Tribunal Internacional de Opinión: un ejercicio de dignidad contra la impunidad

02/09/2007
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Del 23 al 25 de noviembre tendrá lugar en Bogotá la Audiencia Nacional del Tribunal Internacional de Opinión. Previo a este evento, se adelantaron en todo el país audiencias regionales en las que se recopilaron testimonios de las víctimas. Este artículo describe las experiencias de estas audiencias.

Del 23 al 25 de noviembre tendrá lugar en Bogotá la Audiencia Nacional del Tribunal Internacional de Opinión (TIO): “El desplazamiento forzado, un crimen de Estado”[1], convocado por las siguientes organizaciones: Coordinación Nacional de Desplazados (CND), Proyecto Justicia y Vida, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA). Previo a esta Audiencia Nacional, se adelantaron en todo el país audiencias regionales en las que se recopilaron testimonios de las víctimas en Popayán, Quibdó, Bogotá, Arauca y, la más reciente y última, en Cartagena. Este artículo describe las experiencias de estas audiencias.

Un estimulante camino

En la audiencia regional en Popayán, que se adelantó el 12 de mayo, se presentaron casos sobre desplazamiento forzado en Cauca, Nariño y Putumayo; en Quibdo, el 28 de mayo, se recopilaron testimonios de todo el departamento del Chocó; la audiencia de Bogotá, celebrada el 28 de junio, recogió los casos de la capital misma, de Cundinamarca, Neiva, Antioquia y del Eje Cafetero; mientras que en la ciudad de Arauca, el 7 de agosto pasado (véase recuadro al final del texto), se contemplaron casos de los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander. Por su parte, la última audiencia regional, que tuvo lugar en la cuidad de Cartagena el 24 de agosto, se enfocó en los efectos diferenciados del desplazamiento en las mujeres, los niños, las niñas y los jóvenes.

Sabemos que es prematuro dimensionar los alcances históricos que este ejercicio de justiciabilidad de los pueblos puede tener en Colombia, teniendo en cuenta que falta aún la audiencia más importante, la Audiencia Nacional. Esta se llevará a cabo en noviembre próximo y contará con la participación de jueces internacionales de alta reputación y reconocida integridad moral; se espera que este evento logre un importante impacto político nacional e internacional.

El Comité de Impulso del TIO, con la Coordinadora Nacional de Desplazados –CND– a la cabeza, hace esfuerzos entusiastas, pues ha logrado construir un espacio para las victimas, cierto y legítimo, donde se juzga la responsabilidad del Estado en los más de veinte años de desplazamiento forzado en Colombia, y en el desplazamiento de cerca de cuatro millones de desplazados que hoy, en su gran mayoría, exigen la restitución de sus tierras.

Las audiencias han sido un ejercicio colectivo de memoria, un repaso de los contextos de violencia regionales y un armazón del rompecabezas del conflicto, con un denominador común: el desplazado como victima de un delito de lesa humanidad y el desplazamiento como estrategia de guerra de los actores armados y del Estado. Los relatos de la violencia y el despojo, de que han sido objeto las víctimas, evocan la causa estructural del conflicto y del desplazamiento forzado: la estructura de propiedad y apropiación de la tierra.

 Conquistar un papel activo
  La dimensión del conflicto se devela al escuchar historias acerca del asesinato de niños, desapariciones de líderes, quema de pueblos -con la correspondiente destrucción de familias-, humillaciones y etnocidios cometidos; así como el destierro de comunidades enteras, cuyo propósito es la apropiación y acumulación ilegal de tierras. Oír, entre los sollozos de las víctimas, que muchas de estas atrocidades se cometieron con anuencia del Estado, a través de su política, de su estrategia de guerra, de su concepción y modelos institucionales, muestra, sin ambages, al desplazamiento forzado como un crimen de responsabilidad y autoría estatal.

Los testimonios recogidos de las víctimas, profusamente descritos, documentados y reseñados, servirán para construir los casos que finalmente se presentarán ante los jueces del Tribunal, en sesión de la Audiencia Nacional. Entendemos que la víctima no puede continuar como el sujeto pasivo de un daño con dimensiones lesivas para la conciencia de la humanidad. Las víctimas, en colectivo, deben conquistar su papel activo como constructores de verdad histórica, asumir el reto de exigir justicia y develar a los victimarios, así como posicionar los conceptos de reparación integral en clave de procesos de justicia retributiva. Por ello, las audiencias del TIO son un paso adelante en estas tres exigencias, complementan.

El año que corre se declaró por la ACNUR y el gobierno colombiano como el año del desplazado forzado. Se hizo durante la conmemoración de los diez años de la promulgación de la ley 387 de 1997 y a los tres años de la declaratoria de “estado de cosas inconstitucional” en materia de la política pública de atención a la población desplazada. En este marco, el TIO se constituye en un referente internacional obligado sobre el tema, se convierte en una mirada reflexiva y analítica, proveniente de las victimas, acerca de las causas del desplazamiento forzado. Sabemos, que como todo Tribunal realizado desde la eticidad y la iniciativa de las comunidades y los pueblos, se corre el riesgo de que el Gobierno desdeñe su participación e incluso haga caso omiso a la decisión tomada por los jueces. Pero entendemos que tanto el TIO como su sentencia, son precedentes de memoria para la historia, son verdades plasmadas, ejercicios de dignidad contra la impunidad y el olvido.

 Lucha por la exigibilidad de la justicia
 
En las cinco audiencias se recibieron un total de casi 100 testimonios de casos emblemáticos. Han participado cerca de 600 personas, se han concitado la solidaridad de sindicatos, del movimiento estudiantil, de sectores de la iglesia, organizaciones sociales y movimientos políticos, la presencia de organizaciones de victimas y el apoyo económico internacional. Se han conseguido hermanamientos regionales entre organizaciones de población desplazada y lo más importante: la víctima ha tenido voz.

