Las elecciones en el país sudamericano se caracterizan por el silencio ante este problema. A la espera de ver qué ocurre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, que se celebrará el próximo 29 de octubre, varios aspectos de la primera parte de estos comicios han resultado sorprendentes. Y no nos referimos al desempeño más o menos competitivo de Geraldo Alckmin, candidato por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, conservadores) que ha pasado a disputar la presidencia Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, sino a la ausencia de dos temas esenciales: la corrupción y la inseguridad. Del primero puede que se haya hablado, pero no ha pesado mucho en el ánimo de los electores. De lo contrario, Lula y su Partido de los Trabajadores (PT), una formación carcomida por la corrupción, no estarían en la segunda vuelta. Y, por ejemplo, Heloisa Helena, candidata de la izquierda descontenta y azote de corruptos y corruptores, habría obtenido algo más del exiguo seis por ciento de los votos. Pero centrémonos en la seguridad, o mejor, en su ausencia, en la inseguridad, el tema fantasma de las presidenciales. Brasil tiene algunos de los peores índices de violencia del mundo, a ambos lados de la ley. Su policía es una de las que más mata del planeta y la desigualdad y el crecimiento de las ciudades han creado verdaderos contrastes, brutales, casi futuristas. Sociedad búnker Es lo que un día, allá en la década de los noventa, sociólogos de distinto cuño llamaron brasiñelización de una sociedad. Inmensos búnkeres para unos pocos ciudadanos, en barrios completamente cerrados (en Sao Paulo hay unos 3.000) y protegidos del resto, que se amontona amenazadoramente no muy lejos de esos rincones de lujo y seguridad. En cifras: Brasil es el país que más coches blindados fabrica al año (unos 3.200) y el que más guardaespaldas contrata, según cuenta Ramy Wurgaft en el diario español El Mundo. En Sao Paulo el último grito en materia de seguridad es un chip subcutáneo que mantiene a la persona localizada en caso de secuestro. Cuesta un millón de euros y sólo tienen acceso a él el 0,3% de los 20 millones de personas que se hacinan en la tercera ciudad más grande del mundo. Sao Paulo, un lugar donde se construyen cámaras blindadas dentro de las casas a 1.200 euros el metro cuadrado y donde un 35% de los ciudadanos ha sido asaltado en alguna ocasión. El Paraíso y la favela Morumbí es uno de estos barrios-búnker. Lujo y exclusividad protegidos por altos muros, a escasos metros de Paraisópolis, la segunda favela más grande de Brasil, feudo del Primer Comando de la Capital (PCC), una organización fundada por ocho presos hace 13 años en el penal de Taubate. Ahora controla a la inmensa mayoría de los presos del país, un arsenal dentro y fuera de prisión, gran cantidad de fondos y un aura de respeto entre los jóvenes de la favela. Esto se transforma en una capacidad para poner en jaque al Estado. Ya lo demostró el pasado mes de mayo cuando desató una ola de violencia por toda la ciudad de Sao Paulo que supuso la muerte de 130 personas en cuatro días. Pero, como no podía ser de otra manera, el auge del PCC es un asunto complejo y de límites difusos. A pesar de que la situación sigue siendo desastrosa, la tasa de homicidios ha descendido en un 60% en la ciudad de Sao Paulo, según la Asociación del Ministerio Público. ¿Razones? Llega un momento en que la situación no puede ir sino a mejor; algunas ONG han trabajado muy bien y, por último, el PCC ha monopolizado la violencia y ha terminado con las peleas entre bandas menores. A un coste altísimo, pero lo ha hecho. Ahora se recogen un porcentaje de beneficio, a modo de franquicia, del resto de grupos criminales. Y reina la paz, su paz. Como cualquier otra organización de este estilo, en Brasil, Sicilia, el Distrito Federal de México o Nueva York, el PCC ya ha extendido sus tentáculos por la política. Según los datos del Departamento de Investigaciones sobre Crimen Organizado, este sindicato del crimen ha donado unos 350.000 euros a la campaña de uno o varios candidatos. Corrupción Esto nos lleva directamente a otro gran problema: la corrupción, a pequeña, mediana y gran escala. El parlamento de Brasil ha reconocido esta misma semana que el 23% de las armas requisadas a narcos y criminales provienen de las fuerzas de seguridad, bien porque han sido robadas o bien porque, directamente, han sido vendidas por miembros de estos cuerpos. Hace escasos días, además, un especial de la publicación Extra titulado “Investigación” demostraba cómo sólo el 4% de los delitos denunciados en Río, más de 200.000 al año, llegaba a investigarse. ¿Por qué? Ni el propio presidente de la Asociación del Ministerio Público de la ciudad, Luiz Antonio Ferreira de Araujo, acierta a explicarlo en una entrevista que concedió a O’Globo. La situación es complicada y compleja y nadie tiene la solución mágica. Pero quizás hay algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos. Al sur de Sao Paulo, una localidad llamada Diadema, no hace tanto el Far West de Brasil, ha reducido de manera espectacular sus tasas de criminalidad. ¿Cómo? Con un alcalde de verdad comprometido con la lucha contra el crimen, con asfaltado e iluminación en las calles, con la ley seca a partir de determinada hora y, fundamental, pagando una pequeña cantidad a los jóvenes que van a la escuela. No es mucho, pero ha servido para que la gente deje de matarse. Que tome nota el próximo presidente de Brasil. - Juan Carlos Galindo es periodista. Fuente: Agencia de Información Solidaria
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