Entre 1978-1982, tras una serie de reuniones entre varios pueblos indígenas en el Departamento de Santa Cruz nace la CIDOB (Central de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano), con una plataforma que contempla: organización y autonomía, territorio, economía, educación y salud. Entre 1985-89, CIDOB inicia un proceso acelerado de fortalecimiento organizativo que se traduce en la consolidación de su representatividad nacional, por lo que en el Octavo Congreso (1989) se decide mantener la sigla pero se cambia el nombre, que pasa a ser Confederación Indígena del Oriente y Amazonía de Bolivia. De singular importancia es el proceso de formación de organizaciones indigenas de carácter regional y zonal. Este proceso de crecimiento organizativo, de unidad y de integración de los pueblos indígenas se sustenta, por un lado, en el respeto a la diversidad y a la autonomía de las organizaciones sobre la base de sus propias formas organizativas y políticas, ya sean éstas tradicionales o nuevas formas de organización que integran parcial o totalmente las formas tradicionales; y por otro, en la estructuración de una Plataforma programática común, entendida como matríz que articula sus procesos organizativos y políticos, sus propuestas y defensa territoriales y de tierras, sus propuestas y derechos a leyes y normas propias, sus propuestas y derechos de identidad, lengua y cultura, a un desarrollo económico integral y sustentable, a derechos sociales básicos como la salud y otros. El período 1989-1995 se caracteriza por el tránsito hacia la participación política, que se expresa a través de los siguientes hitos: la presentación de CIDOB de un memorial al gobierno nacional exponiendo las propuestas permanentes y esenciales de los pueblos indígenas; participación en proyecto regional importante ?Tierras Bajas del Este? en convenio con el Banco Mundial; la histórica marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad de los pueblos indígenas del Beni; la marcha de los pueblos guayaraos; participación en el proceso de creación del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe; Marcha Indígena de 1996 por territorio (Ley INRA), derechos de Participación Política y Desarrollo Indígena; Ley Indígena como base y alimento para la modificación parcial de la Constitución, Ley de Participación Popular y Ley General del Medio Ambiente. Proceso inicial de participación política directa Desde 1982, el movimiento de los Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia, a través de sus marchas nacionales, su proceso organizativo en torno a CIDOB y desde el escenario de la sociedad civil, ha venido reivindicando sus derechos y propuestas de participar y construir un Estado nacional multiétnico, pluricultura, con justicia, dignidad y reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Estas propuestas constituyen un aporte fundamental a los procesos de transformación de las propias estructuras del Estado nacional. Sin embargo, esta participación desde el escenario de la sociedad civil no es suficiente para asegurar la integridad y defensa de las propuestas de los pueblos indígenas en los ámbitos nacional, regional- departamentales y local-municipales. Los instrumentos legales nuevos que se aprueban, en base a propuestas de CIDOB y de los pueblos indígenas, no modifican relaciones ni dinámicas de poder local ni regional, tradicionalmente sustentados en relaciones de dominación marcadas por el colonialismo, dominio territorial y poder económico que tienen expresión en los partidos políticos que se turnan y comparten, en alianzas imposibles, los gobiernos locales, regionales y nacional. ?Y son estos sectores de poder quienes implementarían estos nuevos procesos a favor nuestro, de los pueblos indígenas? Pues ni en sueños. De ahí que se hace crudamente evidente la necesidad de generar un mecanismo y programa de participación política que asegure y garantice la participación directa de los pueblos indígenas en estos escenarios. La marcha de los pueblos indígenas en 1996 tuvo justamente como tema central en su plataforma derechos de participación política y este tema no ha sido resuelto ni atendido. ?Cuál es el problema principal para los pueblos indígenas y sus organizaciones, desde el punto de vista de la representación directa e independiente para presentar candidatos a elecciones que definen gobiernos locales-municipios, representación política regional y gobierno nacional? En el actual marco jurídico de Bolivia, solo es posible participar políticamente, en elecciones municipales y generales, a través de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen la llave y el derecho exclusivo y excluyente de participación política. No existe la posibilidad de representación directa e independiente de los pueblos indígenas o de otros sectores de la sociedad civil. Cambiar esta situación jurídica y lograr el objetivo legítimo de representación directa supone