Si no me equivoco la Ley de Planeación Nacional no ha sido derogada por la Ley de Bancadas, ni la democracia participativa desterrada de la Constitución por la reelección; pero entonces uno se pregunta: ¿qué hace el presidente Uribe planificando el futuro de los próximos tres años y siete meses del país desde una finca, con la bancada uribista y no con el Consejo Nacional de Planeación como lo exige la Constitución y la ley?; y muy seguramente responderán que es una reunión de la bancada del Congreso y los jefes de los partidos para coordinar la agenda legislativa y que el Consejo Nacional de Planeación está operando en otros espacios. Pero y entonces: ¿qué hacía el gabinete y altos funcionarios de ministerios y entidades descentralizadas en un evento político de los partidos uribistas y ad portas de las elecciones regionales del 2007? Y digan lo que digan, lo cierto es que nuevamente el Consejo Nacional de Planeación se quedará con sus propuestas en el archivo porque las decisiones en Colombia se toman a puerta cerrada ante la frustración de un proyecto participativo que no es más que letra muerta.

Lo que se hizo público de la reunión de Hato Grande es que todo el aparato gubernamental y los partidos uribistas se sentaron a concertar temas como el TLC, el Plan de Desarrollo, la lucha contra la pobreza, la reforma a la justicia y la reforma a las transferencias entre otros proyectos; lo que se sospecha es que otro tema fue la distribución de la torta burocrática y los compromisos regionales del plan de inversiones (vivienda, agua potable, vías…) con los cuales aceitar la maquinaria de los partidos de Gobierno en un año electoral decisivo; lo que se teme es que en Hato Grande comenzó la tercera campaña presidencial de Uribe como ya lo sentenció Julio Mario Santodomingo en días pasados; y lo que causó risa del encuentro es la anecdótica propuesta del Presidente de iniciar una campaña diplomática en América latina para convencer a los países vecinos que el gobierno colombiano no es de derecha.

En cuanto al acuerdo de apoyo a la agenda legislativa el gran reto del gobierno es hacerlo cumplir, cosa que no será nada fácil. Por ejemplo, en plena campaña electoral el proyecto de reforma a las transferencias, que reducirá drásticamente los recursos de los entes territoriales, le quitaría apoyo a los candidatos a alcaldías y gobernaciones respaldados por los parlamentarios que lo impulsen en el Congreso; el apoyo al TLC restará popularidad a los políticos que lo respalden en departamentos, que por su condición de economía rural, se verán fuertemente afectados con el tratado; y ni hablar del proyecto de reforma a la justicia, que se mete con una de las herramientas más queridas por los colombianos: la tutela.

Por el lado de la repartición burocrática y los compromisos clientelares el asunto es más enredado. Las disputas de los uribistas fueron a lo largo de los cuatro años pasados por puestos y este periodo no va a ser la excepción, más cuando se definen los gobiernos locales que son la base electoral de la próxima elección presidencial; tanto así, que en el mismo Hato Grande el Presidente del partido de la U llevó armada una conspiración para tumbar al Ministro de Agricultura y quedarse con la cartera.

En el caso del chicharrón de un tercer período del Presidente, puesto sobre la mesa por Julio Mario Santodomingo (que en este gobierno duplicó su fortuna), ya causó espina entre todos los miembros de los partidos uribistas que pretenden remplazar a Álvaro Uribe; por lo cual, si el tema se tocó, debió de ser el pasaje más espinoso de Hato Grande.

Y por último, la propuesta de una avanzada diplomática para convencer a los gobiernos latinoamericanos que Colombia no es de derecha sino que hace parte del bloque de la nueva izquierda democrática en el continente debió haber hecho sonrojar a Vargas Lleras y le ha de haber causado una úlcera gástrica al Ministro Holguín Sardi. Esta iniciativa si se convierte en la más osada, por no decir loca del Presidente, más cuando Uribe convirtió a Colombia en el único país suramericano que apoyó la invasión a Irak, en el único vecino que salió a festejar el golpe contra Chávez, en un obstinado promotor del ALCA y ahora del TLC, en el indeseable fumigador de los ecuatorianos, en el súbdito incondicional del proyecto republicano de George Bush; y peor aún, cuando la encargada de liderar la iniciativa es la canciller María Consuelo Araujo, quien tiene a su hermano Álvaro, a su hermana Ana María y a otros miembros de su familia vinculados a investigaciones por vínculos con grupos paramilitares, la máxima expresión de la extrema derecha en Colombia.

- Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía,. Semanario Virtual Caja de Herramientas N° 0045.

 semanariovirtual@viva.org.co

 www.vivalaciudadania.org