En el Foro “Las aspersiones aéreas del Plan Colombia: ¿guerra química contra los pueblos?” realizado el sábado 13 de enero en el hemiciclo de la FLACSO, científicos, juristas y políticos de alto nivel, tanto ecuatorianos como colombianos, pusieron en evidencia que el acuerdo verbal al que llegó el nuevo Gobierno de Rafael Correa con Colombia es un retroceso que no va a beneficiar a Ecuador.

El Dr. Ramiro Merino, biólogo ecuatoriano, llamó la atención de la ausencia de investigación científica sobre el destino ambiental del glifosato en las zonas fumigadas. El reciente descubrimiento de que este herbicida puede ser más móvil en el suelo de lo que dice la empresa y la necesidad de que si no se pueden evitar las fumigaciones es acertada la petición de una zona de amortiguamiento, dado que los venenos (y el glifosato es uno) cuanto más lejos mejor.

El Dr. Arturo Campaña, psiquiatra ecuatoriano, tras un exhaustivo análisis de los impactos psicológicos demostró que incluso si no pasara una gota de glifosato, la presencia de aviones y helicópteros ya ha causado un trastorno importante en la salud de los niños de la frontera, por lo que se deberían enviar las fumigaciones lo más alejadas posibles de la frontera reivindicando la necesidad de que el Gobierno retome la franja de los 10kms. que es el reclamo campesino desde hace 6 años y que abandonó el actual Gobierno.

La Dra. Catalina Toro, investigadora colombiana de la Universidad Nacional de Colombia, y miembro del grupo de científicos colombianos que evaluaron el estudio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), demostró hasta el cansancio que ese estudio es insostenible científicamente, por más que el Presidente Uribe repita su mentira creyendo que la convertirá en verdad. Agregó que incluso quien dirigió esa investigación, no solo dio validez a los estudios hechos por Monsanto, la empresa que fabrica el glifosato, sino que además pretendió cooptar al equipo universitario para evitar nuevas críticas a futuros estudios.

El Dr. César Paz y Miño, genetista ecuatoriano, manifestó que desde el año 2004, ya aparecen en la literatura científica estudios sobre el potencial cancerígeno del glifosato, describió los estudios realizados en este país, donde ese herbicida a concentraciones del 10% ya produce impactos importantes y recordó que la concentración usada en Colombia es muy superior a la ensayada en el laboratorio. Igualmente rechazó la necesidad de nuevos estudios en la frontera y sostuvo que Ecuador puede esgrimir la calidad de los estudios ecuatorianos para contrarrestar los de la CICAD, probadamente deficientes. Sostuvo que la población expuesta tiene un riesgo 30% superior de padecer cáncer, 20% de más abortos y un 10% de mayores malformaciones en sus hijos.

El Dr. Jaime Breilh, epidemiólogo ecuatoriano, recordó que todas las industrias acusadas de contaminar la salud y el ambiente rechazan sistemáticamente que esto ocurra, como sucedió con el asbesto, y solo cuando surge el sustituto reconocen la gravedad de sus impactos. Pero puso en evidencia que esto es posible por la presencia de una corriente de “pseudocientíficos” que apoyados en un positivismo crematístico están dispuestos a afirmar cualquier cosa, como ocurrió con los investigadores contratados por las tabacaleras para decir que el tabaco no era dañino, ni cancerígeno y nadie hizo nada al respecto; también ocurrió con los científicos nazis que decían que la raza alemana era una raza superior, o como los que firmaron el estudio de la CICAD, en cuya segunda etapa pretende la nueva canciller que Ecuador participe en calidad de “testigo”. Su sentencia fue que no hay necesidad de más estudios para aplicar con rigor el principio de precaución. ¿Vamos a hacer una nueva Constitución y no somos capaces de hacer valer uno de los principales logros de la actual que está presente también en la colombiana?

El Dr. Rafael Jaque, especialista en Derecho Internacional de México, mostró que una inspección de la Defensoría del Pueblo de Colombia a las instalaciones donde se mezclaba el glifosato encontró que éste se estaba usando a más del 48% de concentración (frente al 41% de uso agrícola y al 44% que dice la DINE colombiana que lo usa). Culminó su intervención señalando la sorpresa de que inspectores con sus “ojitos” van a ver si el glifosato pasa o no la frontera, después de permitir ambos países que la franja de 10 Km. sea pisoteada.

El Dr. Jeff Frazier, abogado norteamericano, quien lleva en EEUU la demanda de los afectados por las fumigaciones en la frontera, sentenció que esto no es un problema de seguridad nacional, es un problema de una empresa norteamericana irresponsable que hace pasar el glifosato de un país a otro y se vale de la impunidad de su Gobierno para que no le sea aplicada la justicia.