modificar la Constitución, trámite que según las disposiciones vigentes requiere de un período mínimo de 10 años. Por tanto, una vez tomada la decisión de participar políticamente, se impuso la absoluta necesidad de diseñar e implementar acuerdos y convenios con uno o más partidos políticos sobre la base del respeto a nuestra independencia, autonomía, aceptación de nuestra propuesta de programa de gobierno y a nuestros candidatos a representación política municipal y nacional. La apuesta Chiquitana Una primera experiencia de participación política de los pueblos indígenas se dio con ocasión de las elecciones municipales de diciembre de 1995. Me voy a referir a la experiencia de los pueblos Chiquitanos, quienes tras un proceso de análisis y consulta acordaron participar en la composición del gobierno municipal de Concepción, sobre todo teniendo en cuenta la ampliación de competencia territorial del municipio a las áreas rurales, con lo cual el voto chiquitano se tornaba decisivo. En tal sentido se toma la decisión de participar con candidatos y programa propios, designando como candidato a 1er concejal al entonces vicepresidente de CIDOB Vicente Pessoa, y siendo conscientes que tendrían al frente a los sectores de poder local y a la Iglesia, Vicariato de Ñuflo de Chávez que a través de su obispo Alemán mantiene sólidas alianzas, casi feudales, con los sectores más conservadores de la región. Para impulsar la campaña se nominó una comisión de las organizaciones que acompañaría todo el proceso electoral, a la que se le encomendó iniciar conversaciones con quienes tienen la llave para abrir la puerta electoral, los partidos políticos, para que posteriormente las organizaciones den el visto bueno respecto a los partidos elegidos para viabilizar un acuerdo. La posición de los partidos mayoritarios fue coincidente: rechazaron nuestras propuestas y propusieron integrar un concejal nuestro en sus listas, pero como parte de sus partidos. Exigían militancia y obediencia. Y, por su puesto, a 1er concejal y posible alcalde, ?ni hablar! Solo se logró una base de acuerdo con el Movimiento Bolivia Libre (MBL) en razón, más allá de posibles coincidencias en aspectos programáticos, de la ausencia de presencia organizada del MBL en la zona. Por tanto era una oportunidad de ellos para crecer y sentar presencia en la zona y de nuestras organizaciones para contar con candidatos y programa propios para las elecciones municipales. Como el MBL es un partido de escasos recursos, la movilización y trabajo con las comunidades recayó principalmente en los candidatos a concejales y en nuestras organizaciones. En nuestra región la gente tiene preferencias por partidos políticos como si se tratara de preferencias por equipos de fútbol. Una vez que definen sus preferencias, éstas tienden a hacerse parte de sus relaciones con los otros en la comunidad. Sabíamos que cambiar esta situación es muy difícil y en todo caso supone un trabajo de mucho tiempo. En mi familia mi padre es del MNR, históricamente por la reforma agraria y demás, y por más que yo sea su hijo candidato por nuestras comunidades, él vota por el MNR. La campaña de los otros partidos mayoritarios estuvo concentrada en una guerra despiadada y sucia contra nuestra propuesta y candidatos. El día de las elecciones al menos 70 miembros de las comunidades, sobre todo mujeres, no pudieron votar por no tener los papeles en regla, se nos anuló una mesa y compraron el voto de una comunidad con una partida de ganado. Pese a todo esto, resultamos segundos con una diferencia de 50 votos. Gobierno municipal de paicos En el proceso de participación del gobierno municipal optamos, como habíamos planteado en la campaña, por una posición de fiscalización y propuestas. El Alcalde y el resto del concejo optaron por tratarnos como paicos incapaces, y solo faltaba que nos pidieran que les sirviéramos el café en las reuniones del concejo. Paico es una expresión despectiva para referirse a un trabajador o sirviente indígena chiquitano. Sin embargo, en estrecha coordinación con organizaciones y comunidades, muy disgustadas por el ambiente de corrupción y los resultados electorales que nos habían escamoteado el triunfo y la mayoría en el gobierno municipal, empezamos nuestro proceso contra la corrupción del alcalde durante su anterior gestión. Pedimos auditorías, informes, etc. que nunca llegaban. Otra vez fuimos presionados y amenazados. Pero logramos que se lleve adelante la auditoría. Coordinamos con los comités de vigilancia en las comunidades para este trabajo de fiscalización. Presentamos programas de trabajo y desarrollo en base a las prioridades de las comunidades y no como una lista de compra de la alcaldía y prioridades de mantener el "ornato" del pueblo de Concepción. Mantuvimos el vínculo entre las propuestas y competencia del gobierno municipal y las comunidades, especialmente en el apoyo a la demanda de territorio indígena de los