Las sesiones del Congreso de la República llegaron a su final después de maratónicas jornadas, en las que en medio de un verdadero torbellino se evacuaron múltiples proyectos que habían sido sometidos a su consideración. Proyectos tan importantes para el gobierno como la reforma de la Ley 100 de 1993, la reforma del Estatuto de contratación, la reforma del mal llamado régimen de transferencias, la “capitalización” de Ecopetrol y hasta la misma reforma tributaria, que hacían parte de su Agenda estuvieron a punto de naufragar. Al gobierno le funcionó su estrategia de dejarlos todos para su aprobación a última hora, en medio del maremagno que impidió el debate a fondo de tales iniciativas, aprobadas chapuceramente. Esa es la coyuntura propicia para la inclusión de micos y embuchados, que muchas veces dan al traste con las leyes que son expedidas, pues muchas de ellas se caen en la Corte Constitucional ya sea por vicios de forma o de fondo que las hacen inexequibles. Ya se ha vuelto costumbre que el gobierno recurra a la hábil estratagema de los mensajes de urgencia o de insistencia para sacar avante con fórceps sus proyectos, pues de esa manera logra su cometido de que el Congreso funcione de hecho como si fuera unicameral y esta vez no fue la excepción.

La aprobación del presupuesto para la vigencia del 2007 que ha debido merecer un análisis cuidadoso, dada la delicada situación fiscal que afronta el gobierno, se despachó a las volandas en medio de la algarabía de los parlamentarios al filo de la media noche de la fecha límite para su aprobación, tratando de pescar en río revuelto. A esta hora todavía no se sabe exactamente qué fue lo que se aprobó al final, dada la infinidad de proposiciones con incisos y parágrafos aprobados, pues nadie quería quedarse por fuera de la tómbola en la que se ha convertido el Presupuesto Nacional. Allí hay de todo como en botica. Los lobbystas hicieron su agosto en diciembre, con el sartal de nuevas prebendas que lograron en la reforma tributaria para las empresas, al punto que, según los mismos ponentes, a consecuencia de lo aprobado se van a disminuir los recaudos esperados en un monto equivalente al 0.4% del PIB. Por el sólo concepto de la rebaja de 2 puntos al impuesto de renta, las empresas se ahorrarán $1.2 billones anuales; a este beneficio se viene a sumar la deducción del 40% por inversión en activos fijos que se calcula en $1.6 billones anuales. De lo poco rescatable de ella se cuenta el impuesto al patrimonio, a través del cual se esperan recaudar $8.6 billones, pero con los cuales no se puede contar para fines distintos a la entelequia de la Seguridad democrática. Ya el director de impuestos le anunció al país la próxima reforma tributaria, pues la anunciada reforma estructural de la que se habló no pasó de ser un verdadero parto de los montes.

La aprobación de la reforma de la Ley 100, que pasó a sanción presidencial junto con otros treinta proyectos aprobados, dejó la sensación de que en algo se avanzó en el sentido de enderezar muchos de sus entuertos y en atemperar la voracidad de los particulares, que merced a la Ley vigente han trastocado lo que antes era un servicio, como es la salud, en un negocio que les reporta pingües utilidades. Con la aprobación que le impartió el Congreso a la “capitalización” del 20% por parte de los particulares a Ecopetrol, se le abrió la puerta a la progresiva privatización de lo que queda de la estatal petrolera, que de escisión en escisión va hacia su marchitamiento inexorable. Pero, definitivamente, fueron las regiones las que llevaron la peor parte de este período legislativo que concluye, pues con la aprobación en primera vuelta del Proyecto de Acto legislativo que les recorta las “transferencias”, se van a ver a gatas para cumplir sus metas de cobertura y calidad en salud, educación y saneamiento básico, que es el destino de tales recursos. Una vez más, se pretende por parte del gobierno central transferirle su crisis fiscal a las regiones, al tiempo que se pretenden revertir los avances del proceso de descentralización y autonomía territorial que recibieron un renovado impulso con la Constitución expedida en 1991.

Otros proyectos, que no por no tener origen gubernamental son menos importantes, como la Ley Estatutaria para la Infancia y la Adolescencia, la protección social de las parejas del mismo sexo, junto con una nueva prórroga de la Ley 418 de 1997 propuesta por el gobierno con miras a viabilizar los procesos de paz, merecieron también la atención del Congreso de la República. Otros proyectos, tan contenciosos como lo son el Plan de Desarrollo para la vigencia 2006 – 2010 y el de la ratificación del TLC suscrito con los EEUU, apenas sí fueron presentados y se prefirió diferir su trámite al próximo año. El gobierno ha anunciado la convocatoria a sesiones extras para avocar el estudio del TLC dada la premura que le impuso la extensión de los beneficios del ATPDEA por sólo seis meses a la espera de la ratificación del TLC por parte de los congresos de ambos países.

Poco espacio quedó en el período legislativo que termina para los debates atinentes al control político, sin embargo uno de ellos concerniente a la infiltración del paramilitarismo en la política suscitó una gran controversia en el país y las denuncias que allí se hicieron junto con los hallazgos de los organismos investigativos sirvieron de auto cabeza de proceso a la Corte Suprema de Justicia, para encauzar un crecido número de parlamentarios y ex parlamentarios por sus presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Desde entonces, cunde el pánico en el seno del Congreso y ello repercutió en el ánimo y la disposición de los congresistas para adelantar su labor legislativa, a tal punto que, ante el temor que abrigaba el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de que ello podría repercutir negativamente en el trámite de aquellos proyectos que considera vitales para la marcha de la administración, les apremió patéticamente a los integrantes de su bancada que “mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria” (1).

A juzgar por el número de leyes tramitadas y aprobadas por parte del Congreso, el Balance que puede mostrar es satisfactorio, falta ver la calidad de las mismas y la pertinencia de las mismas. Podría decirse de este Congreso, que ha estado bajo el efecto Pigmaleón, en virtud del cual siempre se obtiene de un colectivo, como lo es el Congreso, lo que se espera de él. Además, no es dable valorar el desempeño del órgano legislativo sólo por las leyes o actos legislativos que aprueba, también cuentan aquellos proyectos que habiéndose tramitado son archivados, puesto que también es cierto que “...un ordenamiento jurídico volátil y cambiante caprichosamente no es un orden justo por la incertidumbre que provoca” (2). Además, “…la experiencia ha demostrado que la respuesta a las crisis políticas no es pasar más y más leyes cada vez, cuando la mayoría resultan defectuosas o no se aplican, sino en tener unas pocas y buenas leyes que se hagan respetar. Si las leyes no se institucionalizan ni se implementan, son inútiles” Luis Cordeiro. El fetichismo normativo, de creer que todo problema se resuelve pasando nuevas leyes por el Congreso de la República le ha hecho mucho daño al país.

1) Semana. Diciembre, 4 de 2006
2) Revista Estrategia económica y financiera. Mayo, 31/96


- Amylkar D. Acosta M . Ex presidente del Congreso de la República. www.amylkaracosta.com. Este artículo es una publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía Edición 44. - www.vivalaciudadania.org