1. ¿Estatuas para los señores de la motosierra?

Hace algún tiempo escuche decir que en la Plaza central de Montería, capital del departamento de Córdoba, los ganaderos y terratenientes de esa región querían hacerle un busto a Carlos Castaño y otro a Salvatore Mancuso. Es posible que esos bustos de éstos criminales patentados ya “ennoblezcan” la décima primera brigada del Ejército, el comando central de la policía, las oficinas del DAS o quizá la catedral de esa capital; emblema como todos sabemos del narco-paramilitarismo; tanto como un día no perdido en la bruma de nuestra historia y  cultura de horror y violencia, sin duda, lo fue Puerto Boyacá en el Magdalena medio. Razones no le faltarían a algunos en la tierra del Sinú y San Jorge para proponer semejante esperpento, de hecho para Rodrigo García Caicedo, cabeza visible de los ganaderos y terratenientes en Córdoba, y al mismo tiempo entusiasta defensor de la conformación de los grupos paramilitares, ya sea en su versión legal  ---las Convivir[1]-- o ilegal, los mencionados jefes paramilitares son una suerte de héroes nacionales, pues liberaron a dicho Departamento del látigo de la guerrilla y de paso trajeron a la región, según, la tranquilidad y la paz que ella necesitaba. Así al menos lo repite como un estribillo al país entero y con una retórica afrancesada, por demás.

Sólo a unas mentes perturbadas como la de Rodrigo García Caicedo, Jesús María López Gómez (El Mono López), entre otras, se les ocurriría pensar que Salvatore Mancuso, en este caso, un  personaje con más de 336 crímenes entre pecho y espalda,  (y no en la cabeza), porque, sin duda, éste abominable criminal de guerra no tiene conciencia, podría ser objeto de una insobornable admiración. Y como una prueba de lo que afirmo, debo confesar que en varias ocasiones, por allá en los años 90, cuando trabajé en aquella tierra, escuché a Rodrigo García Caicedo[2] decir que Fidel y Carlos Castaño, al igual que Salvatore Mancuso, no eran los criminales que se decía de ellos, que habían sido demonizados por los medios de comunicación y que mucho le debía el departamento de Córdoba a éstos “señores”.                

Muchas razones tenían y tienen, sin equívoco alguno, Rodrigo García Caicedo y el resto de los ganaderos de esa zona de Colombia, entre ellos el Presidente Álvaro Uribe Vélez y su primo Mario Uribe, expresidente del Congreso (aunque éstos no lo digan) para pensar así. No hay que olvidar que durante más de 20 años ésta horda de criminales, de la peor laya, entrenado y equipados por el Ejército y actuando en complicidad con la Policía Nacional y DAS, no podía ser de otro modo, han cuidados de modo denodado sus haciendas, han perseguido, torturado, desaparecido y asesinados a los campesinos e indígenas que clamando una reforma agraria, legal o de hecho, presionaban sus tierras. Y también el proyecto paramilitar les ha servido para expropiar a los pequeños propietarios de sus humildes parcelas, consolidar la tenencia de la tierra y expandir la frontera agraria hacia zonas del departamento que de otro modo les hubiera resultado imposible, lo que han logrado no sin generar un pavoroso y criminal desplazamiento en el departamento de miles de personas y de millones en todo Colombia.

Paramilitares y políticos: encuentros y desencuentros

Y no sólo los paramilitares han servido y con eficacia a los ganaderos y terratenientes, también han brindado un apoyo irrestricto a la élite política a la hora de afianzar un proyecto político propio de gamonales y clientelistas. Así, paramilitares y políticos en Córdoba (y Colombia) han hecho de la muerte, la antidemocracia, la exclusión, la corrupción y el silencio de la población sus principales bazas, y al mismo tiempo, sus más inconfundibles señas de identidad en materia política. De esta manera, veinte años de paramilitarismo en aquella región “han servido” para democratizar la miseria y para convertir al departamento en una gran fosa común[3], y de igual modo, en un espacio en donde el silencio y el terror es hermano siamés de la inactividad sociopolítica de otroras organizaciones sociales que brillaron en su día por enjuiciar al gamonalismo en todas sus expresiones y formas y al clientelismo en todas sus manifestaciones. No hay duda que notables servicios se han prestado entre sí paramilitares y políticos para afianzar un modelo de organización social y política, el cual visto los últimos acontecimientos ha terminado por imponerse en otras regiones del país. Así, los políticos: bien como gobernadores unas veces, u otras como alcaldes, concejales, diputados o congresistas, han terminado poniendo su capacidad de gestión, lo poco que tienen de ello y lo que representan, es decir, al Estado, al servicio del paramilitarismo. En Córdoba, esto es un axioma, una cuestión que no requiere demostración alguna y para decirlo y quizá en los mismos términos regionales, es decir, en lenguaje coloquial, es algo que “lo cantan hasta los gallos en la madrugada”

De este modo, para nadie es un secreto que no pocas alcaldías en Córdoba han estado desviando desde hace mucho tiempo recursos hacia las arcas de los paramilitares, sobre todo los dineros destinados para la salud de los más pobres y necesitados, de los programas de vivienda, de las contrataciones de obras civiles y todo lo relacionado con las nóminas y plantas de personal. Por esta vía los paramilitares se han quedado con inmensas cantidades de dinero y a quienes en un momento dado se han atrevido a cuestionar su accionar, o salirse de lo predefinido, como el caso del exalcalde de Tierralta, Héctor Eduardo Acosta, en el 2001, han sido asesinados. En otros casos, los paramilitares han colocado en el seno de la administración local y regional a importantes personajes que pivotan sobre su esfera podérica, y para ello han logrado que los responsables políticos de no pocas entidades de carácter público hayan abierto las puertas de la administración pública para que familiares o amigos del proyecto paramilitar se inserten dentro de la misma, sobre todo, en cargos claves para desde allí tener un estricto control sobre los recursos y las ejecutorias administrativas.

