Hace unas tres décadas, se multaba a los buques atuneros capturados mientras robaban el atún costarricense. Muy pocos quedaban impunes. El Gobierno del presidente Oduber había denunciado el Convenio Interamericano del Atún Tropical (CIAT), el presidente Carazo había ejecutado la denuncia y el país tenía lanchas patrulleras artilladas que perseguían a los piratas. Hoy la situación muestra un retroceso evidente

En cuanto al buque atunero Tiuna, que ahora enarbola la bandera de Panamá después de llevar la de Vanuatu, comete un delito grave pues sendos pabellones no cumplen con lo establecido en el tratado internacional aprobado por nuestra Asamblea Legislativa en marzo de 1992, denominado Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; tratado que, al igual que el TLC, aunque tiene rango superior a las leyes, no está siendo cumplido por nuestras autoridades.

Inadmisible tolerancia

Si el artículo 91 del Convenio demanda que ha de existir una relación auténtica entre el Estado y el buque para que estos puedan enarbolar su pabellón (la bandera panameña) y se presenta al atunero TIUNA como perteneciente a una empresa radicada en Australia, ¿por qué el Incopesca tolera esa falta? ¿Es que acaso no es su deber velar por que se respete la legislación nacional e internacional sobre la materia?

Planteamos la interrogante porque, al haberse capturado al TIUNA cometiendo el delito de pescar en el Parque Nacional Isla del Coco, Costa Rica tiene, de acuerdo con el Convenio, la obligación de notificar con prontitud al Estado del pabellón, por los conductos apropiados, las medidas tomadas y cualesquiera sanciones impuestas subsiguientemente, para que el Gobierno de Panamá ejerza de manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre el buque. Gestión que no parece haberse realizado, quizá convencidos del uso indebido de la bandera de conveniencia con la cual pescan nuestro atún.

Además, aunque el tratado internacional establece que los buques apresados y sus tripulaciones serán liberados con prontitud cuando se encontraren violentando los derechos de soberanía, en este caso de los recursos atuneros de la zona económica exclusiva (hasta 200 millas) y, con mayor razón, del mar territorial (hasta 12 millas), nuestras autoridades no estimaron que, para ejecutar dicha liberación, previamente debió constituirse una fianza razonable u otra garantía (Art. 73).

Impericia estatal

Así que, a los obstáculos que desde el mismo Incopesca se plantearon para no proceder con energía en contra de los implicados en el acto ilegal plenamente demostrado, hemos de sumar la impericia del Ministerio de Justicia, el Minae, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Un barco que por años ha pescado atún costarricense, incluso gozando de licencias gratuitas, que descarga atún en el puerto de Caldera, ha recibido un trato tan especial que por momentos se creyó que podría tratarse de un buque de propietarios costarricenses… con bandera panameña. Así, mientras las autoridades dicen no saber qué hacer con los 200 millones de colones en atún aleta amarilla embodegados, se habla de multas ridículas con tintes de impunidad sospechosa.

Si se estima que la flota extranjera extrae del Pacífico costarricense unos $200 millones anuales en atún, que un porcentaje cercano al 40% es pescado con el incentivo de los permisos gratuitos que como una lápida se mantuvo en la reciente Ley de Pesca, y que el buque atunero TIUNA ha sido generosamente beneficiado con esa política nacional, creemos imperativo que a la empresa propietaria no se le otorguen más permisos para pescar atún en el mar patrimonial costarricense. Aunque esto moleste al Incopesca, no se estaría más que ejerciendo nuestra soberanía sustentada en el derecho internacional del mar.

- Freddy Pacheco es catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica.