A poco más de un mes de sancionada la ley sobre "asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo", se dio a conocer días atrás una denuncia sobre espionaje interno contra Luis Farinello, Patricio Echegaray, Adolfo Pérez Esquivel y la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Por Félix Cantero

El Parlamento Nacional aprobó el pasado 13 de junio la ley antiterrorista. El Proyecto del Ejecutivo plantea como cuestión central, según las hipótesis de conflictos diseñada por el Comando Sur de los Estados Unidos con asiento en La Florida, el combate a la financiación de las actividades vinculadas al terrorismo.

Esta ley muestra el papel que juegan los países centrales sobre países como la Argentina. Esta orientación imperial implica la subordinación argentina a las imposiciones del Pentágono, coloca al país al servicio de las políticas que despliega en el mundo la administración George Bush y la subordina a las exigencias de los poderes financieros internacionales.

Según la diputada oficialista Rosario Romero, esta ley se aprueba para cumplir con "compromisos internacionales". Seguramente esto es verdad, ya que posiblemente el gobierno argentino se haya comprometido ante los mandos militares y el Departamento de Estado norteamericanos aprobar esta norma.

La ley se aplicará a las personas que cometan "delitos que puedan ser considerados de naturaleza terrorista" y las penas para esos delitos van de cinco a 20 años de prisión. Asombra sobremanera el calificativo "naturaleza terrorista", figura que puede ser interpretada de diversas maneras, ya que en uno de sus articulados afirma que serán penadas las personas "que tuvieran como propósito obtener algunas medidas o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos". Un sindicato de cualquier gremio estatal que pide aumentos saláriales o una asociación de médicos de un hospital público que pida insumos medicinales para cumplir con sus deberes profesionales efectivamente estarán tratando de "obtener alguna concesión de los poderes públicos", tanto uno como otro fenómeno puede caer bajo la acusación de violar esta ley "antiterrorista".

Restablece nuevamente la facultad de ampliar al doble los plazos procesales y con ello estirar el tiempo para que los organismos policiales y de seguridad realicen todo tipo de actividades ilícitas, inclusive la posibilidad de vulnerar derechos y garantías que hacen a la dignidad de las personas o prolongar casi indefinidamente sus detenciones.

Establece la figura del arrepentido, la de informante o agente encubierto. Esto es realmente alarmante ya que se legitima la infiltración de elementos para colectar informaciones de cualquier organización social. Además, si algún organismo estatal o privado califica de "terrorista", puede dar lugar a la infiltración de "agentes" de seguridad. Se crea la Dirección General de Protección de Personas, nuevo Ente que puede convertirse en un centro "legal" para realizar"inteligencia" dentro de diversas organizaciones del pueblo.

Las fuerzas policiales ya han conformado "unidades" especiales para la "investigación de delitos complejos", entre otras el combate contra las drogas. Las operaciones de estas fuerzas son de "apoyo" del seguimiento del "terrorismo" internacional que, supuestamente, opera en nuestro país, especialmente las FARC colombianas.

Junto a estas estructuras policiales se comprobó que fiscales federales han instruido para que organismos del Estado realicen investigaciones internas en entidades populares como la que acaba de conocerse relativa a la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, dispuestas por Daniel Adler, fiscal general de Mar del Plata. Según notas publicadas en diversos medios, esas instrucciones habrían sido entregadas al Fiscal Alberto Gentili, director de la Unidad de Apoyo para la Investigación de Delitos Complejos, organismo que depende de la Procuraduría General de la Nación, y que Esteban Righi, a cargo de la dependencia judicial, estaría informado de estos hechos.

Simultáneamente, diversos medios periodísticos difunden la nefasta "información" elaborada por la diplomacia y el Pentágono norteamericanos de que en la Triple Frontera, es decir en la provincia argentina de Misiones, en Ciudad del Este, Paraguay y en Foz de Iguazú, Brasil, anidarían "células dormidas" del terrorismo internacional, particularmente de origen musulmán, donde estarían realizando "inteligencia" y tareas de "recaudación financiera". Nada más falso, ya que en esa frontera común lo que se desarrolla es un rico intercambio cultural y comercial entre los tres países. Al contrario, son los norteamericanos los que tienen instalado una base militar en territorio paraguayo, que implica una grave violación de la soberanía de ese país y para la región. Además, en esa extensa zona, desde la Amazonía hasta el norte argentino y el uruguayo, se encuentra el portentoso Acuífero Guaraní, reserva de la que pretenden apropiarse los norteamericanos. En esa zona del país, la Policía Federal creó el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, que estaría operando desde el año 2001.

Otro hecho alarmante es la reanudación de las "maniobras conjuntas" entre fuerzas castrenses de países del cono sur, ejercicios que están bajo comandado por el Comando Sur del ejército norteamericano.

Para avanzar en la democratización del país es fundamental extirpar de todas las instituciones del Estado y en todos los niveles de la llamada doctrina de la seguridad nacional, la exclusión de todas las instituciones castrenses, policiales o estatales de todas aquellas personas vinculadas al pasado dictatorial.

Es prioritario que la Nación cuente con una nueva doctrina de defensa, donde se contemple en primer lugar la protección del patrimonio nacional, la estrecha relación con los países de la región, el respeto a la dignidad de las personas, la protección del medio ambiente en todas las regiones del país y una amplia y soberana política de paz con todos los países del mundo.

Nueva ley, pronta denuncia de espionaje

A poco más de un mes de la sanción de la denominada ley "antiterrorista", ya se conocieron nuevas denuncias sobre espionaje a organizaciones políticas. En este caso, fueron denunciados por su supuesta vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el sacerdote Luis Farinello, Adolfo Pérez Esquivel, Patricio Echegaray y la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo.

Lo curioso es que el seguimiento de militantes con el pretexto de una operación contra el narcotráfico, se dio el 25 de marzo de 2004, aún tiempo antes de que se sancionaran las tres leyes kirchneristas en esta materia. El informe sobre una clase pública a 40 años de la creación de las FARC es un ejemplo del espionaje interno que se lleva a cabo contra militantes, violando leyes que impiden realizar investigaciones por cuestiones ideológicas, como lo hace la Ley de Inteligencia Nacional.

Fuente: ANRED SUR

http://www.anred.org