Un claro ejemplo de lo anterior lo constituye, de seguro, la presencia del cuñado de Salvatore Mancuso, Manuel Troncoso Álvarez, actual Secretario de Salud del Departamento de Córdoba y de William Saleme Martínez, actual Secretario de Hacienda de ese mismo departamento y de quienes dice el Senador Miguel Alfonso de la Espriella que sus nombramientos fueron la resultante de una especie de pacto político entre Mancuso y el senador Juan Manuel López Cabrales. Al menos así se lo gritó de la Espriella a López Cabrales, y quien y para ser rigurosos con la historia, antes ya había acusado a aquel de deberle la curul a Mancuso. Este hecho[4] se produjo el día 3 de enero del año 2006, ello en medio de una discusión en donde se estaba definiendo un reparto burocrático, en especial, quién sería el Gobernador de Córdoba, como quiera ello que el hermano del Senador Juan Manuel López Cabrales, es decir, Libardo José López, y quien desempeñaba hasta hacía unos meses atrás ese cargo, había sido destituido por el Consejo de Estado por celebración indebida de contrato. Fue testigo presencial de este mutuo señalamiento de apoyo y contubernio con el paramilitarismo, (¡imagínense¡) nada más y nada menos que el Presidente Álvaro Uribe Vélez. Otro personaje, de hecho, no  podía ser.

Al asalto de las entidades Públicas

Y si la negociación y el acuerdo político entre los paramilitares y las distintas sensibilidades políticas del departamento fue una constante a la hora de nombrar a personas de las entrañas del paramilitarismo, ella no fue la única vía de cómo éste fenómeno llevó a sus cuadros a  cargos administrativos en importante entidades del orden nacional, departamental o municipal. La táctica en otro momento utilizada por los paramilitares fue imponer a sus candidatos a través de la coacción y la tentativa de crimen o el crimen contra sus opositores. Un caso revelador lo constituye la manera como impusieron a Víctor Hugo Hernández como Rector de la Universidad de Córdoba en el año 2000 y para lograr tamaño objetivo presionaron a los candidatos opositores, en primera instancia a Habib Barrera, candidato que representaba al Movimiento de Juan Manuel López Cabrales, (hoy señalado de haber suscrito el documento para Fundar una Nueva Colombia con los paramilitares) y después a Hugo Iguarán[5], contra quien atentaron en principio y después terminaron asesinándolo en septiembre del 2000, tal y como lo reconoció Mancuso en la versión libre que hace pocos días rindiera ante el Fiscal octavo de la Unidad de Justicia y Paz, con sede en Medellín, y de quien es propio decir que, es la instancia responsable de asumir la investigación en el marco de la legalización que hoy se da del paramilitarismo en Colombia de la mano del Presidente Uribe.

Así, por la vía del terror Mancuso se apropio de la Universidad de Córdoba y allí terminó imponiendo no sólo a singulares miembros de su familia, entre ellos: Jhon Jairo Támara Gómez, Jefe de Servicios Generales, Alina del Carmen Gómez Tamara, Jefa de Archivo y Emma Gómez Támara, Directora de Bienestar Universitario, sino manteniendo a personas a las que se les atribuían y atribuyen estrechos nexos con los paramilitares. Así, allí está ahora como actual rector Claudio Sánchez[6], de la simpatía de Uribe, exdirectivo de Víctor Hugo Hernández y quien le reemplazó después que éste saliera huyendo[7] por, al parecer, querer hacer negocios en beneficio propio y a espaldas de los paramilitares. De la Universidad se sabe también que su Consejo Superior se iba reunir en pleno a Santa fe de Ralito con Mancuso y demás, y a definir como es lógico suponer, la política universitaria, entre la que estaba y está hacer que los trabajadores y profesores perdieran derechos adquiridos ¿Cómo pueden estar los directivos  actuales de la Universidad de Córdoba tan orondos en sus cargos con todo lo que allí sucede y ha sucedido? ¿Por qué Claudio  Sánchez y Jairo Durango[8], por ejemplo, se han sostenido todo este tiempo como Directivos en el Campus? ¿Por qué la Fiscalía o cualquier ente de control no han procedido a realizar una investigación a fondo? ¿Quiénes desde el espacio universitario: profesores, estudiantes, directivos y trabajadores han contribuido al fortalecimiento de la cultura para-universitaria?  

