Una vez más se raja Colombia en el examen que hace periódicamente Transparencia Internacional (TI) con Sede en Berlín, al obtener una nota reprobatoria de 3.8 sobre 10 para 2007, sin mostrar progresos con relación al año anterior. Resultan sumamente reveladores los datos que arroja el Barómetro Global de la Corrupción 2007 que le sirve de base, presentados oficialmente en Colombia el 7 de diciembre. Este refleja fielmente los resultados de una Encuesta de Opinión Pública que recoge a su vez las percepciones y las experiencias más notables en materia de corrupción, la cual se aplica anualmente desde 2003 por la firma Gallup Internacional Association. Lo más novedoso y desconcertante, por decir lo menos, de este Informe es su conclusión en el sentido que “las familias pobres, incluso en los países ricos, son las más afectadas por el soborno”, precisamente las más vulnerables e indefensas. Preocupa sobre manera que las dos instituciones que salen peor libradas en este test son los partidos políticos y los parlamentos, justo los dos pilares fundamentales de la democracia. Con sobrada razón se advierte por parte de TI que “Estos números preocupantes muestran que el gobierno enfrenta una crisis de legitimidad, que puede socavar la democratización, estabilidad y la protección de los derechos humanos”. Y no es para menos, pues, cuando tales instituciones tan caras a la democracia están en entredicho empiezan a tambalear y cuando la confianza en ellas se pierde las perspectivas no pueden ser más desoladoras.

Resulta tan deplorable como detestable el hecho que registra el Informe que “muy a menudo la gente tiene que destinar el dinero difícilmente ganado a pagar por servicios que debería ser gratuitos” para acceder a ellos. En el caso específico de Colombia, a guisa de ejemplo, diez de cada cien encuestados pagaron una coima para lograr beneficios en un servicio legal como la simple radicación de una denuncia, el trámite de una demanda o el inicio de una investigación; cinco de cada cien encuestados dijeron haber sobornado para el trámite de licencias, permisos o actas de bautizo (sic!). Así lo denunció la Presidenta de TI, Huguete Labelle, al censurar prácticas tan denigrantes, al señalar que “La gente está siendo castigada por el soborno y contrariada por la corrupción”. Lo más grave, es que la ciudadanía duda del compromiso y la eficacia del gobierno en su lucha contra la corrupción y de allí su pesimismo respecto al futuro que se le deparará al respecto si seguimos por el mismo camino, refugiándose no pocas veces en el conformismo y la resignación. De allí que el 52% de los encuestados aseguró que en los próximos años los actos de corrupción en lugar de ceder se recrudecerán; entre tanto para un 13% nada va a cambiar aunque se tomen nuevas medidas.

Por ello, no le falta razón a la Presidenta de TI cuando exhorta a “Volver las promesas acción es esencial si se quiere que los esfuerzos anticorrupción tenga algún impacto en las vidas de la gente común. El compromiso de los gobiernos es clave para luchar contra la corrupción”. En este sentido acota algo esencial, al llamar la atención en el sentido de que los gobiernos no son los únicos responsables. “Necesitamos también ver acciones concretas de la sociedad civil y del sector privado”, demanda ella. Colombia toda, todos sus estamentos, deben tomar nota del llamado que hace la Presidenta de TI, cuando clamó para que “Los países al final de la clasificación deben tomar en serio estos resultados y actuar ya para fortalecer la responsabilidad de sus instituciones públicas”, al presentar dicho Informe en Londres. Así las cosas, tanto el Estado en su conjunto como la sociedad civil en todas sus expresiones se deben proponer actuar de consuno, con toda decisión, con la finalidad de extirpar el cáncer de la corrupción, antes de que este haga metástasis y se torne irremediable. Para luego, es tarde!

- Amylkar D. Acosta M. es Ex presidente del Congreso de la República.  http://www.amylkaracosta.com