Luis Alfredo Burbano es ingeniero forestal y está vinculado a los procesos de educación popular desde hace años, tanto con organizaciones barriales como sindicales. En estos momentos, coordina los procesos de educación en el CED-INS (Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular del Instituto Nacional Sindical) de Bogotá, Colombia. Participó como ponente en el curso “Las multinacionales españolas en América Latina: realidades y resistencias”, organizado por la asociación Paz con Dignidad en colaboración con Hegoa. A continuación, se transcribe en primer lugar el contenido de su ponencia y, seguidamente, una entrevista que concedió al equipo de OMAL el día 10 de noviembre de 2005. Partimos de la afirmación de que en Colombia se está viviendo la peor crisis humanitaria de los países de Occidente. Esta crisis es fruto de un complejo proceso de entrecruzamiento de diversas dinámicas de orden político, social, militar y económico, donde tienen mucho que ver las empresas transnacionales, los gobiernos y las políticas norteamericanas. La presencia de multinacionales en Colombia no es nueva. Los gobiernos siempre han buscado a las empresas extranjeras desde que se implantó el capitalismo en el país. A finales de 1920, se desarrolló el enclave petrolero del Magdalena Medio con la Tropical Oil Company, de capital norteamericano, así como algunos proyectos de desarrollo agroindustrial (United Fruit Company). Es decir, se desarrollaron economías de enclave, se impusieron dinámicas de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y se generaron también procesos de resistencia de los trabajadores (el nacimiento de la clase obrera colombiana se relaciona con el desarrollo de las corporaciones transnacionales norteamericanas, de ahí su espíritu antiimperialista) en Magdalena Medio y Magdalena. Esta presencia se ha venido profundizando con el paso de los años. Hacia 1950, se imponen las teorías de la modernización (copiando las formas de desarrollo de los países europeos y EE UU) y entra en juego la necesidad de atraer el capital extranjero. Se empieza a legislar para favorecer todo esto: zonas francas, Plan Vallejo (garantías de comercialización de productos y materias primas a las multinacionales), zonas económicas especiales de exportación (fiel copia de las de China), etc. Hacia la década de los 90, la Inversión Extranjera Directa (IED) se ve con más claridad. Confluyen diversas dinámicas que van a propiciar la llegada masiva de capitales: por un lado, asistimos a la crisis mundial de referentes que fue la caída del bloque soviético, la cual repercutió en la desmovilización de organizaciones insurgentes; se produce una ofensiva paramilitar; en 1991 se aprueba una nueva constitución, que deja el campo libre para la circulación de capitales; se empieza a implementar contrarreformas que crean un colchón de amortiguamiento para que la IED llegue con tranquilidad (reforma tributaria, aduanera, del sistema de seguridad social, etc.). Un referente es que entre 1996 y 1998 se une el Grupo Destino Colombia: intelectuales, industriales, mandos militares y políticos que se dedican a reflexionar sobre la crisis nacional y los posibles escenarios de solución que a ella se plantean. Ahí tiene un papel importante el Grupo Empresarial Antioqueño, antes llamado Sindicato Antioqueño, propietario entonces de empresas como Inversiones Sudamericanas, Compañía Nacional de Chocolates o Noel, que va a ganar peso en la economía del país. Este grupo logra una relación directa con los bancos norteamericanos, como el JP Morgan. Éste va a financiar directamente posteriores inversiones del grupo. Por lo tanto, existe una sintonía política entre este grupo de industriales y el principal grupo financiero mundial. Así pues, el Grupo Empresarial Antioqueño es el único que resiste a la gran ofensiva de la transnacionalización. Los otros grupos han ido vendiendo paulatinamente sus negocios. Todos los negocios que antes tenían capital colombiano ya están integrados en el capital transnacional, lo que ha tenido además un fuerte impacto político. El Grupo Empresarial Antioqueñoha