El gobierno boliviano intenta acordar con los huelguistas de Camiri una solución al conflicto que contemple sus demandas, pero hasta el momento no se encontró un canal de diálogo. Desmintieron el uso de la fuerza para levantar el bloqueo.

Una comisión encabezada por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, se instaló en la localidad chaqueña de Yacuiba, en el departamento de Tarija, con el fin de encontrar, a través del diálogo, una solución a las medidas de fuerza impulsadas por los huelguistas santacruceños de Camiri en las fronteras con Argentina y Paraguay.

Desde el lunes pasado, el comité cívico de esa ciudad -considerada “capital petrolera” de Bolivia- lleva a cabo un paro indefinido con piquetes que bloquean el paso de camiones que transportan gasoil y alimentos hacia Santa Cruz. Los manifestantes exigen al gobierno de Evo Morales la inmediata refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la expropiación de refinerías, la industrialización del gas y la instalación de la Gerencia General de Exploración y Explotación de la petrolera estatal en esa región.

Villegas llegó a Yacuiba para explicar la nueva ley de hidrocarburos que el Ejecutivo remitió al Congreso y la norma especial que busca garantizar el proceso de refundación de YPFB, entre otras iniciativas que atienden las problemáticas de la zona en cuanto a tierras, agua y desastres naturales.

Sin embargo, los huelguistas de Camiri se negaron a participar de tal convocatoria al considerar que la agenda propuesta por el gobierno era demasiado amplia, con lo cual se diluía el tema de los hidrocarburos. También cuestionaron la decisión gubernamental de instalar la comisión de diálogo lejos de Camiri.

Las diferencias sustanciales entre el gobierno y el movimiento cívico pasan por la forma de encarar la refundación de la petrolera.

“YPFB ha de ser una empresa con amplia capacidad de autonomía, con una gestión corporativa que deslinde cualquier tipo de manoseo político, con elevada eficiencia técnica y administrativa y con profesionales de primera”, señaló días atrás el vicepresidente Álvaro García, en el marco de la designación de Manuel Morales Olivera como nuevo presidente interino de la estatal.

El comité cívico cree, por el contrario, que el carácter corporativo que propone el gobierno condenará a YPFB a ser un mero agente de administración y fiscalización de los contratos con las transnacionales petroleras, condicionando los marcos de la nacionalización que se decretó el 1º de mayo de 2006. Por lo tanto, los huelguistas reivindican la refundación de una empresa estatal operativa (y no corporativa), que se encargue de la exploración y la explotación de los hidrocarburos.

Pero el presidente Evo Morales también fue claro al plantear que la propia realidad de Bolivia exige profundizar la nacionalización de manera gradual. “Quiero decir a nuestros hermanos del Chaco y en especial a los de Camiri que es imposible reparar, lo que han destrozado en 20 años, para refundar (YPFB) en un año de Gobierno”, aseguró el mandatario y luego ratificó que la recuperación de los hidrocarburos avanza efectivamente hacia “la refundación profunda de nuestra empresa estatal”.

Por su parte, el ministro Villegas se mostró dispuesto al consenso con los huelguistas, pero reiteró que el gobierno no aceptará los reclamos de expropiación de campos marginales y refinerías.

“Vamos a recuperar la propiedad de los hidrocarburos en materia de refinerías; estamos negociando con Petrobrás la recuperación dentro del plazo que nosotros hemos establecido hasta mediados de abril”, pero “no vamos a expropiar, no vamos a aceptar esa demanda y queremos ser claros, Camiri no puede cambiar una política gubernamental que se ha impreso en los contratos y además, ya hemos recuperado la propiedad sin necesidad de expropiar absolutamente nada”.

De esta forma, el Ejecutivo intentará preservar los acuerdos alcanzados meses atrás con doce multinacionales que operan en Bolivia y que aceptaron las condiciones establecidas por la nacionalización de los hidrocarburos. Además de Petrobras, los 44 contratos renegociados involucran a Repsol YPF, Total, filiales del grupo British Petroleum, entre otras.

Los pasos dados por Evo Morales en materia de hidrocarburos durante su primer año de gobierno forman parte de un proceso más amplio que apunta a la recuperación y manejo soberano de todos los recursos naturales de Bolivia. La nacionalización permitió, en principio, aumentar la renta petrolera de manera significativa, pero aún restan diversas etapas que no tardarán en materializarse, como la industrialización del gas y el petróleo.

El gobierno se muestra abierto al diálogo y a las propuestas de diferentes sectores para avanzar en este proceso. Es importante destacar, al mismo tiempo, que la profundización será necesariamente paulatina y democrática, en la búsqueda de un consenso continuo, y no de manera autoritaria. La aclaración vale, porque desde diferentes sectores se intentó instalar la idea de que Evo Morales planeaba reprimir a los manifestantes de Camiri.

El vocero presidencial Alex Contreras aclaró que no se recurrirá a la fuerza pública para levantar las medidas de protesta en la zona de conflicto, como difundieron algunos medios de prensa e, incluso, dirigentes del movimiento cívico, como José Domingo Véliz, quien advirtió sobre posibles intentos represivos. "Sobre el paro y bloqueo de caminos de Camiri, queremos manifestar que ningún contingente de la Policía Nacional ha sido desplazado a esa población”, informó Contreras.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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