Miles de chilenos, convocados por el Colegio de Profesores, salieron hoy a las calles del país como parte de una jornada nacional de paro social para demandar del gobierno ajustes salariales y cambios en el sistema de Educación. La movilización de los maestros, contó la participación de más del 80 por ciento de los más de 100 mil afiliados que cuenta el magisterio, según cifras que entregó hace algunos momentos el presidente de los profesores, Jorge Pavez. ”Más del 80 por ciento de los profesores del país paralizaron sus actividades, y existen comunas de la tercera región, quinta y séptima, que llegaron a un 100 por ciento”, comentó el líder de los maestros a Crónica Digital. Uno de los aspectos más importantes que resaltó el presidente de los docentes, es que “en la marcha de Santiago, como de las principales ciudades del país, participaron empleados fiscales, y estudiantes secundarios y universitarios entre otros sectores”. Crónica Digital pudo constatar que en la marcha participaron más de 10 mil personas, logrando con ello demostrar que más allá de los temores que la prensa local difundió sobre la protesta, no sólo participaron miles de personas, sino también no hubo desordenes al finalizar la caminata que duro un poco más de una hora. “Hoy le hemos mostrado al país un frente común, articulado, que ha convocado a miles de personas en todo el país para exigir reformas estructurales a la educación. El Gobierno no puede seguir argumentando que la movilización de este bloque social no tiene fundamento", señaló el máximo dirigente de los profesores. Las demandas principales de los docentes son, además de un reajuste salarial del cinco por ciento, la desmunicipalización de la educación, la revisión de la Jornada Escolar Completa y que se derogue la repudiada Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE). Respecto a esas demandas del Colegio, el Vicepresidente de la entidad gremial, Darío Vásquez sostuvo que “es justo que los profesores tengan un reajuste salarial del 5 por ciento, así como una indemnización permanente por jubilación. De esta misma forma, es imperante que se cree la Superintendencia de Educación, y se evalúe el actual sistema de financiamiento y administración de la educación pública”. Durante la jornada el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Nicolás Grau, indicó que “este encuentro masivo logró los objetivos esperados, ya que diversas fuerzas sociales doblaron la mano al Gobierno, instalando sus demandas consistentemente”. En este sentido, Jorge Pavez, aclaró que “El Gobierno ya no puede seguir tapando el sol con un dedo. El país exige transformaciones estructurales y buenas condiciones para ejercer la profesión docente". Desde provincia La dirigente del magisterio Olimpia Riveros, dijo desde Concepción que la participación de los docentes fue un éxito “todavía estamos recibiendo los informes de los comunas de la Octava Región, pero debo señalar que es un éxito”. En tanto, Herman Martínez dijo que en la Cuarta Región la paralización también tuvo un gran respaldo de los profesores, “especialmente de los estudiantes, padres y apoderados”. El Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile y tesorero del magisterio, Jaime Gajardo, sostuvo que con la demostración de fuerza que realizaron los maestros, “el gobierno debería entender que no son solo problemas de unos pesos más o pesos menos, el problema es que se requiere un cambio profundo al sistema educativo chileno”. Sobre la posibilidad de llamar a un paro nacional prolongado y con apoyo de otros sectores ciudadanos, el dirigente no descartó la posibilidad, pero sostuvo que todo dependerá del proceso de negociación que está llevando el magisterio con el gobierno, pero también de los resultados de la comisión asesora de la presidencia en materia de educación, y que debería entregar su informe los primeros días de octubre. Chilenos piden terminar con la LOCE Una encuesta dada a conocer el 31 de agosto pasado, demostró que la educación tiene una pobre calificación entre los chilenos, 4,5 de siete, en tanto el 73 por ciento de la población abogó porque la enseñanza en Chile vuelva a ser responsabilidad del Estado. La muestra nacional, realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), tiene lugar en medio de las deliberaciones de una comisión de expertos creada por la presidenta Michelle Bachelet el pasado junio para revisar la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE) y que debería entregar sus resultados en los próximos días. La norma, establecida por la dictadura militar como parte de la política privatizadora que tuvo lugar en el país en los años 80, fue violentamente rechazada por las manifestaciones estudiantiles que estremecieron el país el pasado mayo. El estudio no sólo dio cuenta de la pesimista visión que tienen las personas sobre la educación chilena, sino también del masivo reclamo -transversalmente expresado por el 73 por ciento de los encuestados- de que los colegios deben ser administrados por el Estado. La LOCE hizo de la Educación uno de los negocios más lucrativos de Chile, donde la responsabilidad del Estado se reduce a un simple rol fiscalizador, según las críticas más generalizadas. De acuerdo con un reciente informe, el Ministerio de Educación pierde todos los años cerca de 50 millones de dólares por fraudes que cometen los dueños de colegios a partir de la subvención que reciben sin fiscalización alguna de las autoridades gubernamentales. Entre las estrategias más comunes para burlar el sistema se señalan declarar plantillas docentes sin tenerlas, contratar profesores por menos tiempo del declarado, o personas sin títulos para pagar menos y no abonar cotizaciones previsionales o de salud. El informe, elaborado por los propios especialistas de Educación, destaca además que los colegios privados cobran horas de clases que no hicieron. Según Miguel Verdugo, en 2000 se registraron dos millones de horas pagadas y no realizadas a un promedio aproximado de 20 dólares. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de más de 370 millones de dólares, de los cuales el 70 por ciento se destina a la entrega de subvenciones para las escuelas privadas y las que son administradas por las municipalidades. Es decir, más de 280 millones se entregan sin la regulación suficiente para saber qué se hace realmente con la plata, sostienen expertos según el diario, que cita un escándalo en curso en torno al colegio Britania Cordillera, de la capitalina comuna Puente Alto. Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile)
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