El anuncio, en septiembre de 2006, de la no renovación del Convenio de Inmunidad para las tropas militares de los Estados Unidos por parte del Gobierno paraguayo, debe valorarse como un logro de las organizaciones y movimientos de Paraguay, la región y el continente, quienes desde el primer instante han denunciado esta situación y sus riesgos.

Esta victoria debemos sumarla a la larga lista de victorias de nuestros movimientos, como son la no realización de los ejercicios militares en Argentina, o la no instalación de la base norteamericana en Alcántara, Brasil, entre otras importantes que hemos tenido, y que deben seguir alimentando nuestras esperanzas.

No obstante, a pesar de este anuncio y de que hasta la redacción de este artículo no ha sido remitido ningún proyecto de Ley de Notas Reversales entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos para la realización de ejercicios militares, es importante seguir manteniéndonos alertas, no solo en Paraguay sino en toda la región.

Consideramos que este anuncio podría tratarse nada más que de una fachada, mientras detrás del escenario, las cancillerías de ambos países están viendo la forma de ampliar y mejorar el convenio sin que esto cause mucho revuelo en los gobiernos del MERCOSUR, en especial que no cause molestias a la cancillería de Itamaratí.

Señales claras de esta posibilidad ya han sido anunciadas por el nuevo canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, quien en octubre pasado manifestó la posibilidad de firmar un acuerdo de cooperación mucho más amplio con EE.UU en términos militares, por lo que hay tener mucho cuidado ante este anuncio.

Hipótesis de conflicto

La posibilidad de ampliación de un convenio militar de cooperación con Estados Unidos, tiene que ver principalmente con la elaboración y difusión de hipótesis de conflictos, -que reavivan viejas heridas- con Bolivia.  La prensa de derecha de Paraguay, vinculada con la oligarquía santacruzeña, ha publicado insistentemente, desde octubre pasado, la posibilidad de una confrontación bélica con Bolivia.

La hipótesis de conflicto se sustenta fundamentalmente en la construcción de destacamentos militares por parte de Bolivia en Puerto Quijarro cercano a la frontera con Paraguay, construcción que se encuentra pactada en el Convenio firmado entre Bolivia y Venezuela de cooperación militar.

La firma del Convenio es utilizado para la construcción de un escenario guerrerista y despierta simpatías entre una población paraguaya educada en valores militaristas sustentada en héroes y gestas militares así como en guerras atroces.  Paraguay y Bolivia mantuvieron un conflicto armado entre 1932 y 1935 – la Guerra del Chaco- que costó la vida a más de 90 mil personas.  Esta guerra fue financiada y generada por dos multinacionales del petróleo: la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell.

Removiendo viejas heridas, creando nuevos fantasmas residuos de un pensamiento único, la prensa de derecha paraguaya va calando en el ánimo de la población, para que la misma reaccione y exija al gobierno medidas más enérgicas ante sus pares bolivianos, y que se emprenda una carrera armamentista de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas paraguayas que le conviene a una oligarquía nacional que ve actualmente amenazada su estabilidad económica por el fortalecimiento del movimiento campesino.

El Ejecutivo aprovecha ágilmente esta situación, promoviendo un importante aumento al presupuesto militar, de cerca de 35 millones de dólares, durante el tratamiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación.  Ve la necesidad de fortalecer las Fuerzas Armadas por medio de capacitación técnica y la incorporación de tecnología, y es allí donde se construye un terreno fértil del que tropas de Estados Unidos y su gobierno pueden aprovechar.

El anuncio del canciller señala los rumbos de la política exterior paraguaya, que sería el de un mayor apoyo técnico y logístico por parte de Estados Unidos para nuestro país, por medio del envío de más tropas o de asesores permanentes, que colaborarían en la elaboración de planes de defensa acordes con los nuevos tiempos.

De hecho, el convenio boliviano-venezolano puede ser utilizado como excusa para la incursión de Estados Unidos en uno de los países del MERCOSUR, pues el mismo señala a estos dos países como integrantes del “eje del mal” regional conjuntamente con Cuba.

¿Por qué Paraguay?

La generación de hipótesis de conflicto con Bolivia, no es para nada casual.  Ya en agosto del 2004, durante una fugaz visita del ex Ministro de Guerra de Bush, Donald Rumsfeld a Paraguay, el mismo manifestó que el propósito de su visita, era ver la forma de establecer un cerco frente al bloque izquierdista conformado por Cuba, Venezuela y Bolivia.

Paraguay tiene una posición estratégica pues comparte fronteras con los dos “grandes” del MERCOSUR, Argentina y Brasil, además de Bolivia, tres países que juegan un papel importante en cuanto a la integración regional, y con políticas que van dirigidas al sector social, aunque podamos discrepar con las formas y existan profundas críticas hacia los gobiernos de Argentina y Brasil.

