La información que poseen los jefes paramilitares en Itagüí sobre los vínculos con el alto gobierno, políticos, empresarios y militares de alto rango, debe ser de tal calibre que explica su gran poder de negociación. El Presidente ha salido por boca de representantes a la Cámara, para sorpresa de la opinión pública, a reconocer que fue un error el traslado de la Ceja e incluso a prometer que explorará la posibilidad de extender el indulto a quienes se han acogido a la Ley de Justicia y Paz. A los jefes paramilitares les tocó pasar el trago amargo de ser usados como una cortina de humo para aplacar la crisis suscitada por la detención de los para-políticos que amenaza con ampliarse a más y más apoyos uribistas en el Congreso. Las amenazas de contar toda la verdad también surtieron efecto. El gobierno anunció ya que los trasladará a una penitenciaría de nivel intermedio. Mientras tanto ya se ha autorizado la entrada de computadores portátiles, televisores y hasta cocinero propio, porque como dijo el honorable Ministro del Interior y de Justicia, ellos se entregaron y acogieron a una justicia “especial”.

El proceso de justicia y paz enfrenta un nudo gordiano irresoluble. Este consiste en que los jefes paras sólo deben contar la verdad que soporten el gobierno y sus amigos, mientras que el país exige que la cuenten toda.

La primera vuelta del nudo gordiano del proceso tiene que ver entonces con la contradicción entre la inconveniencia de revelar toda la verdad sobre los apoyos de influyentes personas y sectores a los paramilitares, y la exigencia legal de satisfacer el derecho a la verdad, entre otros, para recibir los beneficios penales. Si los jefes paras cuentan demasiado vendrá la crisis de legitimidad del gobierno y las fuerzas políticas afectas a él y la consecuente retaliación penitenciaria, e incluso la extradición pese a entregar con ello la verdad a los gringos. Si cuentan lo soportable, entonces podrían recibir hasta el indulto, pese a la repetida advertencia de la Corte Constitucional sobre su inconstitucionalidad en materia de delitos de lesa humanidad.

La segunda vuelta del nudo tiene que ver la limitada capacidad de la administración de justicia para llegar al fondo del asunto y permitir que brille la verdad, por lo menos en un tiempo prudencial. Entre más verdad se sepa, más dimensiones, desafíos, presiones y riesgos presentarán la investigación y el juzgamiento, y menor será la capacidad de respuesta oportuna de la rama judicial. Si existiera verdadera voluntad de paz y reconciliación por vía del desvelamiento de la verdad, el apoyo gubernamental y congresarial debería pasar de lo simbólico a lo real en materia de medios y recursos, permitiendo que en Colombia tuviera lugar una operación judicial de dimensiones iguales o superiores al proceso italiano de manos limpias contra la mafia.

Por último, la tercera vuelta del nudo involucra al carácter humano (¿demasiado humano?) de los catones judiciales, a su necesidad de reconocimiento social y a su temple a la hora de enfrentar una crisis de legitimidad de dimensiones mayores. En este escenario de cosas la verdad puede acabar ofrendada frente a las demandas de estabilidad institucional. En la medida que la Honorable Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y los Jueces avancen, aumentará igualmente el clamor por una ley que propicie la verdad, pero a costa del perdón masivo.

No debemos llamarnos a engaño ni depositar muchas esperanzas en la judicialización de un fenómeno social de grandes dimensiones cuya solución solo será posible a largo plazo. Mientras el poder corruptor de las fortunas generadas por el narcotráfico se mantenga, serán necesarias reformas al régimen electoral, de financiación de campañas, de vigilancia a los patrimonios de los servidores públicos y empresarios, de control al gasto de las entidades territoriales, para aminorar la influencia de grupos irregulares en la política.

- Rodolfo Arango es profesor de la Universidad Nacional de Colombia

Fuente: Corporación Viva la Ciudadanía. Semanario Virtual Caja de Herramientas
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