pueblos chiquitanos. En este proceso demostramos capacidad y retomamos negociaciones con otros sectores de la sociedad civil y con miembros de los otros partidos que sin estar en el concejo eran muy críticos del trabajo de sus co-partidarios. Al demostrarse la corrupción del alcalde y ante la presión de las comunidades, se hizo evidente que la gobernabilidad municipal pasaba por un acuerdo con nosotros, y empezamos a salir de paicos y encaminarnos a tomar responsabilidades de gobierno municipal. En ese contexto ampliamos el acuerdo en el consejo con el MNR y asumimos, interinamente, el cargo de Alcalde Municipal. Alguna gente del pueblo, los blancos, sobre todo los viejitos se quejaban: "esto es el fin del mundo, tenemos un paico de alcalde", se había invertido la realidad y los siervos estaban de jefes. De lo municipal a lo regional Tras el primer año de esta experiencia, surge de nuestra parte y de nuestro contacto con concejales, alcaldes, consejeros de los pueblos indígenas de la región (Departamento) de Santa Cruz la inquietud de transformar esta experiencia parcial y no coordinada en una estrategia y programa nacional de participación política de los pueblos indígenas. Y estamos trabajando esta propuesta para construir desde nuestras organizaciones y pueblos estrategias de participación política en forma integrada. Entre otras cosas hemos considerado que, esta experiencia se ha sustentado en iniciativas de las organizaciones zonales, con estrategias locales diversas y sin configurar una estrategia conjunta e integrada de participación de los pueblos indígenas, ni contar con la capacidad técnica e institucional y menos con un marco de alianzas y convivencia con otros sectores de la sociedad civil. En este proceso las comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas se encuentran ante una situación compleja y difícil que demanda de parte de ellos respuestas y propuestas adecuadas, e igualmente complejas, en temas que afectan especialmente sus formas de vida, de organización y potencial de desarrollo y manejo de los recursos naturales. En un marco de la realidad política, económica y social, con cambios importantes en las formas de representación y administración de recursos locales y micro-regionales (ámbito municipal) y regionales (descentralización) y de nuevos marcos legales (la Constitución, Ley de Participación, de Descentralización, Convenio 169, entre otras). Desde el escenario de las dinámicas y procesos locales y regionales y en sintonía con otros sectores de la sociedad civil, se convierte en una necesidad el generar instrumentos de coordinación organizativa e institucional y propuestas con capacidad técnica para la elaboración de estrategias de desarrollo municipal y de participación regional comprensivas y adecuadas a estos nuevos escenarios y marco legal, y que las mismas estén validadas y apropiadas por las organizaciones a través de los mecanismos de consulta social, participación y formas de decisión de los propios actores. A partir de esta constatación, nuestro programa contempla en una primera fase, en la que nos encontramos, la elaboración de un núcleo de instrumentos institucionales, técnicos y conceptuales que aporten y posibiliten en manos de las organizaciones indígenas y los sectores de la sociedad civil que los acompañan, capacidad técnica y coordinación organizativa e institucional para formular y validar sus propuestas y respuestas que permitan profundizar y ampliar su participación en los escenarios local/micro-regional y regional a los que hicimos referencia. En una segunda fase, la implementación de estrategias acordadas de inversión y desarrollo, de asistencia técnica e institucional concentradas, de formación de recursos humanos y de fortalecimiento y consolidación de la participación política y democrática, teniendo en cuenta el horizonte de las elecciones municipales de 1999. Finalmente, cabe hacer una referencia a la especificidad de la participación de los pueblos indígenas en tanto ésta se da a partir de la articulación de temáticas y procesos, tales como: -Derechos y gestión territorial, incluyendo la necesidad de ordenamiento territorial integrado. -Gestión y manejo del Medio Ambiente, parques y áreas protegidas, incluyendo el tema de sistemas tradicionales y conocimientos en el manejo de recursos naturales renovables. -Formas propias de gobierno, incluyendo la situación de municipios indígenas, municipios rurales y municipios con nivel urbano. -Estructuras y capacidades y capacidades organizativas e institucionales de los pueblos indígenas que están en proceso de desarrollo y que se orientan decididamente a la mancomunidad de municipios. -Temas de identidad cultural. Vicente Pessoa, ex-dirigente de la CIDOB, fue concejal y alcalde del municipio de Concepción y diputado alterno. esta es parte de su intervención en el coloquio pueblos indígenas y estado en América Latina, quito, 9 al 11 de julio de 1998