representado los intereses más rancios de los terratenientes locales y, junto con el interés bancario (JP Morgan), ha puesto los dos últimos presidentes de Colombia. Son el poder en la sombra. No figuran mucho, no se ven mucho, pero son los que mueven los hilos detrás del gobierno de Uribe Vélez. Este grupo defendió para el país la salida de la guerra, la política de mano dura, configurando lo que luego han sido las líneas maestras de Uribe (con el Plan Colombia como eje estructurador de este modelo). Este escenario se denominó Todos a Marchar. Otro escenario abogaba por los Diálogos de Paz; otro vislumbraba un caos generalizado; y un tercero más minoritario abogaba por unos cambios estructurales colectivos e individuales que sacaran adelante el país. Los industriales apostaron por el primero (Todos a Marchar). En esa época, el gobierno de Andrés Pastrana no tiene el consenso necesario para el escenario de mano dura, por lo que se producen los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Grupo Empresarial Antioqueño queda en la sombra esperando su turno. Este diálogo fracasa, por la poca voluntad de los empresarios en apostar por ello. Se construye Todos a Marchar sobre este fracaso, y aquí el gasto militar es esencial: éste viene creciendo desde entonces, hasta llegar al 34,7% de gasto militar actual. Se lleva a cabo una nueva fase de contrarreformas que garantizarán beneficios al capital: liberalización, privatización, desregulación, apertura, etc. Y luego una segunda fase con el gobierno de Uribe: reforma laboral, reforma tributaria, reforma de la seguridad social, etc. Este nuevo escenario iba a implicar más violaciones de los derechos humanos, pero decían que era un coste que había que pagar. Por ello, se puso en marcha una nueva diplomacia para evitar las presiones internacionales en este sentido. El resultado deseado era recuperar las finanzas y arcas estatales, mejorar los ingresos tributarios por el descenso de la violencia, fortalecer la IED y atenuar el daño de la imagen que la violación de los derechos humanos supone de cara al exterior. Se da una injerencia directa de otros países en el gobierno del país. Del Plan Colombia se pasa al Plan Patriota, lo que conlleva una militarización total de casi el 50% del país. Uribe hace una nueva Prospectiva Colombia 2019, que supone la creación de grandes infraestructuras para el transporte de carga, la recuperación de las redes ferroviarias atlánticas y pacíficas, el dragado y habilitación de los cinco puertos, así como la habilitación de ríos navegables. En todo ello Uribe es la pieza fundamental. No es él solo, pero sí es el que lidera la imagen de renovación, transparencia, paso firme... cuando en realidad lo que representa es el discurso anticomunista, de derecha dura, favoreciendo la entrada de una nueva casta dirigente en el país sobre dos ejes: seguridad (económica) y crecimiento económico. Mientras tanto, en estos dos años el paramilitarismo se dedica a eliminar a toda la oposición. Después, se produce una negociación con los paramilitares, que se incorporan así a una serie de programas estatales como guardabosques en acción, como cuidadores de carreteras o vinculados a las empresas de seguridad ciudadana en las ciudades. Siguen teniendo armas, pero ahora bajo la protección y el financiamiento del gobierno central. Todo esto busca generar la imagen de un país confiable. Y en gran medida se ha logrado: la IED en 1991 era de algo menos de 400 millones de dólares, mientras que en 2005 ascendía a cerca de 5000 millones dólares. Hay pues un crecimiento asombroso que se refleja en la llegada de capitales. Sin embargo, una vez cruzada la IED con el crecimiento del PIB, la tasa de desempleo y la pobreza por ingreso, se observa que la IED no produce bienestar ni superación de la pobreza: el PIB se mantiene en sus niveles históricos, la tasa de paro crece (debido a las políticas de reestructuración que hubo tras la compra de empresa públicas por multinacionales extranjeras, lo que trajo despidos masivos de trabajadores), y el índice de pobreza por ingreso también ha ido creciendo. Por