Durante el Régimen Conservador y en la larguísima jornada de violencia ocasionada por la represión oficial luego de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, se inició un éxodo sin retorno de miles y miles de campesinos que poblaron las incipientes ciudades colombianas de mitad del siglo XX. Estos desplazados empezaron a ubicarse en la periferia, agrandando los villorrios de la zona cafetera y en las laderas de los cerros tutelares de las que más tarde serían las principales capitales del país.

Años más tarde, esa violencia política de los dos partidos tradicionales, se convirtió en un derramamiento de sangre generado por el enfrentamiento entre grupos subversivos de corte comunista con el Establecimiento. Posteriormente, vinieron nuevos actores del conflicto que con la bandera de las autodefensas intentaron limpiar con machetes, sierras y metralla a todo aquel que fuera o pareciera un guerrillero. En medio de esta guerra devastadora surgió el narcotráfico con todo su poder económico y militar y logró juntar en un mismo propósito ilícito a guerrilleros y paramilitares, quienes financiaron sus actividades con la droga.

Se desató una lucha sin cuartel por apoderarse de nuevas tierras y eso llevó a un segundo gran éxodo, también sin retorno, pero en condiciones más dramáticas que el ocurrido cinco décadas atrás. Familias enteras tuvieron que dejar sus parcelas, sus cultivos, sus enseres y sus animales y atravesar durante días y noches agrestes montañas, para llegar a sitios inhóspitos en las afueras de las ciudades y tratar de empezar una nueva vida.

Ese desplazamiento cruel del campo a la ciudad de por lo menos un millón de familias en los últimos veinte años, transformó sustancialmente la demografía del país y afectó el desarrollo urbano, creando problemas críticos de marginalidad, que el gobierno tiene la obligación de entrar a solucionar, sacrificando parte de su gasto militar e invirtiendo en esa muchedumbre que cuelga literalmente en los cerros y que habita terrenos deleznables.

Durante los últimos dos años, se cuentan por centenares los muertos que han ocasionado los movimientos de masa, las inundaciones, los temblores, los incendios y los vientos huracanados en esas tierras del olvido, las mismas que la gente no quiere mirar y que sólo son fotografiadas o filmadas en raras ocasiones por personas extrañas que se ocupan de la defensa de los derechos humanos y que para voceros del gobierno son "terroristas de civil".

La llegada a las ciudades colombianas de flujos migratorios internos apenas comparables con los que sufre África, está generando unos impactos ambientales que las autoridades no se han atrevido a dimensionar: deforestación de los cerros, afectación de las cuencas hidrográficas, aceleración de la erosión, contaminación por deposición de residuos orgánicos, sólidos y líquidos y propagación de enfermedades críticas como la gastroenteritis, leptospirosis y malaria.

La gente que vive en esta marginalidad no sólo necesita un bocado de comida para no morir de hambre. También requiere sistemas de conducción de aguas negras para que no sigan corriendo por el medio de las calles y propagando olores insoportables; piden vivir lejos de los botaderos de basuras para que sus acompañantes no sean los moscos y zancudos; urgen tener sistemas de acueducto de agua potable, para no tomar el líquido de ríos y quebradas llenos de heces y de químicos; merecen tener vías apropiadas y casas dignas para no tener que trepar como micos hasta sus sitios de habitación y poderse cobijar con algo distinto que cartones y plásticos.

Esta es la lamentable realidad de millones de colombianos que viven en medio del riesgo de morir, no sólo por las balas asesinas que disparan todos los actores del conflicto, sino también tapados por un talud de tierra, o quemados en un incendio, o ahogados por una inundación.

Humberto Tobón y Tobón

Economista y Comunicador Social.  Especializado en ciencias políticas, finanzas privadas y medio ambiente.
http://www.humbertotobon.blogspot.com