Tegucigalpa

La sociedad civil perdió una nueva batalla al quedar fuera de la estructura del Marco Nacional de Seguridad de Biotecnología, porque “no se querían dejar espacios en los cuales participaran grupos opuestos al desarrollo de la biotecnología en el país, que pudiesen provocar obstáculos a los procesos”, explicó a Conexihon.com un consultor del gobierno hondureño.

El creciente desarrollo de la biotecnología moderna a nivel mundial y los posibles riesgos de su utilización ha generado la necesidad de establecer marcos legales que regulen su actividad, así como, que permitan al público la participación, mediante el acceso a la información, en los procesos de toma de decisiones con respecto a los usos y productos de esta tecnología.

El Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es el instrumento legal internacional que fue creado con el fin de reconciliar las necesidades respectivas de protección del comercio y del medio ambiente, incluida la salud humana, en la industria de la biotecnología, aprobado el 29 de enero de 2000, en Montreal, Canadá. Al día de hoy, 142 países lo han firmado y ratificado.

Honduras aún no ratifica oficialmente el Protocolo de Cartagena, sin embargo, ya es un usuario de la biotecnología. De acuerdo con datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISSA, por sus siglas en inglés), Honduras se encuentra dentro del mapa de los países productores de cultivos transgénicos, con menos de 50 mil hectáreas sembradas.

De hecho, el debate generado en junio de este año por el acuerdo ejecutivo firmado por el ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Héctor Hernández, para prohibir la comercialización e investigación con semillas transgénicas en el país, permitió conocer la gran cantidad de productores nacionales que hacían uso de la biotecnología, pero que hasta ese momento se habían mantenido en la sombra de la opinión pública.

La prohibición, finalmente, no se llevó a cabo, porque de acuerdo con los expertos consultados, Honduras hubiera sufrido las consecuencias de demandas internacionales, debido a que las empresas transnacionales que comercializan las semillas genéticamente modificadas, han entrado al país en el marco del Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA), el cual es respaldado, entre otras, por las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Advierten pérdida de soberanía alimentaria

Para Jacqueline Cheniere, miembro de la Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria (SARA), el gobierno de Honduras debe analizar que tan conveniente fue incluir el tema de la alimentación en el TLC, porque si el gobierno puede ser demandado por las empresas que importan al país A, B o C productos, “corremos un peligro enorme, porque entonces quien dicta que produce, como produce, cuando produce, si es semilla de aquí o no, no es definitivamente el país”.

En ese caso, Honduras ya no tiene la capacidad de gobernarse, ha perdido su soberanía, y debería reconocer que si ha suscrito algunas leyes o algunos compromisos internacionales que ponen en peligro la seguridad alimentaria y por tanto la salud y la vida de las personas, inclusive la producción local de alimentos, entonces debería reconsiderar estos acuerdos, manifestó Cheniere.

Además, se pregunta Cheniere, ¿A quién le consultaron antes de introducir la biotecnología al país? ¿Ha sido legal la forma en la que se introdujeron? Esto se ha manejado en la mayor secretividad, responde.

“Yo creo que si nosotros como sociedad civil hubiéramos tenido más información, hubiéramos hecho acciones mucho más fuertes hace muchos años, el problema es el incumplimiento del derecho a la información, por eso no podemos construir democracia y por eso los transgénicos están aquí adentro ya”.

Tanto ha sido el disgusto de las organizaciones civiles con respecto al manejo de la información sobre la existencia de transgénicos en el país, que durante la concertación del Marco Nacional de Seguridad de la Biotecnología (MNSB), decidieron abandonar la discusión porque “no existen las condiciones para el diálogo”, sus argumentos socioeconómicos y culturales son “minimizados” por las opiniones de científicos con doctorados en biotecnología, argumentan.

“Mientras unos discuten tecnología, ciencia, derechos de las transnacionales, los demás estamos preocupados por la vida”, recalcó Cheniere.

“Porque a nosotros nos ocupa este problema, porque trabajamos con la población rural, con los pequeños productores y alguien tiene que ayudar a levantar la voz de ellos. Ellos están preocupados por su semilla, porque han tenido información de los riesgos y de las cosas que ha ocurrido en otros países con la producción de las semillas y con la contaminación”, agregó Cheniere.

A pesar de la oposición, el Marco Nacional sobre Seguridad de la Biotecnología (MNSB) continuó en el proceso de elaboración que culminará a finales de agosto del año en curso, cuando será presentado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para su revisión, así como a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para iniciar el proceso de convertirse en ley.

El MNSB surge por iniciativa del PNUMA y el Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMAM) en el contexto del Proyecto sobre “El Desarrollo de Marcos Nacionales sobre Seguridad de la Biotecnología” cuyo fin es el de ayudar a los países participantes a establecer su marco nacional para la gestión de los organismos vivos modificados (OVM).

El Proyecto inició en Honduras en el 2002 financiado por el GEF; antes de ese año no existía una política expresa en materia de seguridad de la biotecnología moderna, sin embargo, tácitamente, el Gobierno de Honduras mantuvo una política de control y regulación de OVM específicos a través del “Reglamento de Bioseguridad con Énfasis en Plantas Transgénicas (Acuerdo No.1570/98)”.