tanto, estos tres mitos asociados a la IED quedan por los suelos. La extracción de capitales por parte de las empresas transnacionales hunde al país y sus índices sociales y económicos se precarizan cada vez más. El problema petrolero nos permite ver todo esto en un caso concreto: multinacionales involucradas en unas zonas de producción y extracción (Oxy, BP y ahora Repsol). Las zonas de mayor confrontación y consolidación del paramilitarismo (Putumayo, Caquetá, El Meta, Arauca, Magdalena Medio, Catatumbo, Sierra Nevada de Santa Marta) curiosamente coinciden geográficamente con la concentración de empresas petroleras de exploración y/o explotación. En el 96, estas empresas obtenían 100 millones de dólares, mientras que hoy obtienen 2400 millones de dólares de remesas utilidades, que se quedan en paraísos fiscales y ni siquiera llegan a sus propios países de origen. Por lo tanto, las empresas nacionales obtienen 150 millones de dólares y las transnacionales 2400 millones de dólares. Y mientras el PIB crece al 4% anual. Hay 136 empresas españolas en Colombia. Las más conocidas son: - Agbar (desde 1996): compra Aguas de Cartagena y se establece en Cartagena de Indias, provocando un alza en las tarifas y un grave impacto ecológico con las aguas residuales. - Canal de Isabel II: adquiere la Triple A en Barranquilla y Metroagua en Santa Marta, haciendo que posteriormente las tarifas se disparen y que muchos usuarios no puedan pagar. - BBVA (desde 1996): adquiere el Banco Ganadero, con despidos y la destrucción del sindicato. Se convierte en el segundo grupo financiero del país, solo por detrás del patrocinado por la JP Morgan. - SCH (1997): compra un banco local y provoca también destrucción sindical y despidos. - Gas Natural (1997): compra Gas Natural de Colombia. - Endesa: en 1997 compra Hidroeléctrica de Betania, y luego Emgesa y Codensa en 1999. Se produce un alza de tarifas y hay una presión para cambiar la ley aliada con Fenosa. - Grupo Prisa: adquiere Radio Caracol en 1999, copando el sector no solo en Colombia sino en otros países andinos, con la consiguiente flexibilización laboral (despido de 1050 trabajadores sobre un total de 1500) y ejerciendo un control ideológico apoyando al gobierno español. - Unión Fenosa: es quizás el caso más ejemplificador, adquiere en el 2002 Electricosta y Electricaribe (en la costa atlántica colombiana) y queda en una posición dominante,. Compra una empresa estadounidense que presionó antes para que las 8 empresas locales se fusionaran. En 2000 compra Epsa (del Pacífico) del valle del Cauca, con un alza generalizada de las tarifas, cortes del servicio en barrios morosos, y poniendo en marcha la llamada energía social: son los mismos pobladores los que cobran los recibos que están pendientes, con lo que hay mayores enfrentamientos, fractura social y una tensión permanente, lo que al final tiene efectos sobre todo en las poblaciones afrodescendientes, negras y campesinas. - Cepsa: en 2003, entra a hacer exploraciones en Bolívar y en el Catatumbo, presionando fuerte a dos comunidades que se han opuesto a estas exploraciones. Cepsa está explorando para la Texaco. - Repsol: en 2003 entra a explorar junto a la Oxy en Arauca, hostigando a la población indígena de los U’wa. Y se avecinan protestas en las próximas fechas. Para todo esto son necesarios tres grandes paquetes de medidas legislativas: 1) Existencia de zonas francas, en concreto 8: Barranquilla, Cúcuta, Buenaventura, Palmaseca, Río Negro, Santa Marta, Cartagena y Bogotá. El objetivo es atraer la IED, mediante la exención del pago del impuesto de la renta (que hoy es el 35%). Se da una competencia permanente para atraer la inversión, restringiendo los límites a la misma. 