Álvaro Uribe propone nuevamente penalizar el consumo personal de drogas, tema que ha sido bastante debatido en nuestro país y hasta sujeto de una sentencia de la Corte Constitucional (Sentencia C- 221 de 1994), la cual ha declarado que la dosis personal guarda estrecha vinculación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero más allá de estar resuelto el tema de la despenalización o penalización del consumo personal de drogas este nuevo pulso reedita la confrontación entre quienes prefieren salidas de tipo represivo, que demuestran ser poco efectivas y entre quienes prefieren soluciones integrales, de salud pública, al problema de la droga, que demandan mas recursos y tiempo.

Los argumentos para penalizar el consumo descansan en la afirmación que el consumo de drogas ha aumentado en América latina y en Colombia; en que la lucha contra las drogas no solo se debe dar en el combate a los narcotraficantes sino en el freno a la permisividad del consumo de las drogas.

El informe de la ONU sobre las drogas en el mundo afirma que: en general el consumo de drogas y su producción se han estabilizado; ésta afirmación es generalizada por supuesto y las realidades locales dependen de variables como los contextos regionales y el tipo de droga que se consume. Según este informe en Colombia se mantienen estables el consumo de heroína (1), opiáceos, cocaína, marihuana y anfetaminas y presenta un leve aumento el consumo de éxtasis. Frente al tráfico encuentra que, en nuestro país, el tráfico de heroína y marihuana disminuyen, y el de cocaína, anfetaminas y éxtasis aumenta.

Así las cosas puede uno interrogarse por la validez de los argumentos del presidente Uribe, no porque debamos negar que existe una problemática relacionada con el consumo de drogas sino porque no se puede generar una excesiva alarma social que equipare a los consumidores con criminales, narcotraficantes; el informe de Naciones Unidas precisamente llama la atención en el impacto que las políticas represivas pueden tener tales como: creación de un mercado lucrativo y violento, desviación de recursos claves para políticas de salud pública, el traslado del problema hacia otras zonas debido a la represión,  la transición hacia el consumo de otro tipo de drogas menos perseguidas y la judicialización de los consumidores que suelen pertenecer a grupos secundarios aumentando su marginalidad y minimizando sus oportunidades de recibir atención adecuada.

En Colombia el problema más frecuente de consumo de sustancias psicoactivas, está en el consumo de bebidas alcohólicas y este tiende a presentarse con mayor frecuencia en menores de edad que inician a consumir alcohol y cigarrillos desde los 13 -14 años, en muchos casos el consumo de alcohol lleva al consumo de otras sustancias como: marihuana, cocaína, bazuco, heroína, anfetaminas, éxtasis, etc., (fenómeno de transición). No puede ser que la respuesta del Gobierno a esta problemática sea la judicialización y encarcelamiento de quienes consumen dichas sustancias por que estaría reduciendo un problema de salud a una conducta criminal, y porque estaría instalando la paranoia moral como criterio de la política pública.

La paranoia moral es evidente en la afirmación que hace el Presidente. "Con lo que existe, que es prácticamente la legalización de la dosis personal de drogas, se dificulta mucho esta lucha contra el crimen organizado". El Presidente confunde despenalización con legalización, o sea tiene paranoia moral, la despenalización al consumo es una medida razonable que permite distinguir entre quienes incurren realmente en una conducta criminal, distribución y venta de sustancias ilegales y quienes las compran, por diferentes razones, para el consumo personal. La despenalización no implica legalización es decir no trastoca el orden jurídico y normativo que le da herramientas a las autoridades para perseguir a quienes se dedican al tráfico de las drogas y tampoco legítima el consumo social de dichas sustancias.

El problema que se evidencia es que el Gobierno al parecer tiene  la sensación de que sus políticas de prevención y educación alrededor del tema de las drogas, así como las de atención a personas que consumen sustancias psicoactivas, no son efectivas y por lo tanto la única salida creativa que le queda es enviar a los consumidores a la cárcel; dónde muy seguramente dadas las condiciones del sistema carcelario, los consumidores podrán avanzar mucho más en su adicción.

También se equivoca el Presidente cuando condiciona los resultados de la “lucha contra el crimen organizado”(2) a la penalización del consumo; cómo si se lograran mayores éxitos en la “lucha contra el crimen organizado” penalizando a los consumidores.

Además de las dudas sobre los argumentos para iniciar una política represiva en el tema del consumo de Drogas, quedan algunos interrogantes sobre cómo explica el presidente Uribe ¿qué su política de seguridad democrática sea exitosa cuando las cifras sobre el tráfico de drogas ilegales en el país por lo menos en lo que respecta a cocaína, anfetaminas y éxtasis aumento al igual que el número de hectáreas dedicadas al cultivo de la hoja de coca? (El informe de la ONU llama la atención como en Colombia durante el 2007 aumenta el cultivo de coca en un 27% con respecto a 2006, especialmente en la Costa Pacífica, sin embargo, aclara que el cultivo no influyó en un aumento de la producción de cocaína a nivel mundial dado que el cultivo se realizó en terrenos poco productivos).

Uno se pregunta ¿cómo es posible que entre 2006 y 2007 se presenten cifras record de erradicación manual (66.805 hectáreas)(3) y al mismo tiempo se presente un aumento significativo de hectáreas cultivadas (27%) de 78 mil, pasó a 99 mil hectáreas? Esta paradoja puede estar explicada por la aplicación de políticas erradas que sólo consiguen desplazar a través del territorio nacional el cultivo de la coca, como ya se ha percibido desde hace algunos años, y también puede explicarse en el énfasis de combate a las guerrillas, especialmente a las FARC, de la política de seguridad democrática que permite generar espacios de acción para narcotraficantes y paramilitares.

¿Será que el Presidente ante los malos resultados en la política antidrogas ha decidido buscar en los consumidores el enemigo que no le ha permitido obtener buenos resultados en la lucha antidrogas? ¿Será éste otro síntoma de que la política de seguridad democrática tiene grandes vacíos y no ofrece soluciones reales a los ciudadanos?

Notas:

(1) Todas estas tendencias son de 2005 a 2006.
(2) No es claro si esto incluye narcotráfico, guerrilla y paramilitares.
(3) El informe de junio de 2008 del programa global de monitoreo de cultivos ilícitos de UNODC, habla de 220 mil  hectáreas de erradicación manual y aspersión aérea.

- Carlos Alberto Lerma, Equipo Económico-Social – Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org