De la Corporación de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) los paramilitares se apoderaron de manera silenciosa pero efectiva en diciembre del año 2000. En esta entidad acabaron con el dominio que también tenía el senador Juan Manuel López Cabrales, quien  a través de Jaime Torralvo había dirigido ese organismo por lo menos en los últimos diez años. Al parecer éste había aceptado con resignación que personajes provenientes del mundo cercano al paramilitarismo llegaran hasta ese espacio habitualmente mal-gobernado por los miembros de su movimiento político: Mayorías Liberales. Hasta aquí los paramilitares en asocio con otros políticos del Departamento llevaron a Jaime García Exbrayat, hijo de Rodrigo García Caicedo, y de quien se sabe es un personaje muy del seno y de la confianza de los paramilitares. García Exbrayat llegó a la CVS en calidad de Director el día 11 de diciembre del año 2000 y se posesionó el 29 de diciembre de este mismo año, es decir, en un momento en el que los paramilitares habían pasado a la ofensiva y a apoderarse de muy reconocidos y prestantes espacios institucionales.

Y así los paramilitares se fueron apropiando de importantes entidades públicas, no sólo por los presupuestos que ellas manejaban o manejan, sólo basta ver los presupuesto de la Universidad de Córdoba y de la CVS, sino por lo que política y estratégicamente representaban y representan para el paramilitarismo dichas entidades, las cuales tienen una importante incidencia en el mundo de lo social dentro del marco local y regional, y por lo tanto, son de gran utilidad para los fines y propósitos del paramilitarismo en la región. Y no hablemos de algunas alcaldías. El caso de la CVS es muy diciente, éste organismo es poco lo que hizo, bien con Jaime Torralvo o bien con Jaime García Exbrayat (y de igual modo antes otros directores) para evitar que terratenientes y ganaderos desecaran ciénagas como la del Cerrito, Ruanillo y el Vidrial, en las cercanías de Montería, o encierren o estén encerrando la ciénaga de las Marías, el Charco y Todo Verán, en prelación de sus intereses y en detrimento de los intereses de los campesinos, obviamente, y del ambiente en términos generales.

Juan Manuel López: ¿amigo o enemigo del paramilitarismo?

Frente a todo esto Juan Manuel López Cabrales, el senador más votado del Partido Liberal colombiano en las últimas elecciones para senado y Cámara, (sus listas) y uno de los ejemplos más patético del clientelismo y el gamonalismo político en Colombia, ha callado casi siempre; en Córdoba y en el Senado. Así, nunca musitó ni ha musitado nada sobre la manera de cómo fue desplazado por parte de Mancuso y de Castaño de la Universidad de Córdoba y de la CVS, sus feudos burocráticos, razón por la cual ahora no tiene la moral mínima para salir a decir, como hoy lo dice y sin sonrojarse, y en eso lo acompaña un sector de los medios de comunicación, que él ha ejercido en Córdoba una lucha frontal contra el paramilitarismo y que es a su antiparamilitarismo, no demostrado por cierto, que debe, recalca siempre, su alta votación en el 2002 y el 2006 y la cual superó en ambos casos los 100 mil votos. Si su talante hubiera sido la de confrontar al paramilitarismo seguro estoy que sus resultados no fueran los que hoy son políticamente hablando, lo cual supone que le hubiese resultado imposible sostener una maquinaria electoral en el Departamento tal y como hoy la tiene, aceitadita, por supuesto, y la cual desde 1986 viene en alza, sólo basta mirar los datos que ofrece la Registraduría como para desmentir que nuestro antiparamilitar de marras sea lo que dice ser y posea los atributos de antiparamilitarista que sobre el particular le confieren César Gaviria y Horacio Serpa Uribe, y para quienes Córdoba no está más paramilitarizado gracias a la indoblegable voluntad de Juan Manuel López Cabrales.

Más cínico no se puede ser, sin duda, y más cuando las Directivas del Partido Liberal, en este caso, el Expresidente Gaviria, sabe y de modo suficiente que la familia López Gómez y López Cabrales tiene una cohabitabilidad con el paramilitarismo de tiempo atrás, y es justamente Jesús María López Gómez, el Mono López,  su ejemplo más consumado. Así pues que, si la familia del Senador López Cabrales hubiera representado en algún momento una verdadera amenaza para el surgimiento, desarrollo y consolidación del proyecto paramilitar en Córdoba, pocas dudas existen de que los Castaño Gil o el mismo Salvatore Mancuso hubieran procedido contra éste, bien para asesinarle política o físicamente; tentativas que en ningún momento han existido, ni siquiera durante su tan sonado y  reivindicado secuestro por parte de las AUC en octubre del 2000, pues su objetivo no era otro, al colegir por los hechos, que, una retención con fines políticos, por un lado, y por el otro, hacerle saber al senador cuáles serían las nuevas condiciones en las que el paramilitarismo actuaría en la perspectiva de controlar importantes entidades públicas en el departamento y las cuales eran manejadas por su movimiento político Mayorías Liberales.

En relación con el móvil político del “secuestro”[9] del Senador López Cabrales hay que poner el mismo en un contexto y, en este sentido, hay que interpretarlo como el mensaje que los paramilitares agrupados en las AUC enviaban al Presidente Andrés Pastrana en el sentido en que no estaban dispuestos a tolerar que, además de haberle concedido a San Vicente del Caguán a las FARC, se les entregara al ELN cuatro municipio del sur de Bolívar para que ésta organización guerrillera realizara su Convención Nacional dentro del marco de unos posibles diálogos con su gobierno, mientras por otro lado, negaba por todos los medios y con todo tipo de argucias el estatus de interlocutor y actores políticos a las AUC. Ante esta negativa, las AUC en cabeza de Castaño y Mancuso desplegaron unas acciones políticas y militares dirigidas, en última instancia, a boicotear el posible despeje que favoreciera al ELN y a que su fuerza paramilitar se le reconociera su legitimidad y se le ofrecieran condiciones simétricas frente al diálogo y la negociación política que el gobierno de entonces llevaba a cabo con distintos actores armados.

Los hechos desmienten las palabras

Entre las acciones promovidas por Castaño y Mancuso en pro de dichos objetivos se enmarcan: el paro realizado por importantes alcaldes del sur de Bolívar y del Magdalena medio agrupados en Asocipaz y el Movimiento social “No al despeje,” y también el secuestro de algunos congresistas, entre ellos el de Zulema Jattin, Juan Manuel López Cabrales y otros más. Y si en esta cuadratura es que hay que entender el secuestro del Senador López Cabrales y el de los demás, no menos cierto es que su secuestro también fue utilizado por Mancuso y Castaño para recordarle, como en líneas anteriores lo expuse, cómo sería la nueva cartografía de la configuración, distribución y administración del poder local y regional en donde los paramilitares entrarían a gobernar con sus propios cuadros o, en su defecto, donde ya estuvieran gobernando. Propio y apropiado resulta entonces recordar que, cuando se produjo el secuestro del Senador en mención ya éste había perdido la Universidad de Córdoba y se preparaba para perder la CVS, hecho que se consumaría, tal y como lo he afirmado, en diciembre del 2000. El secuestro del Senador López Cabrales y así hay que dejarlo bien expreso, marcó un punto de inflexión en la trayectoria del paramilitarismo en Córdoba y en el resto de la región caribe, pues los paramilitares pasaron de ser finqueros y clientes de los políticos de oficios, a convertirse en sus patrones y a utilizar a éstos como clientes, en un momento, y en otro como aliados y como miembros del proyecto paramilitar, sobre todo, en beneficio de sus comunes y múltiples objetivos.

Y dentro de esos objetivos comunes y diversos que de modo simbiótico existen entre los paramilitares y los sectores políticos de los partidos tradicionales en Córdoba y de una parte de la Costa Caribe (y del resto de Colombia, seguro) es que hay que entender el Proyecto Político de Construir una Nueva Colombia suscrito e impulsado por éstos, tal y como el senador Miguel Alfonso de la Espriella diera a conocer en el marco de su versión libre sobre los señalamientos que pesan en su contra por apoyo al paramilitarismo. En dicha diligencia el mencionado Senador reconoció que firmó en el mes de julio del año 2001, en el campamento de los paramilitares, un “documento confidencial y secreto”, en otras palabras, un acuerdo político en el que la Dirección de las AUC y 32[10] personas, entre las que se cuentan Senadores, Representantes a la Cámara, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales y el Director de la CVS de entonces, es decir, Jaime García Exbrayat, se comprometen a impulsar un proyecto político en donde la sagrada propiedad privada y los deberes frente a la comunidad, son, sin duda, el principio articulador de dicho proyecto, el cual sólo es sus intenciones y prácticas reflejan una naturaleza totalitaria.   

Además, el mismo documento consigna que es un deber y una obligación de todo colombiano luchar por la paz. Así las cosas, no hay duda que la paz es un decir, pues visto lo acontecido hasta hoy, lo que debían garantizar al parecer los políticos que suscribieron el documento era la creación de un para-estado y una parainstitucionalidad que le diera pábulo al paramilitarismo en los más disímiles campos. La aprobación de ley de Justicia y Paz de la mano del 35% del congreso que tanto reivindicó Mancuso en su día hoy se hace más evidente que nunca, y confirma, sin sospechas, que los nexos entre la para-política, del mismo modo que las relaciones entre los paramilitares y los militares no eran exageraciones de las organizaciones de defensa de los derechos humanos ni de la oposición política como tanto se desestimó, sino una absoluta e irrefutable realidad.   

Algunos nombres que integran el pacto

Junto a Salvatore Muncuso, Adolfo Paz (Don Berna), El temido Jorge 40 y Diego Vecino, aparecen firmando el acuerdo político, entre otros, los siguientes personajes: Juan Manuel López, (Senador), su tío Jesús María López Gómez[11], Gobernador por entonces, amigo personal de los Castaño Gil y comprometido en el pasado con importantes masacres en Córdoba; judiacializado en otro momento y por extrañas razones habilitado políticamente, lo que le sirvió para ser gobernador. En la actualidad está inhabilitado para actuar en política por diez años, pero curiosamente no por apoyo al paramilitarismo, sino, quien pudiera creerlo, por celebración indebida de contrato.  