2) Plan Vallejo: plan que autoriza a las empresas a mover materias primas, con exenciones fiscales; las empresas hacen así comercio sin apenas pagar nada. 3) Zonas económicas especiales: es lo más nuevo, es una fiel copia del modelo de China. Las ventajas para las empresas son que, en materia laboral, se quitan derechos, y en cuanto a pagos fiscales, quedan exentas en un 50%. Además, se pueden hacer convenios sin que nadie los regule (el ministerio no pinta nada), solo la empresa negocia individualmente con cada trabajador. En definitiva, y como reflexión final, podemos decir que, producto de la presión sobre estos territorios, ha habido una gran relatifundización de la tierra, que se ha concentrado aún más: el 57,3% de los propietarios (campesinos pobres) apenas tienen el 1,7% de la tierra; mientras que el 61,2% de la tierra la posee el 0,4% de los propietarios: terratenientes, narcoparamilitarismo, etc. Por último, las zonas donde se produce el mayor desplazamiento en Colombia coinciden con las áreas que disponen de recursos atractivos para la inversión extranjera: en el Putumayo, petróleo; Caquetá, zona petrolera; Arauca, también es una zona donde hay petróleo; el Chocó, palma aceitera, biodiversidad y conector con el pacífico en la iniciativa IRSA; Cali, agua. Se trata de 3,5 millones de personas desplazadas de sus territorios, usufructuados por el capital. Ha habido 4000 dirigentes sindicales asesinados en los últimos 10 años. Hay cercos sobre poblaciones campesinas enteras, en el sur de Bolívar, en el Catatumbo, 7000 militares sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, etc. Se genera una enorme pobreza por la precarización a la que han sido forzados miles de trabajadores. Sobreexplotación, deslocalización, precarización... además de asesinato y destierro. Y quien se beneficia de ello son las grandes empresas transnacionales, asociadas al narcoparamilitarismo y los políticos. -------------- Entrevista a Luis Alfredo Burbano - ¿Cuál es la relación del CED-INS con los sindicatos colombianos? El CED-INS es un Centro de Educación e Investigación. Es un centro independiente, que fue formado por sindicatos e intelectuales en los años 60, muy ligado a una corriente sindical que es el Sindicalismo Independiente y Clasista. En los años 80, éste se fusiona con la CUT (Central Unitaria de los Trabajadores). Actualmente, tenemos acuerdos de trabajo con varios sindicatos pero, eso sí, seguimos manteniendo nuestro carácter independiente frente a las centrales sindicales. - ¿Qué tienen que ver las medidas de privatización con la entrada de las empresas españolas en Colombia? De todos los procesos de proceso de ajuste que se han llevado a cabo en América Latina, el de Colombia tuvo sus particularidades, porque fue algo mas tardío. En América Latina, los ajustes de tipo neoliberal arrancan en los 70, en muchos casos bajo regímenes militares en el Cono Sur, mientras que en Colombia la situación económica se mantiene fuera de esas crisis latinoamericanas porque su economía es mantenida artificialmente por el dinero proveniente del narcotráfico. El narcotráfico le da un gran dinamismo a la economía: desarrolla muchísimo el sector de la construcción e incorpora mucha gente al mercado laboral, hace que se desarrolle mucho el comercio y la compraventa de artículos de lujo. Los efectos de las crisis que se dieron antes en otros países de América Latina, en Colombia se dieron más tarde, en concreto a finales de los años 80. Entonces, los EE UU aprietan su política antidroga y, en la década de los 90, se apela a las medidas de ajuste estructural. Los mecanismos de privatización cumplen su función, y se empiezan a crear las condiciones para que arribe el capital transnacional. Se produce la venta de empresas públicas, con la reinversión del dinero obtenido en las privatizaciones en parte para inversión social y en parte para gasto militar. Se privatizaron los sectores mas dinámicos y menos problemáticos, como el sector eléctrico, una parte de los bancos, los acueductos y, al final, el sector petrolero (que ahora se ha repartido entre tres empresas). En el sector del agua, ¿qué significación tuvo la lucha de Cali? Dentro de ese contexto, ¿puede decirnos por qué fue importante esa lucha y qué se planteaba? Dentro de esa ofensiva del capital transnacional, hubo una pugna especial por las empresas de servicios públicos. No hubo reacción cuando se adquirieron los acueductos en la costa nororiental del país, pero en Cali la situación era distinta: el