El traslado de los jefes paramilitares del centro de recreación social de La Ceja a la cárcel de máxima seguridad de Itagüi ha tenido varias interpretaciones. El régimen, del cual forman parte indisoluble los dos canales privados de televisión, han señalado todos a una que es una muestra de dos cosas: primero de la autoridad del presidente Álvaro Uribe Vélez y segundo, también, una muestra de que no existen compromisos por debajo de la mesa, que todo ha sido transparente.

Una segunda interpretación es aquella relacionada con una posible fuga de los jefes paramilitares y, hasta, se ha mencionado la inseguridad del centro de recreación para proteger a estos jefes asediados y odiados por muchos actores del conflicto, dentro de los cuales se encuentran, ahora, los mentores intelectuales del paramilitarismo que tienen evidentes temores por las posibles confesiones que hagan los jefes paramilitares y en las cuales puedan caer integrantes de poderosos sectores económicos, terratenientes, mafiosos y militares para no mencionar a los políticos que estaban en sus filas o se beneficiaban con sus actuaciones criminales. La hipótesis de mayor credibilidad parece ser esta última.

Aspectos fundamentales del proceso cambiaron con el fallo, proferido por la Corte Constitucional, sobre la ley 975 de 2005 que fue promulgado el 18 de mayo de 2006. Este fallo, como se recordará, declaró inexequibles asuntos que habían sido propuestos y aprobados en la Ley de Justicia y Paz por una comisión redactora que había encabezado el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, Luís Alberto Santana, entonces Vicefiscal General de la Nación y el entonces viceministro de justicia y hoy Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana. Todos los micos y las figuras que traducían en un texto legal los acuerdos realizados de manera privada entre Luís Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz y los jefes paramilitares en Santa Fe Ralito. El proyecto fue adoptado por los ponentes y aprobado por las mayorías uribistas en el Congreso de la República con la directa participación del Presidente. La Corte Constitucional en un histórico fallo declaró inexequibles muchos de los aspectos que conducían a la impunidad, pero, con la suficiente flexibilidad para garantizar penas blandas que permitieran la continuidad del proceso. Eso si, la Corte reivindicó el derecho de las víctimas a la verdad, a un mínimo de justicia y a la reparación integral, únicas bases sobre las cuales podría construirse en el futuro la reconciliación.

Los asuntos fundamentales en torno a los cuales se estructuró el fallo buscaban dos asuntos centrales: restablecer los derechos de las víctimas, olvidados por el gobierno de Uribe y por supuesto por los paramilitares y garantizar la vigencia de un marco jurídico acorde con el derecho internacional de los derechos humanos. Esto último es muy importante por la posibilidad que hoy tienen organismos internacionales para intervenir cuando este derecho internacional de los derechos humanos no es tenido en cuenta y en cambio se entroniza la impunidad tanto por los tribunales judiciales y por los Estados Nacionales. Éstos organismos, en concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han comenzado a actuar, profiriendo fallos en los cuales han echado abajo providencias judiciales de la Corte Suprema de Justicia de Colombia como en los casos de Mapiripán, Chengue y otros. (1)

Los aspectos centrales del fallo, debemos recordarlo aquí, estuvieron relacionados con el declarar inexequible por vicios de procedimiento el carácter político que la ley les confería a los grupos paramilitares, la obligación que tienen los paramilitares de decir toda la verdad sobre sus crímenes para que puedan acceder a los beneficios de las penas alternativas de entre cinco y ocho años, el no computarles los 18 meses que permanecieron en la concentración de Santa Fe Ralito, el que las penas tengan que ser cumplidas en prisiones administradas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, el que las víctimas puedan participar de todo el proceso y no solo en el llamado incidente de reparación y que para la reparación de las víctimas los paramilitares respondan con todos sus bienes, excepto el mínimo vital que contempla el Código Civil. Éstos los aspectos centrales del fallo.