Salvador Arana Sus[12], Gobernador de Sucre por aquellos días, Exdirector del Departamento de salud de Sucre, de donde se cree desvió ingentes cantidades de recursos del Régimen Subsidiado para financiar la actividad de los paramilitares; está comprometido con varios crímenes en Sucre y estuvo nombrado por Álvaro Uribe Vélez como diplomático en Chile, hoy huye de la maltrecha justicia colombiana. En su día el Fiscal General de la Nación, el más condescendiente con el paramilitarismo en Colombia entre los fiscales, Luis Camilo Osorio, firmó un acto inhibitorio para no investigar a este siniestro personaje. Alfonso Campo Escobar, Representante a la Cámara por el partido Conservador, hoy se le sigue proceso por apoyo al paramilitarismo, sobre todo por ser un beneficiario de la distribución de los votos que hicieran los paramilitares de Jorge 40 y también se le sigue proceso por concierto para delinquir. Se sabe que su segundo renglón en la conformación de las recientes listas para congresista era Juan Barrera, hijo de Chepe Barrera, un reconocido jefe paramilitar en el sur del departamento del Magdalena y en donde éste personaje obtuvo una gran concentración de votos.

En esta lista de indecorosos personajes suscriptores del pacto cabe señalar también a Miguel Alfonso de la Espriella, compadre de Álvaro Uribe Vélez, y quien llegó al congreso por primera vez en 1994, de la mano del Partido Liberal. Era representante a la Cámara cuando suscribió el pacto con las AUC y en marzo pasado revalidó su curul de senador, obteniendo en Córdoba y, en particular, en zonas de amplio dominio paramilitar su mayor votación. Su nombre salió a relucir cuando el proceso 8000, toda vez que Santiago Botero lo señaló de haber recibido 180 millones de pesos en el aeropuerto los Garzones de la ciudad de Montería para financiar la Campaña Samper Presidente (1998), de la cual en dicho departamento él era su tesorero. El dinero como es de público conocimiento provenía del Cartel de Cali. Se sabe que la Fiscalía nunca lo inculpó por éstos hechos. Éste político, como es de recordar, fue junto a Rocío Arias. Zulema Jattin y Eleonora Pineda quienes más hicieron posible la presencia de los paramilitares en el Congreso y, que se sepa, él fue el ponente de la Ley de Justicia y Paz. De igual modo, hace pocos días ha trascendido a la opinión pública que varios cheques proveniente de la empresa Agrolife, perteneciente a Luis Enrique Ramírez, alias Miki Ramírez[13], exsocio de Pablo Escobar, han ingresado a su cuenta.

También Eleonora Pineda[14] suscribió dicho pacto, éste personaje, entusiasta defensora del proyecto de legalización de los paramilitares y admiradora de Salvatore Mancuso, pasó de ser concejal del municipio de Tierra-alta, donde había obtenido una votación de algo más de 2000 votos, a obtener una votación de más de 82 mil  para Cámara en el año 2002, obteniendo una concentración de votos en los municipios de Tierralta y Valencia, zonas de amplio dominio paramilitar. Ha sido compañera de formula de Miguel de la Espriella y se sabe que uno de sus hermanos era una persona de extrema confianza de Salvatore Mancuso en la Zona del Alto Sinú...

Otro personaje que aparece suscribiendo el acuerdo es Jaime García Exbrayat, en su momento y como he mencionado era director de la CVS, hasta donde lo habían llevado Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, con el apoyo, como no, de importantes políticos de Córdoba, sobre todo conservadores, quienes aprovecharon el que Andrés Pastrana fuera presidente. Se sabe que su padre, Rodrigo García Caicedo y padre putativo de Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil, es un ultraconservador y quien sirvió para los primeros acercamientos entre las AUC y el gobierno de Pastrana a principio del año 2000. Jaime García Exbrayat antes de ser director de la CVS había sido trabajador de la Cooperativa de Maestros de Córdoba, lugar hasta donde lo había llevado Rafael Kerguelen, alias Marco Jara, Exdesmovilizado del EPL y hoy purgando cárcel por apoyo al paramilitarismo y, por concierto para delinquir. Se sabe que hace pocos días dejó la dirección de la CVS y hay quienes rumoran que será nombrado  en un alto cargo, es posible que así sea, pues goza él y su padre del santo y seña del Presidente Uribe.

Capitulo especial de los políticos que suscribieron el mencionado acuerdo con los paramilitares merece el caso de Juan Manuel López Cabrales, a manera de sorna, nuestro héroe antiparamilitar. Llegó al congreso como heredero de un poder gamonalezco y clientelar, el cual se encargó de construir su padre Libardo López Gómez y quien ocupó todos los cargos públicos posibles en el departamento. Su arribo al Congreso se dio en calidad de Representante a la Cámara a finales de la década de los 80  y desde entonces su poder electoral y político ha ido en ascenso. En su primera escogencia como Representante gozó del apoyo del Frente Popular, organización que era impulsado por el Partido Comunista de Colombia (M-L). Está en el Congreso hace 20 años y durante este tiempo se ha convertido en el más grande barón electoral del Partido Liberal, al punto que en Córdoba, la Gobernación, en particular, sus últimos gobernadores han sido familiares suyos, un hermano, actual gobernador, y su tío, y los otros personajes de su extrema confianza. Y si la gobernación la ha manejado su Movimiento Político durante todo este tiempo, ya no hablemos del dominio que ejerció durante más de 15 años en la Universidad de Córdoba, en la CVS, la antigua Electrificadora y otras entidades, y en donde para entrar a trabajar había que tener su recomendación política de rigor. Hoy de las 28 Alcaldías que gobiernan en Córdoba, una parte considerable son manejadas por alcaldes de su filiación política o en coalición. En la gobernación de Córdoba, donde su hermano es el actual gobernador, ha brindado cobertura política para que miembros cercanos al paramilitarismo encuentren allí su espacio.  

