Aquí en México el bocado a deglutir es el sector energético y en Perú son las tierras de la Amazonía. Toda una línea privatizadora que se extiende por las calificadas por conveniencia, economías emergentes, en otras palabras, naciones tan sujetas a los designios de la gran potencia del norte porque según su apreciación necesitan de su guía y tutela. El problema se agudiza porque cierto sector del poder comparte esa apreciación de dominio y dependencia.

Llevamos no días, sino años en una casi eterna discusión sobre la privatización de Petróleos Mexicanos, la principal empresa del país y la tercera en el mundo en su género. Desde que Carlos Salinas de Gortari impuso en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado el neoliberalismo a la fecha se ha hecho por parte de los hombres del poder hasta lo indecible por lograr ese propósito desnacionalizado.

En Perú, las cosas son más o menos parecidas, un pueblo desmemoriado probablemente por la muy bien dirigida propaganda mediática, que ese es su objetivo, reelige para un segundo mandato, después de la larga pesadilla de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, a Alan García de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA o Partido Aprista, no obstante su involucramiento en las matanzas de civiles durante su primer gobierno a manos de militares: 255 personas en los poblados de Cayara y Accomarca, en la región de Ayacucho, y en el penal El Frontón, así como en actos de corrupción que involucraban a gente del régimen, acusaciones que prosperaron en 1991, a tal grado que lo retiraron del cargo de Senador de la República, por sujeto de investigación.

Para nadie es un secreto que una de la tácticas para lograr el propósito de privatización no sólo de PEMEX sino de todo el sector energético es una continúa labor de zapa, el desmantelamiento gradual del mismo, para preparar mediante la propaganda mediática a la población a que acepte la necesaria inversión privada, fundamentalmente la extranjera.

La expresión “ley de la selva” hace referencia a una situación donde el más fuerte se impone, que llevado a un contexto como el peruano podría hacer referencia a la imposición de una apuesta ideológica en que se basa el poder político que gobierna el país, se analiza en un despacho de la agencia ALAI Latina.

El Ejecutivo ha propuesto al parlamento, continúa, un proyecto de ley para promover la inversión privada, que de aprobarse pondría en venta las tierras de la amazonía, al igual que en México, diversos sectores han manifestado su oposición a la iniciativa al que han denominado la “ley de la selva”, suponemos por la intención del gobierno por imponer su aprobación y el objetivo que persigue al subastar la selva.

La historia es la siguiente: hace un trimestre, el presidente Alan García lanzó su propuesta de poner en valor todos los recursos naturales que “no utilizamos” para superar, lo que él llama, la filosofía del “perro del hortelano”. García planteó que debía ponerse en valor la amazonía que tiene 63 millones de hectáreas en las que podría hacerse forestación maderera sobre 8 millones de hectáreas, para lo cual proponía la necesidad de su privatización que asegure la inversión y genere empleo. Todo esto a pesar de que las leyes de la nación andina se lo prohíben.

Igualito que en México, todo un tinglado para preparar la venta de garaje de los recursos naturales de la nación, no sólo al sector privado del país, fundamentalmente al extranjero. Los desnacionalizados deberían de pensar en que los beneficios que obtendrían son pasajeros ante la monstruosidad de los daños que se generarán a esta y a las futuras generaciones. Son privatizaciones a la par, a los que los mexicanos y los peruanos de buena nacencia, nos debemos oponer con la fuerza de la razón y con la valentía necesaria.


- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano.