“Pensadas y hechas para el beneficio del país”

Hugo Rafael Chávez Frías

En el año 2001, debidamente autorizado por la Constitución y la Asamblea Nacional, el Presidente de la República emitió 48 Decretos con fuerza de Leyes sobre diversas materias de interés para los venezolanos.

Los opositores reaccionaron en su contra. Invité a uno de ellos a analizarlas y discutirlas. Me respondió: “No las hé leido; me basta saber que son de Chávez”. Al menos fué sincero. Con las actuales 26 pasa lo mismo que con aquellas 48. Algunos comentarios son tan disparatados, que sólo pueden provenir de una absoluta ignorancia de los contenidos de estas leyes.

En líneas generales, la característica más positiva de las habilitantes es su relación con la actualidad. “Acopladas a los cambios mundiales, nacionales y regionales”, como expuso el Presidente de la República al anunciarlas.

Seguridad alimentaria

Elías Jaua retrató a sus verdaderos opositores: “Las empresas procesadoras de alimentos pretenden obligar a la población venezolana a sólo comer productos enriquecidos porque son los que le generan mayores ingresos”.

Cinco acertadas habilitantes en esta materia: la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria consagra el derecho a producir y consumir los alimentos propios del territorio nacional, y la disponibilidad y acceso oportuno a los alimentos.

La Ley de Salud Agrícola Integral se refiere a la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades. La Ley de Crédito para el Sector Agrario establece una política financiera efectiva para los productores. La Ley del Banco Agrícola de Venezuela busca créditos por lapsos superiores, necesarios en planes a largo plazo, como en las plantaciones forestales.

La actividad agrícola puede ser muy vulnerable a agentes externos, climatológicos y de mercadeo. La Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas permitirá reestructurar deudas y compensar cualquier efecto negativo que amerite especial protección a los productores.

En San Cristóbal, el 18 de julio de 2004, en el Aló Presidente # 198, el Pdte. Chávez enfatizó: “Un pueblo no puede depender de cuatro oligarcas para comer”.

Bienes y servicios

Pero no sólo la alimentación amerita protección especial contra quienes monopolizan los canales de distribución y mercadeo. Es muy fácil adquirir el producto que necesitas, incluyendo una garantía. Pero, en ocasiones, cuando el aparato no funciona como su manual indica o el servicio no cumple el mínimo ofrecido, el usuario luce sólo y legalmente desasistido en su reclamo.

La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios sustituye y unifica a un grupo de leyes dispersas, como la actual de Protección al Consumidor, que no han logrado el marco jurídico que tales situaciones requieren.

Esta habilitante establece obligaciones a todos los niveles de la cadena de suministro de bienes y servicios, incluyendo comerciantes, importadores, intermediarios y productores, para garantizar al usuario la calidad ofrecida durante el lapso establecido.

Vivienda y hábitat

El reconocimiento del arrendamiento inmobiliario, como una forma de consumo de viviendas, es uno de los mayores avances sociales en este grupo de habilitantes. Hasta ahora sólo se podía ser propietario. Quien pagaba por habitar un espacio era casi un arrimado, sujeto al vaivén del mercado y a los caprichos de un propietario quien prefiere de repente arrendarlo como oficina o consultorio.

Leyes, comerciantes, privados, públicos y hasta líderes “revolucionarios” aún sostienen la “propiedad inmobiliaria” como la única forma de vivir y casi hasta la única razón para trabajar.

Ahora el Ministerio del Poder Popular con Competencia en Materia de Vivienda y Hábitat regulará el arrendamiento, establecerá incentivos para promoverlo y actuará como mediador en los conflictos entre arrendadores y arrendatarios de viviendas.

Entes financieros

Aún no se conocían los contenidos de las Leyes Habilitantes y ya los voceros de la oposición, especialmente quienes representan intereses trasnacionales, anticipaban diversas “catástrofes”, porque el gobierno, según ellos, harían retiros masivos a los bancos privados quitándoles los depósitos de las pensiones a los jubilados, se elevarían las tasas de interés y la banca privada sufriría graves trastornos que dificultarían nuestro desarrollo económico.

Lo de siempre: creer que la Nación progresa sólo si a ellos les vá bien y que, en consecuencia, un país es más fuerte cuanto más ganen sus banqueros. Y en cuanto a los retiros de los jubilados, hasta ahora sólo les había oído decir todo lo contrario. Entre otras, que los aceptaban como una imposición porque era muy mal negocio, ya que los jubilados retirábamos pronto toda nuestra pensión y ellos no podían utilizarlas para sus operaciones crediticias.

Lo que si hizo la habilitante Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Banco y Otras Instituciones Financieras fué establecer que el Ejecutivo Nacional puede ahora, en caso de liquidación de activos, autorizar la transferencia de bienes a la República Bolivariana de Venezuela por cualquier medio traslativo de propiedad, sin necesidad de oferta pública y por un valor determinado en un avalúo. Los libros del Banco ya no son la única verdad.

Geografía y territorio

Alguien escribió en un medio privado opositor que estas leyes atentan contra la descentralización. ¡Ojalá tenga razón!, porque esa descentralización es lo que quiere el sistema neoliberal en toda la Patria Grande. Es su arma preferida en el proceso de división de las naciones, en subgrupos de menores dimensiones, para facilitarles su dominio y transferir nuestras riquezas naturales a las arcas de sus amos.

La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos ratifica nuestra soberanía en el amplio territorio insular, fluvial, marítimo y lacustre venezolano, donde entran y salen casi 14.000 buques al año y más de 2 millones de barriles de petróleo son trasladados a otros países en tanqueros que, en su mayoría, ostentan banderas extranjeras. La Ley de Canalización y Mantenimiento de las Vías de Navegación complementa a la anterior.

La Ley de Transporte Ferroviario Nacional permitirá agilizar la interconexión de la patria y optimizar el transporte de carga. Es una de las áreas de mayor atraso en la nación.

Faltaron algunas

“Vapuleada aunque aún no ha sido aprobada” afirmó el VicePresidente Ejecutivo Ramón Carrizalez. Se refería a la Ley de Ordenamiento y Desarrollo del Territorio. En diversas ocasiones hé expresado, por escrito, radio y en cátedras académicas, que es imposible hacer una división político territorial de Venezuela peor que la actual.

Está pendiente, junto a otras como la esperada reforma a la ley que rige al Banco Central de Venezuela. Tiene que actualizarse a la economía que demanda el socialismo y prepararse desde ya para la Patria Grande.