El senador López Cabrales por la aritmética electoral ha hecho parte de la Dirección Liberal Nacional y es un referente dentro de su partido. Nadie podría negarle el malabarismo político que le caracteriza y sus dones de clientelista. Ninguno de sus rivales políticos le ha podido vencer en las tres últimas elecciones para gobernador y para Senado y Cámara. Su lista al Senado obtuvo dos senadores y obtuvo tres escaños para la Cámara de Representante en las elecciones del 2006. Además de tener un voto concentrado de modo fuerte en Montería, ahora pasó a ser la primera fuerza política en Tierralta, Montelíbano y Valencia. Y ello para no hablar de San Andrés de Sotavento, de donde es su esposa, Arlet Casado, (exmiembro de la directiva del Partido Liberal) y donde su difunto suegro, Juan B Casado y su cuñado, ambos exalcaldes de ese municipios, han sido denunciado y judicializados por crímenes contra los indígenas zenúes. Se sabe que para la Gobernación de Córdoba López Cabrales impulsará la candidatura de Freddy Sánchez Arteaga, exrepresentante a la Cámara  y también quien suscribió el Acuerdo Político con los paramilitares. 

Nada que temer.

Sobre el pacto con las AUC, nuestro Héroe Antiparamilitar ahora dice que fue forzado a suscribirlo, o que no supo que firmó[15] dicho acuerdo político para Fundar la Nueva Colombia con los paramilitares, por lo tanto, dice, que su presencia en aquel acto fue porque quería darle explicaciones a Mancuso sobre los allanamientos que se habían producido en Montería de la mano de la Fiscalía y el CTI en mayo del año 2001 y de los cuales, según la versión de Mancuso recogida por Carlos Castaño en su Libro Mi confesión, responsabilizaba al senador López. Como es de recordar, la Fiscalía había desatado contra algunos personajes de la órbita paramilitar una persecución y entre ellos estaban: Rodrigo García Caicedo, Hernán Gómez Hernández, Alonso Patiño y otros. Para Mancuso, Juan Manuel López Cabrales había denunciado a los paramilitares por cuanto éste había ido perdiendo poder político en Córdoba, cosa que en estrictu sensu no es cierta, por cuanto una cosa era perder la Universidad y la CVS y otra perder la gobernación y otras entidades, cosa que no sucedió ni ha sucedido aún.

Según Castaño, ante ello, Mancuso decide declarar objetivo militar López Cabrales, razón por la cual éste y de la mano de Jesús María López, alias el Mono, su tío, y gobernador por entonces (2001), deciden entrevistarse con Mancuso para aclararle los hechos. Según se percibe, López Cabrales le manifiesta a Mancuso que él no tenía nada que ver con aquellas denuncias que habían provocado aquella reacción del Gobierno de Andrés Pastrana sobre el entramado paramilitar. Nuestro antiparamilitar, entonces, y como así lo dejan consignadas sus declaraciones de éstos días, no fue quien propició aquella tenue persecución contra los paramilitares, él se ha desmarcado de modo reiterado sobre éstos hechos, y en honor a la verdad hay que decir que esas denuncias surgieron de un dossier que las FARC hizo llegar al Gobierno de Pastrana en 1998 y también de una investigación que venía labrando la Fiscalía a partir de la incautación de un computador portátil decomisado en la ciudad de Pasto (Nariño) al excoronel Jesús Ureña Silva[16], y en donde había una información completa sobre nombres y empresas al servicio del paramilitarismo en Córdoba, lo que dio origen a que se atacara de modo leve importantes estructuras paramilitares y a sus apoyos. Eso al menos así lo difundió la prensa por aquel entonces ¿Dónde está luego la proeza de nuestro antiparamilitar que tanto se auto-atribuye y que le atribuyen sus incondicionales del Partido Liberal oficialista? 

De todo lo anterior, lo que queda claro es que a Juan Manuel López Cabrales, Mancuso no lo acosa más y una demostración de ello es que en las elecciones del 2002 y el 2006, nuestro antiparamilitar consolida su poder en Córdoba y gana, incluso, en zonas de amplio dominio paramilitar. Y no sólo ello, sino que después de todo lo sucedido se han conocido más encuentros entre políticos y paramilitares posterior a julio del 2001, y a los cuales nuestro héroe antiparamilitar no dejó de asistir a uno solo, y tampoco dio a conocer a las autoridades los pormenores de dichas reuniones, lo que configura no sólo omisión de denuncia, sino un delito de concierto para delinquir, pues mientras López Cabrales y los demás sostenían sus escaños, o aumentaban los mismos, las muertes contra indefensos campesinos, contra sindicalistas y demás presuntos enemigos de esa Nueva Colombia con la que se habían comprometido unos y otros se daban a diario y crecían, bien como asesinatos selectivos o como ruines masacres, con motosierra a bordo. ¿Qué responsabilidad le cabe a Juan Manuel López Cabrales y a todos los que suscribieron dicho pacto en las macabras derivaciones e implicaciones que este tenía y tiene?    