La Dra Diana Murcia, abogada colombiana, señaló la dificultad de hacer jurídicos los derechos sociales, cuando los gobiernos se empeñan en pisotearlos. Habló de la infalibilidad de las fumigaciones, contrastando que si bien el Gobierno de Colombia se hace el loco, un verdadero gobierno por la causa fronteriza no debería esperar a que Colombia pague para que las reparaciones colectivas se den y esas reparaciones pasan por: el cese de las fumigaciones, no se puede reparar nada si el riesgo de fumigar se mantiene (como así permite el “acuerdo verbal”), la compensación económica por los daños, la restitución de la capacidad de producción de las tierras dañadas y la satisfacción de una frontera sin químicos. El Gobierno, debe reparar los daños y después pasarle la factura a Colombia, no hacerlo es rechazar los derechos de la población y lo grave es que los programas fronterizos, no los lleva educación o salud, sino COMBIFRON que son los Ministerios de Defensa,… más sopa para quien no quiere.

El Dr. Ramiro Avila, abogado ecuatoriano especializado en DDHH, concluyó que la situación de irrespeto a los derechos en el país es tan grave que la única posibilidad de que las fumigaciones se terminen es con la movilización social, pues todas las acciones legales acaban finalmente sin comprometer. Cinco ministerios fueron condenados por el Tribunal Constitucional en el 2005 y ninguno de ellos (tras la marcha atrás de la actual Canciller que permite las fumigaciones para inspeccionarlas), ha hecho nada para superar la situación. Su exposición recogió la gravedad de que contra la población civil se viertan sustancias tóxicas. Si bien en un conflicto armado hay normas que prohíben la agresión a civiles (que deben ser distinguidos y respetados) también se prohíbe el uso de armas que causen daños innecesarios. Si eso es en la Guerra y Uribe dice que no hay guerra en Colombia, las fumigaciones no deberían existir en la “paz colombiana”.

Pero si al actual gobierno no le parecen suficientes estas razones para rectificar, los argumentos dados en la mesa de lo político fueron contundentes.

El Senador Colombiano, Jorge Robledo, recogió en su exposición cómo la OEA ha defendido todas las causas indefendibles que atentan contra los latinoamericanos, (y ahora nosotros le pedimos que sean parte de un “tripartito”) y cómo en ese país ya se fumigan las áreas protegidas e incluso se ha usado el hongo. Todo ello mientras en EEUU la marihuana se convierte en el primer cultivo con una inyección a la economía norteamericana de 35.800 millones de USD en el 2005, muy por delante de los 23.000 millones de USD del maíz y de los 18.000 de la soya, sin que a nadie se le haya ocurrido siquiera la estúpida idea de fumigarlas. Su intervención aclaró que el objetivo norteamericano del Plan Colombia no es acabar con la totalidad de los cultivos ilícitos, sino con el 50%, en la teoría de que subiendo el precio de la cocaína, se disminuirá el número de los consumidores, claro que ese objetivo no disminuye los ingresos para los grupos armados no siendo por tanto una solución para Colombia, sino apenas una excusa norteamericana para intervenir militarmente en cada país.

El Dr. Mauricio Gándara, ex Ministro de Gobierno, ratificó que no solo es una excusa del imperialismo para intervenir en Ecuador, sino una forma de presionar al actual gobierno de Ecuador, a través de un país que renunció a la soberanía y que, en cierta medida, Ecuador también lo hizo con la base de Manta, con la contratación de la Dyncorp, la misma empresa que fumiga en la frontera y a la que lejos de expulsar se le contrató mientras los campesinos eran fumigados. Su tesis reconocía que aceptar nuevos estudios es no estar seguros de los nuestros, cuando lo que se necesita son medidas de retaliación, concluyendo que los cambios repentinos como estos, que retroceden 3 años de discusiones y avances políticos, no son buenos para la política internacional y menos para los campesinos de frontera.

El Canciller Francisco Carrión, quien con este acto terminó sus funciones oficiales, hizo un recorrido de los logros y de las dificultades colombianas que pasan por un sistemático rechazo de ese país a cualquier postura de entendimiento y que ahora dice asegurar que nos va a avisar donde fumigará. Chiste, cuando firman no cumplen, cuando hablan la saliva tiene peso… como también dicen del glifosato.

Habrá que advertirle a la actual Canciller, María Fernanda Espinoza que tenga cuidado, vaya a ser que algunos de sus asesores le aconsejen demandar a Monsanto, porque si el glifosato no envenena, como dice el presidente Uribe, podrían demandar a la Monsanto por estafa, siendo un veneno que crearon para matar, si no lo hace…. Los asistentes al evento realizaron un pequeño homenaje al Canciller Francisco Carrión, le regalaron la sonrisa de una niña después de curarse de sus enfermedades en la frontera. Los organizadores, desearon no tener que esperar 20 años para rendir un nuevo homenaje a quien defienda la dignidad nacional y se ratificaron en que no es necesario realizar más estudios y el Gobierno Ecuatoriano debe defender la tesis de los 10 Km. para la no fumigación.

Si rectificar es de sabios,… tenemos una deuda pendiente con la sabiduría. En la frontera se esperan las disculpas y las correcciones a un “acuerdo verbal insostenible”.

Acción Ecológica
INREDH
CEDHU