Proferido el fallo, los paramilitares reaccionaron insultantes contra el Tribunal Constitucional y a los magistrados les dieron el calificativo de paraguerrilleros con el silencio cómplice de Uribe. Nunca el Presidente ni sus ministros salieron en defensa de la Corte Constitucional, al punto que la Corte envió una carta extrañada por el silencio gubernamental. El Gobierno en vez de apoyar la decisión del Tribunal constitucional se dio a la tarea de tratar de eludir el fallo. Reuniones y proyectos de decretos reglamentarios filtrados para ver la reacción de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional, y de la propia Corte Constitucional; incluso publicó dos proyectos de decretos en la página Web de la Presidencia de la República, los cuales desconocían los aspectos fundamentales definidos por la Corte Constitucional; y terminó con la promulgación de dos decretos y uno más reciente que garantiza la impunidad para los 31 mil paramilitares que no han sido formalmente acusados de crímenes de lesa humanidad.

El decreto reglamentario 3391 de 2006 de la Ley de Justicia y Paz, sin desconocer aspectos fundamentales del fallo, contiene disposiciones contrarias a lo definido por la Corte Constitucional: reconoce como parte de la pena alternativa los 18 meses que los paramilitares estuvieron en Santa Fe Ralito, los paramilitares condenados podrían pagar sus penas en guarniciones militares o de policía y obliga a las víctimas a tomar parte en proyectos productivos en compañía de sus victimarios. Todo ello en contra del fallo de la Corte Constitucional.

La Corte Suprema también se atraviesa en el camino de la impunidad

El proceso sigue en medio de las verdades a medias y de los compromisos secretos. Si algo ha caracterizado el proceso del gobierno de Uribe con los grupos paramilitares ha sido el hermetismo, el silencio, la falta de claridad y la ausencia de debate público. Esta política y el proceso mismo han tenido muchos problemas porque su principal debilidad ha sido el carácter privado, secreto y no público para la definición de sus contenidos fundamentales: marco jurídico, verdad, justicia, reparación, desmonte de las estructuras paramilitares, entrega de rutas y laboratorios de procesamiento y tráfico de drogas, devolución de bienes obtenidos mediante la coacción y el crimen, entrega de bienes obtenidos mediante la violencia y el narcotráfico, etc, etc.

Entre tanto, las denuncias seguían acumulándose. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia comenzó una investigación sobre los nexos entre la política y el paramilitarismo lo que en Colombia se ha dado en llamar la parapolítica. Ello en virtud de que en nuestro país los parlamentarios tienen un fuero especial y sólo pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia en materia penal. Con sus limitados medios, la Corte avanzó en la investigación que fue revelada por medios de comunicación hace ya cerca de seis meses. La investigación, hasta ahora, ha comprendido tres departamentos y se espera que continúe sobre otros, igual o más infiltrados por los narcoparamilitares. Hasta ahora, la investigación ha comprometido a nueve congresistas de todo el espectro político que apoyó a Uribe, candidato en 2002, aprobó la reforma constitucional que puso en marcha la reelección de Uribe y por supuesto que, también, contribuyó al financiamiento de sus dos campañas a la presidencia.

La Corte Suprema ordenó medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, contra el senador Álvaro García Romero y el representante a la Cámara Erick Morris del Partido Colombia Democrática, fundado por el presidente Álvaro Uribe y que actualmente dirige su primo Mario Uribe. Así mismo, cobijó con esta misma medida al Senador Jairo Merlano del Partido de Unidad Nacional, popularmente conocido como Partido de la U, dirigido durante la campaña electoral por el hoy Ministro de la Defensa Juan Manuel Santos. Merlano renunció a su fuero especial y ahora será investigado por la Fiscalía General de la Nación.

De igual manera, llamó a indagatoria a Álvaro Araujo Renteria del Partido Alas Equipo Colombia y actual Presidente de la Comisión Quinta del Senado de la República y al Senador del Partido de la U, Mauricio Pimiento, ambos oriundos del departamento del César. Así mismo llamó a indagatoria --diligencia judicial que ya se realizó—a los representantes a la Cámara por el Departamento del Magdalena Alfonso Campo del Partido Conservador y Jorge Caballero del Partido Alternativa Liberal. El llamado a indagatoria cobijó, además, a los senadores Dieb Maloof del Parido Colombia Viva y Luís Eduardo Vives de Convergencia Ciudadana. Estos dos últimos del Departamento del Magdalena.