Sin embargo, este Reglamento “carece de una estructura jurídica adecuada, lo que hace que las resoluciones que se adopten en virtud de tal regulación sean fácilmente oponibles”, revela el “Informe sobre los progresos realizados en Honduras en el ámbito del proyecto PNUMA-FMAM/Desarrollo de un Marco Nacional de Bioseguridad” del 2003.

“Lo antes expuesto implica entonces que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) postula la aceptación del cultivo y consumo de OGM en el país, pero en la medida que se haga de manera regulada y previa evaluación de riesgos, concepto este último que no está claramente definido y por ende obedece a una apreciación subjetiva de los miembros del Comité de Bioseguridad”, amplía el Informe.

De esta forma, el PNUMA esperaba que para finales del 2004 Honduras contaría con un marco nacional de seguridad de la biotecnología conformado por un sistema regulatorio, un sistema administrativo, un sistema de adopción de decisiones que incluyera la evaluación y gestión del riesgo, un mecanismo para la participación y la información del público, y un sistema de monitoreo, control y seguimiento.

Sociedad civil pierde otra batalla

Sin embargo, el Proyecto del MNSB se ha extendido más allá de lo establecido, debido a los cambios en la Coordinación Nacional del mismo, además ha sufrido algunas modificaciones después del proceso de concertación con los grupos de interés, explicó a Conexihon.com el coordinador actual, Carlos Midence.

El abogado Midence reveló que se eliminó la figura del Consejo Consultivo que estaría integrado por miembros de la academia, la agroindustria, el sector campesino, los consumidores, los grupos étnicos y las organizaciones ambientalistas; y cuya función principal sería conocer y opinar sobre los aspectos sociales, económicos y ambientales relativos a los efectos de las políticas regulatorias y de fomento, es decir, un órgano auxiliar de consulta y opinión de la Comisión Nacional sobre Biotecnología.

De esta forma, la sociedad civil quedó fuera de la estructura del MNSB, porque “no se querían dejar espacios en los cuales participaran grupos opuestos al desarrollo de la biotecnología en el país, que pudiesen provocar obstáculos a los procesos”, explicó Midence.

Se mantiene la creación de la Comisión Nacional sobre la Biotecnología, la cual, aunque se describe como un órgano desconcentrado, incluirá como integrantes a las tres instituciones nombradas como “autoridades competentes” en materia de bioseguridad, la SAG, la SERNA y la Secretaría de Salud.

Dicha Comisión, que también estará conformada entre otros, por la Escuela Agrícola Panamericana “El Zamorano”, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), tendrá como parte de sus funciones la elaboración y la propuesta a las autoridades competentes de la normativa jurídica en materia de biotecnología y seguridad de la biotecnología, así como emitir su opinión en todas las solicitudes para realizar actividades con organismos vivos modificados y sus productos.

Además, se creará un Comité Científico Asesor (CCA), establecido por las autoridades competentes, integrado por un grupo de expertos científicos de las ciencias afines a la biotecnología, será el responsable de la evaluación y gestión del riesgo, y asumirá las funciones del Consejo Consultivo.

Al respecto la ingeniera Cheniere se preguntó si la Comisión Nacional de la Biotecnología, ¿debería estar solamente conformada por las instancias del sector público?

Y el CCA, ¿debería estar conformado solamente por expertos nacionales en biotecnología?

“Ese es un gran problema en la discusión mundial de la biotecnología. Han tratado de ignorantes y desconocedores de la biotecnología, todo aquel que no tenga un PHD (doctorado) en el tema, cuando el tema de evaluación del riesgo pasa por aspectos sociales, económicos y culturales”.

“Sin embargo, los biotecnólogos se sienten sociólogos y pueden discutir sobre la situación de la producción agropecuaria en nuestros países y se creen ambientalistas y discuten sobre los temas de ambiente relacionados con la biotecnología”, manifestó Cheniere.

En tanto el abogado Midence reconoció que en general el MNSB está enfocado en los aspectos científicos de la biotecnología y no engloba las perspectivas socio-económicas y culturales, sin embargo, como parte de las modificaciones, se incluyeron estos análisis en la sección del MNSB sobre “evaluación del riesgo”.

Sin embargo, para la Alianza por la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria (SARA) “hasta la fecha, los comités integrados para asesorar y evaluar los riesgos de los productos transgénicos a la salud pública, la producción y el ambiente en Honduras, han estado integrados exclusivamente por los sectores con intereses comerciales: empresas productoras de semillas y la industria agroalimentaria, con consentimiento y aval del sector público”.

Carlos Midence explicó que el MNSB contempla la creación del Centro de Intercambio sobre Seguridad de la Biotecnología, el cual facilitará la publicación del registro de solicitudes, expedientes y permisos vinculados con organismos vivos modificados, los cuales estarán a disposición del público.

La Autoridad Competente, sin perjuicio de la protección de la información confidencial, debe publicar de manera regular extractos de las solicitudes propuestas, así como la colocación en el mercado, de un OVM que puede ser sujeto a la exportación para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento.

- Pilar Ho, Estudiante de Periodismo, colaboración para Conexihon.com

Fuente: CONEXIHON.COM http://www.conexihon.com