Este compartir de fronteras, también representa la puerta de entrada hacia el control y apropiación de la riqueza natural y energética y la biodiversidad con que cuentan los mismos.  Con Argentina y Brasil, Paraguay comparte uno de los bienes estratégicos más importantes y que será causa de varias guerras, como es el agua.  Con estos dos países más Uruguay, el país comparte el Acuífero Guaraní, una reserva de agua que puede satisfacer a un gran número de personas con el líquido vital.

Esta reserva importante de agua dulce tiene varias bocas de recarga importantes en la zona denominada como Triple Frontera, donde convergen las ciudades de Foz de Iguazú, Puerto Iguazú y Ciudad del Este.  Coincidentemente con este hecho, el gobierno de Estados Unidos, desde hace varios años, ha venido señalando a esta zona, como de albergue de terroristas.

Para justificar la supuesta presencia terrorista, se señala a la población árabe que reside en la zona, en su mayoría libanesa, estableciendo una conexión entre estos ciudadanos y Hizbulá, principalmente, aunque tampoco descartan a Al Qaida, o cualquier grupo terrorista que justifique un control militar de la zona, que debe ser encabezado por Estados Unidos.

A fin de lograr el control militar de la Triple Frontera en julio pasado el presidente Bush y los republicanos presentaron un proyecto de ley, que permita a la diplomacia norteamericana impulsar ante la Organización de Estados Americanos la creación de una Fuerza Militar Antiterrorista que controle la Triple Frontera.

El intento de Washington de colocar un pie firme en el Cono Sur, no tiene como única estrategia la firma del Convenio de Inmunidad para sus tropas -que actualmente se encuentra fenecido- sino que establece un abanico de formas para seguir presente en la región, siendo, una de ellas, la creación de una fuerza militar latinoamericana para la Triple Frontera con la finalidad de combatir el terrorismo, y frente a la cual debemos mantenernos alertas.

Por otra parte, a 525 km.  al norte de Asunción, la capital paraguaya, se encuentra la ciudad de Mariscal Estigarribia, distante a 200 kilómetros de Bolivia, cercana a Tarija y Santa Cruz del Oriente Boliviano, principal zona de producción del petróleo y gas de ese país.

Mariscal Estigarribia cuenta con una importante infraestructura militar, que podría servir como una base militar para Estados Unidos, con la cual este país tendría un despliegue continental, con bases importantes a lo largo del continente.  En ciudad está ubicado el Aeropuerto Luis María Argaña que posee una pista de gran envergadura, con 3.800 metros de largo y 80 de ancho, que se encuentra bajo jurisdicción civil. 

La infraestructura está pensada para una base militar, pero actualmente no se cuenta con presencia militar norteamericana, aunque si se han realizado varias visitas de funcionarios civiles y militares, inclusive del embajador norteamericano.  En la ciudad también se observa la presencia de la USAID, financiando proyectos en la zona, según señala el Informe Preliminar de la Misión de Observación Internacional de la Campaña de Desmilitarización de las Américas y del Servicio Paz y Justicia, realizada entre el 16 y 20 de julio del 2006. 

La mirada del gobierno de Bush en Paraguay va dirigida tanto a las reservas de gas y petróleo de Bolivia, como al Acuífero Guaraní.  Pero con una base en Paraguay también se cerraría el cerco militar estadounidense a la Amazonia, que busca el control de esta importante zona del Brasil.

Pero además del interés en las riquezas de la región, el objetivo es establecer una influencia política más fuerte en la región, presencia que en los últimos años Washington la ha ido perdiendo.  Instalándose en Paraguay, EE.UU instala una cuña en el corazón del MERCOSUR, buscando debilitar las posiciones de bloque que se vienen sosteniendo en cuanto a los intereses comerciales de aquel país.  La defunción del ALCA en Mar del Plata, así como las posiciones contrarias a este país en la Organización Mundial de Comercio, encabezadas por Brasil, hacen necesario que Estados Unidos vuelva a mirar hacia Latinoamérica, que, en palabras del Jefe del Comando Sur, General James Cradock, es su “área de responsabilidad[1]”.

La cuña fue instalada, debilitando algunas posiciones, pero debido a la fortaleza de la diplomacia de Itamaratí, hasta el momento ni Paraguay ni Uruguay han tenido un mayor acercamiento con Estados Unidos, que sigue merodeando la zona.

Repercusiones del convenio en la población

La firma del convenio de Inmunidad tuvo varias consecuencias a corto plazo para la población y varias a mediano y largo.  En primer lugar, aumentaron la represión y la criminalización del movimiento campesino.  Según este último, existen 2 mil campesinos procesados por ocupaciones de tierra, cierre de rutas y manifestaciones, entre otros.  La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, en su informe periódico 2005-2006[2] señala que 1.111 campesinos fueron procesados por el delito de “invasión de inmueble ajeno”.