Las investigaciones tanto de la Fiscalía como de la Corte Suprema de Justicia han avanzado sobre los Departamentos de Sucre, Magdalena y Cesar. La Fiscalía, que es la que menos ha avanzado, ha abierto procesos paralelos sobre Magdalena donde llamó a indagatoria a Jorge Noguera ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Policía Política que depende directamente del presidente Uribe, por borrado de archivos de reconocidos narcotraficantes y paramilitares, corrupción por contratos adjudicados con el pago de “coimas” y entrega de nombres de líderes sociales a los paramilitares para que fueran asesinados. Llamó a indagatoria y libró orden de captura contra Salvador Arana, ex gobernador de Sucre y ex embajador del gobierno de Uribe ante el gobierno de Chile, además llamó a indagatoria a Trino Luna, gobernador del Departamento del Magdalena y libró medida de aseguramiento contra la ex representante a la Cámara por el Departamento de Sucre, Muriel Benito Rebollo del Partido Conservador. Así mismo, la Fiscalía acusó a Rafael García ex director de informática del DAS a quien los órganos de la Justicia condenaron recientemente a 18 años de cárcel por delitos de borrado de antecedentes judiciales de narcoparamilitares y por diversos actos de corrupción. García al igual que el ex paramilitar Jairo Castillo se han convertido en colaboradores de la justicia.

La Procuraduría General de la Nación también, aunque tardíamente, se ha convertido en un organismo que ha contribuido al destape. El pliego de cargos en contra de Jorge Noguera, ex director del DAS y el pliego de cargos que ha formulado contra cuatro militares comprometidos según la Procuraduría en autoatentados han dinamizado las investigaciones.

Sin embargo, el papel decisivo lo ha jugado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que por sus propios medios ha empujado la investigación que ha dejado a los paramilitares y al gobierno en una situación difícil. En efecto, la Corte Suprema es la segunda instancia de la jurisdicción de Justicia y Paz, es decir, todos los procesos contra los paramilitares y aún contra los parlamentarios tendrán como instancia final, en materia penal, a la Corte Suprema de Justicia. Y es aquí donde se ha presentado el quiebre del gobierno y los paramilitares, al ser primera y única instancia, en las investigaciones y juzgamiento de los congresistas porque la Corte Suprema ha reunido suficiente información sobre la parapolítica y, de contera, sobre la actuación de los poderes mafiosos y hasta este tribunal llegarán todos los casos de los paramilitares que se acojan a la Ley de Justicia y Paz, lo que obliga a los paramilitares a confesar sus innumerables crímenes y a entregar sus bienes para la reparación de las víctimas. Si los paramilitares mienten en la Fiscalía, la Corte Suprema tiene la suficiente información para comprobar la falsedad de sus informaciones y con ello Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Don Berna y demás no serían beneficiarios de una pena de cinco a ocho años, sino por lo menos de cuarenta años. Este es el verdadero problema al que se enfrentan los paramilitares.

Muchas hipótesis se tejen sobre las reales causas de actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: razones de orden político como la relacionada con el origen conservador de la mayoría de ellos; y la perdida de respaldo a este Partido en bastos territorios rurales en donde los conservadores han cedido terreno ante partidos uribistas controlados por ‘poderes mafiosos’; también obedece, según otros, a un ánimo revanchista porque Uribe para resolver la controversia o choque de trenes entre la Corte Constitucional por un lado y el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia por otro, decidió a favor de la primera; o por el temor de que sus fallos sean revisados, en el futuro, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional; o simplemente porque hay una oposición activa en el Congreso, encabezada por el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal; o sencillamente porque son jueces que al tenor de los hechos y de las pruebas deciden actuar; o simplemente por la concurrencia de todos estos factores. El hecho concreto es que la Corte Suprema de Justicia está actuando y esa actuación conviene al país y conviene a la democracia, y lo que corresponde a la sociedad política democrática y a la sociedad civil es respaldarla para que se haga claridad y finalmente brille la verdad para el bien de la paz del país. En menor medida debemos decir que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría aunque están ahora empeñadas en mostrar que no están ausentes se ha sentido por años su ausencia y en parte son responsables del deterioro democrático del país.

