Hace ya un tiempo, el diario La Nación nos advertía que eramos todos “rehenes de Ortega” [1], ya que ese país había decidido abandonar la mesa de negociación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica (AdA) ante la negativa de crear un fondo solidario de cooperación para beneficiar a la región.

No solo Nicaragua era irresponsable y obstruccionista, según el editorial, sino también atentaba contra nuestros negocios, ya que “nuestras exportaciones representan el 52% del total”, no ellos que exportan “menos de un 7%”. Por eso no tienen derecho a reclamar, no tienen derecho a negociar sobre sus intereses.

Si al lector le queda alguna duda, el editorial de diario saca la vieja lista de 'barbaridades' sobre Nicaragua; “...fraude electoral, la sumisión de Poder Judicial al Ejecutivo...” - claro que eso en Costa Rica no se da, por eso nuestro presidente fue electo por menos del 1%, y puede consultarse al magistrado Sosto sobre la relación entre el Ejecutivo y el Judicial - “persecución de periodistas y opositores” - recordemos que el periodista Gilberto Lopes del Semanario Universidad tenía un expediente en la DIS [2], y no olvidemos las declaraciones del otrora Ministro de Seguridad Berrocal vinculando a los Comités Patrióticos y las federaciones de estudiantes con las FARC [3]. De nada de esto se acuerda La Nación.

¿No es derecho de Nicaragua optar por renunciar a ser parte del acuerdo? ¿No tiene Nicaragua la soberanía de decidir sus prioridades? ¿No es parte de la negociación saber hasta donde ceder? ¿Están obligados a renunciar a sus intereses los nicaragüenses por el derecho de los ticos, o pueden ellos también darse a escuchar?

Según La Nación, no: los nicaragüenses son simples espectadores de una negociación ajena y les han dado la palabra para que digan lo que Costa Rica quiere que digan. Indudablemente, somos los que nos veremos más beneficiados por el acuerdo entonces no necesitamos aceptar los reclamos de otros países vecinos.

Y ante los reclamos de Nicaragua, “si no hay un cambio de actitud, tendremos que hacernos respetar”. Somos superiores, y con paciencia asistimos a “conversaciones sobre temas políticos superados aquí mucho antes que en la mayoría de los países de la UE” - según La Nación.

Tal vez si no se hubieran privatizado todos los servicios públicos, la vecina nación no estaría tan empobrecida y en necesidad imperante de cooperación. Tal vez si EEUU hubiese pagado su histórica deuda – $17 billones como estableció la Corte Mundial – la patria de Sandino hubiese podido solventar mucho del daño causado por el terrorismo norteamericano en la decada de los ochenta. Tal vez si nunca se hubiese intervenido en la hermana nación con el beneplácito del presidente Monge, la historia sería muy distinta.

La Nación no pudo recordar a sus lectores que no es la primera vez en la historia de Nicaragua que se utilizan fondos de cooperación como método de manipulación política. Violeta Chamorro durante su gobierno enfrentó presiones de la administración estadounidense, que congeló fondos de cooperación prometidos; EEUU terminó perdonando $260 millones contal de que Nicaragua renunciase a su reclamo por que se cumpliera la sentencia de la Corte Mundial [4].

En Costa Rica también hemos sido victimas de dicha manipulación. Recordemos cuando la primera administración Arias renovó su pedido de extradición del norteamericano John Hull. Inmediatamente, la administración estadounidense congeló $10 millones en cooperación y rápidamente el reclamo se fue al olvido [5].

El presidente ha enviado un claro mensaje a través de su canciller Bruno Stagno: No reconoceremos la Corte Centroamericana de Justicia. Adonde quedó la integración política que promueve la UE? Estamos nosotros saboteando entonces el proceso de integración?

No para nada. Como explica La Nación, se trata de evitar la “injerencia” de una corte regional [6]. No se trata de una integración política, social y económica, – como cacarean los europeos y sus pares centroamericanos. Más bien “Costa Rica se negó a permitir que se la impusieran”, dice el incendiario editorial [7].

El canciller Stagno explicó que la Asamblea Legislativa nunca rectificó el ingreso al sistema supranacional. A pesar de ello, no señala el diario que la Sala Constitucional de nuestro país ha reiterado tácitamente, mediante su jurisprudencia, la necesidad de Costa Rica en incorporarse plenamente a las diversas instancias de integración regional – incluyendo la Corte, como queda evidenciado en la Sentencia 04309 del año 2003 [8] –, pero el gobierno parece ignorar esto y La Nación no hace ninguna salvedad.

Queda claro que el AdA no es más que una mesa de negocios donde se calculan y se reparten ganancias; así lo ve el gobierno costarricense y así lo ve La Nación; “[el] interés, en nuestro caso, es fundamentalmente comercial”.

Entonces ahora podríamos decir que somos “rehenes” de Arias quien nos impide integrarnos en el sueño de Morazán porque su interés y el de sus socios mediáticos es “fundamentalmente comercial”.

Notas:

[1] – La Nación, Editorial “Rehenes de Ortega”, Jueves 23 de Abril del 2009, pág. 26A.
[2] – Semanario Universidad, No. 1792, Febrero 2009 pág. 7.
[3] – Ver texto de comparecencia de Berrocal ante la Asamblea Legislativa, Abril del 2008.
[4] – Letters from Lexington: Reflections on Propaganda, Noam Chomsky, Paradigm 2002.
[5] – Idem
[6] – La Nación, Miércoles 6 de Mayo del 2009, pág. 10A.
[7] – Referencia al Editorial “Rehenes de Ortega”.
[8] – Ver: http://200.91.68.20/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_ficha_completa_sentencia.asp?nBaseDatos=1&nValor1=1&strTipM=T&nValor2=231028