Hace exactamente siete años el país se encontraba en una crisis económica y fiscal sin precedentes, el crecimiento económico a duras penas se reponía del durísimo bajón del año 99 (caída del -6% en el PIB), el desequilibrio entre ingresos y gastos del gobierno nacional rondaba el 6%, los recaudos tributarios eran exiguos frente al crecimiento de las necesidades fiscales y la crisis de la capacidad de pagos de la economía (crisis de la balanza de pagos) había llevado al gobierno a solicitar un acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional, el cual puso a la economía bajo su monitoreo.

Hoy, según las cifras del gobierno, el crecimiento económico sobrepasa el 6.5%, el déficit fiscal se ha reducido ampliamente (lo cual deja muchas dudas) y hemos salido del monitoreo del FMI gracias al “responsable manejo de las finanzas públicas” como pregona a los cuatro vientos el presidente Uribe y todos los funcionarios de su gobierno.

Lo curioso es que a pesar de que ambas situaciones son en extremo disímiles, se ha propuesto la misma medida para tratar de atajar el supuesto desequilibrio fiscal que generan las transferencias del gobierno central a las regiones, y más curioso aún es que se recurre casi a los mismos argumentos para justificar la medida. Las transferencias son hoy las culpables de los problemas de la nación. De hecho, el gobierno de Uribe habla del “problema fiscal que se generaría de permitir que las transferencias vuelvan a liquidarse con base en lo establecido en la Ley 60”, problema que implicaría para el gobierno central un desequilibrio adicional de 5 billones de pesos, es decir, unos 2 puntos del PIB, o en otras palabras que su gasto excedería a los ingresos en un 1% adicional, con lo que su déficit se estabilizaría alrededor del 6%, lo cual es evidentemente malo, según lo señala el gobierno en la defensa de su proyecto.

Pero, además, el gobierno de Uribe argumenta que de permitirse volver a la Ley 60 se haría imposible invertir en las regiones porque el gobierno nacional tendría que tratar de atajar el déficit que se crea, además dice que las regiones no perderán recursos y que por el contrario los ganarán porque la reforma no implica un recorte a las transferencias, sino una fórmula estable de crecimiento. Entonces será bueno que el gobierno nacional invierta en las regiones, pero no que las mismas cuenten con recursos para hacer las inversiones de acuerdo a sus intereses particulares.

El argumento puede parecer complejo, pero en realidad no lo es: Si usted espera recibir en un año 100 millones de pesos, y dentro de un mes le dicen que no recibirá 100 sino 50, usted de todas maneras habrá ganado esos 50, por lo cual no hay ningún recorte de sus ingresos, sino que sus expectativas frente a los mismos no se cumplieron, eso es todo. Así, es como el gobierno nacional explica que las transferencias no se recortarán en el proyecto de reforma, lo cual también es un argumento controvertible: si usted espera 100 pesos porque es parte de una deuda que tienen con usted, si le dicen que solo le pagarán 50 ¿Podría usted quedarse contento cuando lo que le dicen es que solo le pagarán la mitad de lo que le deben?

Pues resulta que al usar este argumento en el debate sobre transferencias, implica asumir que se desconoce que las transferencias regionales no surgen por que al gobierno nacional se le dio la gana de crearlas, o porque son un regalo, sino porque hace parte de un acuerdo constitucional básico, es decir, son la relación más importante de aquello que se ha dado en llamar descentralización. Las transferencias son efectivamente una deuda del gobierno central con las regiones para permitir e impulsar un proceso de descentralización.

Por tanto, lo que está en juego en este debate no es solamente el monto de los recursos para las regiones, sino el modelo de descentralización que surge del acuerdo político de la Constitución y al cual Álvaro Uribe, el gobierno que encabeza, sus aliados en el Congreso y los partidos tradicionales (con excepción quizá y quien sabe hasta cuándo, del Partido Liberal) siempre han querido desmontar, ya sea porque ha permitido la aparición de movimientos cívicos que les han disputado el poder político en la regiones, o porque la torta presupuestal a repartir es cada vez menor entre tantos nuevos aspirantes, porque ha parcelado las clientelas o simplemente por principios ideológicos, especialmente de los conservadores más reaccionarios (como el ex Ministro del Interior de Uribe Fernando Londoño) que consideran que la Constitución de 1991 no es una carta de garantías, sino “una consagración de sinvergüencerías”.

Y aunque la descentralización no haya sido evidentemente la panacea para los graves problemas del país, si algo ha logrado es permitir que Departamentos y Municipios tengan un mayor protagonismo en la vida nacional, el cual les estuvo vedado por décadas de apatía y desinterés por parte de la clase política que sin importar su origen, ordenaban desde Bogotá hasta los mínimos detalles de la gestión de los municipios y departamentos. Este poder en cabeza del Presidente de la República le permitía tener un control esencial sobre el aparato político y sobre el presupuesto público donde se contempla la construcción de obras, se brinda buena parte de la salud y algo menos de la educación de los colombianos, y que le permite al poder central legitimarse y fortalecerse con una clientela de proporciones nacionales, un viejo anhelo de los mesiánicos que han gobernado o querido gobernar este país.

Centralizar los recursos de las transferencias es la verdadera intención de la propuesta de gobierno, disfrazada de crisis fiscal, de eficiencia en el gasto, de austeridad, que son términos que el gobierno esgrime en el discurso pero que como todos sabemos, no son llevados nunca a la práctica.

- Jairo Alonso Bautista es asesor Congreso de la República

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 58
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org