Luego de un tortuoso camino, el día de ayer, finalizó el juicio en contra de 6 acusados de la masacre de 177 personas de la comunidad de Río Negro, Baja Verapaz. La sentencia fue condenatoria para 5 de ellos al haberse probado plenamente su participación en la comisión de los hechos. Todos fueron miembros de las patrullas de autodefensa civil que actuaron a las órdenes de mandos militares en 1982.

No cabe duda que la realización del juicio y la sentencia son un paso adelante en un país donde impera la impunidad, en donde aún el Estado no está dispuesto a investigar, perseguir y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército y grupos paramilitares contra la población civil durante el período del conflicto armado interno.

El juicio y la sentencia son un paso hacia adelante en tanto se ha probado la autoría material de los ahora condenados. Sin embargo, aún queda por investigar a los autores mediatos de los hechos y cuya responsabilidad recae en los mandos medios y altos del ejército en tanto, mediante investigaciones, está más que probado que la actuación de las patrullas de autodefensa civil no era autónoma y dependía de las órdenes que emanaban de las zonas militares. Está nuevamente en las manos del Ministerio Público continuar con la investigación de los autores mediatos y reiterar la ejecución de la orden de captura del coronel retirado José Antonio Solares González quien se encuentra ligado a proceso.

Veintisiete años pasaron para, aún parcialmente, hacer justicia en el caso de Río Negro. Treinta años han pasado y la masacre de Panzós aún sigue en la impunidad. Con mucha tristeza y desilusión, por la ausencia de justicia, también se recuerda la masacre de Panzós cometida por el ejército con la complicidad de autoridades municipales y la participación de terratenientes en 1978. Esta masacre ha pasado a la historia no solamente por la dimensión de la barbarie sino porque a partir de su ejecución Guatemala vivió, durante un período, el terrorismo de Estado y la represión más salvaje que aún no alcanza a conocer la humanidad. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico en sus investigaciones llegó a considerar que durante ese período, como política de Estado, en nuestro país, hubo genocidio y se cometieron delitos de lesa humanidad.

Aún teniendo a la vista pruebas, acusaciones, informes imparciales y peticiones de tribunales internacionales para, en unos casos, perseguir y juzgar, y en otros, colaborar en la investigación y persecusión penal, el Estado de Guatemala de manera sistemática ha denegado justicia constituyéndose de esta manera no solamente en autor, en su momento, sino también en cómplice de quienes se ensañaron contra personas y comunidades inocentes e indefensas.

Iniciado el proceso de democratización y luego de la firma de la paz ha habido ya un desfile de gobiernos cuyo rasgo común ha sido la tibieza con la cual han pretendido, en el mejor de los casos, reconocer los hechos lamentables que fueron a todas luces responsabilidad del Estado. No basta con pedir perdón, en unos casos de manera general y en otros de manera particular, no basta con reconocer, hace falta que se haga justicia. Este es el clamor de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas. Un resarcimiento digno pasa por ello y en esto todos lo organismos del Estado están obligados a operar. El ejecutivo, en particular, está en condiciones de evaluar el qué hacer del Ministerio Público como Institución y al Fiscal General como su principal responsable, respecto a las denuncias allí interpuestas en relación al delito de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Por estas razones, en el caso de Panzós, reiteramos, no basta pedir perdón, hace falta exigir justicia.

Nuestro reconocimiento a los familiares de las víctimas y sobrevientes y a sus organizaciones por su incansable lucha por la justicia y contra la impunidad. Al Estado nuestra demanda de justicia para las víctimas de la masacre de Panzós.

Fundación Rigoberta Menchú Tum -FRMT