Documento de Revisión de esta Conferencia, el cual reafirma integralmente la Declaración y Plan de Acción de Durban (DDPA por sigla en inglés), es particularmente importante, ya que reconoce la vigencia del DDPA en un contexto global crecientemente tenso, en el que coexisten viejas y nuevas formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. La reafirmación del DDPA es, por lo tanto, una conquista de y para las víctimas del racismo y de la discriminación en todo el mundo.

El proceso de Revisión de Durban se caracterizó por una trayectoria difícil, con boicot constante de algunos Estados, sub financiación y casi nula posibilidad de participación  de la sociedad civil. Solamente dos Conferencias regionales preparatorias lograron realizarse, una en África y la otra en América Latina y el Caribe. Esta última, que debería ser una Conferencia de las Américas, no lo fue por el boicot de los Estados Unidos y de Canadá. Peor aún fue el boicot de los 10 Estados Miembros a la Conferencia de Revisión de Durban (Alemania, Australia, Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos, Holanda, Israel, Italia, Nueva Zelandia y Polonia), demostrando su falta de compromiso y voluntad política para con los principios de superación del racismo presentes en el DDPA así como una negación al dialogo y al debate multilateral que impulsa las Naciones Unidas.

El proceso de Revisión de Durban no garantizó espacios adecuados para la intervención calificada y efectiva de la sociedad civil, sea en los debates antes y durante la Conferencia, sea en la definición de su documento final. En la Conferencia de Revisión, las organizaciones de la sociedad civil pudieron participar o en Eventos Paralelos o haciendo pronunciamientos individuales de tres minutos cada una en el Plenario, pero no en momentos estratégicos de debate multilateral y plural. Como registra la Declaración de Representantes la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe en la Conferencia de evaluación de Durban, este achicamiento de espacio de participación de la sociedad civil, “constituye un precedente peligroso en cuanto a los mecanismos de participación democrática en los procesos de la ONU, sobre todo en no hacer la gestión para promover las voces activas de aquellos que sufren diariamente de discriminación y odio”.

La Conferencia de Revisión de Durban, que reunió  5011 delegados de delegaciones oficiales, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, fue presidida por Amos S. Wako, el presidente de Kenia; estuvo en la secretaría general la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay y tuvo como relator general el cubano Juan Antonio Fernández. El documento que se aprobó es débil en su propósito de evaluar avances, desafíos pendientes y posibles retrocesos desde el 2001, tarea que queda, por lo tanto, a cumplirse por los Estados Miembros y las Naciones Unidas, a partir de la puesta en marcha de mecanismos concretos de monitoreo e evaluación.

Este Documento de Revisión logró mantener el lenguaje de Durban y los conceptos clave allí presentes, como por ejemplo el de las Acciones Afirmativas. Por otro lado, es lamentable que se haya dejado de fuera o se haya mencionado muy poco cuestiones clave sobre el racismo y la discriminación, tal como señala la ya referida Declaración de la Sociedad Civil, entre ellas: la violencia estructural hacia la juventud negra y indígena, la intolerancia religiosa hacia las religiones de matriz africana, la discriminación en base a la orientación sexual e identidad de género, las reparaciones como mecanismo primordial para la promoción de la igualdad racial y democracias participativas, la creación de mecanismos que aseguren el reconocimiento del Estado a las tierras ancestrales, tanto indígenas como de afrodescendientes, y el acceso desigual al derecho a la educación.

Con relación a este último punto, los datos disponibles revelan la persistencia de la desigualdad del acceso, permanencia y conclusión de la enseñanza debido a factores relativos al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia. En América Latina, niños, niñas, jóvenes y adultos indígenas, afrodescendientes e migrantes, por ejemplo, presentan tasas más altas de exclusión escolar si comparados al promedio de la población. 

En su pronunciamiento ante el Plenario de la Conferencia de Revisión, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación llamó la atención para este punto y propuso algunas recomendaciones a los Estados, entre ellas que garanticen en su totalidad la inmediata implementación de la Declaración y el Plan de Acción de Durban y que se  reconozca la persistencia del racismo, el sexismo y las múltiples discriminaciones en la sociedad y en los sistemas educativos.

Propuso, además, que los Estados prioricen la puesta en marcha de acciones afirmativas así como la desagregación de datos por raza, etnia y género en los censos nacionales, como también que aprueben la legislación e implementen políticas que promuevan proyectos político pedagógicos en el campo educativo basados en la valoración de la diferencia, en el reconocimiento de la historia y la cultura de los distintos pueblos que integran las naciones y que esté fundamentado en un enfoque de derechos. Finalmente, que ratifiquen inmediatamente los principales acuerdos internacionales relativos a la lucha contra el racismo y la discriminación, en especial la Convención contra la Discriminación en la Enseñanza (1960).

La aprobación del Documento de Revisión de Durban y el espacio de debate multilateral promovido por esta Conferencia deben ahora impulsar en los ámbitos nacional, regional e internacional procesos y políticas de Estado por la superación del racismo y de la discriminación capaces de traducir en cambios concretos los compromisos asumidos.

- Camilla Croso es Coordinadora General de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y vicepresidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME)