Río de Janeiro

Se difundió en la prensa el esquema que divide América Latina entre una izquierda “buena” y una izquierda “mala”. Quien hace la división es la derecha, preocupada en dividir a la izquierda y cooptar a la que considera “buena”.

La “buena” no saldría del modelo neoliberal, respetaría la libre circulación del capital, así como la propiedad privada, incluso la improductiva. Ella incluiría los gobiernos brasileño, uruguayo, argentino, chileno y peruano. La “mala” afectaría la libre circulación, colocando impuestos el capital financiero, nacionalizando recursos naturales, expropiando tierras y hasta las mismas industrias. Estarían incluidos en ella los gobiernos cubano, venezolano y boliviano.

Las diferencias evidentemente existen, aunque amalgamarlas en grupos no da cuenta de todos los casos. El gobierno argentino, por ejemplo, renegoció la deuda externa del país, intervino en algunos mercados – de carne, de gasolina – para presionar los precios, entre otras medidas heterodoxas. Mientras que el gobierno chileno es un ejemplo extremo de aplicación ortodoxa del modelo neoliberal en todos los planos. De la misma forma, Cuba es un país socialista, con un mando centralmente planificado de la economía, mientras Bolivia y también Venezuela poseen una economía predominantemente capitalista.

Pero lo que ese esquema esconde y no explica es porque todas esas fuerzas mantienen una gran alianza en América Latina, constituyendo un poderoso bloque de centroizquierda. Esto se da porque la verdadera línea divisoria en América Latina no es entre una izquierda buena y otra mala. La línea divisoria se da entre los que están a favor de las políticas de libre comercio – expresadas en los Tratados de Libre Comercio, que incluyen siempre a EE UU. – y los que están a favor de los procesos de integración regional: ALBA, MERCOSUR, Comunidad Sudamericana de Naciones.

Esta línea puso a los gobiernos: brasileño, argentino, uruguayo, paraguayo, boliviano, venezolano y cubano, de un lado, a favor de los procesos de integración regional. Del otro lado, Chile, Colombia, Perú, países de Centroamérica y otros del Caribe, que ya firmaron o están en proceso de firmar tratados de libre comercio bilaterales con EE UU. Ecuador estuvo a punto de firmar un TLC con EE UU, pero las movilizaciones de los movimientos populares – principalmente los indígenas – de abril y mayo de este año, impidieron que eso aconteciese, hasta que el actual presidente, Alfredo Palacio, atendiendo una de las demandas de las movilizaciones, expulsó a la empresa petrolera estadounidense Occidental, con lo que Washington rompió las negociaciones para firmar el tratado.

El gobierno que firma un TLC condena, a largo plazo, al país a no poder legislar ni siquiera sobre medio ambiente, menos todavía sobre su moneda y, sobre todo, estará atado a una relación de subordinación con la economía más fuerte del mundo, la de EE UU. De ahí la importancia de la continuidad de la política externa brasileña, que funciona como eje de unidad de la línea divisoria de la integración contra los TLCs, línea que define el futuro de los países del continente.