El genocidio debe ser juzgado

22/12/2006
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  • Opinión
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Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la Masacre del Parcelamiento de Las Dos Erres, en La Libertad, Petén, realizada por el ejército en diciembre de 1982, seguimos esperando se ejecuten las órdenes de captura contra Ríos Montt y Mejía Víctores, Jefe de Estado de facto y Ministro de la Defensa en la época en que fueron asesinadas más de 250 personas, entre ellas niños, mujeres y ancianos.

Desde el momento del inicio de las exhumaciones en 1994, hace ya 12 años, el Ministerio Público tiene en sus manos la persecución penal de los responsables de la masacre y, hasta el momento, pese los múltiples trámites y a las exigencias de FAMDEGUA, de los familiares y las víctimas sobrevivientes, nada se ha hecho para cumplir con el compromiso que el gobierno asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de aplicación de la justicia. Por el contrario, se le ha dado trámite a más de 34 recursos para retardar el proceso y en las gavetas de la Corte de Constitucionalidad se encuentra, desde hace 3 años, un recurso por resolver, lo que demuestra la complicidad de todo el sistema de justicia en Guatemala y la poca voluntad política para poner fin a la impunidad imperante.

FAMDEGUA también es una de las asociaciones querellantes en el juicio por genocidio, desaparición forzada, torturas y terrorismo que, en aplicación de la Jurisdicción Universal, dio trámite la Audiencia Española y cuyas órdenes de captura se retrasan intencionalmente pasando de una dependencia a otra, mientras se permite a los acusados hacer cualquier tipo de maniobra para impedir que el peso de la justicia caiga sobre ellos.

Se trata de crímenes de lesa humanidad que no prescriben y se trata de hechos atroces que no pueden ni deben quedar sin castigo y algún tribunal del mundo tendrá que hacer justicia para dignificar a las víctimas.

FAMDEGUA ratifica en esta Navidad su compromiso de búsqueda incansable de todas las personas detenidas desaparecidas, entre ellas los sindicalistas que fueron sacados violentamente de la sede de la Central Nacional de Trabajadores, el 21 de junio de 1980, del local de Emaús en Escuintla el 24 de agosto de ese mismo año. Los capturados y ejecutados según el Archivo militar conocido como “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte” y de los miles de asesinatos, secuestros y torturas cometidos por Romeo Lucas García (fallecido), Donaldo Alvarez Ruiz, Manuel de Jesús Valiente Tellez (fallecido), German Chupina Barahona, Pedro García Arredondo, Benedicto Lucas García, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores, entre otros, que participaron en la persecución y exterminio de hombres y mujeres sindicalistas, lideres campesinos, periodistas, delegados de la palabra, religiosos, estudiantes, catedráticos, profesionales y dirigentes de diversos partidos políticos,

Como familiares de las victimas y como victimas de las atrocidades que cometieron, no vamos a descansar en la exigencia de justicia para que se sienten precedentes, se combata la impunidad y para que Nunca Más nuestro país vuelva a vivir los horrores de funcionarios públicos que hicieron uso del poder para reprimir al pueblo. La paz y la democracia no se pueden construir con ausencia de justicia que permite que crímenes de lesa humanidad queden en la impunidad.


ASOCIACIÓN FAMILIARES DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE GUATEMALA “FAMDEGUA”

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