La actual campaña electoral es un buen ejemplo para entender que la ingeniería institucional, por sí sola, no puede producir transformaciones de fondo en el sistema político.

El alcance y las limitaciones de las normas constitucionales y legales no pueden determinarse de antemano y en muchas ocasiones es incierto. Esto es evidente en el caso del marco normativo que regula el sistema electoral y de partidos políticos y tiene particulares implicaciones para el funcionamiento del sistema democrático.

Recordemos que uno de los pilares fundamentales de la democracia -concretamente de la llamada democracia electoral- es la existencia de elecciones libres, competitivas e institucionalizadas y de reglas y procedimientos para la formación y el ejercicio del gobierno. Sin embargo, el cumplimiento de estos requisitos no depende solamente de las normas. Precisamente por tratarse de mecanismos e instituciones que determinan la forma de acceder al poder, de ejercerlo y de permanecer en él, su aplicación está mediada por múltiples intereses y actores.

¿Qué ha pasado en Colombia en este sentido los últimos años? La Reforma Política de 2003, así como la Ley de Bancadas, fueron proyectos de iniciativa legislativa, es decir, que fueron presentados por miembros del Congreso. Esto haría suponer que serían ellos, y los partidos políticos a los que pertenecen, los primeros interesados en que los objetivos de estas reformas -democratizar, institucionalizar y fortalecer el sistema de partidos y los partidos y movimientos políticos y mejorar su capacidad de representación- se cumplieran realmente.

A pesar de estos cambios normativos, la actual campaña electoral, que culminará con los comicios del próximo 28 de octubre, en los que los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, es un buen ejemplo para entender que la ingeniería institucional, por sí sola, no puede producir transformaciones de fondo en el sistema político.

Veamos algunos ejemplos: En la mayoría de los partidos, el proceso de confección de las listas y de selección de los candidatos, no estuvo acompañado de consultas a los militantes de las colectividades, ni estuvo precedido de acuerdos programáticos. Esto se tradujo en una gama variopinta y casi infinita de alianzas y coaliciones entre movimientos y partidos en los que primaron los cálculos de conveniencia puramente electoral. El resultado son candidatos apoyados por partidos que han venido actuando desde orillas opuestas –unos en el uribismo y otros desde la oposición-, o aspirantes que se han presentado como “independientes” y que resultan apoyados por miembros de partidos tradicionales. O, como también se vio, candidatos nominados a pesar de haber sido derrotados en el proceso de consulta interna de sus partidos, porque eran cercanos a los afectos del director de la respectiva colectividad.

Otro ejemplo de cómo las normas fueron aprovechadas en beneficio propio, desconociendo el sentido con el que fueron concebidas, fue la figura de la inscripción de candidatos apoyados por un “número significativo de ciudadanos”. Si bien esta modalidad fue pensada para garantizarles a aquellos aspirantes que no se sintieran identificados con las colectividades existentes el derecho a ser elegidos, en esta ocasión fue utilizada por muchos sectores para obviar los requisitos para la inscripción de candidatos. El resultado son 244 movimientos o partidos que aspiran a elegir candidatos en los próximos comicios. De esta manera, el optimismo que generó la reducción del número de partidos en las últimas elecciones parlamentarias de cerca de 60 a 14, sólo duró unos meses. Pero además, resulta particularmente preocupante que esta estrategia haya sido utilizada por varios de los partidos que apoyaron la Reforma Política, quienes crearon sus movimientos “de garaje” para poderle dar cabida a todos sus “deudos”.

¿Cómo explicarle a un potencial elector que el “Movimiento Cartagena Sí Puede” haya presentado candidato a la Gobernación del Valle del Cauca?

Seguramente en algunos casos estos “movimientos significativos de ciudadanos” reflejan mejor realidades y problemáticas regionales locales que los partidos políticos existentes o son espacios para personas realmente independientes. Sin embargo, muchos de ellos son la fachada de intereses de la “vieja política”, de sectores cercanos a actores al margen de la ley, o de personas que siguen favoreciendo el personalismo en el ejercicio de la política. Pero además, contribuyen a generar una gran confusión entre la ciudadanía y hacen aún más difícil una efectiva rendición de cuentas de los elegidos. A manera de ilustración, ¿Cómo explicarle a un potencial elector que el “Movimiento Cartagena Sí Puede” haya presentado candidato a la Gobernación del Valle del Cauca? ¿O la diferencia entre éste movimiento y el “Movimiento por una sola Cartagena”? ¿O el significado de “Movimiento Pacto”?

La concesión de avales, frecuentemente sin mayor control, es otro ejemplo de cómo las intenciones de depurar la política para algunos partidos no fueron más que eso: intenciones. Pero además, eso explica, en parte, el gran número de candidatos, 269 para ser exactos, que la Procuraduría declaró inhabilitados para ser elegidos en los próximos comicios. Este fenómeno denota una falta de responsabilidad política y un irrespeto a los ciudadanos que, en muchos casos de buena fe, votan por un candidato que no podrá ejercer su cargo en caso de salir elegido.

Todos estos hechos demuestran el largo trecho que separa a las normas, de la voluntad política de los actores llamados a hacerlas cumplir. Por eso, antes que nuevas reformas, lo que se requiere es que los partidos y los candidatos respondan ante la ciudadanía por sus comportamientos y por su burla a esas normas que ellos mismos aprobaron.

Elizabeth Ungar Bleier
Directora de Congreso Visible, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.

Fuente: Actualidad Colombiana, Boletín Quincenal, Edición 458

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