El pasado primero de junio, el gobierno del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), presidido por Antonio Saca, cumplió dos años en el poder. En este lapso no solo se han continuado con la aplicación de las políticas neoliberales, privatizadores y excluyentes que iniciaron los gobiernos “areneros” que le precedieron, sino que hay una situación crítica en materia de derechos humanos (impunidad, autoritarismo) y se han profundizado la sumisión y la subordinación a Estados Unidos, todo lo cual ha echado por la borda las aspiraciones de transformación del país que se abrieron tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 entre el insurgente FMLN y el gobierno.

Al firmar los mencionados acuerdos que pusieron fin a una guerra que costó la vida a 80.000 salvadoreños/as, se establecieron cuatro objetivos: 1) Superar el conflicto armado por la vía política derrotando la visión guerrerista, 2) Iniciar la democratización del país, 3) Restablecer las libertades democráticas y la vigencia de los derechos humanos suprimidos por la dictadura y 4) Entrar a un proceso de reconciliación.

Catorce años después, no solo no se han cumplido estos objetivos sino que incluso han pretendido ser “olvidados” por sectores ligados a la derecha para los cuales “ya no hay que pedirle peras al olmo” y “trascender más allá de lo puramente político-militar y reclamar reivindicaciones sociales y económicas sería exigir algo que no estaba contenido ni el espíritu ni en la letra de los Acuerdos”. (1) Sin embargo, paradójicamente, estos mismos sectores han presentado a El Salvador como un modelo a seguir para los casos donde subsisten conflictos armados.

“Lo que el enemigo no ganó en el campo de batalla o en la mesa de negociaciones, ha tratado de ganar en el período de ejecución de los Acuerdos que han dependido mucho del Ejecutivo, el cual ha tratado de mantener el statu quo”, dice a ALAI la ex comandante del FMLN Nidia Díaz, quien es representante de la secretaría internacional de dicho Frente.

En este período, las elites salvadoreñas aliadas al gran capital transnacional han impuesto a rajatabla el modelo neoliberal en todas sus dimensiones. Sus propósitos han sido convertir al país en una plaza financiera y de servicios, integrada a Estados Unidos. En este sentido, los gobiernos de ARENA han hecho todo lo que esta alianza les ha demandado: se han privatizado las telecomunicaciones y la electricidad, se ha dolarizado la economía, se ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se ha permitido el establecimiento de bases militares y dependencias del gobierno federal de Estados Unidos en territorio salvadoreño y se ha enviado tropas a colaborar con la ocupación de Irak. (2)

La imposición de un modelo que ha creado enormes inequidades y exclusiones, que ha empobrecido a la población (según el PNUD, la pobreza afecta al 43% de la población) y la ha obligado a emigrar (cada año, 200.000 salvadoreños se van a Estados Unidos), solo puede imponerse con métodos autoritarios y mediante la represión. “Para paliar la gravísima crisis y ante las inevitables respuestas del movimiento popular, la derecha ha tenido que recurrir a los métodos del pasado, y hoy está tratando de penalizar las luchas populares, tipifica las marchas y las manifestaciones en la calle como actos ilegales de desestabilización y terrorismo”, señala Nidia Díaz. Tras la firma de los Acuerdos de Paz se creó la Policía Nacional Civil  (PNC) separando los ámbitos militares y policiales. Esta división, sin embargo, se ha ido reduciendo drásticamente y el gobierno de Antonio Saca ha militarizado las calles, por lo que es usual ver a grupos de soldados patrullado campos y ciudades. Adicionalmente, se ha desvirtuado el papel de la PNC, cuyo objetivo exclusivo es desarrollar el trabajo policial, al emplearla para reprimir las protestas populares. Cabe indicar que los grupos que se oponían al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fueron violentamente reprimidos.

