El 5 de Marzo del presente año se dio a conocer el “Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”. Un informe que se desenvuelve entre la diplomacia y no pocos tecnicismos, no deja de tener sus dificultades para aprehenderlo en toda su magnitud. Este informe a diferencia del presentado en años anteriores suscitaba no pocas expectativas pues era público el interés del gobierno de renovar la presencia de la oficina de la Alta Comisionada en Colombia más no su mandato, esto parecía proceder por el malestar que estos informes causaban y porque esta oficina, de alguna manera, al ser calificada de adelantar valoraciones políticas y no muy técnicas se afirmaba, venía saliéndose de su mandato. El cambio de director de la Oficina en Colombia y los cambios de Comisión a Consejo de DDHH aumentó de manera especial estas expectativas. Una mirada general al informe y teniendo en cuenta los informes precedentes, pero de manera especial el del año anterior, merecen destacarse los siguientes aspectos:

 1. Es muy importante que este informe, el cual fue concertado con el gobierno, mantenga la tesis de que en Colombia existe un conflicto armado y no un ataque de terroristas contra la sociedad colombiana como lo afirma la postura oficial.

 2. En materia de políticas públicas que es donde en definitiva se concreta la voluntad política de los gobiernos, salvo los pasos dados con respecto a los asesinatos de sindicalistas de concretar el acuerdo tripartito suscrito en la 95 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se encuentra que aparte de las buenas intenciones, todavía los pasos dados no son suficientes y crean las condiciones para que lo único que salga de esto no sea otra cosa que la dilación, comportamiento en lo cual el gobierno colombiano expresa una de sus mejores habilidades. Así por ejemplo, el “establecimiento de metodologías que defina responsabilidades institucionales, acciones y un cronograma con indicadores de progreso con respecto a las recomendaciones; avanzar hacia una reforma de las disposiciones vigentes sobre servicios de inteligencia y los anuncios de una reforma sustancia de la justicia penal militar”, es lo que en concreto se registra como avance, ante recomendaciones que no son nuevas. Un ejemplo paradigmático de esta situación por lo sustancial que es a la sociedad colombiana, se refiere a lo concerniente al Plan Nacional de Derechos Humanos, en donde el gobierno no ha dado muestras de un compromiso de traducir esta vieja recomendación en política pública, sólo se conocen respuestas reactivas puntuales a las presiones que desde la comunidad internacional o de la sociedad civil se llevan a cabo. Merece destacarse que una vez más, se reitere la recomendación al gobierno para la medición de la situación de derechos humanos se ajuste a estándares internacionales y sea por lo tanto confiable.

 3. En cuanto a la situación de derechos humanos, este informe mantiene la calificación de crítica de manera global, esto es en los civiles y políticos como en los económicos, sociales y culturales. Merece destacarse, la persistencia y el agravamiento a las violaciones de los derechos civiles y políticos. Al respecto, las ejecuciones extrajudiciales adquieren un lugar relevante en dos aspectos: no sólo en cuanto se trata de una flagrante violación al derecho a la vida en un país que constitucionalmente prohíbe la pena de muerte, sino que señala que se trata de un problema más grave en cuanto a que su comportamiento no corresponde a hechos aislados sino una práctica generalizada.

 “Esta gravísima violación de los derechos humanos no está circunscrita a una sola unidad militar pues afecta a distintas unidades distribuidas en gran parte del territorio nacional, lo que exige la adopción de medidas de alcance general. Por su magnitud y extensión territorial, los homicidios con carácter de ejecución extrajudicial no parecen constituir hechos aislados, sino conductas que tienden a generalizarse”.

 De otro lado, se mantiene la violación al derecho a la libertad en tanto se mantienen las detenciones arbitrarias tanto individuales como masivas, así como la desaparición forzada atribuidas las primeras al Estado y las segundas principalmente a las organizaciones paramilitares. Se destaca en este informe que se mantenga un ambiente de intimidación y amenaza “…contra miembros de organizaciones sindicales, periodistas (1), maestros y defensores de derechos humanos (2). Bien es  conocido que estas amenazas provienen en su totalidad del paramilitarismo y las cuales se hacen invocando el apoyo al proyecto político de la “Seguridad Democrática” sin que el Gobierno, no obstante las reiteradas peticiones de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, haya fijado una postura al respecto. Con relación al proceso de desmovilización y reintegración de los paramilitares este informe plantea dos inquietudes de fondo: El hecho de que en este proceso “un alto porcentaje de las personas desmovilizadas no participaba directamente en las hostilidades y algunos paramilitares continúan sin desmovilizarse” y que “ resulta de especial preocupación el hecho de que numerosos integrantes de los cuadros medios del paramilitarismo no se desmovilizaron o han vuelto a armarse y dirigen nuevos grupos armados ilegales que han ido surgiendo en distintas partes del país” . Esto contrasta de manera radical con los pronunciamientos oficiales que han declarado el final del paramilitarismo en Colombia. De allí que sea totalmente pertinente la exigencia planteada de que “La aparición y actuación de estos nuevos grupos supone un incumplimiento del compromiso de desmovilización y desmonte de sus estructuras armadas. Y “Si bien la fuerza pública ha detenido a más de 900 desmovilizados por incurrir en actividades delictivas, el aumento del número de efectivos de estos nuevos grupos armados ilegales, el progresivo incremento de su poder económico y militar, y el fortalecimiento de su control sobre determinadas regiones del país, exigen una drástica aplicación de la ley contra estas nuevas manifestaciones armadas”.