La Fiscalía: la hora de la Verdad

Recibirás el castigo proporcional al bien realizado dice un adagio popular que viene como anillo al dedo para Mario Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación. Como viceministro de Justicia de Uribe ayudó a elaborar la primera versión de la Ley de Justicia y Paz que la Corte Constitucional encontró inconstitucional en puntos fundamentales como hemos comentado antes. Luego fue nominado por Uribe y nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Ahora es vituperado por Luís Carlos Restrepo, quien sindica a la Fiscalía de ser incapaz de asumir las investigaciones sobre los jefes paramilitares. En resumen, Iguarán es negligente e incompetente -–dice el Comisionado— para asumir la investigación del listado de 2695 paramilitares, remitidos a la Fiscalía por el gobierno.

Precisamente, el jueves 14 de diciembre de 2006, la Fiscalía se apresta a inaugurar su papel en la Jurisdicción de Justicia y Paz, es decir, de todos aquellos jefes paramilitares señalados de ser autores de crímenes de lesa humanidad, los cuales, dicho sea de paso, en el derecho internacional de los derechos humanos y en la Constitución Política de Colombia no prescriben y por tanto no pueden ser objeto de indulto o amnistía. Durante las próximas dos semanas la Fiscalía deberá recibir las versiones libres de cuatro personajes siniestros de los grupos paramilitares: Wilson Salazar Carrascal, alias “El Loro” o “Lorenzo”, Salvatore Mancuso uno de los principales jefes de los grupos paramilitares, Jhon Mario Salazar Sánchez, alias “El Pecoso” o “El Gordo” y Carlos Mario Montoya alias “Arbolito” o “Arnold”, quienes deberán presentarse a la Fiscalía General de la Nación.

Mancuso será el que de la señal de lo que dirán los jefes paramilitares ante la Fiscalía, es decir, de si los paramilitares cuentan la verdad y entregan los bienes o pretenden burlar el fallo de la Corte Constitucional y la ley. En el proceso a Mancuso se han presentando 1200 denunciantes o víctimas que han presentado sus testimonios ante la Fiscalía. Lo que no huele bien es que el día 6 de diciembre, mediante resolución, la Fiscalía General de la Nación condicionó la presencia de las víctimas en las versiones libres de los paramilitares a que prueben el daño material que sufrieron, además les exige que renuncien a la protección de identidad, es decir, que se expongan ante sus verdugos. Ante semejantes exabruptos una comisión de mayoría gubernamental, la llamada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación manifestó su rechazo ante estas medidas.

El propio Fiscal General de la Nación lo dijo a comienzos de esta semana: “Nos vamos a probar todos. Vamos a probar si la Fiscalía esta lista para iniciar las versiones. Vamos a probar si los miembros de las autodefensas van a decir la verdad. Y vamos a probar si el gobierno está listo para poner a disposición de la Fiscalía a las personas que sean requeridas”. Pero al mismo tiempo una Comisión tan tímida como la ya citada Comisión Nacional de Reparación señaló “sus dudas sobre la real capacidad de la Fiscalía para allegar las pruebas requeridas para acusar a los paramilitares”. Como vemos la situación es compleja, pero, repito por la versión libre de Mancuso ante la Fiscalía se sabrá si los paramilitares tienen o no la decisión de colaborar con la justicia y hacerse acreedores de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

El Fiscal General en particular y la Fiscalía General de la Nación en general tienen la prueba de fuego o responden al país o al establecimiento, éstos son los dilemas. Justicia y Reparación o un régimen de tapen y tapen.

Bogotá, Diciembre de 2006.

Nota

(1) Hasta el momento la Corte Interamericana ha proferido seis (7) fallos en los cuales se ha condenado al Estado Colombiano por no garantizar el derecho a la justicia a las víctimas. El fallo de los 19 comerciantes asesinados en Puerto Boyacá, el caso de Las Palmeras Putumayo, el caso de Isidro Caballero y Santana en Norte de Santander; la masacre de Mapiripán en el Meta; el caso de Ituango en Antioquia y el caso de Gutiérrez Soler, entre otros.

- Pedro Santana Rodríguez es presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía
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