En el curso de las audiencias nos preocupan varias cosas: una, la seguridad de los testimoniantes; otra, el cumplimiento con las expectativas que generan en las comunidades estos espacios que, de cierta manera, no reportan cambios sociales estructurales en el corto plazo y la tercera, lograr enrutar los testimonios y los casos más allá del espacio del TIO.

  El Tribunal no es mediático, es el punto de partida para un largo proceso de exigibilidad de justicia, de muestra de impunidad estatal, de justiciabilidad alterna, de construcción de memoria colectiva, de precedentes de verdad. Puede constituirse en el mediano plazo en el acervo probatorio necesario para acceder ante cortes internacionales, llamar la atención de la comunidad internacional sobre las causas del conflicto colombiano, dimensionar la situación de crisis humanitaria y de masiva y sistemática violación a los derechos de cuatro millones de colombianos y colombianas despojados, expropiados, expoliados de sus tierras y de sus proyectos de vida. Los temores manifestados no son debilidades, por el contrario, son elementos que nos fortalecen en la medida que las organizaciones y las victimas que hacemos el TIO sabemos que en estos climas de terror, es como los pueblos han exigido históricamente sus derechos.
 
Los derechos de los campesinos no se reconocen

Los líderes de población desplazada de Córdoba y Cartagena, Yolanda Izquierdo y Manuel López Ayala respectivamente, exigían la restitución de sus tierras, apropiadas por los paramilitares. Sus homicidios, al inicio de este año, demuestran que este tema toca las fibras latentes del conflicto, los intereses de los actores armados, las multinacionales, los terratenientes y los modelos mismos de desarrollo económico, que pasa necesariamente por una reforma agraria y una política de tierras, en la que el campesinado colombiano ha estado ausente en el reconocimiento de sus derechos. Por ello, hemos exigido al Estado y a los organismos competentes, el respeto por aquellas personas que asumen la entereza y la valentía de dar testimonio del hecho violento del que fue víctima. Exigimos que se reconozcan como interlocutores válidos, tanto al testimoniante como al TIO, ya que se constituyen como interlocutores que construyen verdad histórica y que solicitan del Estado no soslayar su responsabilidad directa en uno de los éxodos internos más grandes del mundo.

En pleno desarrollo de las audiencias regionales recibimos con consternación las noticias de los desplazamientos ocurridos en el marco de combates entre ejército nacional y guerrilla en el Charco (Nariño), el asentamiento del Campamento Humanitario de Refugio Temporal Interno en la Vereda de Puerto Nuevo Ité (Nordeste antioqueño), a causa de los asesinatos a campesinos por parte del Ejercito de Colombia; la muerte por desnutrición de niños indígenas desplazados y la salvaje respuesta del Ejército ante las marchas y manifestaciones indígenas en el Chocó; los asesinatos cometidos por paramilitares en el Sur de Bolívar, en zonas adjudicadas a la multinacional explotadora de oro llamada Khedada; las capturas masivas en Arauca, los referidos asesinatos de Yolanda Izquierdo y Manuel López Ayala; el asesinato de la indígena y líder de comunidad Osiris Amaya Beltrán en el sur de la Guajira en el marzo pasado; el descubrimiento de más fosas comunes; y el masivo refugio de colombianos hacia el Ecuador, entre otros casos.

Es en ese contexto que se realiza el TIO. En un contexto que en nada se parece a un proceso de postconflicto. Por ello, también el Tribunal es un ejercicio de resistencia. Es una atalaya desde donde se documenta, desde donde se señala, se denuncia y se juzga.

Construir caminos

Oriana Fallacci, escritora y reportera italiana recientemente fallecida, decía: “me gusta partir, nunca llegar, llegar es morir”; El poeta griego Constantino Cavafis nos rumora al oído desde su verso: “Deseo partir a Ítaca, nunca llegar a ella”; Miguel Hernández, a quien interpreta en música Joan Manuel Serrat, nos señala el sendero al decirnos “caminante no hay camino, se hace camino al andar”; por ello, no le tememos al sendero ni a lo andado

El TIO es eso, una ruta. No es nuestra Ítaca. Ya quemamos las naves, por lo tanto, no podemos ni deseamos regresar; andamos construyendo caminos, para que, como dice la CND, al caminar “no volvamos a estar solos”.

 Presencia internacional

Debido a la situación especialmente complicada y la persecución a los líderes sociales en Arauca, la audiencia regional sobre “El desplazamiento forzado, un crimen de Estado” en esta ciudad se diferenció, por los siguientes factores, de las otras audiencias: por una parte, ninguno de los testimoniantes dio la cara; no se reveló su identidad; y por otra, fue la única audiencia con presencia internacional. Para garantizar la seguridad de los testimoniantes y para que éstos hablen con tranquilidad, se invitó a los siguientes observadores: François Houtart, director del Centro de Estudios Socio-religiosos de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; Paul-Émile Dupret, miembro de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo; Ulrich Duchrow, Profesor de Teología de la Universidad de Heidelberg, Alemania; Helmut Markov, presidente de la Comisión de Comercio Exterior del Parlamento Europeo.
 
Notas
 
[1] En relación con los objetivos y la plataforma del Tribunal, puede remitirse a Fabián Oyaga, “Los desplazados buscan justicia a través de un Tribunal Internacional de Opinión”, en Portavoz, número 4, marzo de 2007, ILSA (http://www.ilsa.org.co/IMG/pdf/pvoz4-05.pdf)
 

- Fabián Oyaga- Fabián Oyaga es investigador  del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA

 Fuente: Actualidad Colombiana, Boletín Quincenal, Edición 458
https://www.alainet.org/es/active/19390
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