Autoritarismo e impunidad

La tendencia autoritaria para encarar los conflictos sociales también se manifiesta en el tratamiento de la inseguridad y la delincuencia, que son considerados por los/as salvadoreños/as como uno de los problemas más importantes. El fenómeno de las pandillas juveniles o maras, por ejemplo, ha sido afrontado con planes como “Mano dura” “Super mano dura” y “Plan Maestro de Seguridad” que a todas luces han fracasado pues ponen énfasis en los aspectos punitivos, descartando o minimizando la necesidad de atacar preventivamente las causas estructurales y a afrontar integralmente las múltiples dimensiones que presentan la violencia y la delincuencia. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha denunciado reiteradamente la existencia de grupos armados ilegales que estarían ligados a la policía que serían los responsables de los asesinatos extrajudiciales de varios jóvenes ligados a las maras. Defensores de los derechos humanos han solicitado depurar a la Policía y desmantelar esos “grupos de la muerte que circulan fuertemente armados, con total libertad, en automóviles con vidrios polarizados”. (3) Para muchos salvadoreños, esto les trae a la memoria a los escuadrones de la muerte de las décadas de los setenta y ochenta que asesinaron a sindicalistas, líderes sociales, sacerdotes y religiosas.

Algunos datos de organismos de derechos humanos indican que el gobierno de Antonio Saca está fracasando en su intento de contener la violencia y dar seguridad a los ciudadanos: las muertes violentas en el 2005 sumaron 1624, en tanto que en el 2004 fueron 1,259. A esto se suma el clima de impunidad, que impide que los delitos se investiguen y se castiguen a sus autores. Frente a la debilidad e ineficacia de instituciones como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la República, se han multiplicado la peligrosa práctica de hacer justicia con mano propia “a partir de la cual cada ciudadano en particular ha terminado convirtiéndose no solo en garante de su propia seguridad sino en verdugo de quienes, real o presuntamente, lo amenazan”. (4) Adicionalmente, se presenta el fenómeno de la privatización de la justicia de la que los empresarios ligados a las agencias de seguridad y los comerciantes de armas de fuego obtienen grandes réditos económicos.

Y a propósito de impunidad, esto es lo que prevalece también en el caso de las masacres, asesinatos y desapariciones (que suman 8000) cometidas durante el conflicto armado. La Ley de Amnistía aprobada en marzo de 1993 durante el gobierno de Alfredo Cristiani, que perdonó a los genocidas contraviniendo lo estipulado en los Acuerdos de Paz, continúa vigente y no ha podido ser derogada en la Asamblea Constituyente en donde el opositor FMLN tiene 32 de los 84 escaños, un número insuficiente para este fin.

Territorio ocupado

De todos los gobiernos de ARENA quizá el más sumiso con Estados Unidos es el de Antonio Saca (en América Latina, Saca disputa, con el presidente colombiano Alvaro Uribe, el torneo de quien es el “mejor aliado” de Bush). El mandatario firmó el acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos (septiembre de 2005) para la instalación de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés). Bush recurrió a “su amigo Saca” para instalar la ILEA en El Salvador una vez que un fuerte movimiento social en Costa Rica impidió que ésta se asiente en territorio tica argumentando que Estados Unidos se había negado a excluir a instructores militares y a personal de las fuerzas armadas en la academia, la extensa inmunidad diplomática otorgada al personal estadounidense y la falta de poder real del director costarricense. (5)

La ILEA es una escuela de entrenamiento policial financiada por Estados Unidos. La primera ILEA se creó en 1995 en Budapest y posteriormente se establecieron otras en Bangkok, Botswana y Nuevo México (Estados Unidos). Instructores del FBI y otras agencias de Estados Unidos dictan cursos de capacitación de seis a ocho semanas a directores policiales de nivel medio, fiscales, jueces y otros funcionarios encargados de la aplicación de la “justicia criminal”, pero también imparten programas avanzados de capacitación en temas como terrorismo nacional y transnacional, trafico de drogas, trafico de personas, lavado de dinero, derechos humanos, etc. La ILEA de El Salvador se encargaría de entrenar cada año a un promedio de 1500 oficiales provenientes de organismos de seguridad de América Latina.