sindicato había desarrollado unas bases sociales y existía una concienciación frente a la privatización de los servicios públicos. En este sentido, la población impide que ese proceso se lleve a cabo impunemente, porque ya se daba esa concienciación previa. Hay movilizaciones, ocupaciones de la sede administrativa, negociaciones... en fin, una puja bastante fuerte. Sin embargo, cuando se prolonga la lucha eso ya se logra debilitar, porque el Gobierno ataca por varios flancos, fraccionando las luchas sindicales en algunos momentos, y luego volviendo a intentar la privatización. Esto se ha convertido en un referente de la lucha de los trabajadores y de toda una ciudad grande, lo cual es un hito, en la defensa de una empresa estatal y su proceso de prestaciones públicas con responsabilidad del Estado en el servicio de aguas. - ¿ Y cómo se encuentra la situación ahora? Pues todavía no se ha logrado privatizar la empresa, pero el sindicato ha sido golpeado. Se ha conseguido debilitar la organización sindical: en vez de con una confrontación directa, ha sido a base de retiros voluntarios remunerados, presiones, amenazas, etc. Todo esto para debilitar la organización sindical como una condición para volver a llevar a cabo la privatización. Lo mismo pasó con ECOPETROL, la petrolera estatal colombiana. Han intentado privatizarla varias veces y no han podido, por lo que se han concentrado primero en debilitar a la Unión Sindical Obrera (USO) para luego volver a la iniciativa privatizadora. Se habla de la relación que existe en Colombia entre las empresas transnacionales, los paramilitares y las violaciones de derechos humanos, asesinatos y torturas. Así, se acusa a los paramilitares de “limpiar” una zona justo antes de que entren las transnacionales en ella para que, una vez hecho esto, puedan establecerse allí las grandes corporaciones. ¿Qué opinas de estas acusaciones? Se podría pensar que los paramilitares son muy sensibles a las señales del mercado. De hecho, sus acciones van claramente favoreciendo estas políticas de ingreso del capital extranjero, de megaproyectos, del discurso modernizador. Las empresas transnacionales se benefician de lo que el paramilitarismo desarrolla. Hay una serie de procesos judiciales abiertos, relacionados con las órdenes que puedan haber dado algunos cargos ejecutivos de empresas transnacionales para que los paramilitares hayan ejecutado a gente en determinadas zonas del país. Es muy conocido el caso de la British Petroleum (BP), que está involucrada en crear y financiar grupos de seguridad privada, con libertad total para actuar. También está el ejemplo de la Drummond, que ahora se investiga en tribunales norteamericanos, donde se busca comprobar sus órdenes directas en los asesinatos de dirigentes sindicales hace dos años (el presidente del sindicato fue asesinado, así como dos dirigentes más durante el proceso de negociación). O el caso de Coca-cola, asimismo muy conocido, donde hay testigos que verifican que el gerente de la planta de Carepa financiaba grupos paramilitares de la región, los cuales terminaron quemando y expulsando a toda la directiva sindical de allí. Son dos caras de la misma moneda. No hay relación directa entre los paramilitares y las corporaciones transnacionales, pero sí hay casos concretos donde se relacionan. - Tras algunas inversiones del Grupo Prisa en Colombia, ¿se ha notado que los medios que ahora son de Prisa son más abiertos y dialogantes o siguen como antes? Sí que ha habido un cambio con la entrada de Prisa. Ha cambiado cómo se ve al gobierno de Uribe. No hay un cambio general hacia un compromiso con proyectos populares, pero sí un cierto acento en la oposición al gobierno actual. Antes de la entrada del Grupo Prisa, Caracol estaba muy ligada al presidente Uribe, era un vocero del gobierno, y lo mismo pasaba con RCN. A día de hoy, hay algunos matices: existen ciertos programas que son críticos (no es algo general ni muy marcado) y el Director General de Noticias ha cambiado su posición de un día para otro. Digamos que el discurso general esta en sintonía con los intereses hegemónicos