La Colombia de los paras y los políticos.

Sí los paramilitares han logrado el concurso de los políticos en Córdoba, tanto del partido liberal como del partido conservador para imponer sus objetivos políticos y militares, éstos han recibido de aquello notables beneficios ahora y en el pasado. En primer lugar, lograron a punta de desapariciones, asesinatos selectivos y masacres acabar con importantes expresiones del movimiento social y popular, hasta el punto de domesticar su accionar y alinearlo en muchos casos con los intereses de los partidos políticos tradicionales. El accionar paramilitar logró hacer desaparecer del escenario político a una izquierda que en otro tiempo tenía capacidad de interpelación y de negociación en la perspectiva de reivindicar políticas incluyentes en todos los ámbitos de la vida social, económica y política. La arremetida paramilitar hizo fortalecer el modelo hacendil y gamonalezco, las prácticas neopatrimonialistas, el nepotismo y la corrupción, contra la cual dijeron siempre combatir. De la mano del paramilitarismo se fortaleció el reino de la impunidad, al tiempo que la pobreza pulula y fagocita en todos los rincones del departamento. Y como si no fuera poco, en épocas de elecciones la población en no pocos municipios votaba y vota de modo coaccionado y por los candidatos de las preferencias de los paramilitares. Gracias a los distintos acuerdos políticos e ideológicos que han realizado los paramilitares y los políticos de oficio en Córdoba, es que éstos últimos, algunos de ellos, cuando no la mayoría, han podido revalidar sus escaños de modo consecutivo u otros han alcanzado a llegar hasta las corporaciones que se lo habían propuesto.

Qué Colombia distinta al crimen, por ejemplo, podría habitar en la cabeza de José María López Gómez (El Mono López), en la de Salvatore Mancuso, quien es malo como amigo y como enemigo peor, en la de Don Berna, en la de Diego Vecino, en la de Eleonora Pineda, acérrima defensora y fans de Mancuso; en la de Cesar Feris Chadid, hermano de Salomón Feris, alías Comandante Cero Ocho de las AUC, en la de Salvador Arana Sus, quien esquilmó la salud de Sucre e hizo del crimen y toda suerte de injusticias sus banderas más emblemáticas y quien hoy huye de la justicia; en la de Juan Manuel López Cabrales, quien ha hecho de lo público una cosa privada y quien ha utilizado su poder para beneficio propio y el de su familia, y ello para no seguir mencionando la de otros despreciables personajes que allí aparecen firmando y que ahora dicen haberlo hecho coaccionado, o sin saber por qué lo hacían, pero que nunca lo denunciaron y si se beneficiaron y se siguen beneficiando políticamente de tal pacto.

Salvatore Mancuso y Carlos Castaño convirtieron las motosierras en un arma de destrucción masiva y los políticos de Córdoba y la Costa se beneficiaron de múltiples formas con ello. Mientras aquellos mataban y desaparecían con total impunidad y con la estrecha colaboración de la Policía y los militares, los políticos que los apoyaron y apoyan seguían garantizando sus escaños o, en su defecto, hacían su triunfal ingreso al Congreso, a las Universidades en calidad de rectores y cuadros directivos, léase Víctor Hugo Hernández, Claudio Sánchez y Jairo Durango, por citar sólo la Universidad de Córdoba. También hicieron nombrar a otros como Directores de Institutos, dícese Jaime García Exbrayat (recién salido de CVS), hijo de Rodrigo García Caicedo, y de quien se dice es el computador de Mancuso y de Castaño en Córdoba. 

Éstos y otros personajes de la vida política en el Sinú, entre ellos Juan Manuel López Cabrales, Eleonora Pineda, Freddy Sánchez Arteaga (aspirante a la Gobernación de Córdoba por el sector de juancho López), Miguel Alfonso de la Espriella, Reginaldo Montes, Álvaro Cabrales, José de los Santos Negrete y Luis Carlos Ordosgoitia, son con los que Mancuso y sus amigos estaban formando la Nueva Colombia. Es decir, la Colombia de la motosierra y el hierro caliente en la espalda. Ésta Colombia que se estaba construyendo no era la Colombia de la equidad, la solidaridad, la inclusión y del respeto a la diferencia, sino que era y es la Colombia de la motosierra, del trabajo sin contrato y sin derecho a protestar. No hay duda que la Colombia en formación que impulsaban quienes suscribieron ese abominable pacto, saben que los ganaderos y terratenientes en Córdoba piensan de este modo. La Colombia que estaban construyendo, sin duda, parece más un hato ganadero que un país. A propósito, próximamente serán las Elecciones en Córdoba y en el resto de Colombia, ¿alguien quiere votar por los fundadores de la nueva patria?