 De otro lado, se plantean las reservas frente a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, en tanto no está asegurado que a las víctimas se les respete sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Llama la atención sobre el hecho de que la aplicación de este instrumento de justicia transicional no termine por colocarse del lado de la impunidad.

 4. Sobre la observancia del Derecho Internacional Humanitario este informe una vez más señala, dentro del marco del conflicto armado, cómo el conjunto de actores armados, sean ellos legales e ilegales, violan de manera sistemática este derecho y por lo tanto el alto grado de degradación que tiene dicho conflicto. Dentro del registro de dichas violaciones se inculpa a las Farc de la siembra de minas, el reclutamiento de niños y niñas y la mayoría de las masacres ocurridas; al paramilitarismo no obstante su desmovilización, continua siendo una causa de asesinatos selectivos, acciones contra la sociedad civil y desplazamiento forzado. Llama la atención que en un 79% se hubiese incrementado el asesinato de sindicalistas y de que no se sepa en muchos de ellos los causantes. Con respecto a la fuerza pública, en consonancia con la “política de seguridad democrática” que plantea que los “terroristas” se mimetizan entre la población civil, desconociendo principios como el de proporcionalidad, distinción, necesariedad y legalidad, se han llevado a cabo acciones de la fuerza pública que como lo señala el informe “…dio lugar a conductas constitutivas de graves infracciones del derecho internacional humanitario que contribuyen a crear condiciones de riesgo y de extrema vulnerabilidad para los civiles”. Por ello, es cada vez más pertinente plantear la pregunta de cual seguridad habla la “seguridad democrática”, pues en el fondo lo que se ha traducido en materia de DDHH y del DIH es una profunda inseguridad.

 Sobre las recomendaciones, que en este caso fueron 18 y no 26 como en el año anterior, pudiera pensarse que esto induce a pensar que las cosas han mejorado, la realidad es que dichas recomendaciones reflejan las conclusiones que derivan del seguimiento llevado a cabo. Al respecto merecen destacarse:

 1. El llamado a que el gobierno retome una alternativa de salida negociada al conflicto.

 2. La necesidad de que el gobierno deje de lado su reiterada postura dilatoria con respecto al cumplimiento de las recomendaciones plasmadas en los informes anteriores, y adopte un compromiso real para su cumplimiento.

 3. Con respecto al paramilitarismo la recomendación es absolutamente perentoria cuando señala: “La Alta Comisionada alienta al Gobierno a desarrollar una política eficaz de extinción total del paramilitarismo, en cumplimiento de la cual se desmantelen las estructuras políticas y económicas de los grupos paramilitares ya desmovilizados, se haga cesar la actividad delictiva de los nuevos grupos armados ilegales aparecidos con posterioridad al proceso de desmovilización, y se sancione a los servidores públicos que con unos y otros tengan nexos de cualquier naturaleza. La Alta Comisionada alienta al poder judicial a proseguir con las investigaciones de servidores públicos y líderes políticos que tengan vínculos con paramilitares”.

 4. En cuanto a la ley de Justicia y Paz se solicita “que en cuanto a la aplicación de dicha ley, a que el Estado en su conjunto garantice los derechos de las víctimas en lo que atañe a la verdad, a la justicia y a la reparación”.

 5. Merece destacarse la recomendación consignada en el numeral 127, cuando se hace referencia al PIB recientemente publicitado por el gobierno. Allí se ha hace el pedido de que esto se traduzca en modificar los altos índices de pobreza y desigualdad social existentes y dar una eficaz atención a las víctimas del conflicto.

 En resumen, nos encontramos ante un buen informe, en el cual la Oficina de la Alta Comisionada da una buena cuenta del cumplimiento de su mandato y llama la atención sobre los aspectos centrales con sus respectivas recomendaciones en aquellos campos en los cuales los DDHH se han visto gravemente violados. Tres aspectos de este informe determinaran el comportamiento de diferentes actores en el presente año: la desmovilización paramilitar y la aplicación de la ley de Justicia y Paz, el comportamiento de la justicia frente el llamado escándalo de la parapolítica y su real independencia en las decisiones que tome, y el compromiso del gobierno con el desarrollo de una política pública en materia de derechos humanos anticuada Plan Nacional en DDHH.

Marzo 26 de 2007 5

- José Girón Sierra es presidente del Instituto Popular de Capacitación, IPC

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org

Notas:

1 La FLIP registró 86 periodistas amenazados, de los cuales 10 tuvieron que salir del país.

2 Según la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General, se entiende por defensor de derechos humanos toda persona que, individual o colectivamente, promueva y procure la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin importar su cargo, función o tarea que cumpla en la sociedad.