“Lo mas inmoral de todo este asunto –señala Nidia Díaz- es cómo puede formar mi país a otros policías e investigadores cuando en El Salvador persiste la impunidad, cuando no hay capacidad de investigar los delitos de lesa humanidad, cuando no hemos firmado la Corte Penal Internacional de Roma porque los yanquis dicen que no la firmemos”. Adicionalmente se han manifestado en El Salvador fuertes cuestionamientos sobre la formación que impartirán los representantes policiales de Estados Unidos, país que en la época de la guerra fría formó a más de 60.000 militares en la tristemente célebre Escuela de la Américas en la que se utilizaban manuales de tortura y secuestro de ciudadanos. Uno de ellos fue hallado en Paraguay y llevaba como título “¿Cómo mantener vivos a los torturados?”.

¿Con que autoridad moral puede formar Estados Unidos policías y operadores de la justicia cuando ahora mismo mantiene prisiones como las de Guantánamo que aloja a 457 prisioneros de distintos países acusados de terrorismo a los cuales no solo se les mantiene en un “limbo legal” sino que se les ha aplicado torturas hasta ahora desconocidas como la llamada privación sensorial y la alimentación a la fuerza, mediante sondas nasales, a los prisioneros que se niegan a comer, a más de otros métodos viejos como el aislamiento prolongado? ¿O serán precisamente estas “técnicas de tortura” las que Estados Unidos desea “compartir” con sus colegas latinoamericanos?

Pero la ILEA no es la única entidad que Estados Unidos mantiene en El Salvador. También cuenta con una base militar en el Aeropuerto de Comalapa que se instaló en el año 2000 y oficinas de la FBI que se abrió en el 2005 y de la DEA. Después de Colombia, El Salvador es uno de los que mayor ayuda militar recibe de Estados Unidos: entre el 2002 y el 2005 ascendió a 23 millones de dólares. Estados Unidos, asimismo, lleva a cabo en el norte de Morazán ejercicios militares denominados “Nuevos Horizontes” a un costo de 14 millones de dólares. En este marco, los militares estadounidenses efectúan tareas de atención médica y veterinaria, y construcción de escuelas que pueden ser realizadas con gente y recursos del país. Esta zona fue una de las principales bases sociales del FMLN y en ella la población fue atacada salvajemente por batallones de militares salvadoreños entrenados por estadounidenses ¿Qué es lo que pretenden ahora Estados Unidos en esta región? ¿Acaso controlar el territorio y atemorizar a la población?

El gobierno de Antonio Saca, en este contexto, ha hecho cosas increíbles: con recursos propios mantiene a un contingente de 400 soldados en Irak, cuando otros países como España, Italia y Japón se han retirado o están en vía de hacerlo. Por otro lado, El Salvador forma parte de la OTAN como observador… paradójicamente sin tener salida al Atlántico.
 

Notas

 

(1) Universidad Centroamericana “José Simón Cañas” (2006) Sociedad y olvido: a propósito del XXVI Aniversario del asesinato de Oscar Romero, Proceso Informativo Semanal, Nº 1186, Centro de Información y Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI), San Salvador, marzo 22. 

 

(2) Universidad Centroamericana “José Simón Cañas”, Revista Estudios Centroamericanos, Nº 687, Vol. 61, “Hacia la dictadura del gran capital”, San Salvador, enero 2006. 

 

(3) Alejandro Pintamalli (2006), El Salvador: Denuncian crímenes extrajudiciales

Radio Nederland, http://www.informarn.nl/informes/americas/elsalvador/act060615_elsalvador, 15 de junio. 

 

(4) Universidad Centroamericana “José Simón Cañas” (2005) “El Salvador en 2005: inseguridad ciudadana y vulnerabilidad”, Proceso Informativo Semanal Nº 1175, Centro de Información y Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI), San Salvador, diciembre 21. 

 

(5) Ver http://www.cispes.org

 

Publicado en América Latina en Movimiento Nº 409  (28-06-2007)