La justicia lenta y poco segura

Frente a todo lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, órgano competente para investigar a los Congresistas, parece mirar por el momento para otro lado y actúa con una inercia criminal. Se aferra a un tecnicismo jurídico desconociendo lo mayúsculo de la situación. Por lo pronto, ha decidido incluir el documento suscrito entre los paramilitares y los 32 políticos de la Costa y en especial de Córdoba, Sucre y Bolívar, dentro del expediente de la para-política, lo que supondría el que en algún momento la Corte pudiera considerar pertinente llamar a rendir versión libre a los congresistas implicados en tales hecho. Todo ello indica que habría que sustanciar las responsabilidades individuales y analizar qué beneficios obtuvieron los paramilitares y los políticos con dicho acuerdo y, sobre todo, debe tenerse en cuenta en qué se vio afectada la sociedad civil con este acuerdo. Mientras la Corte Suprema con la parsimonia de rigor da toscos y pesados pasos para investigar a los congresistas, ya algunos están pensando dejar el Congreso, pues ven que esa medida les beneficiaría por cuanto su caso dejaría de ser motivo de estudio por parte de la Corte Suprema, y pasaría a la Fiscalía, en donde y por la naturaleza de éste órgano y por lo propio del caso, haría, sin duda, el proceso más lento, más paquidérmico, lo que terminaría favoreciendo de modo sustancial a los congresistas.
 
Ante todo ello, los jefes de los partidos políticos apenas hablan[17]. Se encuentran desbordados como quiera que cada día salen nuevos y sorprendentes hecho y dejan en evidencia que los partidos políticos tradicionales han requerido y requieren de la fuerza paramilitar para sostenerse. Los hechos que ahora salen a la luz pública dejan constancia que el paramilitarismo no es una mera disfuncionalidad del sistema político colombiano, éste ha pasado a convertirse en un elemento propio de su estructura y así se ha venido configurando de manera lenta pero segura. Pero los acuerdos entre paramilitares y políticos no sólo se remiten a los Congresistas, hay que recordar que el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez negoció en Santa fe de Ralito con la cúpula paramilitar la no extradición y también que las penas de los paramilitares no superarían los ochos años como mucho, amén de pagar las condenas en colonias agrícolas.   

Si queda duda de esto sólo hay que leer la carta[18] enviada por Vicente Castaño (hoy prófugo)  a Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz y al ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, y en donde les recuerda los compromisos que el Gobierno de Uribe les había hecho en su día (2005) y que no son otros que los que acabo de enunciar. En este sentido entonces es que hay que entender la cortina de humo que el Presidente Uribe ha querido lanzar en el sentido de que en Colombia todos los gobiernos anteriores son responsables de haber dejado crecer al paramilitarismo y a la insurgencia. Con esta coartada pretende Uribe diluir y desviar la atención sobre la relación que su gobierno y algunos de su principales congresistas han tenido y tienen con el paramilitarismo.

Resulta ingenuo que ahora Uribe salga a decir que hay que hacerle un juicio al Estado colombiano por todo lo descrito. Yo creo que es preciso hacer dicho juicio, sí, pero resulta que el juicio que él ha empezado a hacer como máximo representante del Estado en este momento a los paramilitares es más una comedía, cuando no una descomunal vergüenza, la cual deja la verdad, la justicia y la reparación de cara a la víctimas en un enorme déficit.

Uribe y su poca memoria: Justicia, verdad y reparación

A propósito de Juicio al Estado, habría que recordarle a Uribe, si no se acuerda, que era él y no otro el Gobernador de Antioquia cuando en esa región del país se impulsaba y con gran ahínco las Convivir, las cuales no eran otra cosa que la expresión legalizada del paramilitarismo y como para que no quede duda Mancuso así lo terminó reconociendo en su versión libre. ¿Acaso se le olvida a Uribe que cuando él era gobernador de Antioquia, Mancuso y Castaño junto a Rito Alejo del Río y el General Manosalva, sus militares estrellas, arremetían contra toda suerte de campesinos y trabajadores? ¿Se le olvida acaso que es y ha sido en sus gobiernos donde los paramilitares más gabelas han tenido y tienen? Hay que recordarle a Uribe que mientras él visitaba sus haciendas en Córdoba siendo Congresista o como Presidente, incluso, el paramilitarismo crecía y en sus mismas barbas. ¿No sabía usted señor Presidente de ello? ¿No conocía usted a Mancuso ni a Castaño? Que poca memoria tiene el Presidente Uribe. Hay que hacerle un juicio al Estado colombiano pide usted, sí, empecemos por su gobierno señor Presidente, uno de los más paraquiados entre todos los paraquiados que han existido en el país. Lo invito, señor Uribe, a que por una vez en su vida actúe por las consecuencias. Reconozca que su gobierno está infiltrado por el narcoparamilitarismo desde la Presidencia al poder judicial, y desde el Congreso (con sus notables excepciones) hasta los militares, pasando como es más que obvio, por la Policía y el DAS. Ocultar esta realidad es miserable, pero, insistir en la contumacia de pretender negarla, como ahora usted quiere, es propio de canalla. Señor Uribe, váyase.   

Nota final: A muerto Riszard Kapuscinski, siento una honda pena. Se ha ido quien denunció y con todas sus fuerzas a los señores de la guerra que sangraban a África en inacabables conflictos. En Colombia, Salvatore Mancuso y los suyos han dejado miles de asesinados en su cruzada de muerte y ahora quiere que le concedamos el perdón y el olvido. En ese deseo Uribe y los suyos, son, sin duda, sus máximos aliados. Réquiem en paz, maestro.

Bilbao. Enero 31 de 2007.