La represión al movimiento campesino ha recrudecido con el asesoramiento de los efectivos militares de Estados Unidos, especialmente en los departamentos de San Pedro, Concepción, Caaguazú, Guaira, Cazapá y Alto Paraná.  A los movimientos campesinos de Concepción y Alto Paraná se les ha acusado de contar con grupos armados y de mantener contacto con la guerrilla colombiana.  En el caso del Alto Paraná se pudo demostrar de que la denuncia era un montaje, gracias a que el Movimiento Campesino ASAGRAPA[3], logró filmar y grabar el soborno de dirigentes con ayuda de medios de comunicación.

El intento de vincular al movimiento campesino con la guerrilla colombiana busca extender el Plan Colombia al Cono Sur, para lo cual ya se ha desplegado todo un operativo preventivo, como es el asesoramiento y capacitación de efectivos policiales, militares y fiscales en Colombia.  Así mismo, un agente de la CIA destacado en Colombia fue enviado a Paraguay ya en mayo del 2005, además, el FMI y la DEA se han instalado en el país.

Con la supuesta vinculación de campesinos con la guerrilla, se han instalado en Paraguay todas las oficinas de seguridad de Estados Unidos, y se ha iniciado una toma del campo por efectivos militares, contando con la autorización presidencial para apoyar tareas de represión, por medio del Decreto 167.

El resultado directo es el aumento de los desalojos, la represión, quema de ranchos, campesinos encarcelados, además de crear en la población un sentimiento de resentimiento hacia las organizaciones campesinas, para lo cual se valen de los medios de comunicación.

La Misión de la CADA ha recabado una gran cantidad de denuncias sobre represiones al movimiento campesino, no solo de las fuerzas públicas, sino de grupos parapoliciales que en los últimos años se han creado, fomentados por el Ministerio del Interior, denominados Comisiones de Seguridad Ciudadana, cuyo número de miembros supera al total de las fuerzas públicas.  La Policía y las Fuerzas Armadas cuentan con alrededor de 20 mil efectivos, mientras que las Comisiones de Seguridad, cuentan con 22 mil hombres, la mayoría armados, y con sistemas de comunicación y transporte, siendo reconocidos como grupos que luchan contra la delincuencia.  Igual fenómeno, pero de menores dimensiones, se reproduce en las zonas urbanas, donde también funcionan dichas Comisiones, aunque éstas tienen como fin la fragmentación social, primordialmente, también se han denunciado casos de tortura.

A esta situación de criminalización y represión, debemos agregar los denominados Operativos MEDRETES, o de entrenamiento en asistencia médica, mediante los cuales las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atendieron a más de 100 mil personas, a las cuales han suministrado medicamentos cuya composición se desconoce.

Organizaciones de mujeres campesinas paraguayas denunciaron a la Misión de la CADA, que posterior a la asistencia médica brindada por los efectivos norteamericanos, se han registrado casos de hemorragias y abortos espontáneos en las mujeres, y que si bien no puede establecerse la responsabilidad de los marines, llama poderosamente la atención la aparición de dichos casos.

Existen varias irregularidades que afectan a la población ya en este mismo instante y otras que tendrían efectos a futuro, a largo plazo, que deben ser investigados y que amerita que los ojos y oídos de los movimientos sociales sigan sobre Paraguay.

El Paraguay hoy en día, al igual que la hermana Haití, son fabricas de experimentos, donde Estados Unidos está moviendo su hilos, que juegan entre la legalidad y la ilegalidad internacional, y que deben servir para un reposicionamiento de los movimientos sociales en el continente.

Que hoy no se tenga un convenio de Inmunidad firmado con los Estados Unidos para el ingreso de tropas, no quiere decir que las mismos no se encuentren en carácter de personal administrativo de la embajada, además de la presencia cada vez mayor de USAID en el país, y de las demás oficinas de Seguridad del Gobierno estadounidense. 

Hoy Paraguay sirve de laboratorio para estudiar las nuevas formas de cooperación militar que permitan, por un lado, cubrir de legalidad a la presencia militar de Estados Unidos, y por otro que no cree tanta roncha a nivel regional, aunque de serles “necesario y urgente”, puede darse una instalación permanente sin consenso de los países vecinos.  Muchas de estas interrogantes podrían tener respuesta en este 2007, año en que la movida política electoral, marcará el rumbo que se tomará desde el 2008 en que se realizarán las elecciones presidenciales.  Por de pronto es necesario mantener la mirada en el tablero del ajedrez regional, para ver cómo se mueven las piezas e intentar adelantarnos a los movimientos que puedan darse.

Orlando Castillo  Objetor de Conciencia, Coordinador Suplente del Servicio Paz y Justicia América Latina, referente de la Red de Desmilitarización del SERPAJ AL, miembro del Serpaj Paraguay.