En los últimos días el país ha sido testigo de bloqueos, marchas, heridos, suicidios, llantos, regaños, desolación, tristeza, acusaciones a diestra y siniestra, de medidas de excepción, de medidas de choque, renuncias, nombramientos, señalamientos, cuestionamientos, investigaciones exhaustivas, investigaciones en curso, investigaciones propuestas, investigaciones exigidas, choques, capturas, huídas, caídas y pobreza por cuenta de la pirámides y (pues parece que no lo es) DMG.

Cada uno de los analistas se ha ubicado en un punto cronológico para analizar el caso, sus causas y consecuencias y para juzgar a quienes han debido vigilar, a quienes han debido investigar, a quienes han debido controlar y a quienes han debido señalar. Lo cierto es que, al margen de todas estas dudas, miles (no se sabe si millones) de personas han perdido sus recursos. Muchos, por simple ingenuidad –a pesar de la publicidad que se hizo sobre el riesgo de tales actividades-, otros llevados por la codicia y, finalmente, algunos como esperanza de superación de las condiciones de pobreza. Lo cierto es que DRFE y DMG, entre otras, ha mostrado una nueva dimensión de la problemática social a la que se enfrenta la sociedad colombiana. El desespero de muchos, la legitimación del dinero fácil (aunque si fuese en la bolsa o en el mercado mundial de divisas, todo vale), etc.

Frente a estos problemas sociales evidenciados –sean de índole material o moral-, como miembros de esta comunidad debemos preguntarnos por el Estado. ¿Dónde estaba el Estado colombiano? ¿Era imposible advertir algo sospechoso? Ya se ha conocido que hubo denuncias o solicitudes de investigación por parte de algunas autoridades locales y territoriales hacia las nacionales. También se ha conocido que la Fiscalía seguía la pista de Murcia, como lo atestiguan las grabaciones al día siguiente de las elecciones.

Realmente resulta sorprendente que el Estado no hubiese actuado oportunamente y, en lugar de ello, hubiese permitido que la población –sea por codiciosa, ingenua o desesperada- entregara sus recursos a las pirámides y otras actividades ilegales. Cabe preguntarse si, dado el carácter notorio de estas actividades en algunas zonas (¡qué más notorio que DMG en la Autopista Norte de Bogotá, las colas y los trancones o las actividades –conocidas por todos- de DMG en Mocoa!), los seguimientos y las denuncias presentadas oportunamente, el Estado no estaba generando una situación de confianza en la población. ¿Cuántos no fuimos testigos de cómo la tentación rondaba a los ciudadanos? ¿Cuántos no quedamos sin argumentos al ver cómo seguían funcionando estas “empresas”?

El Estado es responsable pues, como dirían muchos penalistas, se presenta acción por omisión. En efecto, el Estado es garante de los derechos de los ciudadanos. El modelo colombiano autoriza la intervención estatal en, prácticamente, todos los sectores de la economía. Más aún, se ordena la intervención y autorización de cualquier forma de captación de recursos. Basta leer el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (cuya vigencia habría que revisar, luego de las medidas de excepción), para dar cuenta de que la Superintendencia Financiera contaba con herramientas jurídicas para ordenar la suspensión inmediata de las actividades captación no autorizadas, para liquidar “rápida y progresivamente” las operaciones ilegales y para entablar las “actuaciones cautelares para asegurar eficazmente los derechos de terceros de buena fe”.

Resulta inexplicable que el Estado no hubiese actuado con prontitud y, con ello, con la omisión en el deber de protección de estos terceros de buena fe y, en suma, en el abandono del deber de protección de la confianza ciudadana, permitió que siguieran operando. De hecho, la omisión genera confianza. Baste mirar cómo la omisión en la protección del espacio público ha generado confianza, constitucionalmente protegida, de “legalidad” de la invasión del espacio público. Lo mismo ha ocurrido con las pirámides y DMG... El Ejecutivo ha generado la confianza en que sus actividades eran legítimas y por generar tal confianza, debe responder… Más precisamente, quienes han generado la responsabilidad estatal (quien no actuó debiéndolo hacer; quien no vigiló debiéndolo hacer; quien nombró y no vigiló, debiéndolo hacer; quien nombró y ahora está “mal informado”…

Pero no sólo eso. No es la incuria del Ejecutivo (no se olvide que el Superintendente es agente directo del Presidente quien, no sobra recordarlo, debería responder por sus elecciones/decisiones) la que nos debe preocupar, sino también de la Fiscalía General de la Nación. Según se descubre ahora, desde hace tiempo se seguía la pista de algunas de estas organizaciones. Se sospechaba, al parecer con el soporte de buena evidencia, de que se traba de empresas criminales asociadas al narcotráfico –sea del lado que sea-, y, sin embargo, no se previno a la sociedad sobre estos riesgos. ¡Es que no es mi competencia!, podría sostener el Fiscal.

En efecto, podemos estar de acuerdo en que no es su competencia “prevenir” a la sociedad. Por ahora, no lo discutamos. Su única función es la de investigar y acusar. Pues bien, la acusación, la investigación y todo el proceso penal deben ser oportunos. Justicia tardía no es justicia. Es posible sostener que lo que importa es que no se dañe la evidencia, “no hagamos nada que permita que descubra que los estamos investigado, para capturarlos en flagrancia”, puesto que es imperioso lograr una condena. ¡Sin cárcel no hay justicia!

No es de extrañar que la criminal política colombiana se aprecie de manera clara en estos momentos: ¡Cárcel! ¡Cárcel! ¡Cárcel! ¡Cárcel! ¡Ya tenemos la evidencia! ¡Ya podemos ir a juicio! ¡Ya podemos intervenirlos! La ubérrima dirigencia ha llevado al Estado colombiano a un estado de total postración. Sin pena no habrá acción.

Sin posibilidad de llevar a alguien a la cárcel, no hay acción. ¿Para qué desgastar al Estado si no hay show ni espectáculo? En suma, el lema es: “no importa qué tanto hace el Estado, sino lo que parece hacer” (sobre todo, si ello mejora la imagen presidencial).

Entre tanto, ¿qué pasará con las personas incautas, codiciosas o desesperadas? El Sr. Presidente ya los sentenció: “ganarás el pan con el sudor de tu frente”. En realidad, el mensaje estatal era: De Malas por Güev…


- Henrik López S. es Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org