Los expatrulleros civiles en Guatemala: Paramilitares y base social del FRG Cuando en 1982 el gobierno de facto del ex general golpista Efraín Ríos Montt, actual Presidente del Congreso de la República, organizó, dirigió y orientó las Patrullas de Auto Defensa Civil -PAC- la comunidad internacional expresó su repudio a esta estrategia contrainsurgente. El problema era no solo la obligatoriedad de incorporarse a estos grupos paramilitares, sino que lo repudiable del objetivo que perseguían: enfrentar a la población civil de las llamadas zonas de conflicto y formar aparatos paralelos al estado con objetivos represivos. Los miembros de esos grupos, entre ellos niños y ancianos, además de ser forzados a participar en la guerra contrainsurgente, se disponía de su tiempo y trabajo sin remuneración alguna. Hubo algunos lugares en donde la población se resistió dignamente a integrarlas. El precio que pagaron fue alto, la muerte, el secuestro o la desaparición forzada ya que a criterio del ejército, la negativa obedecía a una identificación con los grupos insurgentes y por lo tanto se hacían acreedores de prácticas represivas que alcanzaban a los revolucionarios, los simpatizantes, los colaboradores y a cualquiera que no aceptara las decisiones castrenses. En otras comunidades, como Jacaltenango, departamento de Huehuetenango, a los remisos a integrar las PAC, se les obligó a romper las piedras con picos y piochas para abrir camino a las comunidades, aportando mano de obra regalada y en condiciones de trabajo muy arduas, castigo con el que tuvieron que purgar el delito de la resistencia pacífica a involucrarse en la guerra. Entonces el ejército aseguraba que los patrulleros "voluntariamente" se integraban a esta estructura. Los utilizaron en la vanguardia para provocar a los guerrilleros a atacar a la población civil. Las entonces PAC eran, junto a los Comisionados Militares, los que vigilaban, amenazaban y controlaban al resto de la población, fueron responsables de innumerables violaciones a los derechos humanos, de asesinatos y masacres. En días recientes, un grupo de aproximadamente 25 mil ex PAC se "movilizaron" en el departamento de Petén, el más extenso del país, en donde se ubica uno de los vestigios majestuosos de la civilización maya, el Parque Nacional Tikal, visitado por turistas en toda las épocas del año y en donde el tráfico de vehículos es considerable por ser una zona fronteriza. Los paramilitares decidieron tomar carreteras, sitios arqueológicos, retener turistas, bloquear el aeropuerto, el acceso a una refinería y otras acciones más a fin de exigir al gobierno que les pague una indemnización de 20 mil quetzales por su colaboración con las fuerzas armadas durante el conflicto. Poco o nada hicieron las autoridades para garantizar el tránsito de personas, de vehículos y de aeronaves. El departamento quedó paralizado. Se ocasionaron millonarias pérdidas. El gobierno, en una inusual reacción, conformó de inmediato una comisión de alto nivel, integrada por el Secretario de la Paz, el de Análisis Estratégico, el Ministro de Gobernación y el Director de Turismo para dialogar con los manifestantes. No hubo amenazas, ni respuestas agresivas. Las autoridades no hicieron oídos sordos ante los reclamos, como ha ocurrido con los campesinos que exigen tierras y solución a la problemática agraria, o con los pobladores que demandan viviendas dignas, o los sindicalistas que piden respeto a las leyes laborales y muchos sectores más que no encuentran respuesta a sus reivindicaciones. Hay indicios de que ésta fue una manipulación gubernamental o bien de un sector del partido ya que la falta de accionar de las fuerzas de seguridad fue notoria. Para resolver el problema, el gabinete de gobierno acordó realizar un censo para atender a los patrulleros de "forma integral", acción que según defensores de derechos humanos, busca conocer el numero de personas con las que el FRG contaría para la próxima campaña electoral, además de que es un pretexto para continuar desviando fondos del ya maltrecho erario nacional. La Asociación de Veteranos del ejército de Guatemala, Avemilgua, veladamente amenazó con la generalización de las movilizaciones ya que ellos consideran que hay aproximadamente 1 millón de ex PAC en todo el país. Para el partido del "General" estos ex miembros de los grupos paramilitares tienen una enorme importancia tomando en cuenta que en las elecciones pasadas, se constituyeron en un mecanismo de reproducción de votos a favor del FRG, de distintas maneras, ya sea por desinformación, identificación o bien por las amenazas e intimidaciones hechas a los pobladores. La reacción social ha sido de total rechazo a tan cínica pretensión, ya que ahora resulta que los victimarios pretenden un resarcimiento a sus crímenes de lesa humanidad, mientras que las víctimas continúan a la espera de que sus demandas de justicia sean atendidas. Es importante recordar que la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que recogió miles de testimonios de sobrevivientes señaló en su informe que las PAC fueron responsables, ya fuera por que el ejército los obligó o por voluntad propia, de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población. Queda claro que los ex patrulleros civiles, junto a los comisionados militares, los diputados departamentales y otras autoridades locales son parte de la estrategia del FRG para garantizarse un posible triunfo en las próximas elecciones. Hay otros elementos que ya se están activando con este propósito como la distribución de los fertilizantes, la inauguración de pequeñas obras, la campaña proselitista que está realizando el presidente Portillo en sus giras al interior, el plan de otorgar frecuencias a radios evangélicas y el temor que han infundido a la población para que continúe la cultura del silencio que beneficia a esos grupos en el poder.