Una de las escenas recientes de la actividad pública mostró a uno de los hombres más ricos del país haciendo entrega de una suma importante de recursos para apoyar la educación universitaria de algunos jóvenes de escasos recursos. En el discurso central de dicho evento, este hombre afortunado, y ahora mecenas de la educación, manifestaba que su donación era una muestra de su confianza en el futuro del país, y un apoyo para que las nuevas generaciones tuvieran un apoyo que deberían retribuir con esfuerzo y rendimientos.

Este mismo hombre hace un par de meses, junto con otros que hacen parte de este selecto club de adinerados nacionales, disponía de ejércitos de asesores contables y jurídicos ante el Congreso de la República en el marco de los debates de la Reforma Tributaria, se reunía con los miembros más importantes del equipo económico del gobierno para abogar por sus intereses en la reforma y ellos o sus asesores de cabecera asistían en primera fila en cuanto evento estuviera presente el Presidente de la República para demostrarle el porqué sus respectivos sectores no debían ser gravados con impuestos, y claramente el Presidente no fue sordo a sus súplicas.

Estas facetas del mismo hombre demuestran la forma cómo se manejan los asuntos públicos y la imagen en Colombia: por un lado los más poderosos se niegan a pagar impuestos para que el gobierno pueda adelantar programas educativos, y por otro lado contribuyen a la educación de unos pocos afortunados en ser elegidos entre un sinnúmero de desafortunados que no pueden acceder al apoyo de estos mecenas contemporáneos. Razones de sobra les asisten a quienes comentan que es preferible pagar impuestos a donar dinero (que entre otras cosas les será deducido de su pago de impuestos, y por ende convierten la donación en una inversión para el donante).

Pero el problema de fondo es que hay una profunda identidad entre los intereses de estos empresarios y especuladores financieros, y las ideas del Presidente y su equipo de gobierno que confunden el interés público con el interés de estos sectores, de tal manera que cuando se formula la política pública lo primero que se preguntan en este país es cómo hacer para que a los inversionistas y a los especuladores les vaya bien, así al resto de los colombianos no.

Y si hay un gobierno que no ha ocultado su interés de ser benevolente con el capital, es el gobierno actual: dos reformas pensionales, una laboral, varias tributarias, proyectos de ley para extender garantías a la inversión, una política fiscal que alimenta el ciclo especulador, medidas que se corresponden con un apoyo irrestricto de estos sectores a las políticas del gobierno, las cuales han deteriorado el bienestar de grandes masas de la población, especialmente de los trabajadores y de aquellos que no consiguen un trabajo digno en este país.

Se dice actualmente que al país le va bien, que estamos en una bonanza económica, y que eso demuestra el “talento innato” del equipo económico del Presidente y la sabiduría de las medidas impulsadas por él, frente a ello hay que recordar a quienes les está yendo bien: los balances indican que a las empresas (a las grandes especialmente), a los bancos y en general al sector financiero, a los importadores y, finalmente, a la economía del narcotráfico y del paramilitarismo, potenciada por la irracionalidad de la lucha contra las drogas y por la connivencia del proyecto político de Álvaro Uribe con los paramilitares… sólo a ellos les va bien.

¿Pero y al resto de la población? La inflación menoscaba anualmente el ingreso real de la población, los ajustes salariales son de miseria, la precariedad y la informalidad se imponen como adjetivos calificativos del mercado laboral en Colombia, los impuestos golpean el consumo de las clases medias y pobres, y los índices de pobreza solo se reducen gracias a los maquillajes a profundidad que se hacen en la oficinas del DANE y de Planeación Nacional.

Claramente el gobierno de Uribe es el gobierno de una inmensa minoría, su popularidad se esconde tras el cada vez más débil escudo de la Seguridad Democrática, gran acierto de Uribe al convencer a un montón de incautos que el principal (y casi único) problema que tiene el país es la guerrilla y que al acabarla seríamos un país de progreso y desarrollo, nuevamente el país se montó sobre el tren de las falsas expectativas y el costo está vez ha sido un aumento de la pobreza, la miseria, la polarización del país y el continuo debilitamiento del Estado, el cual es cada vez menos capaz de dar respuestas certeras a los grandes problemas del país.

Jairo Alonso Bautista
Asesor económico
Cámara de Representantes

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 46

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