globales; eso sí, el acento se pone en una cierta dinámica de oposición a Uribe. - De cara a las próximas elecciones en 2006, ¿cómo afectaría al capital español la posible reelección de Uribe o, por el contrario, la victoria del Polo Democrático aliado al Partido Liberal? ¿Supondría para las empresas transnacionales una diferencia el que ganara uno u otro o daría igual? Se busca un candidato único de oposición, pero las posturas políticas son amplias y diversas. Se intenta acordar un programa pragmático, unificando las posturas para poder llegar al consenso y a la unidad. Alternativa Democrática mostró su rechazo al TLC, pero el Polo ha sido mas moderado y dice que hay cosas del TLC que sí se pueden aceptar, mientras el Partido Liberal introduce otros matices. En fin, hay que ver qué candidato tiene la oposición finalmente. Si el candidato es del Partido Liberal, no habrá cambios con la IED; si es del Polo, tampoco se producirán muchos cambios; y si es de Alternativa Democrática sí que puede haber algunos cambios. Depende de esto, porque digamos que hay tres bloques dentro de la oposición. - Y en la costa atlántica, ¿cómo está el conflicto con Unión Fenosa? Producto de los abusos de Unión Fenosa en la costa atlántica colombiana, se formó la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos, que ha seguido trabajando en las movilizaciones y protestas. Fenosa ha reconsiderado los efectos de sus políticas de corte del suministro y ha evitado efectuar nuevos cortes, porque estaban presionados no solo en la costa del Caribe sino en el valle, y no solo por la población sino también por algunos dirigentes políticos locales. Así, ha ampliado los plazos para pagar las tarifas: antes, a los dos meses de impago había cortes, mientras que ahora hay más plazos y se pueden pagar con pagarés y bonos. Esto se ha producido porque hay una respuesta de la población a los abusos de la compañía española. Al mismo tiempo, la empresa ha presionado con chantaje al gobierno para que recapitalice las empresas distribuidoras, porque dicen que no están logrando los ingresos previstos ya que sus utilidades están cayendo por el no pago. Así, ha logrado que el gobierno de Uribe le inyecte un aporte de capital. La presencia de Unión Fenosa en Colombia va para lejos: ha insistido en comprar Isagem y 14 electrificadores regionales, lo que le haría quedar en una posición dominate en el sector. Si logra eso, se va a consolidar como la empresa eléctrica de Colombia. - ¿Y qué tiene que ver ahí la muerte de sindicalistas? No solo son sindicalistas los asesinados, sino también pobladores de la zona y algunos dirigentes sociales. En el caso de Santa Marta, fueron asesinados por los paramilitares dos compañeros impulsores de esa Red de Servicios Públicos. El paramilitarismo, atendiendo las señales invisibles del mercado, actúa. Y así se elimina la oposición social y política, beneficiando los intereses de la empresa. Hay un conflicto, alguien llega y misteriosamente elimina a los opositores, y entonces los otros se benefician de eso. - ¿Cómo están los conflictos de Repsol con el pueblo U’wa en Arauca? La llegada de Repsol a la zona ha sido de bajo perfil, no hay mucha información disponible en la región. Los pobladores ya saben que Repsol está haciendo exploraciones en algunos territorios: el conflicto ha estado centrado en los pobladores, sobre todo los U’wa, contra la Occidental Petroleum (Oxy). Se han venido produciendo movilizaciones y acciones de denuncia jurídica en los tribunales, y se ha comprobado que la Oxy viene chantajeando, presionando, violando derechos.. en definitiva, haciendo todo lo posible para poder quedarse con los territorios U’wa. Repsol ha llegado desde un perfil más bajo: mediante un sistema de subcontratación, son otras empresas las que hacen las fases previas para no generar tanto rechazo. Como en Catatumbo, no llega primero la empresa transnacional, llega directamente a la fase de explotación como tal. Así, evitan que las organizaciones sociales se movilicen. - Fuente: Boletín nº 10 de OMAL (Observatorio de Multinacionales en América Latina), Madrid, España.