Se trata de un mal universal denominado “CORRUPCIÓN” individual o colectivo, una de las pestilencias más despreciables de la humanidad, en semejanza a la dimensión de los mayores delitos: el crimen, el delito de lesa humanidad, el parricidio, la traición a la patria. Bolivia lleva el subcampeonato.

Al conocer el asesinato del ingeniero Jorge O´Connor, tomamos la palabra para expresar: “La muerte de todo boliviano nos enluta y duele profundamente, cualquiera sea su condición social, religiosa, política o cultural” El crimen fue despiadado, salvaje, inmisericorde, imperdonable, porque además, conlleva implicaciones institucionales graves.

Se denuncia el compromiso de una empresa virtual, inexperta en petroquímica, que en licitación irregular se adjudicó el proyecto para construir una planta de GLP a costo de  86 millones de dólares. Un asalto armado agravado de asesinato, pago de “coima o comisión” repartida entre actores delincuentes, cuando se entregaba los maletines en el domicilio de un familiar del asesor jurídico de la empresa, con relaciones familiares que complican al presidente de YPFB, pandilla de hermanos con historial delictivo, sindicación de sobrinos, cuñados, parentesco delincuencial evidente.

El importante proyecto GLP en Río Grande, fue inicialmente abierto en forma directa por invitación de YPFB a cinco empresas, pero pocas persistieron. Obligada a la licitación pública con requisitos “confusos” se denunció en prensa las irregularidades detectadas. Quedaron dos empresas finalistas: EXTELON y CLATLER UNISERVICE. La calificación técnica, al decir del presidente de IPE subsidiaria de Extelón, fue efectuada por un tribunal de YPFB, a puertas cerradas, sin transparentar la idoneidad de la calificación.

Ganó la empresa recién organizada, la misma que tiene un historial de reducida experiencia en obras civiles y totalmente ajena a la industria petroquímica, apenas factura 2 millones de dólares/año. En cambio EXTELON de enorme experiencia internacional, en Bolivia entregó en Carrazco el año 2005, la Planta “Kanata” a la empresa Chaco, con producción de GLP a un costo de 20 millones US/año, fue descalificada. Es decir, se marginó irregularmente a las empresas con suficiencia técnica. Catler Uniservice debía entregar las obras en 340 días y al presente, pasados los 300 días no logró ninguna construcción efectiva, se investiga si está inscrita en Fundempresa.

Cargados de pesar ante el vil asesinato de un distinguido profesional, exigimos en el plenario del H. Senado Nacional, se conforme una Comisión investigadora apolítica, integrada por los dos vicepresidentes y tres secretarios inactivos del Primer Poder del Estado, para que intervengan y apoyen la investigación del Ministerio Público para llegar al total esclarecimiento del crimen y las implicancias institucionales.

La Comisión investigadora debe esclarecer toda la irregularidad de la licitación “confusa”. Sobre todo, debe exigir se conozcan los perfiles profesionales de todos los empleados, autoridades y directores de YPFB para saber de su idoneidad técnica, profesional y moral. Investigar el trasfondo de la denuncia pública de una posible “comisión” y “volteo de la coima”. Debe asumir la denuncia sobre la historia delictiva de los integrantes de la banda criminal, las relaciones del asesor jurídico con los delincuentes, de las propias autoridades institucionales y familiares asociados al delito. Mientras tanto, oportunamente, el Presidente Evo Morales destituyó a Santos Ramírez de YPFB, el escándalo exigía la decisión inmediata.

La peste descrita enferma a muchas instituciones públicas. Recae sobre todo el sentimiento patriótico, agosta nuestra entereza y enloda la trayectoria que anima el comprometido accionar político de todos los que apoyamos el proceso de cambio. A propósito, a última hora recibimos la denuncia sobre irregularidades en la licitación del tramo caminero Santa Bárbara-Caranavi. Es preciso investigar e intervenir el Servicio de Caminos, la CNS, la Caja Petrolera, el Hospital Oncológico de Cochabamba, la Caja CORDES de La Paz, la Contraloría Nacional y regionales, el Poder Judicial por la protección manifiesta al delito de malos ciudadanos como el ex presidente neoliberal, el ex Prefecto de Pando, el ex prefecto de La Paz, el ex ministro de salud de Cochabamba. La Ley Anticorrupción hará lo suyo a corto plazo, mas la gestión pública por estar plagada de irregularidades deja una atmósfera de susceptibilidad.

Que el honor trascienda en respeto a la confianza que Evo Morales depositó en el ex senador del MAS y ex Presidente del H. Senado Nacional. Que se limpie el rostro de la nación y el accionar político partidario. Es bueno exigir se reponga al Ing. Juan Carlos Ortiz en la presidencia de YPFB; que se remplace al Superintendente Guillermo Aruquipa por otro profesional calificado, sobre todo en relaciones humanas, lo propio con todos los puestos de responsabilidad que ahora son ejercidos por improvisados, maestros, religiosos, ignorantes en tecnología energética petrolera. Importa fortalecer a la Empresa Boliviana de Industrialización mediante el Ing. Saúl Escalera, doctor en química, como director de la EBI para llevar adelante sus importantes proyectos puesto que Iván García también debe ser removido por haber conformado con Aruquipa el equipo de confianza de Santos Ramírez. Un Consejo Asesor integrado por ciudadanos notables como Andrés Solíz Rada, Víctor Hugo Sainz, Enrique Mariaca y otros probos como ellos debieran ser escuchados por el Presidente de los bolivianos.

- Gastón Cornejo Bascopé es Senador del Movimiento Al Socialismo