Todos saben que Cuba está bloqueada, desde hace más de 40 años, por el gobierno de los EE.UU., que le impide tener relaciones normales con el resto del mundo. Sabemos también cuántas veces la Casa Blanca intentó desestabilizar la Revolución, desde la fracasada invasión de Bahía Cochinos, en 1961, hasta los atentados sufridos por Fidel.

El centro de las operaciones terroristas contra Cuba está en Miami, como la organización Alpha 66. De allí partió la mayoría de las operaciones de sabotaje. Y allí viven, bajo la connivencia de un gobierno que proclama odiar a los terroristas, cubanos que se dedican a perpetrar acciones criminales contra el pueblo cubano.

Cuba ha resistido las agresiones porque dispone de un servicio de inteligencia que se caracteriza por acciones preventivas. Es difícil sorprenderla. Entre los inmigrantes cubanos residentes en Florida se encontraban cinco hombres dedicados al antiterrorismo: Antonio (Tony) Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, René González y Ramón Labañino.

Los cinco fueron apresados en Miami en 1998, acusados de conspirar para espiar a favor de Cuba. Sometidos allí mismo a un tribunal bajo presión de la comunidad anticastrista, recibieron penas que suman cuatro prisiones perpetuas y 75 años de privación de libertad. Gerardo fue sentenciado a dos prisiones perpetuas (sic), más 15 años de prisión. Como comentó Fidel, tendrá que nacer de nuevo para cumplirlas... Ramón, a prisión perpetua, más 18 años; Tony, a prisión perpetua y 10 años; Fernando a 19 años; y René a 15 años.

El gobierno de los EE.UU. incluyó en el proceso una petición, presentada formalmente a un tribunal federal, haciendo constar que “además del tiempo que deben estar en la prisión, además del tiempo que dure la sanción penal, estas personas no pueden volver a hacer lo que hicieron y, por tanto, deben quedar incapacitadas por toda la vida, de modo que no pretendan hacer de nuevo aquello por lo cual fueron traídos aquí”.

En el acta del juicio de René González, condenado el 14 de diciembre del 2001 (tres meses después del 11 de setiembre), se expone: “Como condición especial adicional a la libertad vigilada, se prohíbe al acusado asociarse o visitar lugares específicos frecuentados por individuos, grupos terroristas, miembros de agrupaciones que propugnan la violencia y otras formas del crimen organizado”.

Se podría pensar que incluir semejante cláusula en la sentencia de René fue un desatino de la justicia norteamericana, pero, dos semanas después, cuando se dio a conocer la sentencia contra Antonio Guerrero, se repitió lo mismo. La fiscal quiso que, a la sentencia de “prisión perpetua, más diez años”, se le añadiese la prohibición de “frecuentar lugares donde se encuentren individuos y grupos terroristas”.

Ningún medio de comunicación norteamericano dio noticia de tales absurdos. Sobre todo del detalle de la sanción adicional, en que el gobierno de los EE.UU. admite que en su territorio hay individuos y grupos terroristas, y que sabe bien quiénes son, dónde viven, qué lugares frecuentan, sin que tome la iniciativa de apresarlos.

Los abogados de la defensa denunciaron reiteradamente las múltiples violaciones legales cometidas en el proceso y las injustificadas penas impuestas.

En mayo del 2005 cinco peritos independientes del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, todos ellos renombrados juristas de diferentes países (ningún cubano), después de analizar el caso durante dos años, declararon arbitraria la prisión de los cinco, contraria a las convenciones de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Tres meses después, el 9 de agosto, tres jueces norteamericanos de gran prestigio, también después de dos años de análisis del proceso, llegaron a la misma conclusión: en Miami se practicó contra los cinco cubanos una farsa judicial sin ningún valor. En consecuencia decidieron anular los procesos.

El gobierno de los EE.UU., ansioso por condenar a los cubanos, apeló a todos los recursos legales y semilegales y sometió la decisión de los tres jueces a la Corte de Apelaciones de Atlanta. Exactamente un año después, el 9 de agosto del 2006, la Corte, por mayoría, rechazó la decisión de los tres jueces, ratificó las condenas, negó la realización de un nuevo juicio y ordenó que el proceso retornase a los tres jueces.

De los tres jueces, dos pertenecen a la Corte de Apelaciones (Byrchh y Kravitch). Se opusieron a la decisión de sus pares y reiteraron que “éste es un caso excepcional, que exige un cambio de ciudad, debido al prejuicio latente en la comunidad (de Miami), que imposibilita un juicio imparcial”.

La Corte, entre tanto, ratificó su decisión al rechazar las peticiones de la defensa y el cambio de ciudad para un nuevo juicio. La decisión de la Corte de Atlanta no toma en consideración el ambiente de violencia e intimidación reinante en Miami, ni los hechos ocurridos allí y dados a conocer por la prensa local, que incluyen el descubrimiento de arsenales destinados a operaciones armadas contra Cuba, declaraciones públicas de terroristas que se jactan, con total impunidad, de sus acciones contra la Revolución, y la prohibición de que se publique literatura infantil sobre Cuba.

En este momento son imprescindibles gestos de solidaridad para hacer ver a la justicia y al gobierno de los EE.UU. que la opinión pública internacional está al tanto del asunto y exige que se cumpla la ley.

Fernando González permanecía preso el 21 de setiembre del 2006, cuando se cumplieron 30 años del asesinato, en Washington, de Orlando Letelier, que fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Allende, por terroristas de origen cubano. ¿Cuál había sido su ‘crimen’? Infiltrarse en el grupo de Orlando Bosch y hacer lo que debía hacer el FBI: comprobar que él participó en la decisión de asesinar a Letelier, sin que nunca hubiera sido llevado ante un tribunal.

El 6 de octubre se cumplieron también 30 años de que, en Barbados, terroristas hicieron explotar un avión de Cubana de Aviación provocando la muerte de 73 personas. Entre los principales responsables estaba Orlando Bosch, que sigue libre por las calles de Miami, así como el cubano, hoy con ciudadanía venezolana, Luis Posada Carriles, quien, aunque por ahora detenido en base a cuestiones migratorias, goza de protección del gobierno de los EE.UU.

Es necesario exigir la verdad sobre la lucha contra el terrorismo, la liberación de los cinco cubanos, y que Posada Carriles sea extraditado a Venezuela, para que responda por el sabotaje a la aeronave de Cuba. Una petición en ese sentido fue firmada por intelectuales y políticos de todo el mundo, entre ellos Noam Chomsky, James Petra y Nadine Gordimer.

El 5 de setiembre la Casa Blanca divulgó el documento “Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU.”, en el que consta lo siguiente: “Los Estados que apoyan y dan ayuda a terroristas son tan culpables como los mismos terroristas, y tendrán que rendir cuentas de sus actos”.

¡Ojalá el Tío Sam aplicase a sí mismo esa determinación!

- Frei Betto es escritor, autor de “Sinfonía universal. La cosmovisión de Teilhard de Chardin”, entre otros libros.

Traducción de J.L.Burguet

Más informaciones:

www.antiterroristas.cu

www.cubadebate.cu

 www.amigosdecuba.com.ar