La actividad minera por parte de la empresa Entremares en el Valle de Siria, en Honduras, ha dejado en las aguas superficiales y subterráneas altos grados de arsénico, mercurio y cianuro que han provocado a la población de las comunidades aledañas graves daños a la salud, denunciaron ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) integrantes del Comité Ambientalistas del Valle de Siria.

La compañía Entremares se constituyó en la ciudad de Tegucigalpa en 1995, año en el que ha estado explorando yacimientos mineros, por lo que adquirió la concesión minera de San Martín, en el municipio de San Ignacio Francisco Morazán, en donde la empresa encontró indicios de fuertes cantidades de oro y plata, señaló al TLA el subsecretario del Comité, Carlos Dalilo Amador.

Con el inicio de operaciones de la empresa, en el año 2000, sin contar con la respectiva licencia ambiental, la contaminación del agua se hizo inminente, por lo que el Comité presentó ante la Fiscalía Especial del Ambiente, que depende del Ministerio Público, una demanda por daño y contaminación del recurso hídrico.

En ese sentido, la Fiscalía realizó una investigación, comprobando así, dijo Dalilo Amador, que las actividades de construcción de la empresa y la apertura de caminos se realizaron depositando y quemando desperdicios en los cauces y orillas de los ríos El Sayuste y Plata.

Además, con la extracción y procesamiento del oro, se agudizaron los impactos ambientales en el entorno, particularmente el detrimento del agua debido a la explotación de que estaba siendo objeto este recurso.

Por ello, explicó Dalilo Amador al TLA en este segundo día de audiencias, la comunidad expuso a la ministra de Recursos Naturales y el Ambiente, Patricia Panting, la grave situación que estaban enfrentando las comunidades como consecuencia de la escasez del agua, toda vez que la mayoría de las fuentes superficiales estaba siendo sobreexplotada por la empresa minera.

Fue así que la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente giró instrucciones para que el municipio denunciara de forma inmediata a quienes estuviesen vendiendo agua a la minera de forma indiscriminada, dijo el Subsecretario.

Al respecto, la empresa solicitó dejar sin valor y efecto la resolución de la Secretaria de Recursos Naturales donde se prohibía la extracción del agua para uso industrial y en forma irracional, además de que reconoció la compra de este recurso a particulares que han perforado pozos en sus propiedades.

Fue así como ante las constantes denuncias de las y los pobladores del Valle de Siria, que la Iglesia Católica de Honduras, mediante la Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana, realizó en noviembre de 2003 un estudio sobre la calidad del agua de las fuentes superficiales y subterráneas, señaló el Subsecretario.

En el estudio encontró la presencia de arsénico y mercurio en las aguas por arriba de los límites permitidos, hecho que a decir de Dalilo Amador, no fue comunicado por las autoridades a las poblaciones.

Además, la presencia de arsénico, apuntó, creció en el año de 2005 y se encontró también que las aguas estaban contaminadas por cianuro por lo que la población de Valle de Siria levantó una nueva demanda ante la Fiscalía Especial del Ambiente.

Mientras tanto, la ministra de Recursos Naturales y Ambiente, Mayra Mejía, ratificó la contaminación del Valle de Siria por la infiltración de cianuro y sancionó a la compañía Entremares con una multa de 50 mil dólares, misma que no fue pagada.

No obstante, señala el presidente del Comité, Roger Abraham Escobar, no ha habido respuesta de las autoridades al respecto, aún cuando ya hay comunidades afectadas por la filtración y contaminación del agua.

"Si no tenemos agua suficiente para uso doméstico se recurre a aguas superficiales contaminadas porque no hay otras alternativas", denunció al TLA.

Como consecuencia, la población, sobre todo las y los niños hoy sufren enfermedades de la piel y caída de cabello. No obstante, dijo, no existe un responsable al respecto.

Asimismo, dijo al TLA que los estudios técnicos independientes sobre el estado del recurso hídrico han sido considerados por la empresa y el Estado de Honduras "sin importancia legal".

"Las acciones ante el Ministerio Público tiene en Honduras respuestas tibias, no hay una justicia congruente a las necesidades de nuestros pobladores, el hecho de poner una multa a esta empresa es como quitarle un cabello a la empresa.

"No es la economía lo que nos preocupa, sino lo que está sucediendo con las y los niños y adultos de nuestro país. La preocupación son los impactos ambientales y a la salud", reiteró.

Pidió al TLA una sanción moral y ética para el Estado de Honduras y para la empresa Entremares, quien no presentó ninguna defensa ante el Tribunal.

Fuente: CIMAC